Desaparición forzada y desaparición de personas

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Corrupción, inseguridad, violencia, impunidad, complicidad entre los organismos encargados de la seguridad pública y elementos del crimen organizado, son algunos de los principales ingredientes que conforman el marco generador de la desaparición de personas.

México forma parte de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, desde el año 2002, y de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, desde 2008 y, por ello, adquirió el compromiso de tipificar los delitos de desaparición de persona y desaparición forzada, así como establecer las políticas públicas necesarias para prevenir, perseguir y erradicar tales delitos.

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Fue hasta el año 2015 que se modificó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar al Congreso Federal de facultades para legislar en esta materia, y El 17 de diciembre de 2017 finalmente se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

DESAPARICIÓN FORZADA. La ley en cita establece en su artículo 27 que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Son tres los elementos esenciales de este delito:

Que se prive de la libertad a una o varias personas.
Intervención directa de servidores públicos, en apoyo, autorización o consentimiento.
Abstenerse o negarse a reconocer la privación o información, destino o paradero de la persona afectada.

La desaparición puede ser cometida con la intervención de una o más personas, ya sea por llevarla a cabo directamente (autoría ejecutiva) por participar de cualquier forma, mantener a la persona desaparecida o dar las instrucciones para que siga ocurriendo. (autoría no ejecutiva)

La autorización o aquiescencia de una persona servidora pública implica que la intervención estatal puede ser directa o indirecta, a través de su consentimiento o conformidad.

La desaparición, en ambas modalidades, es de naturaleza compleja y pluriofensiva, pues repercute en una multiplicidad de derechos, tales como la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de ser sometido a tortura u otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, libertad personal, vida, etcétera.

Atendiendo al ámbito temporal de sus efectos, puede ser de comisión permanente o continua. El delito se sigue consumando mientras no se determine la suerte y el paradero de la persona, o sus restos no sean localizados plenamente.

DESAPARICIÓN DE PERSONA. Conforme se establece en el artículo 34 de la ley en cita, comete el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.

Básicamente la diferencia entre ambos tipos penales la establece la participación o no de servidores públicos.

DELITOS CONEXOS: La misma ley establece como tales, el ocultar, desechar, incinerar, sepultar, inhumar, desintegrar o destruir, total o parcialmente, restos humanos o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito. Que una persona servidora pública impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas o de la investigación de los delitos previstos en la ley en cita. Que una persona servidora pública obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación de los delitos previstos en la ley. Falsificar, ocultar o destruir documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o un niño que haya nacido durante el ocultamiento de una persona desaparecida, con conocimiento de causa.

Los delitos de desaparición generan un grave impacto social, de efectos duraderos, sobre todo para las víctimas indirectas, familiares de las personas desaparecidas, a quienes se les niega el derecho a la verdad, a la protección familiar, de acceso a la justicia, de libertad y autonomía a su proyecto de vida, a la integridad y a la seguridad personal, entre otros.

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Los órganos constitucionales autónomos

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Una característica fundamental de las democracias modernas es la incorporación al sistema de pesas y contrapesas en el ejercicio del poder público, de órganos autónomos, constitucionalmente creados y reconocidos, y que son independientes orgánica, presupuestal y administrativamente de la triada formada por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Los llamados órganos constitucionales autónomos, presentan como características distintivas, el encontrar su génesis en una norma constitucional que precisa sus funciones, facultades, atribuciones y alcance de sus determinaciones, y atendiendo al rango o jerarquía competencial, para efectos de la ubicación en el ámbito de la administración pública, están colocados al mismo nivel que los órganos soberanos del Estado; y en el ámbito de la interacción, en cada caso el marco constitucional establece las áreas de coordinación, control, supervisión, evaluación y en su caso, sanción.

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Otra característica es la naturaleza no partidista, y si bien en el proceso de designación participan el ejecutivo y el legislativo, vía propuesta y elección, respetivamente, los titulares no se encuentran subordinados ni administrativa, ni operativa ni presupuestalmente.

El único límite al control interno, opera en los casos de responsabilidad a que alude el título IV de la Constitución, y cuando en el ejercicio de sus funciones actúan como autoridad, cabe el sometimiento de las mismas a control jurisdiccional, vía amparo, por ejemplo.

Actualmente, en México contamos con los siguientes órganos constitucionales autónomos:

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI art 26 apartado B
Tribunales Agrarios art 27 frac XIX
Banco De México art 28 párrafos quinto y sexto
Instituto Nacional Electoral INE art 41
Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH art 102 apartado B
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos INAI art 6 apartado A
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE art 3 frac IX
Comisión Federal de Competencia Económica COFECE art 28 párrafo catorce
Instituto Federal de Telecomunicaciones IFETEL art 28 párrafo quince
Fiscalía General de la República. art 102 apartado A

Si bien la Constitución reconoce la autonomía de otras instituciones, como las universidades, esta autonomía solo es administrativa y presupuestal, y carecen de facultades de control y supervisión del ejercicio público, por eso no son considerados en este listado.

Es el mismo caso de las Contralorías, que carecen o no de autonomía administrativa y presupuestal, pero tienen un marco de atribuciones aplicables únicamente en el ámbito interno del poder público al que pertenecen.

Aunque la tendencia mundial es incrementar la participación ciudadana en ejercicios de contraloría y supervisión vía órganos autónomos, en México existe una tendencia encabezada y promovida por el actual presidente de la República, que busca desaparecerlos, lo que significaría un grave retroceso en la vida democrática del país, pues los organismos públicos autónomos son garantes del ejercicio de control externo del ejercicio público, paralelo y transparente.

Para alcanzar su objetivo, el actual titular del ejecutivo necesitará la aprobación del Congreso, y se requiere mayoría calificada, lo cual se vislumbra muy poco probable, salvo que, en el proceso electoral federal de este año, su partido y aliados alcancen el número de curules necesarias para obtener la referida mayoría calificada.

El rumbo de nuestra democracia, específicamente el avance en los procesos de control supervisión participación ciudadana y transparencia en el ejercicio del poder público, se definirá en el proceso electoral 2024.

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El derecho humano a la movilidad de los discapacitados

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Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 13 de diciembre de 2006, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la denominada Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es proteger, asegurar y promover el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, libertades fundamentales y dignidad de las personas con discapacidad.

El 02 de mayo de 2008 dicho tratado internacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y desde entonces, las autoridades mexicanas quedaron obligadas legalmente a adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para brindar y asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, buscando siempre que se atiendan las necesidades características, -propias de cada persona- para brindarles la máxima independencia funcional en su movilidad

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El derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad motriz se concatena indefectiblemente con el derecho humano a gozar de una vida independiente y a la inclusión plena en la comunidad, en particular, en su ámbito personal de desenvolvimiento social, tal y como lo previene el artículo 19 del tratado internacional en cita, y se constituye en un presupuesto elemental para garantizar el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con discapacidad, atendiendo al principio de autonomía individual que también consagra la misma Convención en su artículo 3 inciso a).

Han pasado ya 15 años y el cumplimiento de las obligaciones que este tratado impone a los órganos de gobierno del estado sudcaliforniano sigue siendo una promesa de campaña inconclusa.

La infraestructura urbana, específicamente la relativa a los accesos a las oficinas públicas y las relativas a la movilidad y el transporte, así como su normatividad reguladora, no han sido debidamente adecuadas para brindar a las personas con discapacidad motriz, las facilidades mínimas indispensables para facilitarles el ejercicio de los derechos de movilidad, independencia, inclusión e integración a la comunidad, derechos fundamentales cuyo ejercicio es presupuesto para el pleno ejercicio de otros derechos humanos tutelados constitucional y convencionalmente, como la igualdad, autonomía, libertad deambulatoria plena y no discriminación, entre otros.

Solo por citar un ejemplo, referiremos el caso de doña Herminia*, persona de la tercera edad con discapacidad motriz, que requiere del apoyo de una andadera mecánica para poderse desplazar. Fue víctima de un delito patrimonial en su domicilio ubicado en el municipio de Los Cabos. Su caso llegó al juzgado penal, y enfrentar el proceso le resultó muy complejo, pues en un arranque de austeridad, el Poder Judicial del Estado cerró el juzgado penal en Los Cabos y trasladó los expedientes al juzgado único del sistema tradicional en La Paz.

Así que, para asistir a las audiencias, doña Herminia tuvo que viajar 200km desde su domicilio al juzgado penal, que se encuentra en la planta alta del Cereso de La Paz. Y aunque el juzgado cuenta con acceso directo desde la calle, los usuarios del sistema deben cruzar todo el patio externo del cereso para ingresar al juzgado, pues por motivos de seguridad el acceso directo del juzgado fue cerrado. Así que doña Herminia tuvo que agregar a su viacrucis procesal el tener que cruzar los 300 metros de ida y vuelta que implica cruzar el patrio externo del cereso, para trasladarse desde el acceso exterior clausurado, hasta las escaleras de acceso al juzgado, cuyo ascenso implica otro complicado esfuerzo, peligroso y extenuante, sobre todo en verano, pues tanto el patio como la escalera de acceso se encuentran a la intemperie.

Una mañana, mientras acompañaba a doña Herminia en su trayecto pedestre de cruzamiento del patio de maniobras externo del cereso, con rumbo al juzgado, pasó a nuestro lado una camioneta de la Policía ministerial con un detenido a bordo. La camioneta se detuvo al pie de la escalera, y de la misma descendieron un detenido y dos agentes ministeriales. Como el detenido iba esposado, los agentes lo ayudaron a subir las escaleras, para presentarlo ante la presencia judicial. Doña Herminia comentó que mientras ella tenía que caminar todo el trayecto y subir sin apoyo la escalera, al detenido lo trasladaban en carro y hasta lo ayudaban a subir las escaleras. Al ver lo anterior, doña Herminia sentenció: Los delincuentes, tienen derechos humanos. Nosotros, las víctimas, no.

Cuando expusimos el caso ante el entonces gobernador en turno, uno de sus auxiliares, asumió el papel de bufón del palacio, y en tono socarrón, soslayando el caso de las personas con discapacidad motriz, refiriéndose a los abogados litigantes dijo no sean flojos, la caminata les sirve de ejercicio. Una carcajada generalizada del cortejo real que rodeaba al gobernador dio por zanjado el tema.

A la fecha, la gran mayoría de instalaciones públicas con oficinas en plantas superiores, carecen de mecanismos adecuados de apoyo para el acceso de las personas con discapacidad.

El derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad motriz es asignatura pendiente en Baja California Sur.

* El nombre es ficticio, el hecho es real

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Polarización, la palabra del año según la RAE que en México no pegó

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Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS).L a palabra polarización tiene su raíz etimológica en el sustantivo latino polus, que significa polo o extremo. El sufijo -ización proviene del latín -izatio, que indica la acción de hacer o el proceso de convertirse en algo. De acuerdo con la RAE fue la palabra del año a nivel mundial en términos de presencia en el lenguaje social.

Milagrosamente, la polarización se fue de México

Si cuando ganó AMLO las elecciones presidenciales hace 5 años el país se notaba profundamente dividido entre izquierda y derecha, hoy en día las y los derechairos le hicieron el fuchi al prefijo dere y se quedaron en chairos. Es más, ahora hasta la candidata de la derecha Berta Xóchilt Gálvez resultó más izquierdista que el Che Guevara al autodefinirse como indígena blanca izquierdista Marxista Trotskista y lo que se le sume en los meses por venir.

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La izquierda es trending topic y quien no se suba al Tren Maya de la zurdopolític se queda fuera de la jugada. Así las cosas, hasta en el PRIAN de Claudio X Gonzales están pensando en ponerse huarache con suela de llanta ponchada para apantallar hasta al mismo Fernández Noroña.

En los Unites Esteits el diario San Diego Union Tribune le da a doña Claudia Sheinbaum un majestuoso y envidiable 66% en la intención de voto para las elecciones presidenciales, mientras que diversos portales en internet ponen al Pedro Infante de la política mexicana Andrés Manuel Papi López Obrador como el segundo mejor presidente del mundo entero.

Hay muchos motivos por los cuales la izquierda está de moda, quizá porque ahora tenemos dos refinerías que hace unos años no teníamos o porqué en lugar de caerse en pedazos la economía, como deseaban las élites nacionales y pronosticaban las agencias internacionales, el país se consolido en el top 10 de las potencias mundiales, a lo mejor y es porque el salario mínimo fue llevado a máximos históricos y ahora la gente tiene más dinero en sus bolsillos, igual y haya influido que millones de mexicanos y mexicanas reciban sus becas del bienestar o simple y sencillamente sea porque el tío Richy de grupo Azteca tuvo que pagar los miles de millones de pesos que le debía a la Hacienda pública pero el caso es que la mayoría de quienes habitan en México están felices con la cuarta transformación y su súper peso pesado que salió bueno para los chingadazos en el cuadrilátero de las divisas internacionales.

En fin, ahora la izquierda en México está de moda, se pasea glamurosa por cielo en la flotilla de Mexicana de Aviación, por tierra a través de los rieles del espectacular Tren Maya y por los fondos marítimos en el Titanic naufragundo de Bertha Xóchilt Gálvez.

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Jueces robot

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para las ciencias informáticas, la inteligencia artificial se define como la Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

En términos llanos, es una herramienta tecnológica que a través de la aplicación de una combinación de algoritmos busca la creación de máquinas que emulen las capacidades humanas.

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Al inicio de la tercera década del siglo XXI la llamada inteligencia artificial ha incursionado exitosamente en prácticamente todos los campos del saber humano, y la administración de justicia no es la excepción entre los ámbitos de su aplicación.

El tema despierta enorme inquietud entre los estudiosos del derecho, particularmente en temas relacionados con los derechos humanos.

Mas allá de conflictos éticos, es importante analizar las repercusiones que en el ámbito nacional puede tener el uso de la IA en materia de administración de justicia, que para los detractores implica una seria amenaza a la privacidad y seguridad de las personas, y el riesgo de generarse una toma generalizada de decisiones injustas, discriminación, falta de objetividad, de sentido común y de humanismo.

Para sus promotores, la IA representa una valiosa herramienta que permitirá abatir sustancialmente el enorme rezago que arrastran todos los ámbitos de la administración de justicia y la simplificación de los procedimientos, lo que significaría un ahorro significativo en tiempo y costo.

La cuestión más álgida en el tema es la factibilidad de robotizar la impartición de justicia, mediante la aplicación de la IA a la resolución de conflictos mediante la emisión de sentencias.

En algunas naciones tecnológicamente avanzadas, los jueces robot ya son una realidad. En la República Popular de China, en tratándose de delitos menores, la resolución de los casos está a cargo de máquinas robóticas coloquialmente denominadas jueces robot, que a través de la aplicación de sofisticados algoritmos, tomando como base la información jurídico legal y criterios de aplicación pre establecidos de que fueron alimentados, sin importar la cantidad de información que para cada caso se requiera, de manera automatizada se encargan de realizar en fracción de segundos las operaciones de análisis evaluación y dictaminación que en el caso de los jueces humanos llevan meses e incluso, años realizar.

Con la implementación de los llamados jueces robot, se plantean atractivas ventajas, entre las que destaca la velocidad con que se emiten las resoluciones, lo que en términos estadísticos se traduce en economía y eficacia.

Por tratarse de máquinas que responden automáticamente a criterios programados, la uniformidad de criterio en las resoluciones está garantizada, por lo que se evita la emisión de criterios contradictorios y conflictos largos y costosos en la tramitación de recursos procesales.

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Se dice también que las máquinas son insobornables, por lo que se estima que su implementación abatiría la corrupción en la administración de justicia.

En este punto, en contrapartida se afirma que, si bien las máquinas son incorruptibles, quienes las manejan no lo son tanto.

Otra ventaja significativa es el abatimiento de la carga de trabajo y la solución prácticamente inmediata de conflictos sometidos a la dictaminación de los jueces robot, lo que garantiza la tan anhelada justicia pronta y expedita.

En contra de la implementación de los jueces robot, inmediatamente después de la elevadísima erogación que inicialmente implica la implementación, mantenimiento, soporte y actualización de la costosa tecnología que significa su funcionamiento, está la visión de quienes consideramos que el humanismo y el sentido de justicia indispensables para analizar, evaluar y dictaminar a partir de las variables personalísimas de las partes que cada caso implica, nunca podrán ser sustituidos por una máquina robótica.

Donde consideramos impostergable la tecnificación cibernética es en la simplificación del manejo, recepción, almacenamiento y distribución de la información y los procedimientos inherentes, en donde el sistema judicial de Baja California Sur presenta un atraso tecnológico de 11 años en comparación a otras entidades de la República.

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