La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia e Igualdad de Género, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado a fin de fortalecer la protección de la libertad sexual y sancionar con mayor rigor el abuso sexual y sus agravantes.

La reforma actualiza el Artículo 179 e incorpora nuevas agravantes al 181, armonizando la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Con ello, se reafirma la responsabilidad del Estado de prevenir y sancionar de manera efectiva la violencia sexual.

El dictamen reconoce la necesidad de atender una realidad social que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y enfatiza la obligación del Estado de adoptar medidas contundentes para erradicar estas conductas.

Previo a la votación, la diputada Dalia Collins Mendoza, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, subió a tribuna para expresar su respaldo a la iniciativa, afirmando que se trata de un paso indispensable para fortalecer la defensa de la libertad sexual y sancionar con mayor severidad conductas que dañan profundamente a la sociedad.

A su vez, la presidenta de la Comisión, diputada Arlene Moreno Maciel, destacó que el abuso sexual se ha normalizado al grado de convertirse en una práctica cotidiana. “Tan uso y costumbre que no puedes pasar por una calle sin estar volteando a los lados, si es de noche y a veces hasta de día”, señaló.

Recordó que, históricamente, la pena por estos delitos ha sido mínima o poco clara en diversas entidades del país y añadió que la discusión tomó fuerza nacional cuando la Presidenta de la República fue agredida al intentar cruzar solo cinco calles.

“Me gustaría que pensaran los hombres presentes cuántas veces han cruzado cinco calles sin que nadie los toque. Para ustedes eso es normalidad; para nosotras, cinco calles pueden significar un peligro, incluso para nuestra vida”, expresó.

Finalmente, subrayó la importancia de armonizar la legislación con laFfederación y elevar las penas a un rango de 3 a 9 años “a ver si así entienden la magnitud de la violencia que vivimos las mujeres”, concluyó.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión solemne, este día el Congreso del Estado clausuró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de su ejercicio constitucional.

En informe de los trabajos, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cristina Contreras Rebollo, resaltó que del 1 de septiembre al 15 de diciembre se presentaron 117 iniciativas, que implicaron reformas, adiciones, derogaciones y nuevas propuestas legislativas orientadas a fortalecer rubros esenciales como educación, salud, seguridad, contra la violencia, para beneficiar a los sectores primarios, en ciencia y tecnología, entre otros.

Ante los asistentes, entre los que se encontraban representantes de los poderes ejecutivo y judicial, Contreras Rebollo destacó que se presentaron 63 pronunciamientos y 29 puntos de acuerdo que permitieron la expresión directa de la voz política de esta soberanía. “Cada diputada y diputado tuvo la oportunidad de expresar posicionamientos de relevancia pública, social, económica y cultural”, apuntó.

Contreras Rebollo afirmó que la conducción parlamentaria se definió por la búsqueda de equilibrio entre la pluralidad política y la unidad institucional.

Destacó con puntualidad que en el actual periodo de sesiones el debate parlamentario subió de nivel: “Este Congreso demostró, con hechos, que puede elevar el nivel del debate, que puede dialogar, que puede disentir sin fracturarse y que puede construir sin perder identidad”.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de su gira de trabajo por el norte del Estado, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado de la presidenta municipal de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, y del director general del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), Benjamín García Meza, entregó ocho acciones de vivienda a familias de Loreto.

Las obras entregadas consistieron en cuatro cuartos dormitorio con baño y cuatro viviendas progresivas, con una inversión superior a 3.5 millones de pesos, recursos destinados a mejorar la calidad de vida y brindar mayor seguridad y bienestar a los beneficiarios.

El Gobernador de BCS destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración de garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para quienes más lo necesitan, promoviendo el desarrollo social y contribuyendo a reducir las desigualdades en las comunidades del norte de la entidad.

Asimismo, Castro Cosío resaltó la coordinación con el Ayuntamiento de Loreto, subrayando que la suma de esfuerzos entre distintos órdenes de gobierno permite que los apoyos lleguen de manera directa y efectiva a la población.

Por su parte, Benjamín García informó que para este 2025 se proyecta una inversión superior a 14 millones de pesos en el municipio de Loreto, destinados a la realización de 74 acciones de vivienda, reafirmando con ello el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias loretanas.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La noche cae sobre La Paz con esa quietud tibia que sólo conocen las ciudades junto al mar. Pero debajo de esa calma hay un murmullo que crece, un rumor que se esparce entre estudiantes, trabajadores y familias jóvenes: cada vez hay menos lugares donde vivir. Y no porque falten viviendas, sino porque muchas han dejado de ser hogares para convertirse en vitrinas digitales, alojamientos temporales que brillan en plataformas como Airbnb mientras la oferta de renta tradicional se desvanece.

El fenómeno no es exclusivo del Estado, pero aquí adopta una forma particular. En zonas de alta demanda turística —desde el centro de La Paz hasta colonias de Cabo San Lucas y San José del Cabo— la transformación es visible. Lo que antes eran casas ocupadas por familias ahora son estudios remodelados para viajeros; departamentos que antes se rentaban por año ahora están disponibles por noches. Según datos públicos consultados en 2024, el número de alojamientos de renta temporal en Baja California Sur creció de forma sostenida en los últimos años, especialmente en áreas urbanas con acceso a playa, centros comerciales o zonas de vida nocturna. La cifra exacta es difícil de delimitar porque la regulación estatal y municipal aún es insuficiente y fragmentada, pero los registros muestran una tendencia clara: la vivienda se está volviendo negocio antes que derecho.

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Las historias personales dan vida a las cifras. Una joven estudiante de La Paz contó que pasó más de cuatro meses buscando un cuarto accesible sin éxito. Cada lugar que encontraba terminaba convertido en “suite vacacional”. Lo mismo dijo un trabajador de Los Cabos, quien explicó que necesitó compartir departamento con tres personas porque el dueño decidió retirar la renta fija para entrar al mercado turístico. Una pareja con un bebé recién nacido relató que fue desalojada tras años de vivir en la misma casa porque “los huéspedes dejan más”.

Detrás de estas vivencias hay un patrón: el rendimiento económico del alquiler turístico supera ampliamente al de la renta tradicional, especialmente en ciudades donde los turistas internacionales pagan en dólares. Para muchos propietarios, la decisión es lógica. Para quienes buscan un lugar donde vivir, es devastadora. No sólo se encarecen los precios; se reduce la disponibilidad, aumentan los depósitos, se alargan los filtros y se normaliza la incertidumbre.

En Los Cabos el impacto es aún más evidente. La llegada continua de visitantes y residentes temporales ha empujado la conversión masiva de departamentos a renta vacacional. Informes locales han señalado que la presión inmobiliaria está desplazando a trabajadores del sector turístico hacia colonias cada vez más lejanas, lo que prolonga los tiempos de traslado y encarece la vida diaria. Un análisis reciente sobre vivienda en destinos turísticos de México advierte que esta tendencia, si no se regula, puede profundizar la desigualdad urbana: ciudades habitadas por quienes pueden pagar estar cerca y operadas por quienes deben viajar hasta dos horas para llegar a su empleo.

Lo más inquietante es la falta de reglas claras. Aunque algunos municipios han intentado crear registros de alojamientos temporales, la implementación es irregular y la supervisión insuficiente. No existe un marco estatal que delimite cuántas viviendas pueden destinarse a uso turístico por zona, ni una política robusta que garantice oferta mínima de renta a largo plazo. En otras ciudades del mundo se han implementado medidas como límites de noches al año, registro obligatorio de anfitriones, impuestos específicos y restricciones en zonas de vivienda social. Aquí, el debate apenas comienza.

La pregunta es inevitable: ¿cómo encontrar un equilibrio entre el beneficio económico del turismo y el derecho a una vivienda digna? Algunas soluciones posibles ya circulan entre especialistas: crear listas públicas de alojamientos regulados, establecer requisitos para la conversión de viviendas, fomentar desarrollos exclusivamente turísticos para despresurizar colonias habitacionales, y diseñar programas que incentiven la renta accesible para estudiantes y trabajadores. No son recetas mágicas, pero sí pasos concretos hacia un modelo urbano más justo.

La historia de Airbnb en Baja California Sur no es sólo una historia de éxito turístico; es también una historia sobre lo que ocurre cuando una ciudad olvida que su gente necesita techo antes que estancias boutique. Cuando una plataforma crece sin reglas, el mercado encuentra su beneficio, sí, pero la comunidad pierde algo más profundo: su tejido, su estabilidad, su posibilidad de futuro.

Si la vivienda se convierte en mercancía absoluta, la ciudad se vuelve un escenario sin alma. Recuperarla empieza por recordar que un hogar no tiene precio, pero sí tiene valor. Y ese valor merece ser defendido, casa por casa, calle por calle.

Referencias y fuentes consultadas

– Registros públicos de oferta de rentas temporales en Baja California Sur (2023–2024).
– Informes nacionales sobre vivienda en destinos turísticos y efectos de plataformas digitales.
– Datos del INEGI sobre disponibilidad de vivienda y movilidad urbana (2023–2024).

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FOTO: Colngreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.