FOTO: Modesto Peralta Delgado | INTERIOR: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y a la presidenta del XVIII Ayuntamiento de Mulegé, a unir esfuerzos para concretar en 2026 la construcción del “Monumento al Minero” en un espacio público de Santa Rosalía, con el propósito de convertirlo en un símbolo de orgullo para residentes y visitantes.

El punto de acuerdo, presentado en sesión ordinaria por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, destaca la importancia de rendir homenaje a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas de mayor tradición en México y un referente histórico para Baja California Sur.

La obra propuesta no solo busca reconocer a quienes hoy laboran en la extracción de minerales, sino también a las generaciones que, con esfuerzo incansable, han aportado al desarrollo de la región y al bienestar de sus familias, contribuyendo a la modernización de las comunidades.

“Al minero anónimo, a sus familias y a quienes han forjado nuestra identidad, queremos ofrecer un reconocimiento permanente desde esta XVII Legislatura, junto con el ciudadano gobernador del Estado y la presidente municipal de Mulegé, en representación de la sociedad sudcaliforniana”, expresó el legislador.

Durante el debate, los diputados Fabrizio del Castillo Miranda y Karina Olivas Parra respaldaron la propuesta, subrayando que se trata de una acción que fortalece la memoria colectiva y rescata la identidad histórica de Santa Rosalía, al tiempo que proyecta un legado de orgullo para las futuras generaciones.

FOTO: Archivo | INTERIOR: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Turnan a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia la iniciativa presentada por los diputados Fernando Hoyos Aguilar y Sergio Ricardo Huerta Leggs, mediante la cual se busca que el Estado promueva y difunda la cultura regional que caracteriza las raíces históricas, identidad y tradiciones, atendiendo la diversidad cultural existente en Baja California Sur.

Hoyos Aguilar expuso que lo que persigue la iniciativa es que se reconozca en la Constitución a las comunidades originarias del Estado, a los descendientes de la cultura ranchera, de costas y agrícola, por medio de la promoción de políticas públicas que logren abatir las desigualdades entre las ciudades y el campo y las costas, sin desnaturalizar sus elementos que los hacen reconocibles como tal.

En consecuencia, dijo, se aspira a que la ley provea las disposiciones que sean necesarias para elevar su bienestar social y preservar, promover y enriquecer la identidad, tradiciones, costumbres, conocimientos y modo de vida de sus comunidades originarias.

A su vez, el diputado Sergio Huerta Leggs manifestó que lo que se busca es obtener una protección a todos aquellos elementos que constituyan la identidad, tradiciones y costumbres, dentro del marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado, así como promover el desenvolvimiento social, cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico de la comunidad. “Por medio de este impulso, consideramos preservar la cultura ranchera, de costas y agrícola que proviene de sus comunidades originarias”, afirmó.

Huerta Leggs concluyó que dicho proceso parlamentario surgió del deseo legítimo de mineros, rancheros, pescadores, y familias de las costas del Golfo y del Pacífico, del Norte y del Sur sudcaliforniano quienes por generaciones con su presencia y trabajo han dado vida y sentido de pertenencia para México y los mexicanos a las más de 2 mil 500 comunidades en los más de 77 mil kilómetros cuadrados de nuestra geografía sudpeninsular.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en planteles educativos, se llevaron a cabo mesas de trabajo y consulta sobre la reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de Educación estatal para unificar criterios en un Protocolo Estatal Único de Seguridad Escolar, con la coordinación entre la SEP BCS, instituciones de seguridad, de impartición de justicia, padres de familia e instituciones involucradas.

La diputada Teresita Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, puntualizó que la iniciativa busca una armonización legislativa para fortalecer el protocolo de seguridad escolar ya existente.

Explicó que la inclusión de este protocolo en la ley aportará mayor certidumbre, coordinación y claridad en las responsabilidades institucionales.

«La iniciativa no pretende sustituir ni contradecir el protocolo; por el contrario, busca que se unifiquen criterios bajo el principio de respeto y protección de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y las juventudes» dijo.

Añadió que las consultas y el análisis del proceso arrojarán luz sobre qué aspectos deben fortalecerse, qué vacíos normativos deben aclararse y cuáles son las necesidades reales en materia de organización y actuación.

Por su parte, el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Educación, enfatizó que el Poder Legislativo debe enfocarse en atender las causas originales de los fenómenos que se presentan en los planteles, como la portación de armas o estupefacientes, además de revisar y actualizar los protocolos ante la aparición de nuevos riesgos.

«El operativo mochila ya existe y es reactivo; debemos trabajar en sus causas, en las familias, en su integración, si tienen salud, vivienda… Si todas esas patologías no se subsanan de raíz, el problema no se resuelve.»

Destacó que para la elaboración del dictamen se escucharan y tomaran en cuentas las voces, como que éste se apegará a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que los protocolos no deben ser invasivos, sino que deben ser consensados, preventivos y diseñados para evitar cualquier violación a los derechos humanos.

Mesa de Educación

La Mesa de Educación enfatizó que los profesores carecen de certeza y se sienten inseguros ante diversas situaciones. Ratificaron la existencia de problemas como la introducción de armas, aerosoles y la ocurrencia de peleas dentro de los planteles escolares. Hicieron un llamado a la mayor participación de los padres de familia e instaron a que, durante este proceso de análisis legislativo, se consideren como referencia las experiencias y normativas aplicadas en otros estados.

Mesa de Seguridad

La Mesa de Seguridad concluyó que las instituciones buscarán definir las competencias específicas de cada organismo, identificar las herramientas jurídicas disponibles y comenzar la capacitación y sensibilización de los padres de familia para fomentar una mayor corresponsabilidad. La mesa sentenció: «El operativo mochila debe iniciar desde casa».

Mesa de Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos

Esta Mesa reconoció que la legislación actual ya contempla estos procesos de seguridad, pero consideró que el tema requiere un análisis más profundo. Subrayaron su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos tanto de los menores como de los docentes.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Cuarto Encuentro Ciudadano para informar los resultados de su administración, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reiteró su compromiso de honrar el servicio público bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, gobernando para todas y todos, con énfasis en quienes menos tienen.

Desde la plaza Antonio Mijares de San José del Cabo, el mandatario resaltó que, aunque los desafíos son muchos, existe una firme voluntad para fortalecer a Baja California Sur. Al presentar el balance de cuatro años de gobierno, informó más de 330 giras de trabajo en los cinco municipios.

En salud, destacó la certificación del Hospital General Juan María de Salvatierra como hospital de tercer nivel; la inauguración del Hospital IMSS-Bienestar en Santa Rosalía; el Hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas; y la UMF No. 4 del IMSS y la nueva UMF en La Paz.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el inicio de la construcción del Hospital Regional del IMSS en San José del Cabo, con inversión superior a 4 mil millones, y adelantó la edificación de un nuevo hospital para 2026.

En vivienda, dio a conocer la inversión de 337 millones de pesos para vivienda progresiva, cuartos con baño inclusivo, pisos firmes y paquetes de material, beneficiando con más de 200 viviendas y más de 200 cuartos incluyentes. Añadió que el Programa Nacional de Vivienda iniciará en el municipio, con 37 mil viviendas proyectadas para los cinco municipios.

En educación, se ejercieron más de mil millones de pesos en 135 acciones de equipamiento y mil 335 obras, incluidas las nuevas sedes de la UABCS. Con “La Escuela es Nuestra” se benefició al 98% de escuelas públicas de nivel básico y a 43 de media superior, con más de 400 millones invertidos. El rezago educativo disminuyó 7.1% y en media superior algunos planteles crecieron 77% en matrícula. Se niveló el salario de 3 mil 364 trabajadores con una inversión de 661 millones, se liquidaron los quinquenios con más de 335 millones y se recibieron 500 nuevas plazas docentes y de apoyo, con erogación anual de 200 millones.

En infraestructura carretera, destacó obras en Bahía Tortugas–Punta Eugenia, San Francisco de la Sierra, San Miguel–San José de Comondú, los ejidos del 1 al 5, el puente de La Ribera y la calle Tamaral. En cultura y deporte, mencionó más de 700 estímulos a creadores, cerca de 150 festivales, 4 mil actividades de lectura y una inversión de 260 millones en infraestructura deportiva, recuperando el estado el lugar 15 nacional.

A través del SEDIF se ejercieron 312 millones de pesos en apoyo a más de 100 mil personas, incluidos traslados médicos, apoyos ortopédicos, funerarios y desayunos calientes para 23 mil 400 menores. Destacó que los programas sociales del Gobierno de México benefician a 220 mil personas con una derrama de 3 mil 110 millones de pesos; y que, con más de 70 millones, se otorga pensión a más de 15 mil personas con discapacidad.

En empleo, se atendieron más de 100 mil personas, se colocó a 24 mil en empleos formales y se realizaron 477 jornadas “La Chamba Nos Une”. En apoyo a la economía local se otorgaron mil 457 créditos por 21 millones y, con Nacional Financiera, 473 créditos adicionales con derrama superior a mil millones.

En turismo, el Estado generó más de 115 mil millones de pesos en derrama; registró más de 20 millones de pasajeros vía aérea con un crecimiento de 66% y 175 nuevos vuelos; más de 3 millones de cruceristas; y una ocupación del 70% en 501 hoteles con 29 mil cuartos. La API incrementó 25% sus ingresos, alcanzando 180 millones destinados a modernizar Pichilingue, el malecón de La Paz, los muelles de Puerto San Carlos y Loreto, el muelle flotante de Puerto Chale y la etapa final del atracadero La Playita.

En apoyo al sector productivo ante la sequía, se destinaron 24 millones para alimentar 45 mil vientres bovinos y se puso en marcha el Plan de Reactivación de la Cuenca Lechera con más de 25 millones. Además, el Programa Estatal de Ordenamiento Pesquero y Acuícola regularizó a más de 5 mil pescadores, se realizaron más de 200 torneos de pesca y se consolidó al estado como principal productor de abulón y langosta roja en Mulegé y ostión en Comondú.

Al finalizar, el Gobernador de BCS comprometió mayor esfuerzo para atender el problema del agua, respaldar a quienes menos tienen e impulsar más infraestructura de desalinización. Subrayó que, aunque quedan retos, es aún mayor el compromiso para seguir trabajando por el bienestar de las y los sudcalifornianos.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La tarde cae sobre el malecón de La Paz como un telón de luz rosada, y aun así el rumor es más fuerte que la brisa marina: la ciudad está cambiando demasiado rápido. Lo dicen quienes nacieron allí y quienes llegaron hace años, antes de que los precios se dispararan como si obedecieran a otra lógica, una ajena, importada. La escena se repite también en Los Cabos, donde los contrastes siempre existieron, pero hoy parecen haberse incrustado con una intensidad nueva, casi dolorosa.

El fenómeno tiene nombre, aunque a veces se evita pronunciarlo: gentrificación acelerada. Un movimiento tan discreto que empieza en los anuncios de renta y tan ruidoso que termina reconfigurando la vida entera de una comunidad.

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En ambos municipios, la llegada constante de extranjeros que deciden vivir de forma permanente —muchos con ingresos en dólares y la facilidad de trabajar desde cualquier lugar— ha multiplicado la demanda de vivienda. Los precios, obedientes al mercado global y no al salario local, se disparan. Lo señalan diversos reportes oficiales publicados en 2023 y 2024, que registran incrementos de renta superiores al promedio nacional, con zonas donde subieron entre 25% y 40% anual. Son cifras comprobables, duras, que dejan poco espacio para el optimismo.

En una conversación reciente, una residente de La Paz relató que el departamento donde vivió por ocho años duplicó su renta en menos de dos. Otra persona, originaria de Cabo San Lucas, comentó que su familia tuvo que mudarse a más de 40 minutos del centro porque ya no podía costear el barrio donde había crecido. Ninguna de estas historias es aislada; más bien, ilustran lo que varios estudios urbanísticos han señalado: la presión inmobiliaria en destinos turísticos de alta demanda produce una expulsión silenciosa, pero constante.

Hay momentos en los que la transformación es evidente a simple vista. En La Paz, colonias tradicionalmente familiares han visto aparecer cafeterías de estética estandarizada, condominios minimalistas y letreros en inglés que compiten con los locales. En Los Cabos, la construcción de nuevos desarrollos residenciales orientados al público extranjero redibuja las fronteras urbanas, empuja a las familias locales hacia periferias cada vez más lejanas y complica la movilidad diaria. No se trata únicamente del precio: se trata del tiempo perdido en trayectos, de la dificultad para acceder a servicios, del desgaste emocional de sentir que la ciudad deja de pertenecer a quienes la sostienen.

La movilidad urbana, de hecho, es uno de los puntos más críticos. Conforme las comunidades locales se desplazan hacia zonas más económicas, aumentan los tiempos de traslado y se saturan las vías que conectan periferias con centros laborales y educativos. Urbanistas consultados en informes recientes advierten que, sin planificación a largo plazo, esta tendencia podría profundizar la segregación espacial: ciudades fracturadas entre quienes pueden y quienes no pueden pagar estar cerca.

La pregunta inevitable es por qué está ocurriendo con tanta intensidad. La respuesta, aunque múltiple, tiene un hilo conductor: destinos como La Paz y Los Cabos se han convertido en refugio para extranjeros que buscan seguridad, belleza natural, cercanía al mar y un costo de vida que, comparado con sus países de origen, sigue siendo atractivo. Lo paradójico es que, en esa comparación, el costo deja de ser atractivo precisamente para quienes siempre vivieron allí. Es una ecuación injusta: la economía global se impone sobre la economía local.

Aunque la problemática es real y ampliamente documentada, también existen rutas posibles. Algunos especialistas han planteado medidas como regulación más estricta de rentas a corto plazo, incentivos para vivienda accesible, programas de movilidad urbana más eficientes y actualización de políticas que prioricen a la población residente. Ninguna solución es inmediata, pero todas comienzan con un consenso básico: reconocer que el fenómeno existe y que ya afecta la vida cotidiana.

Al recorrer las calles de Baja California Sur es imposible no sentir que algo se está jugando en ellas. La identidad, la memoria, la pertenencia. Cada edificio nuevo, cada renta anunciada en dólares, cada familia que empaca en silencio revela una transición que exige ser contada sin alarmismo, pero con honestidad.

Lo que está en disputa no es solo el valor de una propiedad, sino el derecho a seguir siendo parte de un lugar que durante generaciones se ha sentido como hogar. Y frente a esa disputa, vale recordar que la dignidad comunitaria no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad colectiva de defender el territorio emocional que nos sostiene.

Porque cuando una ciudad pierde a su gente, pierde su alma. Y ninguna plusvalía vale tanto como la memoria viva de quienes la construyen día con día.

Referencias y fuentes consultadas:
– Reportes oficiales del INEGI sobre movilidad y vivienda (2023–2024)
– Comunicados municipales de La Paz y Los Cabos relacionados con desarrollo urbano y vivienda
– Análisis académicos recientes sobre gentrificación en destinos turísticos de México
– Información pública del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de La Paz y Los Cabos