FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de fortalecer la economía local y respaldar a quienes buscan iniciar o consolidar una actividad productiva, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la entrega de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social, beneficiando a 42 emprendedoras y emprendedores del municipio de La Paz.

Durante el evento realizado en las instalaciones del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal entregó de manera simbólica los primeros ocho apoyos económicos por un monto de 20 mil pesos cada uno, destacando que en esta ocasión se aplicaron recursos por el orden de 830 mil pesos.

Castro Cosío señaló que, en lo que va de su administración, se han otorgado más de mil microfinanciamientos, impactando de forma directa e indirecta a cerca de 5 mil ciudadanas y ciudadanos.

“Se trata de una ayuda modesta que, sin embargo, representa un impulso significativo para la economía de las familias y el desarrollo local. Se han destinado más de 24 millones de pesos a este programa y nuestro compromiso es duplicar esta cifra en los próximos dos años”, afirmó el Gobernador de BCS.

Los financiamientos entregados están destinados al crecimiento de actividades productivas como venta de pescados y mariscos, reparación de calzado, herrería, venta de hot dogs y cafetería, entre otras iniciativas que reflejan el esfuerzo, talento y determinación de las y los sudcalifornianos.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Teresita Valentín Vázquez alzó la voz en el Congreso del Estado en nombre de los habitantes del norte del Estado, para solicitar una vez más al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que establezca campañas de atención fiscal de manera permanente en los municipios de Loreto y Mulegé.

En un pronunciamiento, la Diputada reconoció la colaboración previa del SAT, mencionando que gracias a gestiones pasadas, se han realizado brigadas itinerantes en la región. Ejemplificó que en 2023, en Santa Rosalía, se atendió a cientos de personas. Estos esfuerzos han permitido a los ciudadanos registrarse, actualizar sus datos fiscales y cumplir con sus obligaciones sin tener que viajar largas distancias.

A pesar de los resultados positivos, la Diputada enfatizó que las brigadas eventuales ya no son suficientes. «La demanda no ha disminuido, por el contrario, va en aumento,» declaró. Por esta razón, el llamado actual es para que el SAT convierta estas visitas en campañas de atención constantes y programadas.

Valentín Vázquez subrayó la importancia de contar con un calendario público y una amplia difusión de estas campañas. Además, hizo un llamado para que se evalúe la posibilidad de instalar, al menos, un módulo de atención fijo en Mulegé o Loreto.

Y es que la Diputada señaló que la creciente actividad laboral y el aumento de emprendimientos en estas zonas han generado una necesidad constante de servicios fiscales; la falta de un módulo permanente del SAT no debe ser una barrera para que los ciudadanos accedan al trabajo, a la facturación legal, a apoyos, y a todos los derechos.

«La demanda de servicios fiscales en el Norte de nuestro Estado es una realidad creciente y constante,» afirmó, destacando que el acceso a trámites del SAT no debería ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos”, sentenció. Con este pronunciamiento, busca garantizar que en Baja California Sur, la distancia no sea un impedimento para el cumplimiento fiscal.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de brindar mayor certeza, claridad y uniformidad al trámite de los pronunciamientos de las y los diputados ante el Pleno, la diputada Alondra Torres García, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal.

Actualmente, dicho artículo establece plazos fijos para registrar los asuntos a tratar en sesión, sin contemplar mecanismos que permitan dar atención inmediata a temas urgentes o de alta relevancia social que surgen de manera inesperada.

La propuesta incorpora dos excepciones a esos plazos, permitiendo el registro e inclusión de pronunciamientos fuera de tiempo siempre que se justifique su urgencia o importancia para la sociedad y cuenten con la aprobación de la asamblea o de la mesa directiva: urgencia para la sociedad (asuntos apremiantes, críticos o de atención inmediata) e importancia para la sociedad (temas de interés general o alto impacto social).

Con esta reforma, Torres García busca eliminar ambigüedades normativas, evitar múltiples interpretaciones y garantizar que el congreso pueda posicionarse con oportunidad frente a hechos relevantes para la ciudadanía.

El proyecto contempla que, si se cumplen estos criterios y se obtiene mayoría de votos, los pronunciamientos podrán ser incluidos en el orden del día aunque no se hayan registrado en los plazos reglamentarios.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Con el compromiso firme de escuchar y dar respuesta a las demandas del pueblo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado por la subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en México, Tania Carro Toledo, encabezó una reunión de trabajo con representantes de sitios de taxis y concesionarios del transporte en el municipio de Los Cabos, para avanzar en soluciones que garanticen un servicio digno, seguro y eficiente para todas y todos.

Durante el encuentro, las y los transportistas presentaron propuestas prioritarias, como la revisión de permisos federales y la implementación de operativos que aseguren el cumplimiento de la ley, así como la continuidad de las mesas de trabajo conjuntas.

El mandatario estatal destacó que, con el propósito de dar certeza sobre la operación del transporte público federal, se fortalecerán los operativos y se reanudará el registro en el Sistema Integral a cargo de la SICT, que por potestad del Estado tendrá el control de las transportadoras, como lo establece la ley.

“Los problemas del transporte en la región llevaban muchos años sin atenderse. Desde el inicio de esta administración hemos asumido acciones para encauzar soluciones. No habrá tolerancia para quienes operen fuera de la ley; todo aquel que no esté inscrito en la Plataforma SISTPC será sancionado conforme a derecho”, subrayó Castro Cosío.

Reafirmó que la prioridad del Gobierno del Estado es garantizar que las y los usuarios cuenten con un transporte digno, seguro y acorde a sus necesidades, revisando a fondo la situación actual y aplicando medidas que permitan ordenar el sector, siempre privilegiando el diálogo y haciendo prevalecer la ley, con respeto para todas y todos.

En la reunión participaron también el representante de la Secretaría de Gobernación en Baja California Sur, José María Miramontes Cortés; el secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, y la titular de la SEPUIMM, Carolina Armenta Cervantes.

FOTO: Posta Mx.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Teresita Valentín Vázquez propone la creación de un Protocolo Estatal de Seguridad Escolar, obligatorio para todos los niveles de educación básica y media superior en BCS, que prevenga y disminuya riesgos de violencia en planteles educativos.

La propuesta busca reglamentar los procedimientos de seguridad, entre ellos el denominado “operativo mochila” para evitar la introducción de objetos peligrosos o prohibidos a las escuelas.

“Es sabido, desde siempre, de situaciones que comprometen la integridad de la comunidad escolar, como el ingreso de armas, sustancias prohibidas o la comisión de actos violentos dentro de los planteles educativos. Algunas autoridades escolares se han visto obligadas a implementar medidas como la revisión de mochilas, sin contar con protocolos unificados, generando dudas sobre su legalidad”, explicó la iniciadora.

La propuesta adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de Educación del Estado que establece que el protocolo será emitido por la Secretaría de Educación Pública del Estado en coordinación con la SEP federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicho protocolo deberá implementar revisiones de mochilas o pertenencias, únicamente cuando existan indicadores objetivos de riesgo, tales como reportes de violencia, antecedentes documentados de portación de objetos prohibidos, o recomendaciones de los órganos colegiados escolares.

Para su aplicación, se deberá contar con el consentimiento informado de madres, padres o tutores, con personal adulto calificado y representantes del comité escolar, y que se respeten la dignidad, privacidad e integridad de niñas, niños y adolescentes.

La iniciadora subrayó que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió en  el año 2020 que las revisiones de mochilas realizadas por autoridades escolares sin consentimiento de madres, padres o tutores y sin protocolos establecidos, vulneran los derechos a la privacidad, integridad personal de los menores, por lo que cualquier revisión debe ser regulada por un protocolo claro, fundado y proporcional, como el que propone para reglamentarlo y establecerlo en la legislación estatal, como ya lo han hecho otras entidades como Jalisco y Ciudad de México.