El desafío de proteger al negocio. Robos a negocios en Baja California Sur (II)

FOTOS: BCS Noticias | El Sudcaliforniano.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Uno de los mayores desafíos para combatir el robo a negocios en Baja California Sur no radica únicamente en detener a los responsables, sino en evitar que el delito ocurra. Las autoridades reconocen que la prevención resulta más compleja conforme crecen las ciudades y aumenta la actividad económica. En municipios como Los Cabos y La Paz, donde diariamente abren cientos de establecimientos comerciales y circulan miles de personas, mantener presencia policial permanente en todas las zonas resulta materialmente imposible. Las propias estadísticas muestran esta concentración territorial. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2026 se iniciaron 138 carpetas de investigación por robo a negocio, mientras que Los Cabos y La Paz concentraron la mayor parte de las denuncias por delitos de robo en sus distintas modalidades, reflejo del peso económico y demográfico que ambos municipios tienen dentro del Estado.

Especialistas en seguridad pública señalan que este tipo de delitos suele estar vinculado con factores de oportunidad. Comercios con escasa iluminación exterior, ausencia de cámaras de videovigilancia, manejo de efectivo durante horarios nocturnos, personal reducido o locales ubicados en colonias con poca vigilancia se convierten en objetivos más atractivos para los delincuentes. En muchos casos, los responsables aprovechan apenas unos minutos para ingresar, sustraer mercancía o dinero y abandonar el lugar antes de que llegue una patrulla. Las corporaciones policiacas han respondido mediante estrategias de proximidad social, patrullajes focalizados y coordinación entre la Policía Estatal Preventiva, las policías municipales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C4 y el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de imágenes han permitido esclarecer diversos casos y obtener mayores elementos de prueba para integrar carpetas de investigación. Sin embargo, las autoridades reconocen que la tecnología, por sí sola, no sustituye la presencia preventiva en las calles.

También te podría interesar: El desafío de proteger al negocio. Robos a negocios en Baja California Sur (I)

Otro obstáculo importante es la llamada cifra negra. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de los delitos cometidos en Baja California Sur no llegan a denunciarse formalmente. Muchas víctimas consideran que el trámite implica pérdida de tiempo, desconfían de las instituciones o estiman que el daño económico no justifica iniciar un procedimiento penal. Esta situación limita la capacidad de las autoridades para identificar patrones delictivos, asignar recursos policiales y perseguir penalmente a los responsables. Para los comerciantes, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida inmediata de mercancías. Cada robo representa inversiones adicionales en cámaras de seguridad, alarmas, reforzamiento de puertas, contratación de vigilancia privada y pago de pólizas de seguro más costosas. En pequeños negocios familiares, una sola sustracción puede significar la pérdida de semanas completas de ingresos, afectando incluso el pago de salarios o la reposición de inventarios.

Los organismos empresariales también advierten que la percepción de inseguridad influye en la confianza para invertir. Aunque Baja California Sur mantiene indicadores delictivos inferiores a muchas entidades del país, el comercio organizado considera indispensable fortalecer la prevención para evitar que el crecimiento económico sea acompañado por un incremento sostenido de los delitos patrimoniales. En Los Cabos, por ejemplo, representantes empresariales han señalado que el robo a negocio continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, aun cuando no se observe un incremento acelerado en las cifras oficiales. No obstante, las autoridades sostienen que existen resultados alentadores. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que durante 2025 los delitos patrimoniales presentaron reducciones en distintos rubros, incluido el robo a negocio, que disminuyó alrededor de 2 % respecto al año anterior. Asimismo, destacó el incremento en órdenes de aprehensión cumplimentadas, recuperación de vehículos y aseguramiento de objetos robados como parte del fortalecimiento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Sin embargo, la disminución porcentual no elimina la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. El acelerado crecimiento demográfico de Baja California Sur obliga a ampliar continuamente el estado de fuerza policial, incrementar la capacitación de los agentes, modernizar el equipamiento tecnológico y consolidar sistemas de inteligencia criminal capaces de anticipar los movimientos de grupos dedicados al robo patrimonial. Otro reto consiste en fortalecer la coordinación con los municipios. Las policías preventivas son la primera línea de respuesta ante una llamada de emergencia, mientras que la investigación corresponde al Ministerio Público y a la Policía de Investigación. Cuando esta coordinación funciona de manera eficiente, aumentan las posibilidades de detener a los responsables en flagrancia o recuperar los bienes sustraídos. Cuando existen retrasos o deficiencias en la comunicación institucional, las investigaciones pueden perder información valiosa durante las primeras horas posteriores al delito.

Las perspectivas para los próximos años dependerán de varios factores. Por un lado, continuará el crecimiento económico impulsado por el turismo, la construcción y los servicios, especialmente en Los Cabos y La Paz. Ese dinamismo generará nuevas oportunidades comerciales, pero también exigirá mayores capacidades de vigilancia y prevención. Por otro lado, las inversiones en tecnología, inteligencia policial y profesionalización de los cuerpos de seguridad podrían traducirse en mejores resultados si van acompañadas de una mayor participación ciudadana mediante la denuncia. La prevención situacional también aparece como una estrategia relevante. Expertos recomiendan mejorar el diseño urbano de las zonas comerciales mediante iluminación adecuada, cámaras conectadas a los centros de monitoreo, botones de emergencia, capacitación del personal para actuar durante un asalto y campañas permanentes de cultura de la denuncia. Estas medidas reducen las oportunidades para la comisión del delito y fortalecen la colaboración entre comerciantes y autoridades.

El combate al robo a negocios en Baja California Sur muestra, en consecuencia, un panorama mixto. Las cifras oficiales reflejan avances en algunos indicadores y una mayor capacidad de investigación por parte de las instituciones de seguridad. Al mismo tiempo, persisten limitaciones asociadas al crecimiento urbano, la insuficiencia de personal policial, la cifra negra y la necesidad de fortalecer la prevención.

Más allá de las estadísticas, el verdadero desafío consiste en garantizar que cada comerciante pueda abrir su negocio con la certeza de que su patrimonio estará protegido. Alcanzar ese objetivo requerirá mantener la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, consolidar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia y continuar invirtiendo en inteligencia, tecnología y proximidad policial. Sólo mediante una estrategia integral será posible reducir de manera sostenida un delito que, aunque ha mostrado signos de contención, continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad y el desarrollo económico de Baja California Sur.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

El desafío de proteger al comercio. Robo a negocios en Baja California Sur (I)

FOTOS: Tribuna de México | Zeta Tijuana.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando los primeros comerciantes levantan las cortinas metálicas de sus establecimientos en La Paz, Los Cabos, Ciudad Constitución o Loreto, una preocupación permanece constante: encontrar el negocio tal como lo dejaron la noche anterior. Para cientos de pequeños y medianos empresarios sudcalifornianos, el robo a comercio representa uno de los delitos patrimoniales con mayor impacto económico, no sólo por la pérdida de mercancías o dinero en efectivo, sino por la sensación de vulnerabilidad que genera y los costos adicionales en sistemas de seguridad, seguros y vigilancia privada. Aunque las estadísticas oficiales muestran que Baja California Sur continúa entre las entidades con menor incidencia delictiva del país en diversos indicadores, el robo a negocios sigue siendo un fenómeno persistente cuya evolución refleja tanto avances institucionales como limitaciones operativas derivadas del crecimiento urbano, la movilidad poblacional y la sofisticación de algunos grupos dedicados a delitos patrimoniales.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo a negocio mantiene un comportamiento variable. Durante 2025 se registraron incrementos mensuales que encendieron alertas entre autoridades y organismos empresariales; por ejemplo, entre mayo y junio de ese año las denuncias crecieron casi 37 %, acumulando 229 carpetas de investigación durante el primer semestre. En todo 2024 se habían iniciado 517 investigaciones por este delito, evidencia de que el fenómeno continúa siendo uno de los principales retos para las corporaciones policiales del estado. Las cifras más recientes indican que durante los primeros meses de 2026 el delito presentó una disminución respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, el volumen de denuncias mantiene al robo como una de las conductas delictivas con mayor presencia en Baja California Sur. Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran la mayoría de las carpetas de investigación debido a que reúnen la mayor población, actividad comercial y flujo turístico del estado.

También te podría interesar: Cabo San Lucas: vivir con sed en el paraíso turístico

Para comprender este fenómeno es necesario observar el extraordinario crecimiento económico que ha experimentado Baja California Sur durante la última década. Municipios como Los Cabos figuran entre los de mayor crecimiento poblacional del país impulsados por el turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario. Esa expansión ha multiplicado el número de comercios, plazas, restaurantes, supermercados y establecimientos de servicios, pero también ha incrementado las oportunidades para la delincuencia patrimonial. Las autoridades estatales sostienen que buena parte de los robos corresponden a delitos de oportunidad. Comercios con escasas medidas de seguridad, ausencia de sistemas de videovigilancia, manejo de efectivo y horarios nocturnos representan condiciones que facilitan la comisión de estos ilícitos. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las policías municipales han fortalecido operativos preventivos, patrullajes focalizados y coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Uno de los avances más importantes ha sido el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia urbana mediante el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que permite atender reportes en tiempo real y facilitar investigaciones posteriores mediante el análisis de imágenes. Paralelamente, la PGJE ha reforzado sus capacidades de investigación criminal, utilizando evidencia tecnológica para integrar carpetas de investigación y obtener órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. La propia institución mantiene estadísticas públicas sobre incidencia delictiva y publica de manera permanente resultados de judicializaciones relacionadas con delitos patrimoniales.

Los resultados de estas acciones comienzan a observarse en algunos municipios. En La Paz, autoridades municipales informaron que entre 2021 y 2025 varios delitos patrimoniales registraron reducciones, entre ellos el robo a negocio, cuya incidencia disminuyó alrededor de 12.5 %, como parte de una estrategia basada en mayor presencia policial, recuperación de espacios públicos y coordinación entre corporaciones de seguridad. No obstante, la disminución estadística no significa que el problema esté resuelto. Comerciantes consultados por organismos empresariales señalan que muchos establecimientos continúan invirtiendo recursos propios para instalar cámaras, alarmas, cortinas reforzadas y sistemas electrónicos de monitoreo, debido a que consideran insuficiente la capacidad preventiva de las corporaciones para cubrir todas las zonas comerciales durante las noches y madrugadas.

A ello se suma un obstáculo que afecta la medición real del delito: la llamada «cifra negra». La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, elaborada por el INEGI, estima que en Baja California Sur el 90.5 % de los delitos no derivan en una denuncia con carpeta de investigación. Apenas el 12.6 % de los delitos son denunciados y solamente una parte concluye con el inicio formal de una investigación. Entre las principales razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo y la desconfianza hacia las autoridades. Esta realidad implica que las estadísticas oficiales representan únicamente una parte del fenómeno. Muchos pequeños comerciantes prefieren absorber las pérdidas económicas antes que iniciar un procedimiento legal que consideran largo, complejo o con pocas probabilidades de recuperar sus bienes.

Además, la dinámica propia del estado plantea desafíos particulares. La enorme extensión territorial de Baja California Sur, la dispersión de comunidades y el acelerado crecimiento urbano dificultan mantener una cobertura policial homogénea. Mientras algunas zonas comerciales cuentan con vigilancia permanente, otras dependen de patrullajes preventivos cuya frecuencia resulta insuficiente para inhibir completamente la actividad delictiva.

—–

Daño al proyecto de vida

FOTOS: Archivos.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el ámbito del derecho penal moderno, la reparación del daño ha evolucionado desde un enfoque meramente patrimonial hacia una concepción integral que busca restituir, en la medida de lo posible, la dignidad y el desarrollo de la víctima.

Dentro de esta evolución surge una figura de particular relevancia: el daño al proyecto de vida, entendido como la afectación a las expectativas razonables de realización personal, profesional y social de una persona. El concepto tiene su origen en el desarrollo en el ámbito internacional de los derechos humanos, particularmente en América Latina. Doctrinariamente, se vincula con la idea de que la persona no solo tiene bienes patrimoniales, sino también una trayectoria vital susceptible de protección jurídica.

También te podría interesar: Usos y costumbres de los pueblos indígenas

El concepto, en la doctrina dominante, se clasifica actualmente como una categoría autónoma de daño inmaterial. Surge como una ampliación del daño moral, al reconocer que ciertas violaciones no solo generan sufrimiento emocional, sino que truncan el desarrollo de vida de la persona.

Normativamente se finca en el principio pro persona, dentro del marco de los derechos humanos, y se rige bajo el presupuesto de reparación integral del daño, que contempla daños materiales e inmateriales, conforme a lo previsto en la Ley General de Victimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La SCJN ha reconocido la necesidad de una reparación integral, que no se limite a daños económicos, sino que contemple afectaciones profundas a la persona, bajo la premisa de que la reparación debe ser proporcional, integral y diferenciada, atendiendo a la naturaleza del daño.

Nuestro Máximo Tribunal federal reconoce la influencia de estándares internacionales en materia de derechos humanos, atendiendo siempre al principio de progresividad, y si bien no siempre utiliza expresamente el término “proyecto de vida”, sí ha aceptado la indemnización por daños inmateriales complejos, lo que permite su incorporación.

En el ámbito convencional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado con mayor claridad esta figura, como podemos constatarlo en los casos emblemáticos:

“Loayza Tamayo vs. Perú” (1998): Define el daño al proyecto de vida como la afectación a la realización personal derivada de violaciones graves.

“Cantoral Benavides vs. Perú” (2000): Se reconoce expresamente que la detención arbitraria alteró el curso de vida del afectado.

“González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México” (2009): Se vincula el daño al proyecto de vida con la imposibilidad de desarrollo pleno de las víctimas.

La Corte IDH establece que este daño es autónomo, independiente del daño moral y del lucro cesante.

Derecho comparado

Perú: Reconocido ampliamente en jurisprudencia constitucional y civil.

Argentina: Se ha incorporado en decisiones sobre responsabilidad civil, especialmente en casos de lesiones graves.

Colombia: La Corte Constitucional lo vincula con el concepto de vida digna.

Chile: Se reconoce de forma incipiente dentro de daños extrapatrimoniales.

En general, los países latinoamericanos han integrado este concepto bajo la influencia del sistema interamericano.

Acreditación e indemnización del daño al proyecto de vida

Para probar este tipo de daño, se deben considerar:

Condiciones personales de la víctima: Edad, nivel educativo, actividad profesional.
Proyecto de vida previo: Planes académicos, trayectoria laboral, expectativas razonables.
Impacto del delito: Limitación permanente o temporal, cambio radical de vida, imposibilidad de alcanzar metas.
Medios probatorios: Peritajes psicológicos y sociales, testimonios, documentación académica o laboral

Cuantificación

No existe una fórmula matemática rígida. Los jueces suelen aplicar criterios como: equidad, proporcionalidad, gravedad de la afectación, duración del perjuicio (temporal o permanente)

En el ámbito internacional, la Corte IDH fija montos considerando: circunstancias del caso, impacto integral en la víctima y estándares de reparación integral

Corolario

El daño al proyecto de vida representa uno de los avances más significativos en materia de justicia penal y derechos humanos. Su reconocimiento implica aceptar que las violaciones no solo generan pérdidas económicas, sino que pueden destruir trayectorias de vida completas.

En México, su desarrollo aún es progresivo, pero la influencia del derecho internacional permite consolidar una visión más humana de la reparación del daño, donde el objetivo no es solo indemnizar, sino restituir la dignidad y las oportunidades de la víctima.

—–

Cabo San Lucas: vivir con sed en el paraíso turístico

FOTOS: IA | OOMSAPAS.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). A primera vista, Cabo San Lucas parece una ciudad privilegiada. Sus playas, hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios y una de las industrias turísticas más dinámicas de México proyectan una imagen de prosperidad permanente. Sin embargo, detrás de esa postal existe una realidad cotidiana que afecta a miles de habitantes: la dificultad para acceder de manera regular al agua potable. Mientras millones de visitantes llegan cada año para disfrutar de uno de los destinos más importantes del país, numerosas colonias de la ciudad continúan dependiendo de sistemas de tandeo, almacenamiento en tinacos y suministro mediante camiones cisterna. La paradoja resulta evidente: una región rodeada por el mar enfrenta una de las crisis hídricas más complejas del noroeste mexicano.

La problemática no es nueva. Durante décadas, el crecimiento acelerado de Los Cabos superó la capacidad de la infraestructura hidráulica existente. La expansión urbana, el desarrollo turístico, el aumento de la población flotante y los efectos de la sequía prolongada han generado una presión constante sobre las fuentes de abastecimiento disponibles. De acuerdo con información del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), gran parte del suministro de Cabo San Lucas depende de pozos subterráneos, acueductos y de la planta desaladora actualmente en operación. Sin embargo, la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la capacidad instalada.

También te podría interesar: Baja California Sur rumbo al 2027: la disputa adelantada por la gubernatura

La magnitud del problema quedó reflejada en diversos informes oficiales y periodísticos difundidos durante 2025 y 2026. Datos citados por autoridades municipales indican que Cabo San Lucas requería alrededor de mil litros por segundo para cubrir adecuadamente la demanda urbana y turística, mientras que la producción disponible rondaba los 480 litros por segundo, generando un déficit estructural que repercute directamente en la población. Las consecuencias son visibles en numerosas colonias donde el agua llega por horarios determinados o con intervalos de varios días. El sistema de tandeo se ha convertido en una herramienta permanente para distribuir un recurso insuficiente entre una población cada vez mayor. Incluso en 2026, el propio organismo operador mantiene programas de distribución calendarizada para distintas zonas del municipio y continúa realizando ajustes para equilibrar la disponibilidad del recurso.

La escasez no puede explicarse únicamente por el crecimiento poblacional. Especialistas en gestión hídrica han señalado que la península de Baja California posee condiciones naturales particularmente adversas. La región recibe escasas precipitaciones anuales, cuenta con acuíferos limitados y enfrenta un proceso constante de sobreexplotación de fuentes subterráneas. A ello se suma el impacto del cambio climático, que ha provocado periodos más prolongados de sequía y una mayor incertidumbre en la recarga natural de los mantos acuíferos. El crecimiento demográfico constituye otro factor decisivo. Durante los últimos veinte años, Los Cabos ha registrado una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del país. Miles de personas llegan cada año atraídas por las oportunidades laborales generadas por el turismo, la construcción y los servicios. Este fenómeno ha impulsado el surgimiento de nuevas colonias y asentamientos que demandan infraestructura hidráulica, drenaje y servicios públicos a una velocidad que las autoridades difícilmente pueden igualar. La actividad turística también ejerce una presión significativa sobre el sistema. Los hoteles, restaurantes, campos de golf y desarrollos residenciales requieren grandes volúmenes de agua para operar. Aunque muchos complejos han incorporado tecnologías de ahorro y reutilización, la demanda global continúa creciendo. El reto consiste en garantizar el desarrollo económico sin comprometer el acceso al agua para la población residente.

Otro problema importante se encuentra en la infraestructura existente. Las fugas en redes de distribución, acueductos y líneas de conducción representan pérdidas considerables. En diversas ocasiones, OOMSAPAS ha informado sobre reparaciones emergentes en acueductos estratégicos cuya operación resulta fundamental para el abastecimiento de la ciudad. Cada interrupción o avería genera afectaciones inmediatas para miles de usuarios. Frente a este panorama, las autoridades municipales y estatales han impulsado diversas estrategias para enfrentar la emergencia. Una de las más relevantes es la construcción de la segunda planta desaladora de Cabo San Lucas, considerada la obra hídrica más importante de la región en las últimas décadas.

Según información oficial de OOMSAPAS y del Ayuntamiento de Los Cabos, esta nueva infraestructura tendrá capacidad para aportar aproximadamente 250 litros por segundo adicionales a la red de distribución. La obra registra avances importantes en su construcción y es presentada como una pieza fundamental para reducir el déficit que actualmente enfrenta la ciudad. No obstante, la desaladora también refleja los desafíos que acompañan a las soluciones de gran escala. Aunque inicialmente se esperaba que comenzara operaciones durante 2026, reportes recientes indican que su entrada en funcionamiento podría concretarse hasta principios de 2027. Esto significa que la población deberá continuar enfrentando restricciones y esquemas de distribución controlada durante los próximos meses.

Mientras la nueva planta concluye su construcción, las autoridades han implementado medidas de corto plazo. Entre ellas destaca la rehabilitación de la desaladora existente, la incorporación de nuevas unidades de distribución mediante pipas y la atención prioritaria a colonias consideradas críticas. El gobierno municipal informó recientemente sobre la adquisición de veinte camiones cisterna para reforzar el suministro gratuito en sectores con mayores problemas de abastecimiento. Asimismo, se han destinado recursos para fortalecer la infraestructura hidráulica mediante proyectos financiados con fondos federales y municipales. OOMSAPAS ha anunciado inversiones superiores a los 260 millones de pesos orientadas a ampliar redes, mejorar sistemas de distribución y modernizar instalaciones estratégicas del municipio.

Otra medida que comienza a ganar relevancia es la sectorización de la red hidráulica. Esta estrategia consiste en dividir el sistema de distribución en áreas específicas para monitorear consumos, detectar fugas y administrar de manera más eficiente los caudales disponibles. Las autoridades consideran que esta herramienta permitirá mejorar la equidad en la distribución y reducir pérdidas que actualmente afectan el rendimiento del sistema. Sin embargo, los expertos coinciden en que ninguna obra resolverá por sí sola la crisis hídrica de Los Cabos. La desalación representa una alternativa indispensable para una región con limitadas fuentes naturales de agua dulce, pero también implica altos costos energéticos y financieros. Su éxito dependerá de una planeación integral que contemple crecimiento urbano ordenado, eficiencia operativa y protección de los recursos disponibles.

En ese contexto, el uso responsable del agua adquiere una importancia estratégica. Programas de cultura hídrica promovidos por instituciones gubernamentales buscan sensibilizar a la población sobre el ahorro, la detección de fugas domésticas y la reutilización de agua tratada para actividades que no requieren calidad potable. Aunque estas acciones pueden parecer menores frente a una crisis de gran magnitud, representan una herramienta fundamental para reducir la presión sobre el sistema. La realidad de Cabo San Lucas demuestra que el acceso al agua se ha convertido en uno de los principales desafíos para el futuro del municipio. El problema trasciende la infraestructura y se relaciona con la forma en que una ciudad crece, administra sus recursos y planifica su desarrollo. El turismo continuará siendo el motor económico de la región, pero su sostenibilidad dependerá cada vez más de la capacidad para garantizar servicios básicos a la población.

Por ahora, la ciudad vive una etapa de transición. Las obras avanzan, las autoridades implementan medidas emergentes y miles de familias esperan que la llegada de nuevas fuentes de abastecimiento reduzca los periodos de escasez. Sin embargo, la experiencia de los últimos años deja una lección clara: en una región desértica como Los Cabos, el agua ya no puede considerarse un recurso abundante. Es, probablemente, el factor que definirá el desarrollo económico, social y urbano de Cabo San Lucas durante las próximas décadas.

—–

Usos y costumbres de los pueblos indígenas

FOTOS: Pao Laroid/Shutterstock | Foro Jurídico Mx.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el ámbito jurídico mexicano, los usos y costumbres se entienden como el conjunto de normas, prácticas y formas de organización social que los pueblos y comunidades indígenas precolombinas han desarrollado históricamente y que regulan aspectos esenciales de su vida interna, como:

La elección de autoridades
La resolución de conflictos
El acceso y uso de la tierra
Las relaciones familiares y comunitarias

También te podría interesar: El costo de alterar el orden de los apellidos en BCS

A partir de la reforma constitucional, tales sistemas normativos fueron reconocidos expresamente en el Artículo 2º de la Constitución, como manifestación del derecho a la autodeterminación y autonomía indígena.

La Suprema Corte ha desarrollado una línea interpretativa sólida en torno a los sistemas normativos indígenas. Entre sus criterios más relevantes destacan:

Los usos y costumbres tienen validez jurídica, no son meras prácticas culturales, forman parte del pluralismo jurídico mexicano, coexistiendo con el sistema legal estatal, deben ser respetados por las autoridades, siempre que no vulneren derechos humanos, especialmente los de mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Los jueces están obligados a aplicar una perspectiva intercultural, lo que implica comprender el contexto cultural al resolver conflictos.
El reconocimiento de estos sistemas no es concesión del Estado, sino un derecho preexistente de los pueblos indígenas.

A nivel internacional, la Corte Interamericana ha fortalecido este reconocimiento dentro del marco de derechos humanos. Sus principales aportaciones incluyen:

◆ El derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones jurídicas y políticas.

◆ La protección de la identidad cultural como elemento esencial de la dignidad humana.

◆ El reconocimiento del derecho al territorio y a sus formas tradicionales de posesión y uso (casos como Awas Tingni vs. Nicaragua o Yakye Axa vs. Paraguay).

◆ La obligación de los Estados de garantizar la consulta previa, libre e informada.

En este contexto, los usos y costumbres no son vistos como excepciones, sino como expresiones legítimas de derechos colectivos.

México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que necesita superar una visión integracionista y avanzar hacia un modelo de reconocimiento y respeto a la diversidad que pueda garantizar autonomía, sin romper la unidad del Estado.

Lo anterior plantea la necesidad de armonizar el respeto a los sistemas normativos indígenas con el marco de derechos humanos, pues la crítica recurrente es que el reconocimiento plasmado en el marco constitucional es limitado y condicionado, dejando amplio margen a las legislaciones estatales.

A diferencia de otras entidades, Baja California Sur no cuenta con una ley estatal específica de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, por razones históricas y demográficas:

No existen pueblos indígenas originarios con asentamientos históricos consolidados en el territorio estatal en términos comparables a otras regiones del país.

La población indígena en BCS es mayoritariamente migrante, proveniente preponderantemente de estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Esto ha llevado a una percepción institucional de que no se requiere una legislación específica, lo cual es jurídicamente cuestionable.

Las comunidades indígenas migrantes en BCS pueden invocar usos y costumbres, pero deben acreditar plenamente su identidad cultural. No es válido escudarse en un indigenismo de oportunidad, para tratar de crear un estadio ficticio de supra normatividad.

En el supuesto de existir una comunidad radicada en la media península que invoque y acredite identidad plena, basada en usos y costumbres propios de etnias precolombinas, deberán cubrirse algunos matices importantes.

Fundamentación

◆ Derechos humanos universales

Los derechos de los pueblos indígenas no dependen del territorio originario, sino de su identidad cultural y colectiva.

◆ Constitución y estándares internacionales

El Artículo 2º constitucional y la jurisprudencia interamericana reconocen derechos a los pueblos indígenas sin limitar su ejercicio a su lugar de origen.

◆ Autodeterminación en contextos migrantes

Las comunidades indígenas pueden organizarse, preservar sus normas internas y prácticas culturales incluso fuera de su territorio ancestral.

Límites

Փ No pueden ejercer funciones que impliquen sustituir al Estado (por ejemplo, crear sistemas paralelos de justicia con efectos generales fuera de su ámbito comunitario).

Փ Sus usos y costumbres deben respetar derechos humanos y orden público.

Փ La falta de reconocimiento legal estatal puede dificultar su ejercicio efectivo.

Corolario

El reconocimiento de los usos y costumbres no es una concesión cultural, sino un imperativo constitucional y de derechos humanos. Incluso en entidades como Baja California Sur, donde las comunidades indígenas son mayoritariamente migrantes, el Estado tiene la obligación de garantizar su derecho a la identidad, autonomía y organización.

—–