La Ruta del Desierto: carreras y desdén por los locales en Los Cabos

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Los Cabos, donde el sol inclemente se funde con el azul del mar, dos compañías de transporte público dominan las rutas que conectan dos puntos esenciales de la ciudad: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ruta del Desierto, con 20 unidades, y Cabo Baja, con solo 5, protagonizan una competencia feroz que, lejos de mejorar el servicio, ha creado un ambiente de tensión, inseguridad y desatención. Los residentes que dependen de este transporte a diario se ven atrapados en un sistema que, aunque esencial, no cumple con las expectativas mínimas de calidad y servicio.

El problema no radica únicamente en la cantidad de unidades disponibles, sino en cómo estas unidades operan. Las unidades de ambas compañías, aunque necesarias, carecen del mantenimiento adecuado, lo que genera una experiencia incómoda y, en ocasiones, peligrosa para los usuarios. El aire acondicionado, en vez de ofrecer un alivio en el calor sofocante del desierto, a menudo no funciona correctamente. Aunque algunos camiones tienen el sistema encendido, este termina por liberar gotas de agua, empapando a los pasajeros, lo que transforma un viaje que debería ser cómodo en una incomodidad diaria.

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Sin embargo, lo más crítico no es el mal funcionamiento de un sistema de refrigeración. Lo que realmente está en juego es la competencia entre las dos empresas, que ha dejado de centrarse en mejorar el servicio y se ha transformado en una guerra por los pasajeros. Ruta del Desierto, con su flota más grande, parece llevar la ventaja, pero su enfoque en ganar terreno y llenar los camiones a toda costa no ha mejorado la calidad del servicio. De hecho, a menudo se pasan de largo cuando los residentes intentan hacer una parada. Los conductores, más enfocados en seguir su ruta y cumplir con los horarios, parecen ignorar las señales de los locales que dependen de estas unidades para sus desplazamientos cotidianos.

Uno de los testimonios más comunes entre los usuarios frecuentes es la frustración por el trato desigual que reciben los locales en comparación con los turistas. «A veces los camiones pasan vacíos y no se paran. Sólo se detienen si ven turistas. A veces escucho a los conductores decir, ‘no, esos no, déjalos pasar’», es lo que muchos afirman haber escuchado mientras viajan. Este comportamiento, lejos de ser aislado, parece ser una norma dentro del sistema de transporte.

Los conductores de Ruta del Desierto, con una flota más grande, se ven en una posición de poder que no están dispuestos a dejar ir. Mientras tanto, Cabo Baja, con su flota mucho más pequeña, se ve en desventaja, luchando por cubrir las rutas con unidades que, además de estar en menor cantidad, no cuentan con el mantenimiento adecuado. En lugar de centrarse en mejorar la experiencia del usuario, el objetivo parece ser una carrera constante para ver quién puede ganar el pasaje más rápido, sin importar el daño que esto pueda causar en la seguridad de los pasajeros.

Los accidentes, aunque no siempre reportados, son cada vez más frecuentes. Las unidades viejas, con sistemas de frenos que no funcionan correctamente o suspensión en mal estado, se han convertido en una amenaza diaria para los pasajeros. Esto, sumado a la falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades locales, genera un entorno de desconfianza y riesgo para quienes utilizan el transporte público como medio principal de movilidad.

«Es como si no importáramos», menciona un residente que utiliza el transporte público a diario. «Nos ven esperando, pero no se paran. Si ven turistas, lo primero que hacen es frenar. A nosotros, los locales, nos ven como si no tuviéramos valor».

Lo que está en juego no es solo la eficiencia del transporte o la competencia entre empresas. Es una cuestión de justicia social. Los residentes de Los Cabos merecen un sistema de transporte que funcione para ellos, no solo para los turistas. Este desprecio por los locales y la competencia salvaje entre Ruta del Desierto y Cabo Baja han dejado claro que las prioridades están mal enfocadas. Los pasajeros, quienes dependen de este servicio a diario, no deberían ser tratados como un número más, ni como un obstáculo en una carrera que no les beneficia.

Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que las empresas de transporte comprendan que su verdadera misión no es ganar una carrera, sino servir a todos por igual, con respeto, seguridad y calidad. La batalla por el pasaje no debería ser una carrera peligrosa, ni un campo de indiferencia hacia quienes realmente construyen la vida de Los Cabos. El futuro del transporte público en esta ciudad no se trata de quién tiene más unidades o quién puede llegar primero, sino de quién puede ofrecer un servicio que realmente valore a todos sus usuarios.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




La promesa electoral incumplida: fraude al votante

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Es práctica reiterada, alcanzar el encargo público mediante promesas que se sabe no serán cumplidas, logrando así, impunemente, defraudar al electorado. En Baja California Sur, si cometes un robo de bagatela, o no pagas impuestos, puedes enfrentar una severa pena privativa de libertad, pero si obtienes el voto popular mediante falsas promesas, no pasa nada, impunemente puedes gozar de las mieles del poder, con todos los beneficios que ello implica, en detrimento del votante, que se convierte en pasivo observador del engaño.

Es el caso de nuestro actual gobernador, quien llegó al cargo habiéndose comprometido por escrito suscrito y ratificado, ante el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, en los siguientes términos:

Declaración: Estoy enterado de que uno de los primeros impactos ambientales, sociales y económicos causados por la actividad minera del pasado fue que, con el objetivo de impedir que sus túneles mineros se siguieran inundando de agua, dinamitaron una pared de la laguna que existió por miles de años en la Sierra de La Laguna, para vaciarla y descargarla al mar a través del arroyo de Santiago. Sin embargo, esta acción nos causó un grave perjuicio, pues siendo esta sierra la que recibe muchísima más agua de lluvia que el resto del Estado, al vaciar la laguna se impidió el aprovechamiento de la mayor parte del agua de lluvia que se recibe en la Sierra de La Laguna, y se disminuyó de manera significativa la recarga de los acuíferos del sur del Estado. 

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Compromiso

“En el ámbito de mis facultades, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR DE MANERA IMPORTANTE A LA RECARGA DE LOS ACUÍFEROS Y, POR ENDE, AL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACIÓN, en conjunto con el (o los) municipio(s) respectivos promoveré y gestionaré ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación, análisis y diagnóstico respecto de la propuesta de  RECONSTRUCCIÓN DE LA PARED DE LA LAGUNA ubicada en la parte baja de lo que es el vaso de la antigua laguna, e inicio del arroyo de Santiago, cuyo propósito es, RETENER UNA SIGNIFICATIVA PARTE DEL AGUA DE LLUVIA DE NUESTRA SIERRA DE LA LAGUNA E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE NUESTROS ACUÍFEROS. Y, si es viable, en conjunto con el (o los) municipio(s) respectivos promoveré y gestionaré ante las instancias correspondientes los permisos y recursos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción.”

Estatus de cumplimiento

A la fecha, la negativa sistemática del gobernador a cumplir su compromiso de campaña, es evidencia de su fraudulento proceder.

Es mucho más económico reparar el vaso de la laguna que utilizar costosas y altamente contaminantes plantas desaladoras, pero es mucho más rentable para intermediarios, gestores y funcionarios involucrados en su adquisición.

Nuestra propuesta

A efecto de prevenir y en su caso sancionar el fraudulento proceder de deshonestos candidatos, como nuestro actual gobernador, estamos elaborando una propuesta de reforma al Código Penal, para crear la figura del Fraude al votante, como delito.

En una primera fase, iniciamos la elaboración de nuestro proyecto, con base a un estudio comparativo de la conducta que se reprocha del gobernante y el marco legal vigente, para arribar a una adecuación típica hipotética susceptible de incorporación al marco penal estatal en vigor.

Marco normativo relevante

Código Penal de Baja California Sur, artículo 417: “Comete el delito de fraude el que, engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance para sí o para otro un lucro indebido.”

Análsis de adecuación típica hipotética

  1. ELEMENTO OBJETIVO

Conducta: El candidato realiza promesas específicas durante campaña. Por ejemplo: construir hospitales, otorgar subsidios, proteger recursos naturales, realizar obras específicas, etcétera.

Resultado: Obtiene votos y accede al cargo público.

Incumplimiento: Una vez en funciones, omite deliberadamente cumplir lo prometido.

¿Hay engaño o aprovechamiento del error? El engaño podría configurarse si las promesas fueron falsas desde el inicio, es decir, si el candidato sabía que no las cumpliría.

El error se materializa en el votante que, confiando en las promesas, otorga su voto.

LUCRO INDEBIDO. El acceso al cargo público implica beneficios económicos (sueldo, prerrogativas) y políticos (poder, influencia).

Si se demuestra que el candidato obtuvo el cargo mediante engaño, podría considerarse un lucro indebido.

  1. ELEMENTO SUBJETIVO

Dolo directo: El candidato actúa con conocimiento y voluntad de engañar para obtener el cargo.

Finalidad específica: Obtener un beneficio personal (el cargo público) mediante el uso de falsas promesas., con lo cual se configura el dolo.

  1. ELEMENTO NORMATIVO

Engaño como medio comisivo: Debe ser jurídicamente relevante, es decir, no basta con el incumplimiento político o administrativo; debe haber una simulación dolosa.

Promesas como actos jurídicos: Aunque no son contratos, podemos considerar declaraciones públicas con efectos jurídicos si generan confianza legítima.

  1. BIEN JURÍDICO TUTELADO

El fraude protege el patrimonio y en la especie, la libertad de decisión de las personas. El voto como expresión de voluntad política podría considerarse afectado.

CONSIDERACIONES PROCESALES

El CNPP exige que el hecho sea típico, antijurídico y culpable. La acción penal requeriría demostrar el dolo desplegado mediante falsas promesas, lo que debe evidenciarse mediante documentos, testimonios, grabaciones que acrediten la simulación.

INTEGRACIÓN AL ANÁLISIS PENAL HIPOTÉTICO

La adecuación al tipo penal de fraude genérico puede fortalecerse argumentando que:

  1. A) El engaño electoral doloso vulnera estándares internacionales de integridad pública.
  2. B) El lucro indebido (acceso al cargo mediante simulación) contradice principios de gobernanza democrática.
  3. C) La responsabilidad política debe tener consecuencias jurídicas cuando se configura como fraude a la voluntad popular.

VINCULACIÓN CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES

  1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)

Artículo 7: Exige que los Estados Parte promuevan la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en la selección y desempeño de funcionarios públicos.

Artículo 8: Insta a establecer códigos de conducta para funcionarios públicos, incluyendo normas sobre honestidad y cumplimiento de deberes.

Relevancia: Un candidato que promete acciones sabiendo que no las cumplirá vulnera el principio de integridad pública, lo que puede considerarse una forma de corrupción política.

  1. Agenda 2030 – Objetivo de Desarrollo Sostenible 16

Meta 16.6: “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.”

Meta 16.7: “Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas.”

Relevancia: El incumplimiento deliberado de promesas electorales socava la confianza ciudadana y la participación democrática, afectando directamente la gobernanza efectiva.

  1. Código de Ética para el Sector Público – OEA / MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) es el Mecanismo Anticorrupción de la OEA que analiza el marco jurídico e instituciones de los Estados miembro, de acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

Establece principios como:

Probidad: Actuar con rectitud y honestidad.

Responsabilidad política: Asumir consecuencias por decisiones y omisiones.

Transparencia y acceso a la información: Rendir cuentas sobre compromisos asumidos.

Relevancia: La simulación de compromisos electorales vulnera estos principios, y puede ser interpretada como una forma de abuso de confianza institucional.

  1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Ética e Integridad Pública

Promueve prácticas que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones.

En México, el PNUD ha impulsado proyectos para prevenir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

Relevancia: La conducta del candidato incumplido contradice los valores promovidos por el PNUD, como la centralidad de la persona, la ética como eje rector y la normalización de conductas íntegras.

Corolario

Espero sus comentarios y observaciones para llevar a cabo la presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal. Este ejercicio de participación ciudadana nos permitirá sancionar a quienes han hecho del engaño se herramienta de acceso al poder público.

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La Sierra de la Laguna bajo amenaza: la venta de predios dentro de la reserva

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Sierra de la Laguna, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1994 y considerada el principal pulmón de Baja California Sur, enfrenta una de las amenazas más serias de su historia reciente: la confirmación de la venta de un predio dentro de sus límites. La transacción, reconocida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ha detonado una ola de inconformidad entre habitantes, ambientalistas y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de abrir la puerta a proyectos turísticos y residenciales en un ecosistema vital para la vida del Estado.

De acuerdo con información publicada en diversos medios locales como Peninsular Digital y Tribuna de México, la Conanp confirmó la existencia de una operación de compraventa dentro de la Sierra de la Laguna. El terreno habría sido adquirido por particulares bajo el argumento de destinarlo a una “cabaña de retiro”. Sin embargo, la falta de transparencia en torno al proceso, así como el precedente que genera, encendió las alarmas de la sociedad sudcaliforniana. Habitantes de comunidades cercanas como Todos Santos y San Antonio acudieron incluso al Congreso de Baja California Sur, exigiendo respuestas claras sobre cómo fue posible la venta de tierra en una zona que, por decreto federal, debe estar dedicada a la conservación y el manejo sustentable.

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La Sierra de la Laguna no es un terreno cualquiera. Se trata de un macizo montañoso que alcanza más de 2,000 metros de altura y funciona como la principal fábrica de agua de la península. Los bosques de pino y encino que coronan la reserva captan la humedad de las nubes y alimentan acuíferos que abastecen a miles de familias en Los Cabos y La Paz. Según especialistas citados por El Universal, cualquier actividad de urbanización, turismo masivo o desarrollo inmobiliario podría alterar el delicado equilibrio hídrico, con consecuencias directas en la disponibilidad de agua para la población y en la preservación de especies endémicas de flora y fauna.

La confirmación de la compraventa provocó un inmediato rechazo ciudadano. Organizaciones ambientales como el Colectivo Pericú difundieron comunicados en los que califican la operación como “una traición a la naturaleza y a los habitantes de Baja California Sur”. En redes sociales, circularon imágenes de protestas realizadas en plazas públicas y frente al Congreso estatal. Los manifestantes portaban carteles con mensajes como “La Sierra no se vende, se defiende” y “Sin agua no hay futuro”.

Además, el empresario y ambientalista Van Wormer, citado por Diario El Independiente, se pronunció con un rotundo “no” a cualquier amenaza contra la Sierra de la Laguna, recordando que recientemente ya se habían denunciado actividades irregulares como aterrizajes de helicópteros y exploraciones sin autorización en la zona. En medio de la polémica, trascendió a través del portal Palabra BCS que los compradores del predio habrían manifestado su intención de destinarlo a una cabaña de retiro personal, sin fines comerciales ni turísticos. No obstante, la explicación no ha resultado suficiente para los opositores, quienes insisten en que cualquier transacción privada dentro de un área natural protegida es ilegal o, al menos, contraria al espíritu de conservación.

Uno de los mayores temores es que la venta sea apenas el inicio de un proceso de fragmentación territorial que permita el ingreso de capitales turísticos interesados en replicar modelos de exclusividad y lujo en plena sierra. El antecedente de desarrollos inmobiliarios en otras zonas naturales de México alimenta la desconfianza. El Universal advierte que, de no frenarse la tendencia, la Sierra de la Laguna podría enfrentar presiones similares a las que han sufrido áreas como el Caribe Mexicano, donde reservas naturales fueron gradualmente absorbidas por hoteles y complejos residenciales.

El tema de fondo no es solo ambiental, sino también político y legal. ¿Cómo es posible que un terreno dentro de una reserva de la biosfera llegue a ser vendido? Los legisladores locales han sido interpelados por la sociedad para investigar si existieron irregularidades en el proceso y para determinar la responsabilidad de las autoridades federales y estatales encargadas de proteger la Sierra. Ambientalistas señalan que se requiere una mayor vigilancia en los registros de propiedad y en la aplicación de la normatividad. Asimismo, piden la creación de mecanismos de participación ciudadana que garanticen transparencia en el manejo de las reservas naturales.

La Sierra de la Laguna no pertenece a un grupo de inversionistas ni a particulares: es patrimonio natural de todos los sudcalifornianos y, en un sentido más amplio, de toda la humanidad. Así lo establece su declaratoria como Reserva de la Biosfera de la UNESCO, la cual obliga al Estado mexicano a protegerla frente a cualquier amenaza. El desafío ahora será frenar esta venta, clarificar el estatus legal del predio y garantizar que no se repitan transacciones similares. Para los habitantes de Baja California Sur, la Sierra no es solo un paisaje: es la fuente de vida, el lugar que les provee agua, identidad y futuro. La defensa de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un grito colectivo. El corazón mismo de la península lo que está en juego.

Referencias

  • Peninsular Digital. (2025, 5 de agosto). Confirma CONANP venta de un predio en la Sierra de la Laguna.
  • (2025). Se vendió Sierra de la Laguna; habitantes exigen respuestas en el Congreso de BCS.
  • Tribuna de México. (2025). Venta en Sierra de la Laguna, confirma CONANP.
  • Colectivo Pericú. (2025, 4 de agosto). Ya vendieron la Sierra de la Laguna.
  • Diario El Independiente. (2025). Un rotundo no a cualquier amenaza a la Sierra de la Laguna: Van Wormer.
  • Tribuna de México. (2025). Protestan por venta de predios en la Sierra de la Laguna.
  • Palabra BCS. (2025). Para una cabaña de retiro, el predio adquirido en la Sierra de la Laguna, según ranchero.
  • Colectivo Pericú. (2025). Venta Sierra de la Laguna [sección especial].
  • El Universal. (2025). Advierten riesgo de desarrollo turístico en la Sierra de la Laguna en BCS; exigen transparencia sobre uso de terrenos.



Corrupción oficial y su impacto en la PYMES en BCS

FOTOS: Getty Images | Comsoc UDG.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque BCS cuenta con el reconocimiento oficial por tener uno de los menores indicadores de corrupción a nivel nacional según ENCIG-INEGI, diversos casos recientes evidencian que persisten prácticas corruptas que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):

  • Conflictos de interés y favoritismo institucional: Funcionarios públicos de los tres niveles, vinculados a empresas privadas han sido acusados de desviar recursos públicos y beneficiar a contratistas afines.
  • Trámites opacos y discrecionalidad administrativa: Las PYMES enfrentan obstáculos burocráticos, pagos indebidos y demoras injustificadas en permisos, licencias y contrataciones públicas.
  • Corrupción en sectores estratégicos: El gremio transportista denunció corrupción en la Dirección de Transporte, afectando el acceso equitativo a concesiones y rutas.
  • Desconfianza institucional: La percepción de impunidad y falta de sanciones genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión local.

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Para abatir la corrupción en el Estado, es necesario implementar medidas estructurales y operativas desde la administración pública para combatir la corrupción que afecta a las PYMES, entre las cuales estimamos como de mayor urgencia y relevancia las siguientes:

  1. Transparencia y digitalización

◆ Implementar plataformas públicas de trámites y licitaciones con trazabilidad y auditoría ciudadana.

◆ Publicar en tiempo real los criterios de asignación de contratos, subsidios y permisos.

  1. Fortalecimiento institucional

◆ Crear unidades anticorrupción independientes con facultades de investigación y sanción.

◆ Profesionalizar el servicio público mediante concursos abiertos y evaluaciones periódicas.

  1. Reforma normativa

◆ Revisar y armonizar leyes locales con estándares internacionales de integridad pública.

◆ Establecer sanciones más severas por corrupción que afecte a sectores productivos vulnerables.

  1. Protección a denunciantes

◆ Crear mecanismos seguros y anónimos para denunciar extorsión o abuso de autoridad.

◆ Garantizar que las denuncias tengan seguimiento judicial y administrativo.

  1. Fomento a la participación empresarial

◆ Incluir a representantes de PYMES en comités de vigilancia de obra pública y gasto gubernamental.

◆ Establecer mesas de diálogo permanente entre gobierno y sector productivo.

De manera complementaria y accesoria, es imperativo que se emprendan acciones desde la sociedad civil para proteger a las PYMES frente a la corrupción:

  1. Observatorios ciudadanos

◆ Crear observatorios locales que documenten irregularidades en contrataciones, trámites y servicios públicos.

◆ Publicar informes periódicos que visibilicen patrones de corrupción y sus impactos.

  1. Redes de defensa empresarial

◆ Formar alianzas entre PYMES para compartir información, asesoría legal y estrategias de protección.

◆ Promover cláusulas anticorrupción en contratos privados y públicos.

  1. Educación cívica y legal

◆ Capacitar a empresarios en derechos administrativos, mecanismos de denuncia y ética empresarial.

◆ Impulsar campañas de cultura de la legalidad en medios locales y redes sociales.

  1. Litigio estratégico

◆ Emprender acciones legales colectivas contra actos de corrupción que afecten al sector.

◆ Colaborar con organizaciones jurídicas para llevar casos emblemáticos ante tribunales y organismos internacionales.

  1. Incidencia política

◆ Promover reformas legislativas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

◆ Participar activamente en procesos electorales y exigir compromisos anticorrupción a candidatos.

Corolario

La lucha contra la corrupción no es una consigna abstracta: es una tarea urgente y concreta que exige voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso ético. Defender a las PYMES es defender el futuro económico, democrático y ambiental de Baja California Sur.

No hay desarrollo sin justicia. No hay justicia sin transparencia.

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El racismo invisible que susurra en Baja California Sur

FOTOS: Unesco | Unifranz

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Desde la brisa que sacude los álamos en las tardes de La Paz hasta el rumor de las olas que rompen en Mulegé, los vientos de Baja California Sur arrastran historias. Algunas viajan ligeras, otras llegan cargadas de polvo y verdades incómodas. En esta tierra de atardeceres infinitos y mezclas profundas, el racismo —aunque algunos juren que aquí no existe— todavía se cuela en las rendijas de la vida cotidiana, invisible para quienes nunca han sentido su filo.

Hablar de racismo en pleno siglo XXI, en una región de migrantes y mestizajes, parece un contrasentido. ¿No somos acaso “gente buena”, “pueblo abierto”, “mestizaje puro”? Pero los “Vientos de Pueblo” no sólo traen leyendas de valientes y pescadores; también arrastran murmullos incómodos que la prisa urbana suele barrer bajo la alfombra. ¿Cuánto pesa la herencia de la discriminación en Baja California Sur? ¿Sigue latiendo en los rincones menos visitados del alma colectiva?

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Una mañana reciente en el malecón, encontré a la señora Tomasa, mujer de piel cobriza, mirada de horizonte largo. “Aquí no hay racismo, joven —dice con una media sonrisa—, sólo hay quien se cree más y quien lo deja.” Pero su historia revela matices: “En la primaria de mi nieto, los más morenitos siempre son los que les ponen apodos. ‘Prietito’, ‘negrito’, aunque sea de juego, eso duele.” Su testimonio resuena con lo que revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022): en Baja California Sur, 17% de las personas reconocieron haber sentido discriminación por su tono de piel o aspecto físico, una cifra que desafía el mito local de la igualdad sin fisuras.

La voz de Tomasa no es la única. Víctor Manuel, profesor en una secundaria rural cerca de Ciudad Constitución, me habla con la prudencia de quien ha visto mucho: “Todavía hay padres que prefieren que sus hijas ‘mejoren la raza’, aunque sea en broma. Y los chicos, pues repiten lo que oyen. A veces no se dan cuenta, pero ahí está”. El eco de sus palabras lo confirma el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED): los prejuicios ligados al color de piel y al origen indígena siguen vigentes, muchas veces disfrazados de chistes o costumbres inofensivas (fuente).

No se trata de linchamientos públicos ni de exclusiones flagrantes, sino de un racismo de baja intensidad, sutil y persistente, que se manifiesta en las bromas, en los estereotipos, en las oportunidades negadas sin que nadie firme un papel. La investigadora Silvia Díaz, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, lo describe así en su más reciente publicación: “La discriminación aquí es una llovizna fina, no un aguacero. Pero cala igual, sobre todo para los que vienen de familias indígenas o migrantes del sur del país.”

En los últimos años, algunas escuelas y colectivos han lanzado campañas para promover el respeto y la diversidad. “Pintemos nuestros colores”, impulsada por la Secundaria Técnica 14, busca que los jóvenes reflexionen sobre el lenguaje y las etiquetas. Resultados iniciales muestran cambios: “Un par de chicos se disculparon públicamente tras un taller; a otros les cayó el veinte de lo que significa sentirse ‘menos’ por tu color”, dice la maestra Estrella Romero.

El racismo en Baja California Sur no es el monstruo del pasado, pero tampoco es sólo una sombra lejana. Persiste, disfrazado, sutil, pero presente. Los “Vientos de Pueblo” nos invitan a escucharnos, a dejar de barrer bajo la alfombra los prejuicios que heredamos y reproducimos.

¿Cómo romper el ciclo? Escuchando, hablando, educando con el ejemplo y la palabra. Cuestionando las frases que aprendimos de niños, abriendo el espacio a nuevas historias. Sólo así los vientos podrán limpiar el aire, y no seguirán arrastrando el polvo de la desigualdad.

Porque el viento cambia, pero sólo si todos empujamos juntos. El verdadero mestizaje se construye cuando la dignidad se respira en cada rincón, y el único color que importa es el del respeto.

Fuentes:
Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. INEGI.
CONAPRED. Discriminación en Baja California Sur.
Díaz, Silvia. (2023). Identidad, migración y racismo en Baja California Sur. UABCS

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