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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, Venezuela enfrenta un periodo de transición política y múltiples desafíos inmediatos que definirán el rumbo del país en los próximos meses. La aprehensión de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcotráfico y relaciones con grupos calificados como terroristas por Washington, ha generado una reacción global y abre un nuevo capítulo para la nación sudamericana. En medio de esta inédita situación, el país se encuentra encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que Maduro fuera removido de su cargo. Sin embargo, la legitimidad de su liderazgo es cuestionada por diversos actores internacionales.

La captura de Maduro —resultado de una operación catalogada como ofensiva militar por parte de Estados Unidos— ha generado amplio debate internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció públicamente que las fuerzas estadounidenses “están a cargo” de la situación en Venezuela y que supervisarán una etapa de transición, con el objetivo declarado de reformar la industria petrolera y otras instituciones del Estado. La operación también dejó un saldo trágico: decenas de militares venezolanos y agentes cubanos perdieron la vida durante los enfrentamientos nocturnos, según informó el gobierno venezolano. De manera oficial se decretó siete días de duelo por las víctimas de lo que el Ejecutivo calificó como una agresión directa. Este episodio representa un punto de inflexión inédito en las relaciones entre Caracas y Washington, y modifica de forma significativa el tablero geopolítico regional. Las Naciones Unidas y gobiernos de diversos países han manifestado preocupación por la forma en que se realizó la operación y por la violación potencial de la soberanía nacional.

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Con Maduro fuera del país y enfrentando cargos judiciales en Estados Unidos, las autoridades venezolanas designaron a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo formal del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, este nombramiento no ha sido reconocido por la Unión Europea ni por varios países de la comunidad internacional, que cuestionan la legitimidad de su mandato y subrayan su cercanía con el antiguo régimen. Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro, ha rechazado categóricamente cualquier intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos y ha afirmado que “ningún agente externo gobierna Venezuela”. Esta declaración se ha producido en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y otros gobiernos que han criticado la operación militar.

La transición política venezolana se ve acompañada por desafíos económicos severos. Años de hiperinflación, colapso de la producción petrolera y debilitamiento de instituciones financieras han dejado al país con una economía extremadamente vulnerable, dependiente del petróleo y con una elevada deuda externa. Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que la recuperación económica será un proceso complejo que requerirá reformas estructurales profundas, estabilización de precios y restauración de la confianza en el sistema financiero. Uno de los principales problemas a corto plazo será controlar la inflación, estabilizar la moneda nacional y reanudar relaciones con organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pronósticos indican un entorno económico adverso para 2026. El próximo gobierno deberá además atraer inversión extranjera, restaurar la producción petrolera y reestructurar la deuda pública, gravemente contraída durante los últimos años.

La industria petrolera, columna vertebral de la economía venezolana durante décadas, es central en cualquier plan de recuperación. Estados Unidos ha expresado interés en explotar reservas locales y vender petróleo en mercados internacionales, aunque no ha quedado claro cómo se distribuirán los ingresos y qué parte de estos quedará en Venezuela.

Más allá de la economía, la seguridad interna es un reto urgente. Venezuela presenta un contexto de violencia persistente, con presencia de grupos criminales organizados —incluidos los llamados “megabandas”— que operan en múltiples regiones del país y han sido vinculados con el narcotráfico, extorsión y violencia armada. Expertos advierten que si no se refuerza el control institucional y se combate eficazmente a estas organizaciones, el vacío de poder generado por la partida de Maduro podría agudizar la inseguridad ciudadana. Asimismo, se observa la posibilidad de que la violencia se expanda, afectando no sólo a Venezuela, sino también a naciones vecinas, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia. Esta nación, que ya enfrenta su propia situación de seguridad compleja, está en alerta por el potencial aumento de desplazamientos forzados de población y el incremento de actividades criminales transnacionales.

La transición hacia un gobierno plenamente democrático es otro de los retos fundamentales. La oposición venezolana, fragmentada y con múltiples liderazgos, enfrenta la tarea de reorganizarse y construir consensos que permitan elecciones libres y competidas. Incluso antes de los recientes eventos, el proceso electoral de 2024 fue objeto de críticas por la oposición y organismos internacionales, acusándolo de falta de transparencia e imparcialidad. El reconocimiento internacional de futuros comicios dependerá de la percepción de legitimidad, algo que el nuevo gobierno deberá trabajar de inmediato para recuperar la confianza de la ciudadanía y la comunidad global. Organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la UE han señalado que las elecciones deben celebrarse bajo estándares democráticos verificables. Sin embargo, hasta ahora no hay un calendario claro para nuevos comicios presidenciales o legislativos.

La situación de los derechos humanos también se mantiene como una prioridad urgente. Organizaciones internacionales han documentado abusos sistemáticos durante los gobiernos anteriores, y la transición actual plantea interrogantes sobre la composición del sistema judicial y penitenciario, así como la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos. Mientras Maduro y su esposa enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos, líderes de oposición y defensores de derechos humanos en Venezuela han exigido garantías judiciales y el fin de prácticas represivas, reclamando una reforma profunda del sistema judicial local que recupere su independencia y credibilidad.

El impacto de estos acontecimientos en Venezuela no se limita a sus fronteras. La operación estadounidense y la subsiguiente transición han generado reacciones encontradas en el continente. Algunos gobiernos latinoamericanos han criticado la intervención, calificándola de violación de soberanía, mientras que otros la han visto como una oportunidad para restablecer la democracia en el país. La Unión Europea ha expresado su preocupación por el respeto al derecho internacional y ha llamado a una solución política dentro del marco constitucional venezolano. Organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han pedido negociaciones inclusivas que involucren a todas las fuerzas políticas, con el objetivo de evitar una escalada de violencia y promover un proceso pacífico de cambio.

Dentro de Venezuela, la opinión pública se encuentra dividida. Sectores de la población ven la salida de Maduro como un paso necesario después de años de crisis, represión y deterioro económico. Otros sectores, sin embargo, consideran que una transición liderada desde fuera del país puede profundizar sentimientos de injerencia externa, y temen que las reformas no respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. La emigración sigue siendo un fenómeno significativo: millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, buscando mejores condiciones de vida en países vecinos o en otras regiones del mundo. La posibilidad de que una parte de esa diáspora pueda regresar depende de la estabilidad y oportunidades económicas que se logren en la etapa post-Maduro.

Venezuela se encuentra en un momento histórico de su evolución política y social. La caída de Maduro ha generado una serie de cambios abruptos y desafíos inmediatos que incluyen la restauración económica, la seguridad interna y la legitimidad democrática del futuro gobierno. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede transitar pacíficamente hacia un sistema inclusivo y estable, o si por el contrario las tensiones internas y externas prolongarán la incertidumbre. Los ojos de la comunidad internacional, especialmente de los países vecinos y potencias globales, están puestos en Caracas, donde el destino de millones de venezolanos pende de decisiones que marcarán el futuro del país en la década venidera.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). A las siete de la mañana, La Paz todavía huele a mar, pero ya suena a claxon. En Los Cabos, a esa misma hora, el sol apenas asoma y el tráfico ya se ha convertido en una fila inmóvil de paciencia rota. El paisaje es distinto, el problema es el mismo. Dos ciudades que crecieron mirando al turismo mientras olvidaban algo esencial: a quienes viven, trabajan y se mueven en ellas todos los días.

La escena se repite con una precisión casi cruel. Conductores atrapados durante una hora para recorrer distancias que antes tomaban diez minutos. Camiones urbanos rebasados, irregulares, insuficientes. Motociclistas sorteando autos como si la calle fuera un campo minado. Y peatones obligados a caminar por orillas inexistentes, porque la banqueta, cuando existe, se corta de pronto, como una promesa incumplida.

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La movilidad en Baja California Sur dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una experiencia cotidiana de desgaste. No es una percepción aislada. En Los Cabos, el crecimiento poblacional ha sido uno de los más acelerados del país en las últimas dos décadas, impulsado por el turismo y la migración laboral. En La Paz, aunque el ritmo es menor, la expansión urbana desordenada ha generado una dependencia casi absoluta del automóvil. El resultado es un sistema vial que no estaba diseñado para esta presión constante.

Durante años, la respuesta fue siempre la misma: más carriles, más semáforos, más parches. Nunca una visión integral. Nunca una apuesta decidida por el transporte público digno, eficiente y continuo. Nunca una ciudad pensada para el trayecto diario del residente y no solo para la foto del visitante.

Una trabajadora del sector hotelero, entrevistada en Los Cabos en un reportaje reciente, relató que debe salir de su casa dos horas antes para llegar puntual a su turno, aunque vive a menos de diez kilómetros del hotel. No es un caso excepcional. En La Paz, una madre de familia explicó que llevar a sus hijos a la escuela y llegar a su trabajo implica un recorrido fragmentado, sin rutas claras ni horarios confiables de transporte colectivo. Ambas historias coinciden en lo esencial: el tiempo de vida se está perdiendo en el tráfico.

La paradoja es evidente. Mientras se invierten millones en infraestructura turística, la movilidad cotidiana sigue rezagada. Las ciudades se diseñan para recibir, no para sostener. Se amplían vialidades para conectar resorts, pero no se fortalecen rutas para quienes limpian habitaciones, atienden restaurantes, construyen edificios o dan servicios básicos. El modelo urbano reproduce una desigualdad silenciosa: quien tiene auto se adapta; quien no, resiste.

El problema no es solo de congestión. Es de seguridad, de salud, de calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las ciudades dominadas por el automóvil incrementan el estrés, la contaminación y los accidentes viales. En Baja California Sur, los datos oficiales sobre siniestros de tránsito muestran una tendencia persistente, aunque fragmentada, que refleja la falta de infraestructura segura para peatones y ciclistas. Donde no hay datos claros, hay una omisión que también pesa.

No todo está perdido, pero el margen se estrecha. Especialistas en desarrollo urbano han insistido en que la solución no está únicamente en construir más calles, sino en repensar la ciudad: transporte público con prioridad real, rutas claras y continuas, espacios seguros para caminar y pedalear, planeación que anticipe el crecimiento y no lo persiga tarde.

La historia urbana de La Paz y Los Cabos ofrece una lección incómoda. Ambas nacieron como comunidades pequeñas, caminables, donde el trayecto era parte de la vida y no un castigo diario. El quiebre llegó cuando el crecimiento se aceleró sin brújula. Hoy, esa falta de planeación se cobra en horas perdidas, en cansancio acumulado, en una sensación constante de estar llegando tarde a todo.

El colapso no es un evento futuro; es un proceso que ya está en marcha. La pregunta no es si las ciudades pueden seguir creciendo así, sino cuánto más puede soportar la vida cotidiana antes de romperse del todo. La movilidad no es un lujo ni un tema secundario: es el pulso que define cómo se vive una ciudad.

Al final, las calles cuentan una historia que los discursos oficiales evitan. Una historia de ciudades que avanzan rápido hacia afuera, pero lentamente hacia adentro. De decisiones postergadas que hoy pesan más que nunca. De ciudadanos que no piden milagros, sino algo básico: moverse sin perder la vida en el intento.

Porque una ciudad que obliga a sus habitantes a pelear cada día por llegar, es una ciudad que ya empezó a fallar. Y aún estamos a tiempo de decidir si queremos seguir atrapados en el tráfico… o abrir, por fin, un camino distinto.

Referencias consultadas:

– INEGI, datos de crecimiento poblacional y movilidad urbana.
– Organización Mundial de la Salud, informes sobre movilidad y salud urbana.
– Estudios de planeación urbana y movilidad en Baja California Sur.
– Reportajes y notas informativas de medios locales y nacionales sobre tráfico y transporte público en La Paz y Los Cabos.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En las carreteras rectas de Baja California Sur, donde el horizonte se estira como una promesa azul, una pregunta resuena cada vez con más fuerza: ¿por qué pagamos más por el mismo auto que venden en Estados Unidos? Y, de paso, ¿por qué ocurre lo mismo con los teléfonos, los planes de datos, los servicios que, en teoría, deberían ser más baratos en un país con menor poder adquisitivo? La respuesta no cabe en un solo trazo. Es una madeja que mezcla impuestos, estructura de mercado, salarios y decisiones corporativas que no siempre se explican con transparencia.

Todo empieza en un punto incómodo: México tiene uno de los poderes adquisitivos más bajos de la OCDE, según datos confirmados en 2024, pero aun así enfrenta precios que compiten —e incluso superan— a los de mercados más ricos. La escena se vuelve tangible cuando alguien de La Paz comenta que el modelo de auto que vio en Tijuana o en San Diego cuesta decenas de miles de pesos menos al cruzar la frontera. Lo mismo relata una residente de Cabo San Lucas respecto a su reciente compra de celular: el mismo dispositivo, misma capacidad, misma marca, pero notablemente más barato en Estados Unidos.

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La explicación más inmediata aparece en la capa superficial: impuestos más altos, particularmente el IVA del 16% aplicado a autos nuevos y dispositivos electrónicos. A eso se suman aranceles específicos que México mantiene para ciertos sectores, aunque estos han disminuido con los años gracias a acuerdos comerciales. Sin embargo, reducirlo todo a impuestos sería una versión incompleta de la historia.

La segunda capa es más compleja y está hecha de estructuras de mercado. En la industria automotriz, aunque México fabrica millones de vehículos al año, el precio final al consumidor depende de estrategias definidas por las marcas, que suelen fijar costos en función de su posicionamiento regional, la competencia local y las políticas internas de cada distribuidor. En palabras simples: no se paga lo que cuesta producir, sino lo que las marcas consideran que puede pagar el mercado.

Algo parecido ocurre con la telefonía móvil. México experimentó avances importantes en competencia desde la reforma de telecomunicaciones de 2013, lo cual redujo precios y amplió cobertura. Aun así, reportes recientes muestran que los planes móviles, especialmente los de datos ilimitados, siguen siendo más caros que en Estados Unidos cuando se comparan en proporción al ingreso. Un análisis de 2023 señalaba que el costo promedio por gigabyte en México es menor que hace una década, pero todavía resulta oneroso si se mide frente al salario promedio. Esto es crucial porque la asequibilidad real no depende del precio aislado, sino de cuánto representa ese precio en el bolsillo de una persona común.

Quienes han vivido esta diferencia en carne propia lo describen con frustración contenida. Una persona de San José del Cabo relató que su factura telefónica mensual equivale a casi el 10% de sus ingresos, mientras que familiares suyos en California pagan menos por un plan más robusto. Otra persona en La Paz mencionó que cambiar de automóvil implica aceptar que el costo total será significativamente mayor que el de alguien que vive a pocas horas al norte.

El porqué es incómodo, pero necesario de reconocer: los mercados mexicanos tienden a ser más pequeños, más concentrados y con menos presión competitiva real. Cuando pocas empresas dominan, pueden mantener precios altos sin perder demasiados clientes. Y cuando el ingreso promedio es bajo, el porcentaje que se destina a servicios básicos se vuelve sofocante.

¿Qué hacer frente a esta realidad? Algunas rutas existen. Expertos han sugerido fomentar mayor competencia en distribución automotriz, revisar políticas de importación temporal y fortalecer la vigilancia a prácticas de precios. En telecomunicaciones, reforzar la regulación para garantizar tarifas más alineadas al poder adquisitivo podría aliviar la carga. No son soluciones inmediatas, pero sí posibles.

El fondo del asunto, sin embargo, toca una fibra más profunda: la sensación de vivir siempre en desventaja económica, incluso en productos que se fabrican aquí mismo. Esta contradicción erosiona la confianza, desgasta la paciencia y alimenta la idea de que el sistema no está diseñado para quienes trabajan día a día.

Y sin embargo, algo permanece en pie: la capacidad de cuestionar. De exigir. De no normalizar precios que no corresponden a nuestra realidad. Cada pregunta que surge en una conversación, cada comparación incómoda, cada vez que alguien se sorprende al ver un precio más bajo cruzando la frontera, es un recordatorio de que las cosas pueden —y deben— cambiar.

Porque la justicia económica empieza por reconocer que merecemos pagar lo justo. Y cuando una sociedad despierta a esa idea, ningún precio inflado puede seguir imponiéndose en silencio.

Referencias y fuentes consultadas:
– INEGI, indicadores de poder adquisitivo y precios al consumidor (2023–2024).
– OCDE, comparativo de ingreso y asequibilidad en telecomunicaciones.
– Reportes públicos sobre precios automotrices en México y EE.UU. (2023–2024).
– Análisis sobre la reforma de telecomunicaciones en México (2013–2024).

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La noche cae sobre La Paz con esa quietud tibia que sólo conocen las ciudades junto al mar. Pero debajo de esa calma hay un murmullo que crece, un rumor que se esparce entre estudiantes, trabajadores y familias jóvenes: cada vez hay menos lugares donde vivir. Y no porque falten viviendas, sino porque muchas han dejado de ser hogares para convertirse en vitrinas digitales, alojamientos temporales que brillan en plataformas como Airbnb mientras la oferta de renta tradicional se desvanece.

El fenómeno no es exclusivo del Estado, pero aquí adopta una forma particular. En zonas de alta demanda turística —desde el centro de La Paz hasta colonias de Cabo San Lucas y San José del Cabo— la transformación es visible. Lo que antes eran casas ocupadas por familias ahora son estudios remodelados para viajeros; departamentos que antes se rentaban por año ahora están disponibles por noches. Según datos públicos consultados en 2024, el número de alojamientos de renta temporal en Baja California Sur creció de forma sostenida en los últimos años, especialmente en áreas urbanas con acceso a playa, centros comerciales o zonas de vida nocturna. La cifra exacta es difícil de delimitar porque la regulación estatal y municipal aún es insuficiente y fragmentada, pero los registros muestran una tendencia clara: la vivienda se está volviendo negocio antes que derecho.

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Las historias personales dan vida a las cifras. Una joven estudiante de La Paz contó que pasó más de cuatro meses buscando un cuarto accesible sin éxito. Cada lugar que encontraba terminaba convertido en “suite vacacional”. Lo mismo dijo un trabajador de Los Cabos, quien explicó que necesitó compartir departamento con tres personas porque el dueño decidió retirar la renta fija para entrar al mercado turístico. Una pareja con un bebé recién nacido relató que fue desalojada tras años de vivir en la misma casa porque “los huéspedes dejan más”.

Detrás de estas vivencias hay un patrón: el rendimiento económico del alquiler turístico supera ampliamente al de la renta tradicional, especialmente en ciudades donde los turistas internacionales pagan en dólares. Para muchos propietarios, la decisión es lógica. Para quienes buscan un lugar donde vivir, es devastadora. No sólo se encarecen los precios; se reduce la disponibilidad, aumentan los depósitos, se alargan los filtros y se normaliza la incertidumbre.

En Los Cabos el impacto es aún más evidente. La llegada continua de visitantes y residentes temporales ha empujado la conversión masiva de departamentos a renta vacacional. Informes locales han señalado que la presión inmobiliaria está desplazando a trabajadores del sector turístico hacia colonias cada vez más lejanas, lo que prolonga los tiempos de traslado y encarece la vida diaria. Un análisis reciente sobre vivienda en destinos turísticos de México advierte que esta tendencia, si no se regula, puede profundizar la desigualdad urbana: ciudades habitadas por quienes pueden pagar estar cerca y operadas por quienes deben viajar hasta dos horas para llegar a su empleo.

Lo más inquietante es la falta de reglas claras. Aunque algunos municipios han intentado crear registros de alojamientos temporales, la implementación es irregular y la supervisión insuficiente. No existe un marco estatal que delimite cuántas viviendas pueden destinarse a uso turístico por zona, ni una política robusta que garantice oferta mínima de renta a largo plazo. En otras ciudades del mundo se han implementado medidas como límites de noches al año, registro obligatorio de anfitriones, impuestos específicos y restricciones en zonas de vivienda social. Aquí, el debate apenas comienza.

La pregunta es inevitable: ¿cómo encontrar un equilibrio entre el beneficio económico del turismo y el derecho a una vivienda digna? Algunas soluciones posibles ya circulan entre especialistas: crear listas públicas de alojamientos regulados, establecer requisitos para la conversión de viviendas, fomentar desarrollos exclusivamente turísticos para despresurizar colonias habitacionales, y diseñar programas que incentiven la renta accesible para estudiantes y trabajadores. No son recetas mágicas, pero sí pasos concretos hacia un modelo urbano más justo.

La historia de Airbnb en Baja California Sur no es sólo una historia de éxito turístico; es también una historia sobre lo que ocurre cuando una ciudad olvida que su gente necesita techo antes que estancias boutique. Cuando una plataforma crece sin reglas, el mercado encuentra su beneficio, sí, pero la comunidad pierde algo más profundo: su tejido, su estabilidad, su posibilidad de futuro.

Si la vivienda se convierte en mercancía absoluta, la ciudad se vuelve un escenario sin alma. Recuperarla empieza por recordar que un hogar no tiene precio, pero sí tiene valor. Y ese valor merece ser defendido, casa por casa, calle por calle.

Referencias y fuentes consultadas

– Registros públicos de oferta de rentas temporales en Baja California Sur (2023–2024).
– Informes nacionales sobre vivienda en destinos turísticos y efectos de plataformas digitales.
– Datos del INEGI sobre disponibilidad de vivienda y movilidad urbana (2023–2024).

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FOTO: PRODET.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y no puede ser menor a 15 días de salario, recordó la directora de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET), Claudia Leticia Hirales Meza, al destacar que este derecho aplica para todas las personas trabajadoras, o de forma proporcional cuando el tiempo laborado es menor a un año.

Hirales Meza señaló que esta prestación es fundamental para la estabilidad económica de las familias durante la temporada decembrina. Subrayó que ningún centro de trabajo puede condicionarla, reducirla o sustituirla con entregas en especie, ya que se trata de una obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Indicó que, conforme se acerca la fecha límite, aumentan las solicitudes de orientación sobre montos, fechas de pago y situaciones relacionadas con la terminación laboral. En ese sentido, invitó a las personas trabajadoras a acercarse a PRODET para recibir acompañamiento oportuno. “Nuestro compromiso es brindar asesoría gratuita y dar seguimiento a los casos donde existan dudas o posibles irregularidades”, expresó.

Asimismo, llamó a las empresas a cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones o conflictos laborales, y reiteró que la Procuraduría mantendrá atención continua durante diciembre para ofrecer información clara y mecanismos de apoyo accesibles.

Finalmente, agregó que las personas interesadas en asesorías, dudas o en agendar citas pueden acercarse a cualquiera de las direcciones municipales de PRODET o llamar al número telefónico (612) 1242965, donde se brinda atención gratuita y acompañamiento profesional.