IMÁGENES: IA.
Vientos de Pueblo
José Luis Cortés M.
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La tarde cae sobre el malecón de La Paz como un telón de luz rosada, y aun así el rumor es más fuerte que la brisa marina: la ciudad está cambiando demasiado rápido. Lo dicen quienes nacieron allí y quienes llegaron hace años, antes de que los precios se dispararan como si obedecieran a otra lógica, una ajena, importada. La escena se repite también en Los Cabos, donde los contrastes siempre existieron, pero hoy parecen haberse incrustado con una intensidad nueva, casi dolorosa.
El fenómeno tiene nombre, aunque a veces se evita pronunciarlo: gentrificación acelerada. Un movimiento tan discreto que empieza en los anuncios de renta y tan ruidoso que termina reconfigurando la vida entera de una comunidad.
También te podría interesar: Bajo la sombra del miedo: la violencia de género que paraliza Baja California Sur
En ambos municipios, la llegada constante de extranjeros que deciden vivir de forma permanente —muchos con ingresos en dólares y la facilidad de trabajar desde cualquier lugar— ha multiplicado la demanda de vivienda. Los precios, obedientes al mercado global y no al salario local, se disparan. Lo señalan diversos reportes oficiales publicados en 2023 y 2024, que registran incrementos de renta superiores al promedio nacional, con zonas donde subieron entre 25% y 40% anual. Son cifras comprobables, duras, que dejan poco espacio para el optimismo.
En una conversación reciente, una residente de La Paz relató que el departamento donde vivió por ocho años duplicó su renta en menos de dos. Otra persona, originaria de Cabo San Lucas, comentó que su familia tuvo que mudarse a más de 40 minutos del centro porque ya no podía costear el barrio donde había crecido. Ninguna de estas historias es aislada; más bien, ilustran lo que varios estudios urbanísticos han señalado: la presión inmobiliaria en destinos turísticos de alta demanda produce una expulsión silenciosa, pero constante.
Hay momentos en los que la transformación es evidente a simple vista. En La Paz, colonias tradicionalmente familiares han visto aparecer cafeterías de estética estandarizada, condominios minimalistas y letreros en inglés que compiten con los locales. En Los Cabos, la construcción de nuevos desarrollos residenciales orientados al público extranjero redibuja las fronteras urbanas, empuja a las familias locales hacia periferias cada vez más lejanas y complica la movilidad diaria. No se trata únicamente del precio: se trata del tiempo perdido en trayectos, de la dificultad para acceder a servicios, del desgaste emocional de sentir que la ciudad deja de pertenecer a quienes la sostienen.
La movilidad urbana, de hecho, es uno de los puntos más críticos. Conforme las comunidades locales se desplazan hacia zonas más económicas, aumentan los tiempos de traslado y se saturan las vías que conectan periferias con centros laborales y educativos. Urbanistas consultados en informes recientes advierten que, sin planificación a largo plazo, esta tendencia podría profundizar la segregación espacial: ciudades fracturadas entre quienes pueden y quienes no pueden pagar estar cerca.
La pregunta inevitable es por qué está ocurriendo con tanta intensidad. La respuesta, aunque múltiple, tiene un hilo conductor: destinos como La Paz y Los Cabos se han convertido en refugio para extranjeros que buscan seguridad, belleza natural, cercanía al mar y un costo de vida que, comparado con sus países de origen, sigue siendo atractivo. Lo paradójico es que, en esa comparación, el costo deja de ser atractivo precisamente para quienes siempre vivieron allí. Es una ecuación injusta: la economía global se impone sobre la economía local.
Aunque la problemática es real y ampliamente documentada, también existen rutas posibles. Algunos especialistas han planteado medidas como regulación más estricta de rentas a corto plazo, incentivos para vivienda accesible, programas de movilidad urbana más eficientes y actualización de políticas que prioricen a la población residente. Ninguna solución es inmediata, pero todas comienzan con un consenso básico: reconocer que el fenómeno existe y que ya afecta la vida cotidiana.
Al recorrer las calles de Baja California Sur es imposible no sentir que algo se está jugando en ellas. La identidad, la memoria, la pertenencia. Cada edificio nuevo, cada renta anunciada en dólares, cada familia que empaca en silencio revela una transición que exige ser contada sin alarmismo, pero con honestidad.
Lo que está en disputa no es solo el valor de una propiedad, sino el derecho a seguir siendo parte de un lugar que durante generaciones se ha sentido como hogar. Y frente a esa disputa, vale recordar que la dignidad comunitaria no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad colectiva de defender el territorio emocional que nos sostiene.
Porque cuando una ciudad pierde a su gente, pierde su alma. Y ninguna plusvalía vale tanto como la memoria viva de quienes la construyen día con día.
Referencias y fuentes consultadas:
– Reportes oficiales del INEGI sobre movilidad y vivienda (2023–2024)
– Comunicados municipales de La Paz y Los Cabos relacionados con desarrollo urbano y vivienda
– Análisis académicos recientes sobre gentrificación en destinos turísticos de México
– Información pública del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de La Paz y Los Cabos
