Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La justicia es la piedra angular del Estado Constitucional de Derecho, y descansa sobre la premisa de que toda persona tiene derecho a que sus controversias sean resueltas por tribunales independientes, imparciales, competentes y previamente establecidos por la ley.

La impartición de justicia, como función esencial del Estado, representa el principal mecanismo institucional para la protección de los derechos humanos, la preservación del orden democrático y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.

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FOTOS: Internet

Los Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de toda persona a ser oída por tribunales competentes, independientes e imparciales. Por ello, no basta la mera existencia de órganos jurisdiccionales formalmente constituidos.

La tutela judicial efectiva exige que quienes ejercen la función jurisdiccional posean una sólida preparación profesional, conocimientos especializados, capacidad argumentativa, independencia de criterio, integridad ética y compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos.

La legitimidad de la función jurisdiccional no deriva exclusivamente de la ley que crea los tribunales, sino también de la confianza pública en la capacidad técnica y moral de quienes integran dichos órganos.

La complejidad del ejercicio jurisdiccional exige juzgadores altamente capacitados

La evolución del constitucionalismo contemporáneo ha transformado profundamente la labor judicial.

Actualmente, las personas juzgadoras están obligadas a interpretar y aplicar:

◙ La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

◙ Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

◙ El control difuso de constitucionalidad.

◙ El control de convencionalidad.

◙ La perspectiva de género.

◙ El interés superior de la niñez.

◙ El principio pro persona.

◙ Los derechos de grupos históricamente vulnerados.

◙ Los estándares internacionales de protección ambiental.

◙ Las reglas del sistema penal acusatorio.

◙ Los principios de justicia abierta, transparencia y rendición de cuentas.

La creciente complejidad del fenómeno jurídico exige jueces y magistrados con conocimientos especializados que trasciendan la formación profesional básica.

La función jurisdiccional involucra decisiones que pueden afectar la libertad, el patrimonio, la familia, la honra, el medio ambiente, los derechos políticos e incluso la vida de las personas.

Por ello, resulta constitucionalmente legítimo y socialmente indispensable exigir que quienes aspiren a ocupar dichos cargos acrediten objetivamente los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para ejercerlos con excelencia.

La carrera judicial como garantía de independencia y excelencia

La carrera judicial constituye uno de los mecanismos institucionales más eficaces para asegurar que el ingreso, promoción y permanencia de las personas juzgadoras se funden en criterios de mérito y capacidad profesional.

La experiencia comparada demuestra que los sistemas de justicia más sólidos son aquellos que fortalecen la profesionalización judicial mediante esquemas objetivos de selección y evaluación.

La carrera judicial permite:

• Garantizar la profesionalización continua.
• Fortalecer la independencia judicial.
• Evitar designaciones basadas en intereses políticos.
• Consolidar la experiencia jurisdiccional.
• Preservar la estabilidad institucional.
• Generar certeza y confianza ciudadana.

En consecuencia, el acceso a los cargos jurisdiccionales debe privilegiar a quienes hayan construido una trayectoria acreditada dentro de la administración de justicia, sin excluir la posibilidad de participación de profesionistas externos que demuestren méritos excepcionales y acrediten los requisitos técnicos correspondientes.

Estándares internacionales sobre capacidad técnica e independencia judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la garantía judicial reconocida en el Artículo 8 de la Convención Americana implica la existencia de jueces competentes, independientes e imparciales.

La independencia judicial constituye un derecho de la ciudadanía y una garantía indispensable para la protección de los derechos humanos.

Por ello, los Estados tienen la obligación de diseñar procedimientos de selección judicial capaces de identificar objetivamente a las personas mejor preparadas para desempeñar la función jurisdiccional.

Principios de Naciones Unidas aplicables a la selección de jueces y magistrados

Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, establecen que: Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán individuos íntegros y competentes, con la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.

Asimismo, disponen que: La promoción de los jueces se basará en factores objetivos, especialmente en su capacidad, integridad y experiencia.

Estos principios constituyen parámetros interpretativos obligatorios para todas las autoridades mexicanas conforme al Artículo 1° constitucional.

Principios de Bangalore sobre la conducta judicial

Los Principios de Bangalore reconocen que la competencia y la diligencia constituyen valores esenciales de la judicatura.

Dichos estándares internacionales exigen que los jueces:

Փ Mantengan una formación jurídica actualizada.

Փ Desarrollen conocimientos especializados.

Փ Garanticen altos niveles de desempeño profesional.

Փ Protejan y promuevan los derechos humanos.

Por consiguiente, la acreditación de conocimientos especializados debe entenderse como un requisito inherente a la excelencia judicial.

Carta Universal del Juez y Estatuto Universal del Juez

La Carta Universal del Juez y el Estatuto Universal del Juez establecen que el acceso a la judicatura debe sustentarse exclusivamente en criterios objetivos relativos al mérito, capacidad profesional, experiencia e integridad.

Estos instrumentos reconocen además que la formación inicial y continua constituye una condición indispensable para asegurar la calidad de la justicia y la independencia judicial.

La obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano

A partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, todas las autoridades tienen el deber de ejercer control de convencionalidad y observar el bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, el Estado de Baja California Sur se encuentra obligado a armonizar su marco normativo con los estándares internacionales que exigen mecanismos objetivos de selección judicial basados en:

◆ Mérito.

◆ Capacidad técnica.

◆ Carrera judicial.

◆ Independencia.

◆ Especialización.

◆ Experiencia profesional.

◆ Integridad.

Necesidad de blindar constitucional la independencia judicial

La independencia judicial no constituye un privilegio corporativo de quienes imparten justicia. Es una garantía institucional de la ciudadanía.

Cada sentencia judicial debe emitirse libre de presiones políticas, económicas, partidistas o de cualquier otro tipo.

Corolario

Por lo expuesto, los requisitos para acceder a los cargos de juez(a) o magistrado(a) deben ser elevados al máximo nivel normativo posible.

La Constitución debe convertirse en una barrera infranqueable frente a cualquier intento futuro de debilitar la profesionalización judicial.

Blindar constitucionalmente la carrera judicial, el mérito profesional y la acreditación de conocimientos especializados permitirá consolidar un Poder Judicial integrado por personas juzgadoras altamente capacitadas, comprometidas con los derechos humanos y protegidas por las máximas garantías de independencia.

La ciudadanía sudcaliforniana tiene derecho a ser juzgada no sólo por autoridades legalmente designadas, sino por las personas mejor preparadas para impartir justicia.

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El Vigía del Desierto

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el macizo granítico de la Sierra de la Laguna, a casi 2000 metros de altitud, el aire huele a pino piñonero, sotol y tierra húmeda. Es el único bosque templado de la península y la fábrica biológica que recarga los acuíferos de La Paz y Los Cabos. Aunque la movilización ciudadana logró frenar en el papel la explotación a cielo abierto de proyectos de megaminería tóxica como Los Cardones, la amenaza nunca fue erradicada. De acuerdo con registros oficiales disponibles en la Dirección General de Minas, aún persisten títulos de concesión vigentes sobre miles de hectáreas que abarcan zonas de amortiguamiento y cuencas hidrológicas estratégicas. En los senderos serranos, los rancheros tradicionales no solo lidian con la aridez y la falta de apoyos públicos; vigilan con recelo los caminos de terracería ante la llegada esporádica de cuadrillas de prospección y agentes inmobiliarios que sondean la compra de tierras ejidales a precios irrisorios, sabiendo que bajo el cuarzo y la roca duerme una riqueza geológica cuya extracción dinamitaría la frágil reserva hídrica de todo el Sur del Estado.

El agua que escurre por los cañones serranos hacia el mar encuentra, al tocar la costa, una frontera artificial infranqueable. A lo largo del corredor turístico y los litorales del Cabo del Este, el paisaje desértico se estrella contra muros de concreto, casetas de vigilancia privada y cercas perimetrales con alambre de púas. En octubre de 2020, la reforma federal a la Ley General de Bienes Nacionales consagró formalmente el libre tránsito a las costas mexicanas, estableciendo multas severas y revocaciones a los concesionarios que obstaculicen el paso. Sin embargo, en el terreno la legalidad es una ficción administrativa. Intentar descender hoy a pie hacia rompientes y caletas históricas —aquellas donde generaciones de familias locales acamparon y aprendieron a pescar— supone ser interceptado por guardias con radios que aducen propiedad privada, o toparse con veredas intencionalmente desviadas por hoteles que obligan a rodear kilómetros sobre cauces pedregosos. El libre acceso existe en la ley, pero en la geografía del lujo se cobra un peaje tácito: la exclusión de quien no porta la pulsera del resort.

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La presión extractiva no se detiene en la orilla del agua; se sumerge en bahías y esteros. Hacia el norte, en Bahía Magdalena y el Golfo de California, las cooperativas tradicionales libran una batalla desproporcionada contra el furtivismo organizado. Mientras los pescadores ribereños respetan vedas rigurosas, monitorean bancos de cría y aplican protocolos sustentables para salvaguardar la almeja catarina y el callo de hacha, flotas clandestinas operan de noche extrayendo producto sin talla comercial ni control sanitario. Esta pesca ilegal, que alimenta un lucrativo mercado negro en restaurantes urbanos y circuitos de exportación, prolifera ante la casi absoluta ausencia de inspección. De acuerdo con organizaciones ambientales y comunidades consultadas, los recortes presupuestarios han dejado a las autoridades marítimas sin combustible, inspectores suficientes ni embarcaciones operativas, obligando a los cooperativistas a realizar patrullajes nocturnos sin armamento ni respaldo institucional frente a redes delictivas cada vez más agresivas.

Este cerco múltiple devela la profunda contradicción del modelo económico sudcaliforniano. Mientras el discurso institucional promueve a la entidad como un santuario global de conservación, la estructura territorial opera bajo una dinámica de enclave: se privatiza la franja costera para el turismo de alta gama, se mantiene viva la especulación minera sobre el corazón hídrico peninsular y se tolera el agotamiento furtivo de los ecosistemas marinos. La factura de este desbalance la pagan invariablemente las comunidades locales, confinadas a colonias sin agua entubada en la periferia de las ciudades turísticas, despojadas de sus playas y marginadas de las decisiones de un desarrollo que las utiliza como mano de obra barata mientras les hipoteca el futuro.

Baja California Sur no padece una fatalidad geográfica, sino las consecuencias de una deliberada política de desposesión que mide el progreso en divisas y maquilla el despojo con jardines regados con agua desalada. Al convertir la montaña en reserva de especulación, el mar en botín clandestino y la costa en privilegio corporativo, el modelo turístico e inmobiliario no solo socava sus propios cimientos biológicos; expulsa a quienes supieron habitar el desierto sin destruirlo. Cuando una tierra olvida que su único valor insustituible es la dignidad de su gente y la pureza de sus vertientes, la prosperidad prometida deja de ser un destino común para consolidarse como un elegante epitafio de arena y alambre.

Fuentes consultadas

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas. Diario Oficial de la Federación (DOF), 21 de octubre de 2020.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) e Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). Planes de manejo pesquero y acuerdos de veda para almeja catarina (Argopecten ventricosus) en los litorales de Baja California Sur. Publicaciones oficiales del Gobierno de México.

Dirección General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía. Cartografía minera y títulos de concesión minera vigentes en el Estado de Baja California Sur. Registro Público de Minería.

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (Agua.org.mx) y Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua. Diagnóstico sobre el impacto hídrico de la megaminería y la presión inmobiliaria en los acuíferos de La Paz y Los Cabos. La Paz, B.C.S.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Informes sobre operativos de vigilancia pesquera, inspección en zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) y problemática presupuestal en delegaciones costeras. Periodo 2019-2024.

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El Vigía del Desierto

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El agua de la ensenada de Balandra posee una transparencia engañosa. Vista desde los miradores de piedra caliza, la célebre laguna de La Paz parece una acuarela intocada, suspendida en una quietud casi mística donde el mangle rojo hunde sus raíces aéreas en la arena blanca. Sin embargo, al ras de la marea, la realidad se descompone en partículas visibles. A pesar de los esquemas de aforo divididos en dos turnos diarios establecidos para contener la avalancha terrestre de bañistas, la presión sobre el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra se desborda por su flanco marino. Yates de recreo y embarcaciones menores fondean de forma irregular en zonas restringidas, arando con sus anclas los lechos de pastos marinos y arrojando al agua aguas grises y trazas de hidrocarburos. La memoria del incendio y naufragio de una embarcación privada en agosto de 2022, que cubrió de ceniza y diésel las raíces del manglar, no operó como advertencia suficiente. De acuerdo con registros oficiales y reportes técnicos elaborados por académicos locales, las capacidades de inspección de la autoridad federal se encuentran reducidas al mínimo operativo, con lanchas varadas por falta de combustible o personal insuficiente para vigilar decenas de kilómetros de costa protegida, permitiendo que la navegación recreativa de alto poder adquisitivo vulnere impunemente los límites que se le exigen al ciudadano de a pie.

Esa misma lógica de desdén hacia los equilibrios biológicos se prolonga tierra adentro, asfaltada sobre el lomo de la península. La Carretera Transpeninsular, columna vertebral de más de mil setecientos kilómetros que enlaza el flujo de mercancías y caravanas turísticas con el norte del país, ha sido objeto de sucesivas modernizaciones y ampliaciones de carril sin que las autoridades de infraestructura integraran pasos de fauna subterráneos o aéreos. El resultado es una fractura territorial implacable. El desierto, que durante milenios operó como un continuo vegetal y faunístico entre las sierras y el mar, quedó partido en dos por una cinta de rodamiento donde los vehículos transitan a velocidades incompatibles con la supervivencia silvestre. Según datos públicos y estudios de impacto ambiental revisados, el atropellamiento sistemático se ha convertido en una de las principales fuentes de mortandad para especies bajo esquemas de protección especial: el venado bura peninsular, la zorrita del desierto, el lince rojo y diversas serpientes de cascabel endémicas son embestidos cotidianamente al intentar cruzar sus rutas naturales de forrajeo y agua. El progreso vial, concebido para acelerar el arribo de insumos a los enclaves hoteleros, cobra un peaje zoológico permanente que las dependencias públicas asumen como un costo colateral inevitable.

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Todavía más al norte, en la aridez mineral de la Sierra de Guadalupe y los llanos de Comondú y Mulegé, el asedio adquiere la forma del saqueo sigiloso. Redes organizadas de biopiratería recorren las cañadas extrayendo cactáceas endémicas de lento crecimiento, particularmente biznagas globulares del género Mammillaria y ejemplares antiguos de cardones, junto a valiosas piezas fósiles de vertebrados marinos del Mioceno incrustadas en estratos rocosos. Como han advertido botánicos y ambientalistas de la entidad, estas especies vegetales, cuya reproducción en vida silvestre demanda décadas, son desenterradas de raíz, embaladas clandestinamente y transportadas por rutas terrestres y marítimas casi desprovistas de puestos de control aduanero o zoosanitario. Su destino final son colecciones privadas y mercados de lujo botánico en Europa del Este y Asia, donde un ejemplar sudcaliforniano único puede alcanzar miles de dólares. Frente a este expolio sistemático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuenta con una plantilla de inspectores en campo que apenas alcanza para atender denuncias formales en las ciudades, dejando miles de kilómetros cuadrados de reservas de la biosfera bajo una orfandad de vigilancia que los traficantes conocen y explotan con metódica impunidad.

Este triple acoso sintetiza la fractura ética del modelo de desarrollo peninsular. Se ensalza a la entidad como un santuario intocado para atraer capitales internacionales, pero se le niegan los recursos elementales para proteger sus propios cimientos ecológicos. Las prioridades del gasto público favorecen la facilitación turística y la conectividad mercantil, mientras la fiscalización ambiental se desmorona por inanición presupuestaria. Se cuida la postal, pero se destruye el ecosistema que la sostiene. En este reparto desigual, los costos biológicos los absorbe un territorio que no puede defenderse por sí mismo: el manglar sofocado por los residuos del ocio náutico, la fauna triturada bajo las ruedas de la velocidad y el desierto despojado de su memoria vegetal milenaria. Cuando un modelo económico confunde la conservación con la escenografía y reduce sus maravillas naturales a materias primas de consumo efímero, la prosperidad no construye un porvenir: únicamente maquilla la lenta demolición del paraíso que juró custodiar.

Fuentes consultadas

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). Estudios sobre fragmentación de hábitat, atropellamiento de fauna silvestre en carreteras de la península y conservación de cactáceas endémicas. La Paz, B.C.S.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Informes técnicos sobre contingencia ambiental y derrame de hidrocarburos en Balandra tras el siniestro de la embarcación Fortius. La Paz, B.C.S., 2022-2023.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Apéndices y resoluciones sobre tráfico ilícito de Cactaceae mexicanas.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Informes de inspección y aseguramiento de ejemplares de flora silvestre protegida (NOM-059-SEMARNAT-2010) y patrimonio paleontológico en el estado de Baja California Sur. Periodo 2019-2024.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Manifestaciones de Impacto Ambiental y proyectos ejecutivos de modernización de la Carretera Federal 1 (Carretera Transpeninsular). Dirección General de Carreteras, México.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los servicios periciales constituyen el conjunto de disciplinas científicas, técnicas y artísticas que auxilian a las autoridades de procuración e impartición de justicia para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito.

Su finalidad consiste en aportar conocimiento especializado que permita:

• Descubrir y preservar indicios.
• Analizar evidencia física.
• Reconstruir hechos.
• Identificar víctimas y responsables.
• Determinar causas y mecanismos de muerte.
• Proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones judiciales.

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Los resultados de esta actividad se materializan mediante:

• Dictámenes periciales.
• Informes técnicos.
• Testimonio del perito en juicio oral.

Entre las especialidades más frecuentes destacan:

• Medicina forense.
• Criminalística de campo.
• Genética forense.
• Química forense.
• Toxicología.
• Balística.
• Documentoscopía.
• Grafoscopía.
• Informática forense.
• Antropología forense.
• Odontología forense.
• Tránsito terrestre.
• Psicología forense.
• Contabilidad forense.
• Ingeniería forense.
• Valuación.

Origen histórico de los servicios periciales en México

Antecedentes coloniales: Durante la Nueva España, la función pericial era rudimentaria. Los jueces recurrían ocasionalmente a médicos, cirujanos, boticarios y agrimensores para ilustrar cuestiones técnicas relacionadas con lesiones, muertes o conflictos patrimoniales. No existía una estructura especializada.

Siglo XIX: nacimiento de la medicina legal mexicana: La verdadera génesis de los servicios periciales ocurre durante el siglo XIX. Con la influencia del positivismo científico europeo comenzaron a desarrollarse la medicina legal, la toxicología y la antropología criminal. La Ley de Organización de Tribunales del Distrito Federal de 1880 reconoció expresamente a los peritos como auxiliares de la justicia. Posteriormente se consolidaron los Consejos Médico-Legales.

Siglo XX: institucionalización: Durante gran parte del siglo XX los servicios periciales permanecieron ligados a las Procuradurías de Justicia. El modelo inquisitivo-mixto vigente hasta 2008 descansaba en:

• Ministerio Público investigador.
• Policía judicial.
• Servicios periciales.

Los peritos formaban parte de la estructura jerárquica de la procuraduría. Su función principal era producir prueba documental para integrar la averiguación previa.

Reforma constitucional de 2008: La reforma penal de 18 de junio de 2008 transformó radicalmente el sistema. Se transitó al sistema acusatorio y oral, bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad, igualdad procesal e inmediación. La prueba pericial dejó de ser un documento prácticamente incontrovertible y pasó a convertirse en evidencia científica debatible, información sujeta a contradicción, explicada por un experto ante el tribunal. A partir de esta reforma, la calidad metodológica del peritaje adquirió una importancia sin precedentes.

Importancia de la prueba pericial en el proceso penal

Actualmente la prueba pericial es una de las fuentes de convicción más relevantes. En muchos delitos constituye la prueba principal.

Por ejemplo:

Homicidios

• Genética.
• Balística.
• Criminalística.

Delitos sexuales

• Medicina forense.
• Psicología.
• Genética.

Delitos financieros

• Contabilidad forense.
• Informática.

Delitos ambientales

• Biología.
• Hidrología.
• Geología.
• Ecología.

Desaparición de personas

• Genética forense.
• Antropología forense.
• Odontología forense.

Funciones esenciales

La prueba pericial permite:

1. Objetivar la investigación.
2. Corroborar o descartar hipótesis.
3. Evitar condenas injustas.
4. Reducir errores judiciales.
5. Combatir la impunidad.
6. Garantizar el debido proceso.

En el sistema acusatorio moderno el ideal es que la decisión judicial descanse más en evidencia científica que en confesiones o testimonios aislados.

PROBLEMA ESTRUCTURAL: Los peritos dependen de la Fiscalía. En la mayoría de los estados mexicanos los servicios periciales siguen formando parte de las Fiscalías Generales. Ello implica dependencia administrativa, presupuestal y jerárquica. Es decir, los mismos órganos encargados de sostener la acusación penal son quienes generan buena parte de la evidencia científica.

Aunque jurídicamente los peritos están obligados a actuar con objetividad, existe una tensión institucional evidente.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado la necesidad de fortalecer la independencia técnica y científica de los servicios forenses.

MODELO RELATIVAMENTE AUTÓNOMO: México todavía no posee un Sistema Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, sin embargo, existen entidades que han desarrollado esquemas más independientes que el modelo tradicional.

JALISCO: Es el ejemplo más robusto de autonomía forense en México El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y científica. No forma parte orgánicamente de la Fiscalía del Estado, aunque auxilia tanto a las autoridades de procuración como de impartición de justicia.

CDMX: El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México y no a la Fiscalía capitalina. Su función consiste en auxiliar técnicamente a las autoridades judiciales mediante servicios periciales. Aunque no es un organismo autónomo constitucional, sí constituye un modelo independiente de la fiscalía.

¿Qué debemos hacer en BCS para crear un Instituto Estatal de Ciencias Forenses Independiente?

Desde una perspectiva jurídica e institucional, BCS podría impulsar una reforma integral.

Primera etapa: reforma constitucional local

La Constitución Política del Estado debería reconocer:

• El Instituto Estatal de Ciencias Forenses.
• Su autonomía técnica.
• Su autonomía científica.
• Su autonomía presupuestaria.
• Su personalidad jurídica propia.

De manera similar a:

• Auditoría Superior.
• Tribunal de Justicia Administrativa.
• Fiscalía Autónoma.

Segunda etapa: Ley del Instituto Estatal de Ciencias Forenses

Expedir una ley especial que establezca:

Objeto Realizar toda actividad científica y forense del estado.

Principios

• Independencia.
• Imparcialidad.
• Objetividad.
• Transparencia.
• Cadena de custodia.
• Calidad científica.

Facultades

• Servicios periciales.
• Servicio médico forense.
• Banco genético.
• Registro de personas fallecidas no identificadas.
• Antropología forense.
• Búsqueda e identificación humana.

Tercera etapa: Gobernanza autónoma

Se recomienda un Consejo Directivo integrado por:

• Poder Judicial.
• Congreso del Estado.
• Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Universidades
• Colegios de profesionistas.
• Sociedad civil.

Ello impediría el control político o ministerial.

Cuarta etapa: Servicio profesional pericial

Crear una carrera científica basada en:

• Mérito.
• Certificación.
• Evaluación periódica.
• Acreditación internacional.

Quinta etapa: Acreditación de laboratorios

Alinear todos los laboratorios a:

• ISO/IEC 17025.
• ISO 17020.
• Estándares ENFSI.
• Recomendaciones ONU.
• Recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Propuesta estratégica para BCS

Considero que el mejor modelo para Baja California Sur sería una combinación de:

1. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (autonomía administrativa).
2. INCIFO de la Ciudad de México (vinculación con la impartición de justicia).
3. Mecanismos internacionales de identificación humana derivados de la crisis de desapariciones.

Con ello, BCS podría convertirse en la primera entidad del Noroeste del país en contar con un Instituto Estatal de Ciencias Forenses verdaderamente independiente, capaz de atender no sólo la investigación penal, sino también la identificación humana, la protección de víctimas y el combate a la impunidad mediante evidencia científica objetiva.

Desde una perspectiva de política pública, la creación de este instituto constituiría probablemente la reforma más importante del sistema de procuración y administración de justicia sudcaliforniano desde la implementación del sistema penal acusatorio.

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El Vigía del Desierto

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El filo de la lezna entra con una resistencia seca en la vaqueta curtida con corteza de palo blanco. En los ranchos encaramados en las espaldas minerales de la Sierra de Guadalupe y de San Francisco, el silencio sólo lo rompe el crujido del cuero y el viento caliente que baja barriendo los cañones. Aquí, las manos que labran las teguas, las polainas y los aparejos tienen la piel cuarteada por décadas de sol y salitre serrano; son manos de hombres que rebasan los sesenta y setenta años. No hay muchachos sentados al lado aprendiendo el oficio. En los corrales de piedra seca, donde el ganado criollo aprende a ramonear ramas espinosas entre biznagas y cardones, la soledad ha dejado de ser una condición del aislamiento geográfico para convertirse en un veredicto demográfico: la cultura del ranchero choyero, forjada durante más de dos siglos a la sombra de los antiguos caminos misionales jesuitas, se está quedando sin herederos.

La fractura no es fortuita ni obedece únicamente al paso del tiempo. De acuerdo con estudios socioambientales y diagnósticos agrarios disponibles en la entidad, las sequías recurrentes han menguado los hatos caprinos y bovinos, reduciendo al mínimo la producción artesanal del queso de aro y obligando a las familias serranas a vender sus animales antes de verlos morir de sed. Pero la estocada definitiva no baja del cielo seco, sino que sube desde el litoral. A menos de 200 kilómetros hacia el Sur, el corredor de Los Cabos y La Paz expande sin descanso una maquinaria hotelera e inmobiliaria que devora brazos jóvenes a cambio de salarios de intendencia, jardinería o cocina. Los hijos y nietos de los rancheros no montan a caballo ni curten pieles; visten uniformes de poliéster en lavanderías de lujo y habitan colonias polvorientas sin drenaje en la periferia de Cabo San Lucas, donde el agua potable llega cada dos semanas en pipas que cobran precios exorbitantes, mientras a pocos metros los campos de golf de los desarrollos turísticos se mantienen de un verde fosforescente mediante desalinizadoras privadas.

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Esta transferencia de vidas no solo vacía la montaña, sino que transmuta el significado del territorio. Más al Sur, donde la Sierra de la Laguna se suaviza hacia el Golfo, los antiguos enclaves mineros de El Triunfo y San Antonio exponen otra cara de este reordenamiento. Poblados que vivieron el esplendor de las chimeneas inglesas del siglo XIX y que luego languidecieron como sombras de adobe, experimentan en los últimos años un rescate patrimonial impulsado primordialmente por fundaciones y fideicomisos de inversión privada. Museos de impecable museografía, cafeterías de diseño y restaurantes de corte gourmet han florecido alrededor de la colosal chimenea La Ramona. Sin embargo, como han advertido investigadores locales y pobladores de la zona, este renacimiento opera bajo una curaduría selectiva: el patrimonio histórico se restaura y se exhibe en función de la capacidad de pago del visitante extranjero o del visitante de fin de semana, mientras la población nativa queda relegada a proveer servicios menores en un paisaje que ya no le pertenece en términos de decisión ni de usufructo.

El contraste resulta desgarrador. Por un lado, la memoria viva de la sierra profunda —la que conserva el manejo sustentable del desierto, el conocimiento botánico ancestral y la memoria oral de las misiones— carece de subsidios efectivos, de relevo generacional y de protección estatal, reduciéndose paulatinamente a una estética folclórica de souvenir vendida en las tiendas de los aeropuertos. Por el otro, la memoria estática de los viejos pueblos mineros se esteriliza, mercantilizándose como una experiencia colonial chic que maquilla el pasado extractivo mientras los acuíferos subterráneos de la región continúan bajo estrés crónico, amenazados por la especulación inmobiliaria y los proyectos mineros latentes que los propios serranos han tenido que frenar en asambleas comunitarias.

La sudcalifornidad, entendida como ese pacto secular de supervivencia frente a la aridez extrema, no está desapareciendo por agotamiento biológico, sino por desalojo económico. El modelo hegemónico de desarrollo en la península ha decidido que el desierto sólo tiene valor si colinda con una alberca infinita o si sirve como escenografía rústica para el consumo fugaz. Cuando el último viejo guarde sus herramientas en el fondo de una casa de piedra y el ganado no reconozca ya un silbido humano en la quebrada, no se habrá apagado simplemente una labor rústica: se habrá consumado la pérdida irremediable de una civilización que supo florecer en la escasez, sepultada por la prisa de un paraíso artificial que jamás ha sabido qué hacer con su propia memoria.

Fuentes consultadas y referencias técnicas

▪  Cariño Olvera, Micheline, & Monteforte, Mario. Del saqueo a la conservación: historia ambiental contemporánea de Baja California Sur, 1940-2003. SEMARNAT / UABCS, 2008.

▪  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Agropecuario 2022: Resultados definitivos para Baja California Sur. Publicado en 2023.

▪  Urciaga García, José, & Monteforte, Mario. Crecimiento económico y sustentabilidad en Baja California Sur. UABCS, 2017.

▪  Registros del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER: Monitoreo de producción pecuaria y sequía recurrente en zonas serranas de Baja California Sur (2021-2025).

▪  Documentos públicos de zonificación y programas de manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre / Sierra de San Francisco (CONANP).

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