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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de mantener un manejo ordenado, legal y transparente de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para actualizar los tabuladores salariales del gobierno estatal, conforme a disposiciones federales, sin aumentar el presupuesto, ajustando los montos con base en el nuevo salario mínimo, UMA y subsidio al empleo, dentro del Presupuesto de Egresos 2025.

Esta iniciativa responde a disposiciones emitidas por organismos federales como el INEGI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y la Secretaría del Trabajo, que exigen ajustes obligatorios a los ingresos del personal público sin afectar el techo presupuestal aprobado.

“El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de mantener finanzas públicas sanas, pero también de garantizar condiciones laborales justas para quienes prestan sus servicios. Esta actualización alinea los sueldos con las nuevas disposiciones federales, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestal. Lo hacemos con responsabilidad, legalidad y respeto hacia la administración pública estatal”, expresó la diputada a través de un comunicado de prensa.

La legisladora destacó que el Gobierno del Estado enfrenta un entorno económico complejo que requiere planeación precisa y cumplimiento puntual de las normas fiscales. “La Secretaría de Finanzas actuó en tiempo y forma para ajustar los tabuladores, tomando en cuenta el nuevo salario mínimo, la actualización de la UMA y los lineamientos sobre subsidios. Con esta iniciativa, desde el Congreso damos certeza jurídica y continuidad a ese trabajo”, añadió.

Los principales factores para esta actualización son: la publicación de la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA); el incremento al salario mínimo general y profesional para 2025; cambios en el subsidio al empleo determinados por la autoridad fiscal federal; y el compromiso estatal para garantizar un salario digno a los cuerpos policiales.

Para finalizar, la Diputada reiteró que la iniciativa busca fortalecer la legalidad y equidad en el gasto público, garantizando sueldos justos sin comprometer el presupuesto estatal. Resaltó que los ajustes no representan un incremento en el gasto, sino una redistribución responsable de recursos, en apego a la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, analiza desde ahora una iniciativa con proyecto de decreto que propone una adición a la Constitución local, en materia de personas desaparecidas y no localizadas.

Presentada por la diputada Lupita Saldaña Cisneros, reconoce constitucionalmente, en el apartado de “derechos humanos y sus garantías” una serie de derechos humanos relacionados con este flagelo jurídico y social que deben ser expresamente establecidos, como son el derecho a no ser víctima de desaparición, sea forzada o cometida por particulares y a garantizar su búsqueda; establece obligaciones al Estado como adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones; establecer una política de prevención y atención contra la desaparición de sus habitantes.

“Basta de la apatía, la ineficacia y la falta de decisión para enfrentar este delito que golpea de manera inmisericorde a nuestra población”, expresó la abanderada de Acción Nacional, destacando que se requiere que las autoridades formulen, implementen y refuercen las estrategias que ayuden a prevenir, investigar y sancionar los casos.

Argumentó que, lamentablemente, Baja California Sur también sufre un alto número de personas desaparecidas, especialmente desde hace nueve años y en el último año La Paz superó a Los Cabos.

Arguyó que, de acuerdo con las cifras de RED LUPA, en Baja California Sur el número de desaparecidos está aumentando de manera significativa del año 2022 al mes de mayo de 2025. En 2022 había 671 personas desaparecidas en el Estado; 925 en 2023 y 938 en 2024; hasta el 16 de mayo de 2025 eran mil 048, de los cuales 883, el 84.26% son hombres y 163, el 15.55%, son mujeres.

La mayoría de las mujeres desaparecidas son jóvenes, entre 15 y 29 años, mientras que el 71% de las personas desaparecidas en general tienen entre 20 y 44 años, y 46 tenían menos de 18 años, siendo la mayoría niñas; los casos comenzaron a ser registrados en la entidad a partir del 2004, que en 2016 aumentaron y no se han detenido, siendo 2021 y 2023 los años con la mayor cantidad de personas desaparecidas (2021 fue el de mayor número, con 106 personas que continúan desaparecidas).

“No debemos quedarnos al margen del clamor que surge de quienes buscan a sus familiares desaparecidos; hagámoslo por las y los sudcalifornianos, especialmente por quienes sufren a diario la ausencia, la incertidumbre y la carencia de información sobre el paradero de los suyos”, acotó desde tribuna Saldaña Cisneros. Su propuesta, implica adicionar un nuevo artículo 20 Bis a la Constitución Política de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). «En la Delegación de Cabo San Lucas, todos los días percibimos que el ánimo en la sociedad es a favor de la creación del sexto municipio, porque es algo que no se puede posponer», afirmó el diputado Sergio Huerta Leggs, al presidir la comparecencia de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Bertha Montaño, donde se abordó el tema de la creación del nuevo municipio.

Al iniciar la primera de varias jornadas de trabajo, los legisladores Sergio Huerta Leggs, presidente de la Comisión Especial Plural Coadyuvante, y la diputada Alondra Torres García, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, refrendaron su compromiso de poner todo su empeño en hacer un trabajo responsable, en la tarea que les fue asignada.

Los y las legisladoras ahí reunidas, escucharon a la titular de Finanzas y su equipo de colaboradores, que presentaron datos presupuestales sobre el impacto y repercusiones en el resto de los municipios del Estado, ante la creación de un nuevo municipio.

Huerta Leggs destacó que profesionistas, líderes de opinión, representantes de la sociedad civil, mujeres y hombres de las colonias populares, han vertido su opinión a favor, “lo cual nos alienta a seguir trabajando intensamente con todos los sectores sociales, escuchándolos para legislar y  de esta forma tomar decisiones con el respaldo de la información que en esta etapa de consulta tendremos”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de mejorar la calidad de vida en las zonas del municipio de La Paz, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío sostuvo un encuentro de trabajo con familias que demandan su intervención para solucionar el conflicto que se vive en el predio Mar Sol, el cual afecta a 311 ciudadanos y ciudadanas.

Acompañado de la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, el mandatario estatal se comprometió a llevar a una solución por la vía legal en beneficio de las personas de esta zona. «Al ser comprobado el actuar de la empresa inmobiliaria encargada, se aplicarán las medidas pertinentes, con ello se buscará que se restaure el daño a los habitantes que por necesidad requirieron de un espacio para construir sus hogares», expresó.

Por su parte, un grupo de vecinos dieron a conocer los esfuerzos que han hecho para la regularización de esta situación; sin embargo, no se ha logrado encontrar una solución satisfactoria, a lo que manifestaron que es un hecho ilegal, ya que fueron engañados con la venta de un espacio que está ubicado en zona de alto riesgo y no es apto para el desarrollo de vivienda.

Asimismo, expusieron que actualmente se encuentran integradas más de 40 carpetas de investigación, a las que se sumarán más denuncias, para que los apoderados de la empresa respondan a una venta presumiblemente ilegal e improcedente.

El Gobernador de BCS y la Alcaldesa de La Paz acordaron brindar seguimiento a esas demandas hasta que estas sean resueltas, además de buscar con el Ejido Chametla, un acuerdo que permita a quienes no han construido y que no cuentan con un lugar para vivir, un nuevo espacio seguro para que cumplan su propósito de contar con un patrimonio propio.

De igual forma, para quienes hayan construido en dicha área, manifestó que se tomarán en cuenta para ser incorporados al Programa de Vivienda digna que promueve el Gobierno de México. Finalmente, Castro Cosío estableció una nueva reunión al concluir el mes de agosto, a fin de dar seguimiento al caso, conocer avances y tomar medidas para alcanzar la mejor solución en beneficio de las familias.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de agilizar los procedimientos de justicia burocrática y frenar los pagos elevados por concepto de laudos laborales que enfrentan los poderes públicos del Estado y sus órganos autónomos, la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

La propuesta busca establecer que los servidores públicos de confianza tengan nombramientos exclusivamente temporales, sin derecho a estabilidad laboral, aunque conservando las medidas de protección al salario y acceso a la seguridad social. De esta manera, se pretende evitar que, al concluir las administraciones estatales o municipales, estos funcionarios demanden pagos millonarios por salarios caídos o indemnizaciones, amparados en vacíos legales.

Morena argumenta que los recursos destinados al cumplimiento de estos laudos provienen del presupuesto público, afectando directamente a la prestación de servicios y al otorgamiento de estímulos a trabajadores de base.

Entre los puntos más relevantes de la reforma, se establece que en los juicios iniciados por trabajadores de confianza, en caso de despido injustificado, el pago de salarios caídos será por un periodo máximo de 12 meses. Además, los procedimientos deberán tramitarse y resolverse también en un plazo máximo de 12 meses, armonizando la duración del juicio con el límite para el pago de dichos salarios.

Asimismo, se otorgan nuevas facultades al Tribunal Burocrático del Estado, que podrá sancionar a abogados, representantes o litigantes que promuevan acciones notoriamente improcedentes o que tengan por objeto dilatar los juicios laborales. Las multas irán de 100 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La reforma aclara que los trabajadores de base no serán afectados por estas modificaciones, ya que las leyes laborales reconocen una protección diferenciada y superior para este grupo.

Los servidores públicos de elección popular directa, al cumplir con una función constitucional de representación, no guardan una relación de subordinación con los poderes o ayuntamientos de la que son parte integrante y no dependientes, por lo tanto al término de su función, no tendrán derecho a recibir  indemnización alguna.

Quedarán igualmente excluidos del régimen de esta ley miembros de instituciones policiales, peritos, agentes del Ministerio Público y personal de vigilancia en establecimientos penitenciarios, así como quienes presten servicios mediante contratos civiles u honorarios.