FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Buscando dar mayor seguridad a los automovilistas de Baja California Sur, la diputada Karina Olivas Parra, propuso una iniciativa en materia de sanción de colisión vehicular simulada con fines de extorsión, que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”.

En ese sentido, propone reconocer la figura del “accidente simulado con fines de extorsión”, como una modalidad criminal autónoma; incorporar como agravantes el ejercer violencia contra las víctimas, actuar en pandilla o cuando se perpetre en contra de personas en situación de vulnerabilidad; y prever el pago de la reparación del daño, no solo material, sino moral.

La legisladora de la bancada del PT, arguye que Baja California Sur, enfrenta una amenaza creciente, una de las más peligrosas y recurrentes en zonas urbanas, es la que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”, la cual consiste en provocar o simular accidentes de tránsito para extorsionar a las víctimas con amenazas, presiones o engaños; es decir, se trata de una forma de criminalidad organizada que mezcla elementos de fraude, extorsión, coacción y violencia psicológica, todo bajo el disfraz de un “hecho de tránsito”.

Son los denominados “montachoques”, que operan generalmente en células o grupos organizados, los cuales incluso pueden llegar a simular ser agentes de tránsito, ajustadores de aseguradoras o servidores públicos. Incluso, han llegado a retener personas contra su voluntad para forzarlas a pagar o entregar documentos, si bien estos casos apenas empiezan en nuestra entidad, en el interior de la república es pan de cada día.

En la mayoría de los casos, las víctimas de esta conducta, son mujeres que viajan solas, adultos mayores, jóvenes y turistas, a quienes se perciben como blancos fáciles por su perfil vulnerable.

Operan bajo una mecánica premeditada, un vehículo colisiona o simula haber sido impactado por otro automóvil, de forma leve o incluso sin contacto físico;  los ocupantes del auto provocador increpan al conductor víctima, a quien acusan de provocar el accidente; después, aparecen supuestos testigos o cómplices disfrazados de ajustadores, quienes amenazan con llamar a la policía, “retener” el vehículo o levantar cargos judiciales y  en este contexto de presión, miedo e incertidumbre, la víctima accede a entregar dinero o firmar documentos sin comprender el alcance legal de sus actos.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión Puntos Constitucionales y de Justicia, implica adicionar que un artículo 352 Bis al Capítulo II denominado “Ataque a la Seguridad del Tránsito Vehicular”, que contempla delitos como el “ataque a la seguridad del tránsito vehicular y la conducción en estado de ebriedad”.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como diversas reformas a las leyes que rigen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista, una abstención del PRI y un voto en contra del PAN.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, destacó que esta nueva legislación permitirá un acceso más amplio y efectivo a la información pública en la entidad, consolidando los principios de transparencia y gobierno abierto.

La nueva ley contempla la creación de Comités y Unidades de Transparencia en cada sujeto obligado, la integración del Estado al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública mediante un Subsistema Estatal, así como el uso obligatorio de la Plataforma Nacional de Transparencia para recibir solicitudes y publicar información de manera accesible y oportuna. Además, promueve el uso de datos abiertos, formatos accesibles y tecnologías digitales, bajo los principios de máxima publicidad, igualdad y no discriminación.

La ley establece principios, bases y procedimientos para que cualquier persona pueda solicitar, recibir y difundir información en posesión de autoridades estatales y municipales, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y particulares que ejerzan recursos públicos, prohibiendo expresamente reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. En materia de responsabilidades, se contemplan sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que incluyen multas, apercibimientos y posibles denuncias ante autoridades competentes, según la gravedad de la falta.

Asimismo, se crea el Instituto de Transparencia para Baja California Sur, autoridad garante local dependiente de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, encargado de coordinar la política estatal en materia de transparencia y de resolver los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos.

Las iniciativas fueron presentadas por el ciudadano Fabricio González, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Finalmente, el pleno del Congreso de BCS aprobó la solicitud de reserva del diputado Fabrizio Del Castillo Miranda para garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de su gira de trabajo por el municipio de Comondú, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío acudió a Puerto San Carlos, para entregar las obras de reconstrucción del muelle turístico, cumpliendo con el compromiso de su administración de impulsar el bienestar y la seguridad de las familias, fortalecer la actividad turística y promover el desarrollo social y económico de la comunidad.

La obra, realizada con recursos del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) y supervisada por la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), representó una inversión de 20.4 millones de pesos.

La reconstrucción incluyó pilotes encamisados de concreto, pasarela de acceso de 97 metros, plataforma de embarque, estructura metálica reforzada, barandales de polímero de fibra de vidrio, 16 luminarias y accesos seguros que garantizan la operación eficiente y segura de embarcaciones turísticas y pesqueras.

Durante este acto, el mandatario reconoció el esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, API, FONMAR, la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto y la comunidad, resaltando que el proyecto se desarrolló en tiempo, con calidad y bajo supervisión técnica permanente.

Señaló que esta obra forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento del sistema portuario estatal, que incluye proyectos en Pichilingue, Loreto y Santa Rosalía, orientados a modernizar, ordenar y hacer más eficiente la operación portuaria, contribuyendo al bienestar de las familias sudcalifornianas mediante acciones y obras de responsabilidad social.

Castro Cosío reafirmó su compromiso de atender otras necesidades locales, como la solución definitiva al bordo de contención, el empastado del campo de fútbol de la escuela secundaria y la remodelación de la cancha pública. Como parte de esta actividad, el Gobernador otorgó un vehículo de 28 plazas para beneficiar principalmente a estudiantes de la localidad.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó las nuevas instalaciones del Punto de Encuentro Comunitario (PEC) en la colonia Villas de Guadalupe, en La Paz, con una inversión de 8.91 millones de pesos destinada a fortalecer la participación y el desarrollo social de las familias de la zona.

Acompañado por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro, el mandatario refrendó el compromiso de trabajar para que nadie se quede atrás ni afuera, y subrayó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite obtener mejores resultados para las familias.

El Punto de Encuentro Comunitario, desarrollado en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuenta con un edificio de 340 metros cuadrados que incluye oficinas multidisciplinarias, salón de usos múltiples, área interactiva para jóvenes, espacios al aire libre, módulos sanitarios, cocina y bodega, bajo un diseño accesible e incluyente.

En el marco de la misma jornada, el Gobernador de BCS anunció el inicio de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en dos circuitos viales conformados por las calles Norte, San Germán, San Ramón Nonato, Santa Rosa de Lima y San Isidro, con una inversión superior a 27 millones de pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

Estas obras incluyen la rehabilitación de redes de agua potable, la construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de alumbrado público, mobiliario urbano, señalamiento vial y jardinería, en una superficie total de 10 mil 500 metros cuadrados, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias de Villas de Guadalupe.

Castro Cosío hizo el compromiso con las y los ciudadanos de continuar avanzando en la ampliación de la red de drenaje, la pavimentación de calles en la parte alta de la colonia y asegurar que los adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con un cuarto firme con baño.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Fiscales el paquete económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2026.

Luego de la recepción formal de las versiones impresas y digital del compendio documental, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cristina Contreras Rebollo, formalizó el turno en la sesión del martes 4 de noviembre.

En los próximos días, la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, presidida por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto e integrada por la diputada Karina Olivas Parra y el diputado Eduardo Van Wormer, junto con el cuerpo de asesores, iniciará el análisis exhaustivo de la propuesta. Los documentos a revisar incluyen la iniciativa de la Ley de Ingresos 2026, el Presupuesto de Egresos proyectado, y la modificación al presupuesto vigente 2025.

Para este proceso, la Comisión llevará a cabo mesas de trabajo con las legisladoras y los legisladores de la XVII Legislatura, la Secretaría de Finanzas y diversas secretarías del Poder Ejecutivo estatal.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 y la Ley de Ingresos se proyectan por un monto total de 26 mil 858 millones de pesos.

En apego al Plan Estatal de Desarrollo sexenal, el eje más fortalecido es el de bienestar e inclusión, que incluye las áreas de salud y educación. En conjunto con otras secretarías del sector de desarrollo social, estos rubros representan aproximadamente el 50% del presupuesto total propuesto. También se refuerzan las partidas destinadas a la seguridad pública y el combate a la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, se estima que la ampliación del presupuesto de 2025 concluirá con un monto total de 27 mil 805 millones de pesos. Este monto es significativamente mayor a los 24 mil 999 millones de pesos que fueron aprobados inicialmente, resultado de ingresos excedentes generados durante el ejercicio fiscal en curso.