FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, según su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), consiste en “realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales con el objetivo de construir un centro de conservación y reproducción de vida silvestre, diseñado con un enfoque que armoniza con el entorno natural, al pie de la montaña, rodeado de vegetación, ideal para realizar actividades de enseñanza y concientización del cuidado de la biósfera.”

Este proyecto es inadmisible, por el daño irreversible que implica al entorno ecológico y a la principal fuente de abasto de agua en el Sur de la entidad. Se trata de un proyecto turístico disfrazado de “centro de conservación”. Cuya creación implica daños irreversibles al ecosistema.

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La Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna fue decretada el 6 de junio de 1994, y cuenta con zonas núcleo y de amortiguamiento, así como Programa de Manejo vigente, el cual delimita de forma estricta las actividades permitidas y prohibidas.

La Conanp reconoce que esta Reserva es el único bosque del Estado; tiene función crítica de captación, retención y distribución de agua, y es fuente directa del abastecimiento hídrico de los municipios de La Paz y Los Cabos.

Cualquier intervención que altere el suelo forestal, la infiltración hídrica o la cobertura vegetal impacta directamente derechos humanos fundamentales, no solo ecosistémicos.

El “Santuario del Tío Checo” tiene la pinta completa de fraude por simulación ambiental. Aunque el proyecto se presenta formalmente como “Centro de conservación y reproducción de vida silvestre con fines educativos” la evidencia pública y técnica demuestra que:

• Implica cambio de uso de suelo forestal,
• Introducción de infraestructura permanente,
• Introducción de fauna no endémica,
• Apertura de caminos, servicios, visitantes, operación turística, y
• Se inserta en una zona ecológicamente frágil y estratégicamente hídrica.

Este proyecto configura jurídicamente un caso de simulación administrativa, donde el discurso de conservación encubre un uso turístico incompatible con el régimen de protección de una Reserva de la Biósfera, y se constituye en una violación directa al derecho humano al medio ambiente sano.

El Artículo 4º de la Constitución reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, con obligación positiva y preventiva del Estado, y al respecto, la SCJN ha establecido que, ante riesgos ambientales, las autoridades deben actuar incluso sin certeza científica, aplicando el principio precautorio.

Esta jurisprudencia es obligatoria y resulta plenamente aplicable, pues existe riesgo real al sistema hídrico, se trata de un Área Natural Protegida, y los daños serían irreversibles.

El principio precautorio no exige prueba plena del daño, basta la posibilidad razonable de afectación grave, y obliga a negar autorizaciones cuando el riesgo es estructural. En este caso, Semarnat está jurídicamente obligada a negar la autorización, no a condicionarla.

Respecto a la afectación grave al derecho humano al agua y seguridad hídrica regional, tenemos que la Sierra de la Laguna es el principal reservorio natural de agua del Sur del Estado, tal y como lo reconocen tanto estudios científicos como autoridades ambientales.

La SCJN reconoce el derecho humano al agua como derecho autónomo, interdependiente del medio ambiente, exigible frente a decisiones administrativas. Por ende, cualquier proyecto que ponga en riesgo la recarga de acuíferos constituye una violación anticipada al derecho humano al agua de toda la población de La Paz y Los Cabos.

En el ámbito convencional, la Corte Interamericana ha establecido que el Estado debe prevenir daños ambientales que afecten derechos humanos, aun si el daño no se ha consumado.

El Acuerdo de Escazú establece que México está obligado a: garantizar participación pública efectiva, proteger a quienes defienden el medio ambiente, y aplicar el principio de no regresión ambiental.

Autorizar este proyecto reduce el nivel de protección existente, lo cual está prohibido por el derecho internacional ambiental.

Corolario

La Sierra de la Laguna no es un espacio disponible para “proyectos verdes” de mercado: es una infraestructura natural crítica para la vida. Autorizar el “Santuario del Tío Checo” no sería un error técnico, sino una violación estructural a derechos humanos, con responsabilidad constitucional e internacional para el Estado mexicano.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el corazón de una metrópolis abarrotada o en una comunidad rural silenciosa, hay una amenaza invisible que se propaga de persona a persona con la misma facilidad con que se comparte un estornudo. Es el sarampión, una enfermedad que muchos mexicanos pensaban olvidada, incluso erradicada, pero que hoy vuelve a poner en jaque al país. México lidera los casos de sarampión en toda la región de las Américas, con miles de contagios confirmados y un aumento exponencial que ha obligado a activar alertas epidemiológicas, campañas de vacunación y medidas de prevención sin precedentes en la memoria reciente de salud pública.

La enfermedad que regresó

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus que se transmite por gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o, simplemente, habla. Puede permanecer activo en el ambiente durante horas y una persona con sarampión puede infectar a hasta 18 personas susceptibles en su entorno. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan en unas semanas, el virus puede desencadenar complicaciones graves: neumonía, encefalitis (inflamación cerebral), ceguera, infecciones de oído e incluso la muerte —especialmente en niños pequeños, malnutridos o con sistemas inmunitarios debilitados— si no se recibe atención adecuada.

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Durante décadas, México mantuvo bajo control esta enfermedad gracias a campañas de vacunación masiva. El último registro de un caso autóctono data de hace más de 30 años, y la vacunación consiguió que la región de las Américas fuera declarada libre de sarampión en 2016. Pero esa realidad está cambiando rápidamente.

El brote actual: cifras que alarman

Según datos de la Secretaría de Salud y organizaciones internacionales:

• En 2025 México reportó más de 6,400 casos confirmados de sarampión y al menos 24 muertes asociadas a la enfermedad.
• Para enero de 2026, ya se habían registrado más de mil casos confirmados y miles de casos probables adicionales, con mayor incidencia entre niños y jóvenes.
• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que México concentra el mayor número de casos nuevos en las Américas, y que alrededor del 78% de las infecciones corresponden a personas no vacunadas.

La entidad más afectada es el estado de Jalisco, donde las autoridades locales emitieron una alerta sanitaria y hasta reinstalaron mandatos de uso de cubrebocas en escuelas para frenar la propagación entre estudiantes. El crecimiento de los casos ha sido tan rápido que organismos internacionales han advertido que México —junto con Estados Unidos— podría perder su estatus de país libre de sarampión si no logra frenar el brote en las semanas siguientes

¿Por qué ocurre ahora?

Diversos especialistas y documentos oficiales señalan varios factores que confluyen en esta crisis epidemiológica:

1. Disminución en la cobertura de vacunación

Aunque México mantiene programas de vacunación sistemáticos, la cobertura ha disminuido en varios grupos de edad. La inmunización universal requiere que al menos el 95% de la población reciba dos dosis de la vacuna —condición que no se está cumpliendo en numerosas regiones, según reportes de la OPS.

2. Movilidad y casos importados

El brote que se observa en México tiene vínculos epidemiológicos con brotes cercanos en Estados Unidos, especialmente en comunidades donde las tasas de vacunación son bajas.

Expertos describen esto como la «crónica de una epidemia anunciada»: el virus circuló primero fuera de las fronteras mexicanas y entró al país a través de la movilidad internacional y poblaciones con baja inmunización.

3. Hesitación y desinformación sobre vacunas

Un fenómeno global que también ha afectado a México es la renuencia de ciertos grupos a vacunarse, alimentada por desinformación, teorías antivacunas y falta de confianza en instituciones de salud —un problema que ha sido señalado por especialistas como un factor clave en los recientes rebrotes en la región.

Consecuencias sociales y económicas

El retorno del sarampión no es solo un problema sanitario: tiene consecuencias profundas en el tejido social y en sectores como la educación y la economía.

Interrupciones educativas

En Jalisco, la reintroducción de cubrebocas obligatorios y la suspensión de clases en escuelas afectadas han generado inquietud entre padres y maestros. Esto no solo altera el aprendizaje, sino que también genera costes adicionales para las familias que deben reorganizar su vida diaria.

Afectación a recursos de salud

Hospitales y clínicas ya sienten la presión de atender casos confirmados y sospechosos, mientras tratan de mantener los servicios normales. El costo económico de atender complicaciones severas y de organizar campañas de vacunación masiva tiene repercusiones presupuestarias importantes.

Impacto en eventos internacionales

El brote también ha colocado a México en una situación incómoda de cara a eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que ciudades sede como Guadalajara buscan controlar la enfermedad antes de la llegada de visitantes internacionales.

Políticas de salud y respuesta

Ante el avance del sarampión, autoridades públicas han puesto en marcha diversas acciones:

Campañas de vacunación

La Secretaría de Salud ha fortalecido campañas de vacunación gratuita en espacios públicos estratégicos, como estaciones de transporte y centros comunitarios, para aumentar la cobertura rápidamente.

Ampliación de la vigilancia epidemiológica

La vigilancia de casos sospechosos se ha intensificado, y se han establecido mecanismos de seguimiento y pruebas para casos potenciales. La OPS ha llamado a reforzar la vigilancia epidemiológica y la labor de laboratorio para identificar y responder a brotes con rapidez.

Educación y comunicación

Expertos y autoridades han enfocado esfuerzos en campañas informativas sobre los síntomas —como fiebre alta, exantema característico y conjuntivitis— y la importancia de la vacunación como defensa principal.

¿Qué se espera en el futuro inmediato?

La comunidad científica y las autoridades sanitarias coinciden en que el curso del brote dependerá de dos factores clave:

✔️ La velocidad y cobertura de la vacunación

Alcanzar o superar el umbral de 95% de cobertura con dos dosis de vacuna es fundamental para detener la transmisión comunitaria. Si se logra esto, se puede crear inmunidad de grupo que frene la cadena de contagios.

✔️ La insistencia en medidas preventivas

Además de la vacunación, es crucial mantener campañas de información, protección en centros educativos y espacios públicos, y sistemas de vacunación accesibles para todas las comunidades, especialmente las más vulnerables.

Los expertos señalan que, si estos esfuerzos no se intensifican rápidamente, el brote podría prolongarse durante meses, con el riesgo de perder el estatus de país libre de sarampión y de que la enfermedad se vuelva endémica nuevamente en México.

El retorno del sarampión en México no es un fenómeno aislado: forma parte de un resurgimiento global y regional que ha puesto en evidencia las brechas en la cobertura de inmunización y los desafíos de los sistemas de salud en la era post-pandemia. Más allá de cifras y estadísticas, se trata de una llamada de atención sobre la importancia de mantener campañas de salud pública sólidas, permanentes y accesibles —porque las enfermedades prevenibles no desaparecen, están a la espera de cualquier oportunidad para reaparecer.

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FOTOS: Internet.

Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

Ciudad Constitución, Baja California Sur (BCS). El día 11 de diciembre, en sesión maratónica del Congreso de Baja California Sur, se aprobó el incremento del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), el cual estaba en 2% sobre el valor de venta y subió a 3%. Pero ¿qué es el ISABI, en qué afecta este incremento y es justo este incremento?

Empezando por la explicación de este impuesto, tenemos que dentro de mucho de los impuestos que se cobran, una buena parte corresponde a los ayuntamientos atribuírselos; dentro de las leyes fiscales y normas federales, los municipios deben de tener ingresos propios de los impuestos que se generen dentro de su jurisdicción, y que a su vez se deben aplican para mejoras de la infraestructura y servicios urbanos de cada municipio.

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La Federación manda recursos económicos a los municipios mediante reglas muy complejas, pero también permite a cada ayuntamiento que recaude por su cuenta y cubrir sus necesidades económicas. Uno de estos ingresos es el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que se conoce con el acrónimo de ISABI.

El ISABI es un impuesto que se cobra cuando hay una compra-venta de un bien inmueble y las notarías se encargan de retenerlo, y corresponde, obligatoriamente, al comprador pagarlo. La Ley de Hacienda de cada municipio (hasta el 31 de diciembre del 2025), en el caso de Baja California Sur, dice que el comprador deberá de pagar el equivalente al 2% sobre el valor del bien inmueble; existen diferentes valores al momento del traslado de dominio (valor catastral, valor pericial y valor comercial), y se toma el valor más alto.

Existen tablas donde las viviendas de interés social tienen beneficios de no pagar este impuesto, y en el caso del municipio de Comondú, por ejemplo, si la vivienda no sobre pasa los 5625 valores de UMAs (Unidad de Medida y Actualización), se exenta, siempre y cuando presente una constancia de no tener propiedad. Para los demás casos de viviendas se descuenta el valor de 5 UMA multiplicado por 365, y el nuevo monto se le aplica el 2%.

En el caso de predio baldíos ó lotes agrícolas, se aplica directamente el 2% sobre el valor del costo del bien inmueble. Para este caso por ejemplo, si se va a comprar un terreno que tiene un costo de un millón de pesos, el comprador deberá ingresar al municipio la cantidad de 20,000 pesos por dicha operación; aparte de los gastos de notaría, avalúos y certificados.

En todos los municipios de todos los Estados de la República Mexicana este impuesto se cobra, y revisando en páginas de Internet, se tiene que la mayoría de los municipios cobran el 2%, las legislaciones son de aplicación estatal, y también hay donde hay municipios que se salen de esta regla, por ejemplo el Estado de Yucatán cobra el 2%, pero en Mérida se cobra el 2.5% y el municipio vecino de progreso hasta el 4%.

Los Estados donde el ISABI es más elevado, son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California, donde se cobra en general el 2% y algunos municipios cobran más (con excepción de Nuevo león que cobra el 3% a todos los municipios), por ejemplo, en municipios como Mexicali llega a subir hasta el 5%, si el valor del bien inmueble es elevado.

Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2026, del aumento al 3% del ISABI, en todo el Estado de Baja California Sur, presentada por el Ejecutivo al Congreso y aprobado por mayoría del partido afín, el Estado entra junto con Nuevo León, como uno de los Estados con más alto cobro a nivel general, o sea que aplica a todos los municipios por igual.

El incremento de este impuesto bien afectar directamente a los compradores de algún bien inmueble, ya que en el ejemplo que pusimos del predio con costo de un millón de pesos, pasaría de pagar 20 mil pesos a 30 mil pesos. La carga tributaria para las personas que quieran comprar un terreno se eleva un 50%, mientras que en el caso de las compras de viviendas, aunque aplique un beneficio que ya explicamos, tenemos que el descuento en UMAs, este último incrementa muy poco comparado con el salario mínimo, razón por la cual los costos de las viviendas aumentan exponencialmente, mientras que el beneficio del descuento en UMAs va a paso de tortuga.

En un Estado donde el costo de los bienes inmuebles está tomando valores muy altos, este impuesto viene afectando de manera significativa a los compradores que juntan apenas el recurso económico para pagar el predio, y que al llegar a las notarías a firmar escrituras se encuentran con la novedad que tiene que pagar este pesado impuesto, y muy ajeno al claro del bien inmueble que adquirieron.

Los diputados de oposición y el sector empresarial de Baja California Sur se opusieron tajantemente a este incremento del ISABI, mientras que el gobierno estatal que propuso este incremento, recalcó que lo recaudado en este incremento se destinará a acciones que preserven el desarrollo sustentable, se restaure el equilibrio ecológico y la protección ambiental.

Esta medida —se dice—, no afecta a personas de escasos recursos y que no pueden comprar bienes inmueble, pero supone que, al comprar un predio, es porque la persona tiene dinero suficiente para abonar al gobierno, ese recurso ‘que tanto le hace falta’ al mismo gobierno.

FUENTES:

Congreso aprueba aumento de impuestos y nuevos cobros

https://planoinformativo.com/981181/los-4-estados-con-el-menor-impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles/

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Conforme a la legislación vigente en Baja California Sur, la interrupción legal del embarazo (ILE) se realiza en más de 19 unidades médicas estatales, incluyendo hospitales y centros de salud, hasta las 12 semanas de gestación. Este servicio está disponible para pacientes que acuden voluntariamente a estas instalaciones y se ofrece de manera gratuita, segura y confidencial.

Durante el año que recién concluyó se efectuaron alrededor de 500 interrupciones legales del embarazo, la mayoría mediante el esquema farmacológico, que permite el procedimiento de forma ambulatoria, es decir, sin necesidad de hospitalización, pero con seguimiento médico abierto para la paciente, señaló el responsable del programa estatal de Prevención de la Violencia y Aborto Seguro, Eduardo Bastidas Buelna.

Estas intervenciones son realizadas por profesionales de la salud que no son objetores de conciencia y que cuentan con la capacitación necesaria. Durante 2025, el programa desarrolló ciclos de formación en los cinco municipios, recordó Bastidas Buelna, quien agregó que la dependencia estatal también opera una línea telefónica de orientación y consejería: 612 1832982.

Además del seguimiento médico, a las usuarias se les ofrece acompañamiento psicológico y acceso a anticoncepción post-evento, entre otros servicios que contribuyen a preservar su bienestar, comentó el funcionario. El directorio de unidades que prestan este servicio está disponible en el portal  www.ssbcs.gob.mx

Bastidas Buelna puntualizó que, para acceder a este servicio —proporcionado bajo condiciones de privacidad y respeto a la dignidad de las usuarias—, es necesario presentar una solicitud formal acompañada de identificación oficial (original y copia), comprobante de domicilio y firmar un consentimiento.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Hay mañanas en que la brisa acaricia el rostro con la misma dulzura de siempre, y otras en que ese mismo viento parece susurrar advertencias. En Baja California Sur, donde el desierto abraza el mar, esa línea entre lo cotidiano y lo abrupto se vuelve difusa con cada temporada que avanza, como si la naturaleza nos pidiera leer bien las señales antes de que el siguiente huracán toque la costa.

Hace apenas unos meses, Lorena —huracán de categoría 1— despertó alertas entre Cabo San Lucas y La Paz, obligando a autoridades a vigilar presas, ríos y arroyos casi a tope de su capacidad, mientras se advertía a la población sobre posibles desbordamientos y lluvias torrenciales. La península se encontró, otra vez, en la encrucijada de lo imprevisible y lo innegable.

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Los registros oficiales confirman una tendencia que ya no puede ignorarse: Baja California Sur es el Estado del país con mayor incidencia de ciclones en seis décadas, con alrededor del 14 % de todos los ciclones que han llegado a territorio mexicano en los últimos 61 años.

Ese número no es solo una cifra; es la evidencia de que los sistemas climáticos están golpeando con más frecuencia y dejando huellas tangibles en hogares, escuelas y vidas.

La geografía misma del Estado lo convierte en un blanco particular: una península estrecha, bordeada por el océano Pacífico y el Mar de Cortés, donde la elevación del nivel del mar y la fuerza de las tormentas trabajarán en favor de fenómenos cada vez más extremos. El Atlas Estatal de Riesgo 2024 identifica específicamente aumentos del nivel del mar, lluvias intensas e inundaciones como parte de los impactos directos asociados al cambio climático que ya se observan y se proyectan para las próximas décadas.

Los recuerdos de antiguos ciclones no son leyendas en BCS; son recordatorios vívidos. Huracanes como Liza, en 1976, transformaron arroyos en torrentes y llevaron corrientes de agua de hasta 8 pies por encima del nivel normal en partes de La Paz, arrastrando viviendas y dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva.

Más recientemente, el paso de Hilary causó lluvias intensas, vientos fuertes y contribuyó a inundaciones en distintas zonas de la península, incluso cuando su centro no cruzó directamente por tierra firme.

Las tormentas no entienden de turismo ni de temporadas altas. Las autoridades ambientales y de protección civil han emitido avisos de riesgo por tormentas múltiples en un mismo período, con pronósticos de lluvias fuertes, oleaje elevado y vientos significativos para las costas del estado.

Es la manifestación de una realidad que no confía ya en un solo ciclón por temporada, sino en la posibilidad de que varios fenómenos se superpongan y agraven sus efectos.

Pero la vulnerabilidad no reside únicamente en estadísticas o en mapas de riesgo. Está también en cómo se administra el territorio. Zonas costeras bajas y áreas urbanas en expansión —especialmente alrededor de Cabo San Lucas y San José del Cabo— han sido identificadas en estudios científicos como puntos con “significativos problemas” debido al impacto de ciclones, urbanización en franjas de riesgo e incluso asentamientos irregulares.

Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la vida diaria? Las personas que viven aquí saben que no basta con ver mapas o pronósticos; la experiencia ha enseñado que la respuesta llega muchas veces después del desastre, no antes. Durante años la estrategia oficial ha brillado por su ausencia: hay programas, hay diagnósticos, pero todavía no se observa una política pública integral, financiada y sostenida en el tiempo, que proteja del modo que la evidencia científica exige.

En comunidades tanto urbanas como rurales, la percepción de riesgo muchas veces supera el nivel de preparación. Estudios sobre vulnerabilidad muestran que una proporción significativa de hogares se ubica en zonas altamente expuestas a ciclones, y que existe una disociación entre lo que se percibe y lo que realmente está en riesgo en términos de infraestructura y estabilidad social.

El agua, por su parte, se vuelve un reflejo de contradicciones profundas: sequías prolongadas que tensionan acuíferos agotados, seguido de lluvias extremas que el suelo no puede absorber. La variabilidad climática se transforma en estrés hídrico constante, y las soluciones emergentes —como plantas desaladoras— oscilan entre la promesa técnica y la aplicación incompleta en una política más amplia de gestión del agua.

Está claro qué está pasando. También está claro lo que no se está haciendo con la urgencia necesaria: planes de adaptación con financiamiento asegurado; infraestructura verde que proteja humedales y manglares —ecosistemas que científicamente absorben parte de la energía de las olas—; ordenamiento territorial que respete zonas de riesgo; educación ciudadana eficaz; sistemas de alerta temprana vinculados con procesos comunitarios reales.

El cambio climático no es un pronóstico distante, sino un fenómeno con implicaciones tangibles hoy. Y aunque la historia de Baja California Sur es de resiliencia, también puede ser de liderazgo estratégico si se decide actuar con inteligencia, equidad y justicia social. Porque adaptarse no es solo sobrevivir al próximo huracán: es transformar la manera en que vivimos en armonía con el entorno que nos sostiene.

Al final, cuando el mar y el viento vuelvan a poner a prueba nuestras costas, lo que definirá nuestro destino no será solo la fuerza del clima, sino la fuerza de nuestra voluntad colectiva para anticiparlo, mitigarlo y enfrentarlo con dignidad.

Referencias consultadas:

– Informes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, Sexto Informe de Evaluación) sobre intensificación de fenómenos extremos y aumento del nivel del mar.
– Análisis climáticos y reportes técnicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) sobre huracanes en el Pacífico y lluvias extremas.
– Atlas Estatal de Riesgo de Baja California Sur y documentos oficiales de planeación y protección civil del estado.
– Avisos meteorológicos y comunicados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre ciclones, lluvias torrenciales y riesgos hidrometeorológicos en la entidad.

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