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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas, opiniones e información sin temor a represalias, censura o castigo. Tiene una doble dimensión: individual: protege el derecho de cada persona a manifestar su pensamiento, y social: garantiza el acceso a información plural, esencial para la democracia.

Este derecho no es absoluto: puede limitarse para proteger otros derechos, como la honra, la seguridad nacional o el orden público. La libertad de expresión, como garante en la comunicación social, tiene raíces en:

• Antigua Grecia:La parresía (libertad de hablar) era central en el ágora ateniense.
• Revolución Francesa (1789): La Declaración de los Derechos del Hombre consagró la libre comunicación de ideas.
• Primera Enmienda de EEUU (1791): Prohibió al Congreso restringir la libertad de prensa y expresión.
• La Ilustración: Consolidó la idea de que el pensamiento libre es esencial para el progreso social.

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Marco constitucional

La Constitución Mexicana en el Artículo 6º protege la manifestación de ideas, el derecho de réplica y el acceso a la información, y en el Artículo 7º declara inviolable la libertad de difundir opiniones por cualquier medio; prohíbe la censura previa y restricciones indirectas.

La protección constitucional a la libertad de expresión consagrada en ambos artículos debe ser interpretada siempre, bajo el principio pro persona del Artículo 1º constitucional.

Tratados internacionales

México ha ratificado instrumentos clave que protegen este derecho:

Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el Derecho a opinar y difundir sin fronteras.

Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa y restricciones indirectas.

Jurisprudencia de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios clave:

Amparo Directo en Revisión 1302/2009: Reconoce que particulares ejercen libertad de expresión a través de medios, y deben asumir responsabilidades.

Libertad de expresión vs. derecho al honor: La Corte ha delimitado el uso de expresiones vejatorias y maliciosas como límites válidos.

Protección del periodismo: Se ha consolidado el derecho al secreto profesional y la reserva de fuentes.

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“La Última Tentación de Cristo vs. Chile”: Censura previa incompatible con el artículo 13 CADH.

“Kimel vs. Argentina”: Condena penal por opinión vulnera la libertad de expresión.

“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”: Reafirma la protección del periodismo crítico.

“Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México”: Reafirma el rol de la expresión en contextos de protesta y crítica al poder.

Legislación Secundaria

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Ley de Protección de Datos Personales
• Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión

La libertad de expresión es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos, y se constituye en herramienta fundamental para mantener y desarrollar la democracia constitucional, pues es el derecho que permite a los gobernados formarse una opinión y participar en el debate de temas fundamentales en la vida pública del país.

En un mundo globalizado y en una sociedad que cuenta cada día con más y mejores herramientas de comunicación, la protección y respeto a la libertad de expresión cobra mayor vigencia y actualidad, gracias al amplio espectro de difusión masiva que la moderna tecnología brinda a los medios de comunicación masiva, destacando por su accesibilidad y bajo costo, los medios digitales en general y las redes sociales en particular.

Todos los medios de comunicación masiva tienen el compromiso social y deber constitucional de propiciar y permitir una mayor discusión de los temas de interés público y de propiciar expresiones con distintos puntos de vista que nutran el debate y la deliberación pública.

En contexto, cobra especial relevancia también el derecho de réplica, herramienta que garantiza que todas las personas tengan el mismo acceso a difundir información sobre un hecho en que se les aluda, para alcanzar con ello un equilibrio en la información plural disponible.

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FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con más de mil 500 elementos de las diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como los cuerpos de asistencia y auxilio, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, dio el banderazo de inicio del operativo “Verano Seguro 2025”, cuya labor será clave para garantizar un entorno seguro y ordenado tanto para visitantes como para habitantes de Baja California Sur.

El evento oficial de arranque tuvo lugar en la Plaza de la Reforma de Palacio de Gobierno donde el mandatario estatal destacó que el objetivo de estas acciones busca reforzar las labores de seguridad, prevención y atención durante la temporada turística en la región, ofreciendo un destino seguro, ordenado y con atención eficiente durante este periodo de alta afluencia turística.

El dispositivo, que se implementará del 14 de julio al 31 de agosto, contará con unidades terrestres y acuáticas, que cubrirán puntos recreativos, entre ellos playas y centros comerciales, además de reforzar la vigilancia en áreas urbanas y carreteras en los cinco municipios del estado.

El operativo se suscribe a la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el Gobierno de México, y se realiza según las directrices del programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública de BCS.

FOTOS: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS).En la costa donde la península termina y el desierto se rinde ante el mar, los vientos soplan con fuerza. Pero no son sólo ráfagas de sal y arena: son rumores de cambio, de autonomía largamente anhelada. En Cabo San Lucas, ciudad vibrante y fecunda, late la esperanza de convertirse en el sexto municipio de Baja California Sur, una causa que ha dejado de ser susurro para convertirse en voz firme y organizada.

La propuesta de municipalización, respaldada formalmente el 25 de febrero de 2025 ante el Congreso del Estado, no surgió de improviso. Se gestó en años de crecimiento acelerado, de contrastes evidentes entre el brillo turístico y las carencias cotidianas. Mientras sus playas figuran en los catálogos del mundo, muchas de sus colonias siguen luchando por servicios básicos como pavimentación, agua potable o seguridad pública.

La actual estructura municipal, con cabecera en San José del Cabo, ha mostrado limitaciones para atender de manera equitativa las necesidades de una población que, según el INEGI, ya supera los 300 mil habitantes en la zona de Cabo San Lucas. Este desequilibrio administrativo es uno de los principales motores detrás del movimiento.

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“Producimos mucho, pero recibimos poco”, ha sido un reclamo recurrente en asambleas vecinales, donde ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles coinciden en que los recursos generados localmente no regresan en la proporción que se necesita para resolver problemas urgentes. De hecho, según estimaciones de líderes comunitarios, gran parte del presupuesto del municipio de Los Cabos se consume en gasto corriente, con poca inversión visible en infraestructura social para Cabo San Lucas.

El gobernador Víctor Castro Cosío propuso una consulta ciudadana como mecanismo para definir el rumbo de esta demanda. La iniciativa, aunque legítima y participativa, abre también un compás de espera en el que la ciudadanía continúa organizándose, informándose y exigiendo que su voz sea escuchada con claridad.

La historia de Cabo San Lucas como comunidad es también la historia de su lucha por definir su identidad. Lo que en otro tiempo fue un pequeño puerto pesquero, hoy es uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Pero el crecimiento económico no ha sido acompañado por una descentralización administrativa proporcional. La urgencia no es solo política: es social, urbana y estructural.

En cada calle sin nombre, en cada escuela saturada, en cada familia que espera servicios que nunca llegan a tiempo, se esconde una pregunta poderosa: ¿por qué no gestionar desde aquí lo que aquí se necesita? La municipalización no busca dividir, sino administrar con mayor cercanía. No pretende fragmentar, sino construir desde la base.

El debate no está exento de complejidades legales, presupuestales y logísticas. Pero el principio es claro: Cabo San Lucas tiene población, tiene economía, tiene historia, tiene identidad. Los cuatro pilares que justifican cualquier aspiración municipal en un Estado democrático.

Los vientos que soplan en Cabo San Lucas no son casuales. Son vientos de pueblo. Vientos que emergen de una conciencia colectiva, de una exigencia de justicia administrativa y de representación real. Son los vientos que anuncian la llegada de una nueva etapa, si así lo decide el pueblo, con voz y voto.

Porque en cada comunidad que se levanta para ser dueña de su destino, nace un territorio más justo, más libre y más digno. Y en ese horizonte, Cabo San Lucas no solo pide ser escuchado: exige ser reconocido.

Fuentes consultadas:

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2020.

• Congreso del Estado de Baja California Sur, registro de iniciativas legislativas, febrero 2025.

• Gobierno del Estado de BCS, declaración pública del gobernador Víctor Castro Cosío, junio 2025.

• Participación ciudadana y asambleas comunitarias de Cabo San Lucas, 2024–2025.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de proteger el bienestar de la niñez y de sectores prioritarios de la población, Salud BCS continúa desarrollando acciones permanentes de vigilancia y control epidemiológico de sarampión en el municipio de Comondú, con énfasis en Ciudad Insurgentes, donde se tienen confirmados ocho casos por esta enfermedad.

Además del estudio de contactos que se lleva a cabo desde la detección de los tres primeros casos, profesionales de la salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 Comondú realizan visitas continuas a pacientes confirmados con esta patología para constatar su evolución y verificar si existen nuevas personas con síntomas asociados, indicó la directora de Servicios de Salud, Patricia Romero Sillas, al establecer que este martes se ofreció un curso de actualización sobre esta enfermedad a personal del sector salud en dicho municipio.

Es una capacitación que se impartió a profesionales de la medicina y enfermería que laboran tanto en el sector público y privado de Comondú, con la finalidad de que refuercen su conocimiento sobre medidas de prevención, sintomatología y señales de alerta, diagnóstico y manejo integral de casos sospechosos y confirmados, procesos de notificación, así como acciones de mitigación y control.

Romero Sillas puntualizó que estas acciones se aplican con toda oportunidad en la localidad de Comondú para evitar nuevos contagios, sin embargo, se determinó impartir un curso para reforzar el conocimiento de compañeros que participan en estas estrategias y que laboran directamente en el trato con este tipo de pacientes.

FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVII Legislatura al Congreso del Estado solicitó que se revisen exhaustivamente los protocolos de seguridad de las carreras off road en BCS y establecer condiciones más seguras para los participantes y espectadores.

Ante los hechos ocurridos en la pasada edición de off road, la asamblea aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes para exhortar al Gobierno del Estado, a los cinco ayuntamientos a la Subsecretaría y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, para que convoquen a mesas de trabajo a los organizadores y asociaciones en materia de off road, con la finalidad de establecer condiciones más seguras.

Agundez Cervantes determinó que, pese a que las carreras son un motor económico importante en BCS, sin embargo, hechos lamentables como del pasado domingo 15 de junio durante la carrera “Coyote 300”, en el que un menor fue atropellado por un vehículo participante, replantean la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad, puesto que se tratan de vidas.

El también Presidente de la Comisión de Protección Civil en la XVII Legislatura consideró que se debe de reconsiderar las rutas actuales y las velocidades permitidas en determinadas zonas, especialmente las que atraviesan áreas pobladas, así como el regular que personas se coloquen en zonas de alto peligro, como curvas cerradas.

En la discusión intervinieron a favor, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) quien coincidió en que se deben buscar mecanismos para que se reduzcan los accidentes y solicitó un informe del evento.

La diputada Arlene Moreno (PT) se sumó al llamado para que durante la revisión mecánica de los vehículos, se verifiquen los puntos de seguridad para los expectadores y colocar señaléticas.