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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de armonizar la legislación estatal con el marco normativo federal en materia educativa, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, representante del Partido Verde en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación de Baja California Sur.

La propuesta responde a las reformas recientes a la Ley General de Educación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, las cuales establecen la incorporación transversal de la perspectiva de género, el fomento a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la implementación de acciones para prevenir y atender la violencia en los entornos educativos.

El legislador destacó que resulta necesario actualizar el marco jurídico estatal para garantizar una educación inclusiva, equitativa y con enfoque de derechos humanos.

Entre los principales cambios propuestos, contempla fortalecer el combate a la discriminación y a las violencias, especialmente las que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres; incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los procesos educativos; y promover el derecho a una vida libre de violencias dentro de la comunidad escolar.

Agúndez Cervantes planteó que las autoridades educativas deben implementar protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, incluyendo mecanismos para la detección oportuna, la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, así como la resolución pacífica de conflictos.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de políticas incluyentes, con enfoque diferenciado y de género, orientadas a garantizar el acceso, permanencia y continuidad de los estudios, especialmente en grupos en situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos para su dictaminación.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra propuso que el acecho sea considerado como un delito penal específico, tipificándolo en el Código Penal para sancionar conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o intimidación, tanto de manera presencial como a través de medios digitales; la denominada Ley Valeria propone penas de 1o a 4 años de prisión y hasta 400 días de multa en Baja California Sur.

La Diputada del PT afirmó que la propuesta busca cerrar vacíos legales y definir con claridad las conductas que constituyen el delito: “esta ley representa un mensaje muy claro: que ninguna mujer vuelva a escuchar pasos detrás y pensar que la ley no la acompaña. El acecho es una advertencia que el Estado no puede ignorar, reconocerlo como delito es también prevenir el feminicidio”.

Refirió que hasta antes de esta reforma, el acecho no estaba reconocido como delito autónomo en la legislación federal, lo que obligaba a las autoridades a intentar encuadrarlo en figuras como amenazas, hostigamiento o acoso sexual, dificultando su investigación y sanción.

Insistió en que legislar el tipo penal en BCS es una respuesta urgente ante la insuficiencia del marco legal actual para detener a agresores que, mediante una vigilancia obsesiva, destruyen la paz mental de sus víctimas antes de llegar a la agresión física. La propuesta también considera “acecho” cuando el agresor ingrese sin autorización al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio donde se encuentre la víctima.

Propone también que la pena aumente hasta en una mitad más, si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad, o exista una relación de poder o confianza entre agresor y víctima.

La iniciativa nace del caso de la maestra regiomontana Valeria Macías, quien padeció el acoso digital y presencial por parte de un alumno durante más de 5 años, caso en el que las autoridades no pudieron actuar, pese a las evidencias mostradas, por no haber sido agredida físicamente y al no existir la figura de acecho en el Código Penal.

Hasta el momento, en el país, 9 congresos estatales ya han tipificado el acecho dentro de sus legislaciones penales (Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Colima, Guerrero y Oaxaca) y recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, acudieron a la comunidad de Bahía Asunción, en el municipio de Mulegé, para presentar el proyecto de modernización y el inicio de trabajos para la pavimentación de la carretera que une a esta localidad con La Bocana.

Esta obra estratégica representa una inversión de 460 millones de pesos con recurso federal, y permitirá transformar un camino rural en una carretera con pavimento y un ancho de calzada de 7 metros, cumpliendo así con los estándares técnicos de seguridad y que fortalecerá la movilidad y el desarrollo de la zona.

El proyecto, que iniciaría en una primera etapa de Bahía Asunción a Punta Prieta, tendrá una longitud total de 29.32 kilómetros, de los cuales 26.46 km corresponden al tramo troncal y 2.86 km al ramal de acceso a la mencionada población.

Entre los alcances técnicos destacan la construcción de 26 obras de drenaje, 15 losas y 11 vados, elementos fundamentales para garantizar la durabilidad de la vía frente a las condiciones climáticas de la zona.

Durante el recorrido estuvieron acompañados por la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, la secretaria de Planeación Urbana e Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carolina Armenta Cervantes y el director del Centro SICT en la entidad, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Movilidad y Seguridad Vial la iniciativa que busca reformar la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el objetivo de establecer controles de alcohol en sangre para todas las personas conductoras, propuesta por la diputada Lupita Saldaña Cisneros.

Para tales efectos se proyecta incorporar un nuevo Capítulo II al Título Séptimo, centrado en la implementación de operativos de alcoholimetría a cargo de las autoridades estatales y municipales en materia de movilidad, tránsito, vialidad y seguridad vial, operativos que no deberán ser limitados únicamente al consumo de alcohol, y deberán contemplar la detección de otras sustancias narcóticas, enervantes, estupefacientes y psicotrópicos.

Saldaña Cisneros precisó que se busca introducir al marco jurídico algunas definiciones fundamentales, tales como: Alcoholímetro, Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría y Punto de Control de Alcoholimetría, con el fin de dotar de claridad y certeza a la aplicación de la norma en comento.

Ahí mismo añadió que la propuesta también establece un esquema de prohibiciones respecto a la presencia de alcohol en la conducción, incluyendo una regla general y disposiciones específicas para ciertos grupos. Dijo que, en particular, se fija una política de tolerancia cero para personas menores de edad y para conductores del servicio público de transporte, quienes no podrán manejar con ninguna concentración de alcohol en sangre o aire espirado. La reforma amplía las sanciones al incluir el aseguramiento del vehículo, arresto administrativo y trabajo comunitario, cuando se conduzca bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas; en menores, se prevé su entrega a tutores.

Finalmente, se dispone que el Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría del CONAPRED tendrá carácter obligatorio y vinculante para todas las autoridades competentes que lleven a cabo los operativos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para fortalecer la protección de la salud pública, la seguridad y el bienestar social, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, del Partido Verde Ecologista, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 23 de la Ley que Regula el Almacenaje, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en Baja California Sur.

La propuesta plantea ampliar a 200 metros la distancia mínima que deberán guardar los nuevos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas respecto de escuelas, hospitales, templos, cuarteles, centros de prevención o readaptación social y hospicios, así como de fábricas donde laboren trabajadores asalariados.

El legislador señaló que el crecimiento urbano y la densificación de las zonas habitacionales en Baja California Sur obligan a revisar la regulación vigente, al considerar que las distancias actualmente establecidas resultan insuficientes frente a la realidad social y territorial del Estado.

Agúndez Cervantes sostuvo que la cercanía de puntos de venta de alcohol con espacios sensibles incrementa riesgos relacionados con el consumo temprano entre menores de edad, además de asociarse a mayores posibilidades de violencia, accidentes y otras conductas que afectan la convivencia comunitaria.

El proyecto también mantiene que los nuevos establecimientos comprendidos en la fracción I del Artículo 11 no deberán ubicarse a menos de 150 metros entre sí, salvo aquellos que se instalen en zonas turísticas.

Finalmente, Agúndez Cervantes señaló que la regulación de estos establecimientos debe responder a criterios preventivos y de protección colectiva y que se busca actualizar el marco legal estatal; la iniciativa fue turnada a las comisiones de la Salud, la Familia y Asistencia Pública.