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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los retos que enfrenta IMSS-Bienestar en Baja California Sur no pueden atribuirse únicamente al cambio de administración. Especialistas en políticas públicas coinciden en que la federalización heredó problemas estructurales que durante años afectaron a los servicios estatales de salud. La diferencia es que ahora la responsabilidad administrativa, financiera y operativa recae principalmente en un organismo federal que debe coordinar una red nacional integrada por cientos de hospitales y miles de centros de salud distribuidos en 23 entidades federativas. El desafío consiste en administrar un sistema de dimensiones sin precedente en México. En octubre de 2023, el Gobierno de México informó que la federalización comprendía la transferencia de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud para atender a más de 53 millones de personas sin seguridad social.

Uno de los problemas más visibles continúa siendo el abastecimiento de medicamentos. Aunque las autoridades federales han informado periódicamente avances en las compras consolidadas y en la distribución nacional de insumos, diversos hospitales y unidades médicas siguen registrando faltantes temporales de medicamentos especializados, material de curación y algunos equipos indispensables para determinados tratamientos. Estos problemas obedecen a una cadena logística compleja que incluye procesos de licitación, adquisición, almacenamiento, distribución y entrega final a cada unidad médica, especialmente en estados geográficamente aislados como Baja California Sur.

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Otro desafío importante es la disponibilidad de médicos especialistas. La entidad mantiene una demanda creciente de cirujanos, anestesiólogos, internistas, pediatras, ginecólogos, oncólogos y otras especialidades cuya contratación resulta complicada incluso para sistemas de salud con mayores recursos. La lejanía geográfica de la península, el elevado costo de vida en municipios como Los Cabos y la competencia entre instituciones públicas y privadas dificultan atraer y retener personal altamente capacitado. Las propias autoridades federales reconocieron desde el inicio de la transición que uno de los objetivos centrales del nuevo modelo consistía precisamente en fortalecer las plantillas médicas mediante nuevas contrataciones.  La infraestructura hospitalaria representa otro frente de atención. Muchos inmuebles fueron construidos hace varias décadas y requieren inversiones constantes en sistemas eléctricos, climatización, quirófanos, laboratorios, equipos de imagenología y mantenimiento preventivo. En el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, por ejemplo, trabajadores denunciaron en distintas ocasiones fallas en los sistemas de aire acondicionado que incluso obligaron a reprogramar procedimientos quirúrgicos. Las autoridades estatales reconocieron que parte del deterioro correspondía a años de mantenimiento insuficiente acumulado antes de la federalización.

La transición también ha tenido repercusiones para el personal de salud. Durante estos años surgieron inconformidades relacionadas con la asignación de plazas, procesos de basificación, reconocimiento de antigüedad, prestaciones laborales y condiciones de trabajo. Estas diferencias motivaron manifestaciones, mesas de negociación y la conformación de nuevas organizaciones sindicales que buscan representar a trabajadores incorporados al esquema IMSS-Bienestar. Si bien las autoridades estatales y federales han instalado mesas de diálogo para atender estas demandas, algunos conflictos continúan abiertos. Desde la perspectiva de los pacientes, las consecuencias más sensibles aparecen cuando la capacidad instalada no logra responder a la demanda. Los tiempos de espera para consultas especializadas, cirugías programadas o estudios diagnósticos pueden prolongarse cuando existe saturación hospitalaria o falta de especialistas. Para una población que en muchos casos debe recorrer largas distancias desde comunidades rurales hasta hospitales regionales, cualquier retraso representa gastos adicionales de transporte, alimentación y hospedaje, además de incertidumbre respecto a su tratamiento.

Sin embargo, también existen avances que las autoridades consideran relevantes. La federalización ha permitido centralizar las compras de equipo médico, incrementar la inversión en rehabilitación de hospitales, homologar procesos administrativos y desarrollar proyectos tecnológicos como el expediente clínico electrónico, cuya implementación gradual busca facilitar el intercambio de información médica entre unidades de salud. Baja California Sur forma parte de las entidades contempladas para esta estrategia de digitalización. El futuro del sistema dependerá, en buena medida, de la capacidad institucional para resolver problemas que trascienden la simple transferencia administrativa. La consolidación de IMSS-Bienestar requiere recursos financieros suficientes, mecanismos eficientes de adquisición de medicamentos, mantenimiento permanente de infraestructura, estabilidad laboral para el personal médico y una planeación capaz de responder al acelerado crecimiento demográfico de municipios como Los Cabos y La Paz.

En este contexto, también será fundamental fortalecer la atención preventiva. Las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y padecimientos cardiovasculares representan una carga creciente para los servicios públicos de salud. Las autoridades federales han señalado que el nuevo Modelo de Atención para la Salud Bienestar pretende dar mayor importancia a la prevención, detección temprana y seguimiento comunitario de estas enfermedades, con el propósito de disminuir hospitalizaciones y complicaciones de alto costo. La experiencia de Baja California Sur refleja que la federalización constituye mucho más que un cambio administrativo. Significa reorganizar un sistema completo mientras continúa prestando atención médica todos los días. En ese proceso conviven inversiones en infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías, contratación de personal, ajustes laborales y expectativas ciudadanas que exigen resultados inmediatos.

El éxito o fracaso del modelo no podrá evaluarse únicamente por el número de hospitales transferidos o por la cantidad de recursos invertidos. Su verdadero indicador será la experiencia cotidiana de los usuarios: encontrar un médico disponible, recibir medicamentos completos, acceder oportunamente a una cirugía o realizar estudios especializados sin demoras excesivas. Esa es, finalmente, la medida con la que la población juzga cualquier política pública de salud.

Para Baja California Sur, el reto continúa abierto. La federalización prometió construir un sistema más equitativo, gratuito y universal para quienes carecen de seguridad social. Alcanzar ese objetivo dependerá de que la coordinación entre Federación y Estado logre traducir los compromisos institucionales en mejoras tangibles para los pacientes. Mientras ello ocurre, hospitales, centros de salud y trabajadores siguen enfrentando diariamente el desafío de mantener funcionando un servicio esencial para miles de sudcalifornianos, en una entidad donde las condiciones geográficas y el crecimiento poblacional hacen que garantizar el derecho a la salud sea una tarea particularmente compleja.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: El Universal | OEM.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando una madre llega con su hijo enfermo a un centro de salud en un poblado apartado de Baja California Sur, poco importa quién administra el edificio, quién paga la nómina del médico o qué dependencia federal compró los medicamentos. Lo único que espera es encontrar atención oportuna, personal suficiente y el tratamiento que necesita. Sin embargo, detrás de esa consulta médica existe una profunda transformación administrativa que ha cambiado por completo la organización de los servicios públicos de salud en la entidad y que continúa generando retos para autoridades, trabajadores y usuarios.

La incorporación de Baja California Sur al modelo IMSS-Bienestar representa uno de los cambios institucionales más importantes que ha vivido el sistema estatal de salud en las últimas décadas. La transferencia de hospitales generales, centros de salud, unidades especializadas, personal médico, infraestructura y equipamiento desde el gobierno estatal hacia un organismo federal buscó construir un sistema único para atender gratuitamente a la población que no cuenta con seguridad social. Sin embargo, el proceso ha estado acompañado por dificultades operativas que siguen siendo motivo de debate.

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El origen de esta transformación se encuentra en la estrategia del Gobierno de México para sustituir el modelo operado anteriormente por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuya desaparición dio paso a la consolidación del organismo público IMSS-Bienestar como responsable de la atención médica para millones de personas sin acceso al IMSS o al ISSSTE. La intención oficial consistía en terminar con la fragmentación del sistema de salud y centralizar la administración de hospitales, medicamentos, infraestructura y personal.

En Baja California Sur, el proceso comenzó formalmente en 2022, cuando el gobierno estatal firmó los acuerdos de incorporación al nuevo modelo. Durante la presentación del programa, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que serían transferidas 66 unidades médicas: 57 centros de salud de primer nivel, seis hospitales generales y tres unidades de especialidades médicas. Asimismo, se anunció una inversión inicial superior a 231 millones de pesos destinada al mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura hospitalaria. Las metas oficiales eran ambiciosas. Además del fortalecimiento de la infraestructura, el nuevo modelo prometía mejorar el abasto de medicamentos, incrementar la contratación de especialistas, homologar salarios, reducir las desigualdades entre estados y garantizar atención médica gratuita para toda la población sin seguridad social.

Incluso, durante los primeros meses de operación, las autoridades federales informaron que el abastecimiento de medicamentos había pasado de aproximadamente 73 a 99 por ciento, además de anunciar la llegada de médicos especialistas para cubrir vacantes históricas en hospitales como Loreto y otras regiones del estado. No obstante, la realidad cotidiana de un sistema sanitario resulta mucho más compleja que los indicadores administrativos. Baja California Sur enfrenta condiciones geográficas excepcionales. Su enorme extensión territorial, la dispersión de comunidades rurales y la separación física entre localidades mediante largas carreteras convierten la prestación de servicios médicos en un desafío permanente. Mientras ciudades como La Paz, Los Cabos o Ciudad Constitución concentran buena parte de la infraestructura hospitalaria, numerosas comunidades dependen exclusivamente de pequeños centros de salud donde la ausencia temporal de un médico puede significar recorrer cientos de kilómetros para recibir atención.

A estas condiciones naturales se suman problemas estructurales que no nacieron con IMSS-Bienestar, sino que arrastran décadas de rezago. Entre ellos destacan el déficit nacional de médicos especialistas, el envejecimiento de parte de la infraestructura hospitalaria, las dificultades para atraer personal médico hacia zonas alejadas y la creciente demanda de atención derivada del acelerado crecimiento poblacional de Baja California Sur. Los Cabos constituye un ejemplo claro. Su rápido desarrollo demográfico ha incrementado significativamente la demanda de servicios hospitalarios en pocos años, presionando una infraestructura diseñada para una población mucho menor.

La federalización tampoco significó una solución inmediata para los problemas administrativos. Durante el proceso de transferencia fue necesario integrar expedientes laborales, regularizar plazas, incorporar inventarios de equipo médico, redefinir responsabilidades entre Federación y Estado y establecer nuevos mecanismos de operación para cientos de trabajadores. En julio de 2024 incluso se formalizó, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el convenio específico para la transferencia de bienes inmuebles relacionados con hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud del estado al organismo IMSS-Bienestar, consolidando jurídicamente la federalización del patrimonio destinado a la atención médica.

Sin embargo, la transición administrativa ha generado incertidumbre entre diversos sectores laborales. Algunos trabajadores han manifestado inquietudes respecto a procesos de basificación, antigüedad, condiciones contractuales y definición de responsabilidades administrativas entre las autoridades estatales y federales, mientras que organizaciones sindicales han solicitado mayor claridad sobre los mecanismos de incorporación al nuevo esquema. Estas preocupaciones han sido documentadas durante los últimos años conforme avanzó la implementación del modelo.

A la par, diversos usuarios continúan reportando dificultades relacionadas con tiempos de espera, disponibilidad de medicamentos especializados, programación de cirugías y consultas con especialistas. Si bien muchas de estas problemáticas existían antes de la federalización, la expectativa generada por el nuevo sistema ha incrementado el escrutinio público sobre sus resultados.

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FOTOS: BCS Noticias | El Sudcaliforniano.

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Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Uno de los mayores desafíos para combatir el robo a negocios en Baja California Sur no radica únicamente en detener a los responsables, sino en evitar que el delito ocurra. Las autoridades reconocen que la prevención resulta más compleja conforme crecen las ciudades y aumenta la actividad económica. En municipios como Los Cabos y La Paz, donde diariamente abren cientos de establecimientos comerciales y circulan miles de personas, mantener presencia policial permanente en todas las zonas resulta materialmente imposible. Las propias estadísticas muestran esta concentración territorial. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2026 se iniciaron 138 carpetas de investigación por robo a negocio, mientras que Los Cabos y La Paz concentraron la mayor parte de las denuncias por delitos de robo en sus distintas modalidades, reflejo del peso económico y demográfico que ambos municipios tienen dentro del Estado.

Especialistas en seguridad pública señalan que este tipo de delitos suele estar vinculado con factores de oportunidad. Comercios con escasa iluminación exterior, ausencia de cámaras de videovigilancia, manejo de efectivo durante horarios nocturnos, personal reducido o locales ubicados en colonias con poca vigilancia se convierten en objetivos más atractivos para los delincuentes. En muchos casos, los responsables aprovechan apenas unos minutos para ingresar, sustraer mercancía o dinero y abandonar el lugar antes de que llegue una patrulla. Las corporaciones policiacas han respondido mediante estrategias de proximidad social, patrullajes focalizados y coordinación entre la Policía Estatal Preventiva, las policías municipales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C4 y el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de imágenes han permitido esclarecer diversos casos y obtener mayores elementos de prueba para integrar carpetas de investigación. Sin embargo, las autoridades reconocen que la tecnología, por sí sola, no sustituye la presencia preventiva en las calles.

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Otro obstáculo importante es la llamada cifra negra. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de los delitos cometidos en Baja California Sur no llegan a denunciarse formalmente. Muchas víctimas consideran que el trámite implica pérdida de tiempo, desconfían de las instituciones o estiman que el daño económico no justifica iniciar un procedimiento penal. Esta situación limita la capacidad de las autoridades para identificar patrones delictivos, asignar recursos policiales y perseguir penalmente a los responsables. Para los comerciantes, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida inmediata de mercancías. Cada robo representa inversiones adicionales en cámaras de seguridad, alarmas, reforzamiento de puertas, contratación de vigilancia privada y pago de pólizas de seguro más costosas. En pequeños negocios familiares, una sola sustracción puede significar la pérdida de semanas completas de ingresos, afectando incluso el pago de salarios o la reposición de inventarios.

Los organismos empresariales también advierten que la percepción de inseguridad influye en la confianza para invertir. Aunque Baja California Sur mantiene indicadores delictivos inferiores a muchas entidades del país, el comercio organizado considera indispensable fortalecer la prevención para evitar que el crecimiento económico sea acompañado por un incremento sostenido de los delitos patrimoniales. En Los Cabos, por ejemplo, representantes empresariales han señalado que el robo a negocio continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, aun cuando no se observe un incremento acelerado en las cifras oficiales. No obstante, las autoridades sostienen que existen resultados alentadores. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que durante 2025 los delitos patrimoniales presentaron reducciones en distintos rubros, incluido el robo a negocio, que disminuyó alrededor de 2 % respecto al año anterior. Asimismo, destacó el incremento en órdenes de aprehensión cumplimentadas, recuperación de vehículos y aseguramiento de objetos robados como parte del fortalecimiento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Sin embargo, la disminución porcentual no elimina la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. El acelerado crecimiento demográfico de Baja California Sur obliga a ampliar continuamente el estado de fuerza policial, incrementar la capacitación de los agentes, modernizar el equipamiento tecnológico y consolidar sistemas de inteligencia criminal capaces de anticipar los movimientos de grupos dedicados al robo patrimonial. Otro reto consiste en fortalecer la coordinación con los municipios. Las policías preventivas son la primera línea de respuesta ante una llamada de emergencia, mientras que la investigación corresponde al Ministerio Público y a la Policía de Investigación. Cuando esta coordinación funciona de manera eficiente, aumentan las posibilidades de detener a los responsables en flagrancia o recuperar los bienes sustraídos. Cuando existen retrasos o deficiencias en la comunicación institucional, las investigaciones pueden perder información valiosa durante las primeras horas posteriores al delito.

Las perspectivas para los próximos años dependerán de varios factores. Por un lado, continuará el crecimiento económico impulsado por el turismo, la construcción y los servicios, especialmente en Los Cabos y La Paz. Ese dinamismo generará nuevas oportunidades comerciales, pero también exigirá mayores capacidades de vigilancia y prevención. Por otro lado, las inversiones en tecnología, inteligencia policial y profesionalización de los cuerpos de seguridad podrían traducirse en mejores resultados si van acompañadas de una mayor participación ciudadana mediante la denuncia. La prevención situacional también aparece como una estrategia relevante. Expertos recomiendan mejorar el diseño urbano de las zonas comerciales mediante iluminación adecuada, cámaras conectadas a los centros de monitoreo, botones de emergencia, capacitación del personal para actuar durante un asalto y campañas permanentes de cultura de la denuncia. Estas medidas reducen las oportunidades para la comisión del delito y fortalecen la colaboración entre comerciantes y autoridades.

El combate al robo a negocios en Baja California Sur muestra, en consecuencia, un panorama mixto. Las cifras oficiales reflejan avances en algunos indicadores y una mayor capacidad de investigación por parte de las instituciones de seguridad. Al mismo tiempo, persisten limitaciones asociadas al crecimiento urbano, la insuficiencia de personal policial, la cifra negra y la necesidad de fortalecer la prevención.

Más allá de las estadísticas, el verdadero desafío consiste en garantizar que cada comerciante pueda abrir su negocio con la certeza de que su patrimonio estará protegido. Alcanzar ese objetivo requerirá mantener la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, consolidar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia y continuar invirtiendo en inteligencia, tecnología y proximidad policial. Sólo mediante una estrategia integral será posible reducir de manera sostenida un delito que, aunque ha mostrado signos de contención, continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad y el desarrollo económico de Baja California Sur.

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Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando los primeros comerciantes levantan las cortinas metálicas de sus establecimientos en La Paz, Los Cabos, Ciudad Constitución o Loreto, una preocupación permanece constante: encontrar el negocio tal como lo dejaron la noche anterior. Para cientos de pequeños y medianos empresarios sudcalifornianos, el robo a comercio representa uno de los delitos patrimoniales con mayor impacto económico, no sólo por la pérdida de mercancías o dinero en efectivo, sino por la sensación de vulnerabilidad que genera y los costos adicionales en sistemas de seguridad, seguros y vigilancia privada. Aunque las estadísticas oficiales muestran que Baja California Sur continúa entre las entidades con menor incidencia delictiva del país en diversos indicadores, el robo a negocios sigue siendo un fenómeno persistente cuya evolución refleja tanto avances institucionales como limitaciones operativas derivadas del crecimiento urbano, la movilidad poblacional y la sofisticación de algunos grupos dedicados a delitos patrimoniales.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo a negocio mantiene un comportamiento variable. Durante 2025 se registraron incrementos mensuales que encendieron alertas entre autoridades y organismos empresariales; por ejemplo, entre mayo y junio de ese año las denuncias crecieron casi 37 %, acumulando 229 carpetas de investigación durante el primer semestre. En todo 2024 se habían iniciado 517 investigaciones por este delito, evidencia de que el fenómeno continúa siendo uno de los principales retos para las corporaciones policiales del estado. Las cifras más recientes indican que durante los primeros meses de 2026 el delito presentó una disminución respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, el volumen de denuncias mantiene al robo como una de las conductas delictivas con mayor presencia en Baja California Sur. Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran la mayoría de las carpetas de investigación debido a que reúnen la mayor población, actividad comercial y flujo turístico del estado.

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Para comprender este fenómeno es necesario observar el extraordinario crecimiento económico que ha experimentado Baja California Sur durante la última década. Municipios como Los Cabos figuran entre los de mayor crecimiento poblacional del país impulsados por el turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario. Esa expansión ha multiplicado el número de comercios, plazas, restaurantes, supermercados y establecimientos de servicios, pero también ha incrementado las oportunidades para la delincuencia patrimonial. Las autoridades estatales sostienen que buena parte de los robos corresponden a delitos de oportunidad. Comercios con escasas medidas de seguridad, ausencia de sistemas de videovigilancia, manejo de efectivo y horarios nocturnos representan condiciones que facilitan la comisión de estos ilícitos. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las policías municipales han fortalecido operativos preventivos, patrullajes focalizados y coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Uno de los avances más importantes ha sido el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia urbana mediante el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que permite atender reportes en tiempo real y facilitar investigaciones posteriores mediante el análisis de imágenes. Paralelamente, la PGJE ha reforzado sus capacidades de investigación criminal, utilizando evidencia tecnológica para integrar carpetas de investigación y obtener órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. La propia institución mantiene estadísticas públicas sobre incidencia delictiva y publica de manera permanente resultados de judicializaciones relacionadas con delitos patrimoniales.

Los resultados de estas acciones comienzan a observarse en algunos municipios. En La Paz, autoridades municipales informaron que entre 2021 y 2025 varios delitos patrimoniales registraron reducciones, entre ellos el robo a negocio, cuya incidencia disminuyó alrededor de 12.5 %, como parte de una estrategia basada en mayor presencia policial, recuperación de espacios públicos y coordinación entre corporaciones de seguridad. No obstante, la disminución estadística no significa que el problema esté resuelto. Comerciantes consultados por organismos empresariales señalan que muchos establecimientos continúan invirtiendo recursos propios para instalar cámaras, alarmas, cortinas reforzadas y sistemas electrónicos de monitoreo, debido a que consideran insuficiente la capacidad preventiva de las corporaciones para cubrir todas las zonas comerciales durante las noches y madrugadas.

A ello se suma un obstáculo que afecta la medición real del delito: la llamada «cifra negra». La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, elaborada por el INEGI, estima que en Baja California Sur el 90.5 % de los delitos no derivan en una denuncia con carpeta de investigación. Apenas el 12.6 % de los delitos son denunciados y solamente una parte concluye con el inicio formal de una investigación. Entre las principales razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo y la desconfianza hacia las autoridades. Esta realidad implica que las estadísticas oficiales representan únicamente una parte del fenómeno. Muchos pequeños comerciantes prefieren absorber las pérdidas económicas antes que iniciar un procedimiento legal que consideran largo, complejo o con pocas probabilidades de recuperar sus bienes.

Además, la dinámica propia del estado plantea desafíos particulares. La enorme extensión territorial de Baja California Sur, la dispersión de comunidades y el acelerado crecimiento urbano dificultan mantener una cobertura policial homogénea. Mientras algunas zonas comerciales cuentan con vigilancia permanente, otras dependen de patrullajes preventivos cuya frecuencia resulta insuficiente para inhibir completamente la actividad delictiva.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el ámbito del derecho penal moderno, la reparación del daño ha evolucionado desde un enfoque meramente patrimonial hacia una concepción integral que busca restituir, en la medida de lo posible, la dignidad y el desarrollo de la víctima.

Dentro de esta evolución surge una figura de particular relevancia: el daño al proyecto de vida, entendido como la afectación a las expectativas razonables de realización personal, profesional y social de una persona. El concepto tiene su origen en el desarrollo en el ámbito internacional de los derechos humanos, particularmente en América Latina. Doctrinariamente, se vincula con la idea de que la persona no solo tiene bienes patrimoniales, sino también una trayectoria vital susceptible de protección jurídica.

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El concepto, en la doctrina dominante, se clasifica actualmente como una categoría autónoma de daño inmaterial. Surge como una ampliación del daño moral, al reconocer que ciertas violaciones no solo generan sufrimiento emocional, sino que truncan el desarrollo de vida de la persona.

Normativamente se finca en el principio pro persona, dentro del marco de los derechos humanos, y se rige bajo el presupuesto de reparación integral del daño, que contempla daños materiales e inmateriales, conforme a lo previsto en la Ley General de Victimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La SCJN ha reconocido la necesidad de una reparación integral, que no se limite a daños económicos, sino que contemple afectaciones profundas a la persona, bajo la premisa de que la reparación debe ser proporcional, integral y diferenciada, atendiendo a la naturaleza del daño.

Nuestro Máximo Tribunal federal reconoce la influencia de estándares internacionales en materia de derechos humanos, atendiendo siempre al principio de progresividad, y si bien no siempre utiliza expresamente el término “proyecto de vida”, sí ha aceptado la indemnización por daños inmateriales complejos, lo que permite su incorporación.

En el ámbito convencional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado con mayor claridad esta figura, como podemos constatarlo en los casos emblemáticos:

“Loayza Tamayo vs. Perú” (1998): Define el daño al proyecto de vida como la afectación a la realización personal derivada de violaciones graves.

“Cantoral Benavides vs. Perú” (2000): Se reconoce expresamente que la detención arbitraria alteró el curso de vida del afectado.

“González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México” (2009): Se vincula el daño al proyecto de vida con la imposibilidad de desarrollo pleno de las víctimas.

La Corte IDH establece que este daño es autónomo, independiente del daño moral y del lucro cesante.

Derecho comparado

Perú: Reconocido ampliamente en jurisprudencia constitucional y civil.

Argentina: Se ha incorporado en decisiones sobre responsabilidad civil, especialmente en casos de lesiones graves.

Colombia: La Corte Constitucional lo vincula con el concepto de vida digna.

Chile: Se reconoce de forma incipiente dentro de daños extrapatrimoniales.

En general, los países latinoamericanos han integrado este concepto bajo la influencia del sistema interamericano.

Acreditación e indemnización del daño al proyecto de vida

Para probar este tipo de daño, se deben considerar:

1. Condiciones personales de la víctima: Edad, nivel educativo, actividad profesional.
2. Proyecto de vida previo: Planes académicos, trayectoria laboral, expectativas razonables.
3. Impacto del delito: Limitación permanente o temporal, cambio radical de vida, imposibilidad de alcanzar metas.
4. Medios probatorios: Peritajes psicológicos y sociales, testimonios, documentación académica o laboral

Cuantificación

No existe una fórmula matemática rígida. Los jueces suelen aplicar criterios como: equidad, proporcionalidad, gravedad de la afectación, duración del perjuicio (temporal o permanente)

En el ámbito internacional, la Corte IDH fija montos considerando: circunstancias del caso, impacto integral en la víctima y estándares de reparación integral

Corolario

El daño al proyecto de vida representa uno de los avances más significativos en materia de justicia penal y derechos humanos. Su reconocimiento implica aceptar que las violaciones no solo generan pérdidas económicas, sino que pueden destruir trayectorias de vida completas.

En México, su desarrollo aún es progresivo, pero la influencia del derecho internacional permite consolidar una visión más humana de la reparación del daño, donde el objetivo no es solo indemnizar, sino restituir la dignidad y las oportunidades de la víctima.

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