¿Qué es y cuándo debe realizarse la revocación de mandato?

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el electorado puede decidir, a través de una votación, si una persona electa debe concluir anticipadamente el cargo para el que fue elegida, por pérdida de la confianza.

En el marco normativo mexicano, esta figura se concibe como un instrumento de control democrático “intermedio” entre elecciones periódicas. Opera por “voluntad colectiva” y no necesariamente como respuesta a una falta grave probada, que amerite un procedimiento sancionatorio, como el juicio político o el juicio de procedencia, coloquialmente llamado “desafuero”.

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La revocación federal se regula en la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) que asigna competencias al Congreso de la Unión, al INE y al TEPJF.

La solicitud solo procede si la promueve la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y esas firmas deben estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, con mínimo 3% en cada Estado.

En cuanto al “cuándo”: el inicio del proceso puede pedirse una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. La propia ley prevé una fase de aviso al INE y un periodo para recabar firmas.

Etapas de procedimiento

◆ Aviso y recolección de firmas. Las personas promoventes informan al INE y recaban apoyos con formatos y/o herramientas tecnológicas autorizadas. Si se usan formatos distintos, la solicitud puede desecharse.

◆ Presentación formal de la solicitud. Debe incluir datos mínimos (promoventes, representante, anexos con formatos, etc.). Si hay omisiones, puede haber prevención para subsanar.

◆ Verificación de apoyos. El INE verifica si las firmas corresponden a la lista nominal y a los porcentajes; la ley contempla reglas sobre apoyos no contabilizables (datos falsos/incompletos, duplicados, etc.).

◆ Convocatoria. Si se cumple el umbral, el Consejo General emite la Convocatoria, con elementos como fundamento, etapas, fecha, y la pregunta legal.

◆ Jornada de votación. Debe celebrarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincidir con jornadas electorales federales o locales.

◆ Validez y resultado. Para que sea vinculante, debe participar al menos 40% de la lista nominal; la revocación procede por mayoría en la votación válida emitida.

Lineamientos y reglas de equidad

En términos generales, el modelo busca neutralidad institucional: el INE organiza, promueve participación con fines informativos y administra tiempos oficiales. Los lineamientos del INE (publicados en DOF) detallan conceptos operativos (aplicación móvil, mesas de casilla para RM, etc.) y su calendario.

Reglas típicas de blindaje, comunes también en lo local: evitar uso de recursos públicos y propaganda gubernamental durante etapas clave; y limitar contratación privada de propaganda en radio/TV orientada a influir.

Revocación de mandato local (Gobernador) en BCS

La Constitución de Baja California Sur reconoce el derecho a participar en revocación de mandato y define el caso del Gobernador como un instrumento para determinar la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

La Ley de Revocación de Mandato, publicada en 2024 que asigna competencias al Congreso del Estado, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral establece un diseño procedimental muy específico:

Convoca el Instituto Estatal Electoral (IEE BCS) a petición ciudadana.
Se requiere 10% de la lista nominal estatal,
con un criterio territorial: que la solicitud corresponda al menos a la mitad más uno de los municipios y que represente mínimo 10% de la lista nominal de cada uno de ellos.
El IEE BCS verifica y emite convocatoria dentro de los 30 días siguientes a recibir la solicitud.
Puede solicitarse una sola vez y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.
La ciudadanía puede recabar firmas durante el mes previo, usando formatos/medios y lineamientos que emita el IEE.
La votación ocurre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincide con jornadas electorales locales o federales.
Para validez: participación mínima 40% de lista nominal; procede por mayoría absoluta.
El IEE organiza y computa; los resultados pueden impugnarse ante el Tribunal Estatal Electoral, que realiza cómputo final y, en su caso, emite la declaratoria y se aplica el régimen de faltas absolutas previsto en la propia Constitución local.
Este diseño local, además, replica reglas de veda y neutralidad: prohibición de usar recursos públicos para firmas/promoción; difusión a cargo del IEE con fines informativos; prohibición de contratar propaganda en radio/TV para influir; y suspensión de propaganda gubernamental con excepciones (salud, educación, protección civil).

Corolario

La revocación de mandato no es un juicio ni una sanción penal: es un veredicto político canalizado por reglas constitucionales y electorales. Su valor democrático depende de que el umbral y la temporalidad eviten su banalización y que existan controles para impedir captura por propaganda, recursos públicos o desinformación.

En Baja California Sur, el marco legal está diseñado para desalentar la revocación de mandato, cuyo costoso procedimiento exige un esfuerzo organizativo y territorial relevante (10% y distribución municipal), y deposita en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral la organización y el cierre jurisdiccional del procedimiento, con plazos y recursos que de aplicarse en su conjunto hacen inviable la revocación, pues cabe la posibilidad de que el Gobernador termine su mandato, antes de que concluya el procedimiento relativo a la revocación, convirtiéndose así todo el proceso en una costosa, compleja y estéril simulación.

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La Sierra de la Laguna y el silencio que gobierna

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua no es un tema sectorial ni una bandera ideológica: es un asunto de seguridad colectiva. La Sierra de la Laguna —Reserva de la Biósfera y principal fábrica de agua del sur peninsular— no sólo sostiene ecosistemas; sostiene ciudades, economías y vida. Por eso, cualquier amenaza sobre ella exige algo elemental de quienes gobiernan: posición pública, liderazgo y acción preventiva.

Hoy, frente a proyectos inmobiliarios que se presentan bajo narrativas amables de “conservación”, “santuarios” o “ecoturismo”, la sociedad sudcaliforniana ha hablado con claridad. Organizaciones civiles, académicos, comunidades y sectores productivos responsables han advertido el riesgo que tales proyectos representan para la integridad hídrica y ecológica de la Sierra.

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El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS ha seguido la ruta institucional: información, exigencia pública y combate jurídico ante la autoridad ambiental federal.

Sin embargo, en este escenario hay un hecho que no puede normalizarse: el silencio del titular del Poder Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales de La Paz y Los Cabos, precisamente las demarcaciones directamente vinculadas al territorio en disputa.

Ese silencio no es neutro. Gobernar también implica hablar, fijar postura, advertir riesgos y ejercer las competencias que la ley otorga. Cuando la totalidad de la sociedad organizada se pronuncia y quienes detentan el poder territorial callan, se produce un fenómeno conocido en derecho público: la omisión institucional relevante.

No se trata de exigir declaraciones retóricas ni de pedir que autoridades locales sustituyan a instancias federales. Se trata de algo muy básico y mucho muy serio: el deber de cuidado y de prevención frente a un riesgo público conocido.

El derecho contemporáneo —constitucional, administrativo y penal— reconoce que existen situaciones en las que no actuar equivale, en los hechos, a permitir. En otras palabras: callar también produce efectos.

En materia ambiental, esos efectos son particularmente graves. El agua no se regenera con discursos tardíos. La degradación de una cuenca no se corrige con comunicados ex post. La experiencia histórica en Baja California Sur lo demuestra con crudeza: cuando la autoridad llega tarde, el daño ya está hecho.

Por eso, la falta de pronunciamiento público y verificable de quienes tienen responsabilidad política y territorial directa no puede leerse como simple prudencia. Es una decisión. Y como toda decisión pública, es evaluable, criticable y eventualmente reprochable.

Desde una perspectiva jurídica, existe un principio ampliamente aceptado: quien tiene posición de garante respecto de un bien jurídico relevante —como el agua, el territorio o el equilibrio ecológico— no puede refugiarse en la inacción cuando el riesgo es evidente y conocido. La obligación no siempre es autorizar o prohibir; muchas veces es prevenir, coordinar, advertir y activar los mecanismos de protección disponibles.

Cuando esas obligaciones mínimas no se ejercen, la omisión deja de ser pasiva y se convierte en funcional: beneficia a quien impulsa el proyecto, debilita la defensa social y desplaza el conflicto hacia trámites técnicos donde la ciudadanía llega en desventaja.

Dicho con claridad: el silencio institucional termina operando como una forma de acompañamiento indirecto.

En este orden de ideas, el silencio es omisión, y nuestra legislación penal sanciona la comisión por omisión cuando se incumple el deber garante.

Lo expuesto constituye un señalamiento político y ético. En un estado con estrés hídrico estructural, no pronunciarse sobre la amenaza a la principal fuente de agua es fallar al mandato básico de gobierno.

La Sierra de la Laguna no necesita ambigüedades. Necesita compromisos públicos, acciones coordinadas y una señal inequívoca de que no habrá proyectos depredadores disfrazados de conservación.

La ciudadanía está cumpliendo su parte. Ahora corresponde a quienes gobiernan romper el silencio, porque en Baja California Sur, callar ante el riesgo del agua no es neutral: es tomar partido.

COROLARIO: Este apunte expresa una posición de interés público y se constituye en una exigencia al gobernador y a los presidentes municipales citados, desde la ciudadanía organizada: el ineludible cumplimiento del deber constitucional de protección del agua, el territorio y el medio ambiente.

Construir primero, preguntar después. El patrón de desarrollos inmobiliarios que avanzan antes de los permisos ambientales en BCS

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el crecimiento inmobiliario en Baja California Sur ha sido presentado como símbolo de desarrollo económico y prosperidad turística. Sin embargo, detrás de muchos de estos proyectos existe un patrón que preocupa a ambientalistas, investigadores y comunidades locales: obras que comienzan a construirse durante meses —o incluso años— antes de ser detenidas por autoridades ambientales federales. Cuando llegan las clausuras de PROFEPA o SEMARNAT, el daño a la flora, la fauna y los ecosistemas ya está hecho.

En una mañana de julio de 2025, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocaron sellos de clausura en un desarrollo inmobiliario frente a la bahía de La Paz. El proyecto, llamado Balaena Costa Apartments, se construía en Lomas de Palmira, una zona con ecosistemas costeros de alto valor ambiental. El problema era grave: el desarrollo no contaba con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para construir en ecosistemas costeros. La inspección reveló que el proyecto afectaba una zona considerada Área de Importancia para la Conservación de las Aves y parte del Sitio Ramsar Humedales El Mogote, áreas protegidas por su biodiversidad y su función ecológica en la bahía. Cuando los sellos se colocaron definitivamente en julio de ese año, el desarrollo llevaba meses en construcción. El caso no fue aislado.

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En septiembre de 2025, PROFEPA volvió a intervenir en otro proyecto inmobiliario en el municipio de La Paz, esta vez en Las Tunas, en la delegación de Todos Santos, donde se realizaban obras dentro de un sistema de dunas costeras. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal al detectar que las construcciones no contaban con autorizaciones ambientales. El desarrollo había iniciado obras con licencias municipales para vivienda, pero sin la autorización ambiental federal obligatoria para intervenir en ecosistemas costeros sensibles. Este tipo de situaciones revela un conflicto frecuente en la región: los permisos municipales para construir pueden otorgarse antes de que exista autorización ambiental federal. Mientras el trámite ambiental se retrasa o se omite, las obras avanzan. Cuando finalmente interviene la autoridad ambiental, el terreno ya ha sido desmontado.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la zona de Conquista Agraria, en el municipio de La Paz. Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, PROFEPA clausuró un predio donde se realizaban obras sin permisos ambientales en más de 17 hectáreas de terrenos forestales. Las imágenes mostraban cardones centenarios derribados y quemados.

El cardón (Pachycereus pringlei) es el cactus más grande del mundo y una especie emblemática del desierto sudcaliforniano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han señalado que estos cactus funcionan como refugio y fuente de alimento para aves, murciélagos e insectos, además de generar microclimas que permiten sobrevivir a otras plantas del desierto. Su destrucción implica más que la pérdida de una planta: significa romper un ecosistema que tardó siglos en formarse. Para cuando las autoridades clausuraron la obra, el daño ya era visible. Un elemento que se repite en muchos de estos casos es el origen de la intervención oficial. No suele ser una inspección preventiva.

La mayoría de las clausuras se producen tras denuncias ciudadanas. En el caso del proyecto K Naj Community, rumbo a El Mogote, inspectores federales detectaron la apertura de vialidades, construcción de cabañas y obras en 12.5 hectáreas de terreno forestal, sin autorización ambiental. La investigación comenzó después de que ciudadanos reportaran actividades sospechosas. Esta dinámica genera una pregunta recurrente entre organizaciones ambientales y académicos:

¿Por qué las autoridades no detectan estas obras antes de que comiencen?

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento turístico y urbano en México. La expansión de desarrollos inmobiliarios —muchos orientados al turismo residencial— ha incrementado la presión sobre ecosistemas frágiles como manglares, dunas costeras y zonas desérticas. Uno de los lugares más sensibles es El Mogote, una península frente a la ciudad de La Paz que alberga dunas, manglares y humedales protegidos internacionalmente.

Estos ecosistemas funcionan como:

Barreras naturales contra huracanes.
Zonas de reproducción para especies marinas.
Refugio para aves migratorias.
Filtros naturales que mejoran la calidad del agua.

La urbanización descontrolada en estas áreas puede alterar flujos de agua, destruir vegetación y afectar el equilibrio ecológico de toda la bahía. Ante la presión inmobiliaria, diversos colectivos ciudadanos han asumido un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los grupos más conocidos es Las Guardianas del Conchalito, una organización de mujeres que trabaja en la restauración y vigilancia del manglar del estero El Conchalito en La Paz. Su labor incluye monitoreo ambiental, reforestación y denuncia de actividades ilegales que amenazan los ecosistemas costeros. Durante años, estas activistas han advertido que el crecimiento inmobiliario en la bahía puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades pesqueras que dependen de estos ecosistemas. El manglar del Conchalito, por ejemplo, actúa como barrera natural contra tormentas y almacena miles de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático.

En México, cualquier obra que pueda afectar ecosistemas debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT. Este estudio evalúa los posibles daños al medio ambiente y establece medidas de mitigación. Sin embargo, en muchos casos los desarrollos inmobiliarios avanzan con permisos municipales de construcción, sin haber completado el proceso ambiental federal. La ley establece que las obras no deben iniciar sin la autorización ambiental correspondiente. Pero en la práctica, la supervisión preventiva es limitada. Cuando PROFEPA interviene, suele hacerlo tras denuncias o inspecciones tardías. Los daños provocados por desarrollos inmobiliarios sin permisos pueden ser irreversibles.

Entre los impactos más frecuentes se encuentran:

Pérdida de vegetación nativa

La eliminación de cardones, mezquites y otras especies del desierto altera el equilibrio ecológico.

Alteración de dunas costeras

Las dunas funcionan como protección natural contra tormentas y erosión costera.

Destrucción de manglares

Estos ecosistemas son zonas de reproducción para peces y crustáceos.

Fragmentación de hábitats

Las obras pueden aislar poblaciones de fauna silvestre.

En algunos casos, la restauración ecológica puede tardar décadas. En otros, el daño es permanente. Baja California Sur enfrenta una paradoja. El crecimiento económico depende en gran medida del turismo y la inversión inmobiliaria. Pero precisamente esos proyectos pueden amenazar los ecosistemas que hacen atractiva la región. La Bahía de La Paz, por ejemplo, es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de California.

La degradación de manglares, dunas y esteros podría afectar no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas como la pesca, el turismo ecológico y el buceo. Especialistas advierten que si continúa el patrón de construir primero y regular después, Baja California Sur podría enfrentar varios riesgos en los próximos años.

Entre ellos:

Mayor pérdida de biodiversidad

Las especies adaptadas al desierto y a los manglares tienen ciclos ecológicos lentos y son especialmente vulnerables.

Aumento de la erosión costera

La eliminación de dunas y vegetación reduce la protección natural frente a tormentas.

Contaminación de ecosistemas marinos

Las obras pueden alterar escurrimientos y generar descargas contaminantes hacia la bahía.

Conflictos sociales

Las comunidades locales, pescadores y activistas han comenzado a organizarse para frenar proyectos que consideran destructivos.

El futuro del desarrollo inmobiliario en Baja California Sur dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la supervisión ambiental. Especialistas en planeación urbana señalan que el crecimiento de la región requiere:

Mayor coordinación entre gobiernos municipales y federales
Vigilancia ambiental preventiva
Planeación territorial basada en ecosistemas
Participación ciudadana en decisiones urbanas

Sin estas medidas, el modelo actual podría profundizar los conflictos entre desarrollo económico y conservación ambiental. En muchos de los casos recientes, las clausuras de PROFEPA llegaron después de que el terreno había sido desmontado, nivelado o incluso urbanizado. El problema no es solo legal. Es ecológico. Los cardones derribados tardarán siglos en volver a crecer. Las dunas alteradas pueden desaparecer. Los manglares destruidos pueden cambiar el equilibrio de la bahía. Los sellos de clausura detienen las obras. Pero rara vez pueden devolver el paisaje a su estado original. Y esa es la verdadera dimensión del problema que enfrenta Baja California Sur.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/profepa-clausura-proyecto-inmobiliario-en-ecosistema-costero-de-baja-california-sur/ «Profepa clausura proyecto inmobiliario en ecosistema costero de Baja …»

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/10/clausuran-de-forma-definitiva-desarrollo-inmobiliario-en-zona-ecologica-protegida-de-la-paz/ «Clausuran de forma definitiva desarrollo inmobiliario en zona ecológica …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2025/09/construccion-ilegal-en-dunas-costeras-de-la-paz-fueron-clausuradas-por-la-profepa «Construcción ilegal en dunas costeras de La Paz, fueron clausuradas por …»

https://nbcs.mx/?p=155922&utm_source=chatgpt.com «Clausura Profepa obra en dunas de Todos Santos autorizada por el …»

https://lado.mx/noticia/19144972 «Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur»

https://www.posta.com.mx/bcs/profepa-clausura-construccion-ilegal-en-la-paz-denuncian-dano-a-cardones-del-desierto/vl2096096 «Profepa clausura construcción ilegal en La Paz: denuncian daño a …»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-clausura-actividades-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-la-paz-baja-california-sur «Profepa clausura actividades de cambio de uso de suelo en terrenos …»

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mogote_%28M%C3%A9xico%29 «El Mogote (México)»

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Guardianas_del_Conchalito «Las Guardianas del Conchalito»

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Sierra de la Laguna: desarrollo, conservación y conflicto ambiental en el corazón de BCS

FOTOS: Internet | El Sudcaliforniano | Gobierno de México.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el extremo sur de la península de Baja California se levanta una cadena montañosa que contrasta con el paisaje árido que domina la región. La Sierra de la Laguna, declarada Reserva de la Biósfera en 1994, abarca más de 112 mil hectáreas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Este macizo montañoso constituye uno de los ecosistemas más singulares del país. En sus cumbres sobreviven bosques de pino-encino en medio del desierto, con una diversidad biológica excepcional: cientos de especies de plantas, aves y fauna endémica que dependen de su clima templado y sus manantiales.

Pero su importancia no se limita a la biodiversidad. Para Baja California Sur, uno de los estados más áridos de México, la Sierra de la Laguna funciona como una gigantesca “fábrica de agua”: sus cuencas captan humedad y recargan los acuíferos que abastecen a gran parte de la población. Diversos estudios y autoridades estiman que hasta el 60–67 % del agua que consumen ciudades como La Paz y Los Cabos proviene de este sistema hidrológico. Por ello, cualquier intervención en este territorio genera un debate intenso. En los últimos años, la discusión sobre proyectos de desarrollo —turísticos, inmobiliarios o incluso mineros— ha colocado nuevamente a la Sierra en el centro de una disputa entre intereses económicos, autoridades ambientales y organizaciones civiles.

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La controversia en torno al desarrollo de la Sierra de la Laguna no es nueva. Desde hace más de una década, la región ha sido escenario de proyectos que han despertado oposición social. Uno de los casos más emblemáticos fue el proyecto minero “Los Cardones”, que proponía explotar oro mediante una mina a cielo abierto en una superficie superior a 439 hectáreas, parte de ellas dentro del Área Natural Protegida.

Organizaciones ambientalistas y académicos denunciaron que esta actividad podría contaminar acuíferos y provocar daños irreversibles en los ecosistemas. Tras años de litigios y movilizaciones ciudadanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anuló la autorización ambiental, aunque el proceso legal no ha concluido totalmente y aún existen concesiones mineras vigentes en la región. La oposición social a este proyecto consolidó un movimiento ambientalista en Baja California Sur. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), académicos sudcalifornianos y colectivos ciudadanos han mantenido vigilancia constante sobre cualquier iniciativa que pueda afectar la reserva. Este antecedente explica por qué cada nuevo proyecto —incluso aquellos presentados como sustentables— es recibido con desconfianza por parte de la sociedad civil.

La discusión se reavivó recientemente cuando comenzaron a circular versiones sobre la compra de predios dentro o cerca de la reserva por parte de particulares. De acuerdo con información confirmada por autoridades ambientales, algunas propiedades privadas dentro de la Sierra cambiaron de dueño, lo que generó preocupación por la posibilidad de que se establezcan cabañas, desarrollos turísticos o proyectos inmobiliarios en zonas ecológicamente sensibles.

Aunque la presencia de propiedad privada no es ilegal —pues dentro de la reserva coexisten ejidos, terrenos nacionales y predios particulares— cualquier intervención requiere autorización federal y estudios de impacto ambiental. Entre las iniciativas más discutidas se encuentra un proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, promovido por la fundación Hermandad en Armonía. Según los documentos presentados ante SEMARNAT, el plan propone construir un centro de conservación de flora y fauna que incluiría infraestructura turística y educativa.

La organización argumenta que el proyecto busca rescatar especies en riesgo, promover educación ambiental y reintroducir ejemplares a su hábitat natural. También afirma que el desarrollo tendría una vida útil estimada de 30 años y contaría con instalaciones de tratamiento ambiental. No obstante, la iniciativa ha generado polémica. Aunque los promotores aseguran que el centro se ubicaría fuera del polígono del Área Natural Protegida, ciudadanos y especialistas sostienen que la infraestructura podría impactar indirectamente a la reserva debido a su cercanía y a la presión turística que generaría.

Otro ejemplo es el proyecto turístico “Cerro del Rhino”, que plantea la construcción de villas y áreas recreativas en la zona baja de la sierra con una inversión de más de 20 millones de pesos. Para algunos promotores, este tipo de iniciativas permitirían ordenar el turismo rural y generar ingresos para comunidades rancheras. Sin embargo, para los críticos representan un precedente peligroso de urbanización en una región altamente vulnerable.

Ante el debate público, las autoridades han intentado aclarar el alcance real de los proyectos. SEMARNAT ha señalado que varios de los desarrollos aún se encuentran en fase de evaluación ambiental, por lo que no cuentan con autorización definitiva. Además, funcionarios federales han precisado que algunos proyectos no se ubicarían dentro del polígono oficial de la reserva, lo que técnicamente los coloca fuera de la zona de mayor protección.

Sin embargo, el gobierno de Baja California Sur ha adoptado una postura más cautelosa. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha reiterado públicamente que su administración no permitirá desarrollos que pongan en riesgo la Sierra de la Laguna, debido a su importancia estratégica para el abastecimiento de agua del estado. En diversas declaraciones, el mandatario ha señalado que la defensa del ecosistema será una prioridad, incluso frente a proyectos presentados como iniciativas de conservación o turismo sustentable.

Este posicionamiento refleja una realidad política: en Baja California Sur, la protección de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un tema sensible para la opinión pública.

Las organizaciones ambientales han sido uno de los actores más influyentes en este debate. Diversos colectivos han solicitado información pública sobre posibles trámites de cambio de uso de suelo, manifestaciones de impacto ambiental o permisos de construcción relacionados con predios cercanos a la reserva. La demanda de transparencia se basa en principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en decisiones que afecten el medio ambiente.

Además, grupos ambientalistas advierten que incluso desarrollos fuera del polígono de la reserva podrían provocar impactos indirectos como:

Aumento de la presión turística.
contaminación de arroyos y manantiales.
fragmentación del hábitat.
sobreexplotación de acuíferos.

Para los defensores del ecosistema, la experiencia con proyectos mineros anteriores demuestra que las amenazas a la Sierra pueden surgir gradualmente, a partir de múltiples iniciativas aparentemente pequeñas.

En la Sierra de la Laguna viven comunidades rancheras que han habitado la región durante generaciones. Su economía se basa principalmente en la ganadería extensiva, pequeñas actividades agrícolas y, en años recientes, el ecoturismo. Algunos habitantes ven con buenos ojos proyectos turísticos controlados que puedan generar empleo y mejorar la infraestructura rural. Para ellos, la falta de oportunidades económicas es una de las principales razones de la migración hacia las ciudades costeras.

Los promotores de desarrollos sustentables argumentan que es posible combinar conservación y desarrollo, mediante actividades de bajo impacto como senderismo, hospedaje ecológico o investigación científica. Sin embargo, los ambientalistas advierten que la historia de otros destinos turísticos en Baja California Sur —como Los Cabos— demuestra que el crecimiento inmobiliario puede expandirse rápidamente y provocar presiones irreversibles sobre el territorio.

La preocupación por la Sierra de la Laguna no se basa únicamente en consideraciones paisajísticas. La reserva alberga más de dos mil especies de plantas y animales, al menos 63 de ellas clasificadas en alguna categoría de riesgo según la normativa mexicana.

Además, sus ecosistemas cumplen funciones ambientales esenciales:

Captación de agua y recarga de acuíferos.
regulación del clima regional.
protección contra la erosión.
refugio para especies endémicas.

La pérdida de cobertura vegetal o la contaminación de sus cuencas podría afectar directamente a las principales ciudades del estado, que dependen de los acuíferos recargados por la sierra. En un contexto de cambio climático y escasez de agua, esta función se vuelve aún más crítica.

El debate sobre el desarrollo en la Sierra de la Laguna está lejos de concluir. En el corto plazo, varios procesos serán determinantes:

La evaluación de proyectos ante SEMARNAT, que definirá si reciben o no autorización ambiental.
Los litigios pendientes relacionados con concesiones mineras, que aún representan una amenaza potencial para la región.
Las decisiones políticas del gobierno estatal y federal, que deberán equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.

Mientras tanto, la sociedad civil continúa vigilante. El caso de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un ejemplo de cómo los conflictos ambientales contemporáneos no solo se libran en tribunales o dependencias gubernamentales, sino también en la esfera pública.

Más allá de los proyectos específicos, la discusión refleja una pregunta más profunda sobre el futuro del Estado. Baja California Sur ha experimentado un crecimiento turístico acelerado en las últimas décadas. Este modelo ha generado prosperidad económica, pero también presiones sobre el agua, el territorio y los ecosistemas. La Sierra de la Laguna representa, para muchos sudcalifornianos, la última gran reserva natural del sur de la península y un símbolo de identidad ambiental.

El desenlace de los proyectos actuales podría definir no solo el destino de una montaña, sino también el modelo de desarrollo que la región adoptará en las próximas décadas. Porque en el corazón de este conflicto no solo está la construcción de villas o centros turísticos, sino una pregunta que divide opiniones: ¿hasta dónde puede llegar el desarrollo en un territorio que también es fuente de vida?

Referencias:

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=694509&utm_source=chatgpt.com «DOF – Diario Oficial de la Federación»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/advierten-riesgo-de-desarrollo-turistico-en-la-sierra-de-la-laguna-en-bcs-exigen-transparencia-sobre-uso-de-terrenos/ «Advierten riesgo de desarrollo turístico en la Sierra de La Laguna en …»

https://cemda.org.mx/semarnat-anula-autorizacion-de-mina-los-cardones-en-la-paz-bcs/ «Semarnat anula autorización de mina Los Cardones, en La Paz, BCS»

https://zetatijuana.com/2025/09/sigue-amenaza-por-proyecto-minero-para-sierra-la-laguna/ «Sigue amenaza por proyecto minero para Sierra La Laguna»

https://diariohumano.com.mx/2026/02/18/congreso-local-analiza-postura-sobre-megaproyecto-en-sierra-la-laguna/ «Congreso local analiza postura sobre megaproyecto en Sierra La Laguna …»

https://hoybcs.com/conanp-desmiente-versiones-sobre-desarrollos-en-sierra-la-laguna-cambio-de-propiedad-no-compromete-conservacion/ «Conanp desmiente versiones sobre desarrollos en Sierra La Laguna …»

https://elcongresista.mx/politica/baja-california-sur/manifestacion-impacto-sierra-la-laguna/ «Manifestación de Impacto Ambiental para proyecto en Sierra La Laguna»

https://hoybcs.com/hermandad-en-armonia-solicita-a-semarnat-mia-y-cambio-de-uso-de-suelo-para-desarrollo-inmobiliario-con-planta-de-tratamiento-en-la-sierra-la-laguna/ «Hermandad en Armonía solicita a Semarnat MIA y cambio de uso de suelo …»

https://www.meganoticias.mx/los-cabos/noticia/semarnat-aclara-proyecto-hermandad-en-armonia-no-se-haria-en-sierra-laguna/709032 «Semarnat aclara proyecto Hermandad en Armonía no se haría en Sierra Laguna»

https://www.bcsnoticias.mx/buscan-cambio-de-uso-de-suelo-para-construir-15-villas-en-pescadero-y-parte-de-sierra-de-la-laguna/ «Buscan cambio de uso de suelo para construir 15 villas en Pescadero y …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/02/exigen-frenar-desarrollos-en-sierra-la-laguna-advierten-impacto-al-agua-de-baja-california-sur «Exigen frenar desarrollos en Sierra La Laguna; advierten impacto al …»

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El principio precautorio: la herramienta para defender la Sierra de la Laguna

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El principio precautorio: una herramienta ciudadana para defender el agua y la vida en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, decretada Área Natural Protegida en 1994, que no es solo una zona montañosa o un paisaje atractivo, es la principal fábrica de agua del Sur del Estado, de la cual dependen las zonas urbanas y las comunidades rurales de los municipios de La Paz y Los Cabos. La infiltración de lluvia en sus suelos y bosques alimenta los acuíferos en una de las entidades con mayor estrés hídrico del país.

Hoy, esta reserva enfrenta una amenaza real: proyectos turísticos e inmobiliarios que pretenden instalarse en su zona de amortiguamiento y áreas estratégicas para la recarga de agua. Aunque se presenten como “ecoturísticos” o de “bajo impacto”, diversos colectivos ciudadanos y especialistas han advertido que cualquier intervención mal evaluada puede afectar irreversiblemente el ciclo del agua. Frente a esta amenaza, existe una herramienta jurídica poderosa, al alcance de la sociedad: el principio precautorio.

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En términos sencillos, el principio precautorio significa que cuando existe la posibilidad de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no puede usarse como pretexto para autorizar una actividad riesgosa. Dicho de otra forma: si no estamos seguros de que un proyecto no dañará la naturaleza, lo responsable es no autorizarlo, o al menos detenerlo hasta tener plena certeza.

Este principio está reconocido en México como parte del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el Artículo 4º constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado ampliamente este principio. En una tesis clave, la Corte estableció que:

◆ No se requiere demostrar el daño ambiental con certeza absoluta.

◆ Basta la posibilidad razonable de afectación.

◆ La incertidumbre científica es precisamente la razón para aplicar el principio precautorio.

◆ Debe prevenirse el daño antes de que ocurra, no repararlo después.

Además, la SCJN ha diferenciado claramente entre:

Prevención (cuando el daño ya es conocido), y
Precaución (cuando el daño es incierto pero factible).

En materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza, no al proyecto económico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido este enfoque. En casos recientes, como Habitantes de La Oroya vs. Perú, la Corte sostuvo que

◆ Los Estados deben actuar con cautela aun cuando no exista certeza científica.

◆ El principio precautorio protege el derecho a la vida, la salud y la integridad personal.

◆ Si hay indicios plausibles de daño grave o irreversible, el Estado debe prevenirlo.

Esto es fundamental para México, ya que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano.

Derecho comparado: una regla común en países responsables

Países como Alemania, Francia, España y otros miembros de la Unión Europea aplican el principio precautorio para:

Փ Frenar proyectos mineros.

Փ Detener desarrollos turísticos en zonas frágiles.

Փ Proteger fuentes de agua y ecosistemas estratégicos.

En estos países, la carga de la prueba recae en quien quiere desarrollar, no en la naturaleza ni en la ciudadanía.

El principio precautorio en la Sierra de la Laguna

Aplicado al caso concreto de la Sierra de la Laguna, el principio precautorio implica que:

Si un proyecto turístico puede afectar la recarga de acuíferos, no debe autorizarse.
Si existen dudas sobre su impacto acumulativo, debe detenerse.
Si se pretende fragmentar proyectos para minimizar su evaluación ambiental, esto viola el espíritu del principio precautorio.

Un llamado a la participación ciudadana

El principio precautorio no es solo para abogados o jueces. Es una herramienta de la sociedad:

◆ Para exigir información,

◆ Para participar en consultas públicas,

◆ Para promover amparos y acciones legales,

◆ Para recordar a las autoridades que el agua vale más que cualquier desarrollo turístico

Corolario

La Sierra no es un sitio cualquiera: es infraestructura natural crítica para la vida en Baja California Sur. El daño al agua no se corrige, se hereda a futuras generaciones. Defender la Sierra de la Laguna es defender el derecho al agua, a la salud y a la vida. Cuando hay duda, la ley está del lado de la naturaleza.

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