Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Con el compromiso firme de escuchar y dar respuesta a las demandas del pueblo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado por la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en México, Tania Carro Toledo, encabezó una reunión de trabajo con representantes de sitios de taxis y concesionarios del transporte en el municipio de Los Cabos, para avanzar en soluciones que garanticen un servicio digno, seguro y eficiente para todas y todos.

Durante el encuentro, las y los transportistas presentaron propuestas prioritarias, como la revisión de permisos federales y la implementación de operativos que aseguren el cumplimiento de la ley, así como la continuidad de las mesas de trabajo conjuntas.

El mandatario estatal destacó que, con el propósito de dar certeza sobre la operación del transporte público federal, se fortalecerán los operativos y se reanudará el registro en el Sistema Integral a cargo de la SICT, que por potestad del Estado tendrá el control de las transportadoras, como lo establece la ley.

“Los problemas del transporte en la región llevaban muchos años sin atenderse. Desde el inicio de esta administración hemos asumido acciones para encauzar soluciones. No habrá tolerancia para quienes operen fuera de la ley; todo aquel que no esté inscrito en la Plataforma SISTPC será sancionado conforme a derecho”, subrayó Castro Cosío.

Reafirmó que la prioridad del Gobierno del Estado es garantizar que las y los usuarios cuenten con un transporte digno, seguro y acorde a sus necesidades, revisando a fondo la situación actual y aplicando medidas que permitan ordenar el sector, siempre privilegiando el diálogo y haciendo prevalecer la ley, con respeto para todas y todos.

En la reunión participaron también el representante de la Secretaría de Gobernación en Baja California Sur, José María Miramontes Cortés; el secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, y la titular de la SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Teresita Valentín Vázquez propone la creación de un Protocolo Estatal de Seguridad Escolar, obligatorio para todos los niveles de educación básica y media superior en BCS, que prevenga y disminuya riesgos de violencia en planteles educativos.

La propuesta busca reglamentar los procedimientos de seguridad, entre ellos el denominado “operativo mochila” para evitar la introducción de objetos peligrosos o prohibidos a las escuelas.

“Es sabido, desde siempre, de situaciones que comprometen la integridad de la comunidad escolar, como el ingreso de armas, sustancias prohibidas o la comisión de actos violentos dentro de los planteles educativos. Algunas autoridades escolares se han visto obligadas a implementar medidas como la revisión de mochilas, sin contar con protocolos unificados, generando dudas sobre su legalidad”, explicó la iniciadora.

La propuesta adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de Educación del Estado que establece que el protocolo será emitido por la Secretaría de Educación Pública del Estado en coordinación con la SEP federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicho protocolo deberá implementar revisiones de mochilas o pertenencias, únicamente cuando existan indicadores objetivos de riesgo, tales como reportes de violencia, antecedentes documentados de portación de objetos prohibidos, o recomendaciones de los órganos colegiados escolares.

Para su aplicación, se deberá contar con el consentimiento informado de madres, padres o tutores, con personal adulto calificado y representantes del comité escolar, y que se respeten la dignidad, privacidad e integridad de niñas, niños y adolescentes.

La iniciadora subrayó que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió en  el año 2020 que las revisiones de mochilas realizadas por autoridades escolares sin consentimiento de madres, padres o tutores y sin protocolos establecidos, vulneran los derechos a la privacidad, integridad personal de los menores, por lo que cualquier revisión debe ser regulada por un protocolo claro, fundado y proporcional, como el que propone para reglamentarlo y establecerlo en la legislación estatal, como ya lo han hecho otras entidades como Jalisco y Ciudad de México.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, el diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs, mediante un pronunciamiento, solicitó al Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la República, Efraín Morales López, la remoción del Delegado de la Conagua en BCS, Julio Villareal, «por considerar que no cumple con la ley y las responsabilidades propias de su encargo y traiciona la confianza que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en todos y cada uno de los servidores públicos del Gobierno Federal».

Lo anterior, señaló el legislador de Morena, toda vez que “los habitantes del ejido Migriño y de 64 colonias populares de Cabo San Lucas en su legítima lucha por la apertura de dos pozos en la comunidad, obtuvieron el pasado fin de semana el beneficio de la justicia federal al concederles la suspensión definitiva al amparo promovido en defensa de sus derechos ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Baja California Sur, todo ello, dentro del incidente 936/2025, en contra de actos realizados, por supuesto, al margen de la ley, por el Delegado Estatal de la Conagua».

Huerta Leggs recordó en tribuna que “esta cruzada a favor de la legalidad y la defensa de los derechos del pueblo de Migriño y Cabo San Lucas la iniciaron, porque el aún Delegado de la Conagua en BCS, asumiendo actitudes legaloides y totalmente arbitrarias, cerró dos pozos en la comunidad de Migriño que abastecen del vital elemento a ese ejido, y por medio de pipas a más de 60 colonias populares de la Delegación de Cabo San Lucas, que carecen de red para poder disponer de agua, y por ello recurren al servicio de las pipas.”

Así mismo, el diputado Sergio Huerta solicitó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de la República, Raquel Buenrostro Sánchez, realice una exhaustiva auditoría integral a la Delegación de la Conagua en BCS, ante la presunción de malos manejos en la implementación de políticas públicas por parte del Delegado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la ceremonia de abanderamiento de la embarcación “Santa Marcela II”, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció la tenacidad, el trabajo y el compromiso de empresas como Transportación Marítima de California (TMC), que se suman al esfuerzo de esta administración y de las y los sudcalifornianos por alcanzar el desarrollo y bienestar de la entidad.

El mandatario estatal destacó también la solidaridad de la Marina Mercante y de la Secretaría de Marina Armada de México, especialmente cuando ha sido necesario hacer frente a emergencias. “Fortalecer sus servicios es un buen ejemplo de ésta y otras empresas para construir un mejor Estado. En todos nuestros puertos está la mano de ustedes”, expresó.

Castro Cosío subrayó que Baja California Sur y México comparten el deseo de progreso, y que es necesario “juntar voluntades para que inversiones como la de hoy se multipliquen, privilegiando un desarrollo equilibrado”.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Marina Mercante e invitados especiales. Se informó que la embarcación, adquirida en Irlanda, permitirá incrementar en un 40% la capacidad de movilizar carga entre Baja California Sur y el vecino Estado de Sinaloa.

“Gracias por sumarse, con esta inversión, al Plan México”, agregó el gobernador, al tiempo que destacó la importancia de seguir tendiendo puentes —aéreos, marítimos o terrestres— que unan a Baja California Sur con el macizo continental. “Para nosotros cada puente que se traza siempre será bienvenido”, concluyó.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado modificó diversos artículos de la Constitución de Baja California Sur para armonizarla con la Constitución general para suprimir el nepotismo electoral y la reelección inmediata en los cargos a gobernador, alcaldes, diputados y regidores, entre otros.

En el primer periodo extraordinario de sesiones, fue aprobado el dictamen de las comisiones de Asuntos Políticos y Puntos Constitucionales y de Justicia a la iniciativa de reformas a la Constitución estatal presentada por el diputado Fernando Hoyos Aguilar (PT).

En materia de nepotismo, impide que personas con vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con servidores públicos, puedan contender por un cargo de elección popular durante los tres años previos a la elección, es decir, las personas que busquen contender por un cargo de elección popular no deberán tener vínculos familiares cercanos con quienes tienen un cargo ejecutivo.

Se trata de la minuta de la Cámara de Diputados que reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue presentada ante el pleno sudcaliforniano por el diputado Hoyos.

La reforma fue aprobada por unanimidad de sus integrantes mediante dos sesiones, la primera en la que se agotaron las primeras lecturas de los dictámenes y la segunda en la que fueron sometidos a votación, informa el Congreso del Estado. También fue socializada con representantes de los partidos políticos así como organismos electorales en diversas mesas de trabajo de las comisiones dictaminadoras.