Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los hombres del siglo XVIII gustaban de escribir cartas largas. Cartas que hablaban de sequías, de hambre y de luces que se apagaban en las vetas rocosas del desierto. Francisco María Píccolo escribió muchas de esas cartas. Las escribió desde lugares donde el sol caía a plomo y donde el mar quedaba lejos, como si se hubiera detenido mucho antes de completar su giro hacia el Norte. Él sabía de geografías pedregosas, de olores a polvo y a salitre que no siempre se captaban en las habitaciones con puerta y ventanas. Ese pedazo de mundo con él mismo cambió, se transformó, y quedó en papeles que viajan aún en bibliotecas y archivos.

En la región Carbonífera de Coahuila, el tajo que se abrió para rescatar a los diez mineros de El Pinabete sigue abierto: un hueco de unos 375 metros de largo, 320 de ancho y 64 de profundidad, rodeado de montículos de tierra minera que suman más de 5.3 millones de toneladas. Más de un año después de la recuperación del último cuerpo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha iniciado las obras de restauración ecológica que ella misma prometió en su Manifestación de Impacto Ambiental, según documentó el Semanario de Vanguardia y confirmó la propia Semarnat.

También te podría interesar: “Tierra de agua, tierra en riesgo”. El megaproyecto minero El Arco y su impacto en el Valle de los Cirios

Ese tajo no sólo recuerda la tragedia de los diez mineros ahogados el 3 de agosto de 2022; es también un símbolo de los “pasivos ambientales” que deja la minería en México: heridas abiertas en el territorio donde el agua, el suelo y las comunidades quedan expuestas por años. En la última década, el país ha acumulado una serie de desastres mineros que van desde derrumbes en pozos de carbón hasta derrames masivos de jales y ácidos en ríos y mares. Detrás de cada accidente hay nombres de empresas, omisiones de autoridades, normas que se actualizan tarde y comunidades que siguen viviendo con las consecuencias mucho después de que las cámaras se apagan.

La posible instalación de la minera El Arco en el Valle de los Cirios, un Área de Protección de Flora y Fauna de más de 2.5 millones de hectáreas en Baja California —una de las zonas naturales más extensas y biodiversas del país— se ha convertido en un foco rojo que exige análisis profundo y reservas críticas. Legisladores estatales han advertido que el proyecto, promovido por una de las mayores empresas mineras del mundo, implicaría la explotación a cielo abierto de más de 50 mil hectáreas durante décadas y el uso de cantidades masivas de agua de un acuífero en equilibrio, justo donde comunidades rurales dependen del recurso para su vida cotidiana. Además, expertos y organizaciones ambientales han señalado que las concesiones se superponen con límites de áreas naturales protegidas, lo que podría poner en riesgo no solo especies endémicas y delicados ecosistemas desérticos, sino también la disponibilidad de agua potable para pueblos cercanos. Ante el legado de desastres mineros en México —desde derrames de jales hasta accidentes mortales— este proyecto exige un escrutinio riguroso para evitar que se sume a la larga lista de tragedias ecológicas que han marcado al país.

Este reportaje reconstruye algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos diez años —con antecedentes clave fuera de ese periodo—, a partir de comunicados oficiales, investigaciones periodísticas, estudios de especialistas y testimonios de personas afectadas.

Múzquiz, 2021: la mina que se inundó en minutos

El 4 de junio de 2021, una mina de arrastre de carbón conocida como Micarán, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, se derrumbó tras una inundación repentina. Siete trabajadores quedaron atrapados a varios metros de profundidad; ocho días después, las autoridades confirmaron la recuperación de los siete cuerpos sin vida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno estatal atribuyeron el accidente al ingreso súbito de agua, pero organizaciones como Familia Pasta de Conchos recordaron que la región está llena de pocitos y minas subterráneas con estándares mínimos de seguridad: galerías estrechas, ventilación deficiente, escasas rutas de evacuación. Más allá del conteo de muertos, la tragedia exhibió un patrón: pequeñas minas que operan con condiciones precarias para abastecer de carbón a la CFE, en una cadena donde los riesgos se “externalizan” hacia trabajadores mal pagados y sus familias.

El Pinabete, 2022: una inundación y un tajo que no se cierra

Apenas un año después, el 3 de agosto de 2022, la historia se repitió en Sabinas, Coahuila. En el pozo de carbón El Pinabete, el agua almacenada durante décadas en la mina abandonada Conchas Norte se abrió paso hacia las galerías activas: la inundación derrumbó los túneles y atrapó a diez mineros a unos 60 metros de profundidad. Sólo cinco trabajadores lograron escapar; los otros diez murieron ahogados. El gobierno federal convirtió el rescate en una “obra emblemática”: la CFE recibió más de 1,000 millones de pesos para excavar un tajo a cielo abierto con el fin de llegar a las galerías y recuperar los cuerpos. El último resto óseo fue hallado en febrero de 2025, 918 días después del derrumbe, como detalló un reportaje de El País.

Pero el costo ambiental del rescate no es menor. De acuerdo con la propia Manifestación de Impacto Ambiental y la crónica de Vanguardia, el tajo dejó expuesto el acuífero local y generó una montaña de millones de toneladas de material estéril que sigue sin ser reacomodado ni reforestado, pese a que Semarnat condicionó la autorización del proyecto a un programa de restauración ecológica que incluía relleno, estabilización de taludes y revegetación con especies nativas. Organizaciones como Familia Pasta de Conchos advierten que El Pinabete reveló no sólo la precariedad laboral de los pocitos de carbón —la empresa operaba de forma irregular mientras vendía carbón a CFE—, sino también la facilidad con la que una obra de rescate puede transformarse en un nuevo pasivo ambiental si no se cumple la remediación prometida.

La sombra de Pasta de Conchos

Estos desastres recientes se inscriben en una historia más larga. En 2006, una explosión en la mina Pasta de Conchos, también en la región carbonífera, dejó 65 mineros atrapados; sólo dos cuerpos fueron recuperados en aquel momento. Tras años de presión de las familias, a partir de 2024 el gobierno federal comenzó a recuperar restos: en 2024 se hallaron los primeros cuerpos y en 2025 se informó de la recuperación de 13 mineros; en 2026 se anunció la identificación de dos más. En una misma región, Múzquiz, El Pinabete y Pasta de Conchos forman una especie de triángulo de la reiteración: minas con seguridad deficiente, contratos públicos que dan viabilidad económica a proyectos riesgosos y una remediación ambiental parcial o inexistente.

Si en Coahuila el rostro de la minería son los pozos que tragan vidas, en otros estados los desastres se leen en el agua: ríos blanqueados por jales, mares con manchas ácidas, arroyos con peces y tortugas muertas.

Oaxaca: la presa de jales de Minera Cuzcatlán

El 8 de octubre de 2018, tras fuertes lluvias, habitantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, observaron que el río Coyote corría con una corriente “blanca” que bajaba desde la presa de jales de Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Autoridades agrarias y municipales denunciaron que una parte de la presa se había desbordado. Mientras la empresa y autoridades minimizaron el riesgo, investigaciones periodísticas posteriores revisaron estudios oficiales que identificaban concentraciones de metales tóxicos muy por encima de la normatividad mexicana —en algunos casos, más de mil por ciento por arriba de lo permitido—, lo que cuestionó la versión de que no había peligro para la población. En 2024, comunidades de la zona denunciaron nuevas filtraciones desde el “dry stack” —una montaña de jales aparentemente “secos”— hacia el río Coyote, mostrando cómo un solo proyecto puede generar episodios de contaminación recurrente en el tiempo.

Guaymas, 2019: ácido sulfúrico en el Mar de Cortés

En julio de 2019, una falla en una válvula de la planta metalúrgica de Grupo México en Guaymas, Sonora, provocó el derrame de aproximadamente 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, Patrimonio Natural de la Humanidad. La empresa aseguró que el incidente fue controlado rápidamente y que no hubo “riesgos” para la vida marina; sin embargo, medios y redes sociales documentaron la aparición de tortugas y otros animales muertos en las playas cercanas, lo que generó protestas y el reclamo de cancelar concesiones a la compañía, marcada ya por el derrame del Río Sonora en 2014.

Durango, 2020: casi 6 mil m³ de jales

En 2020, la Profepa clausuró temporalmente una planta de beneficio de plomo y zinc en Canelas, Durango, tras el derrame de más de 5,780 metros cúbicos de jales de su presa. El comunicado oficial reconoce la magnitud del vertido, pero no detalla públicamente los impactos de largo plazo en cuerpos de agua y suelos. El caso ilustra otra constante: las sanciones administrativas —suspensión temporal, multas— suelen ser mucho más concretas que los programas de monitoreo de salud o la remediación ambiental integral.

Cosalá, 2021: peces y tortugas muertas en Sinaloa

En abril de 2021, en la zona serrana de Cosalá, Sinaloa, se rompió infraestructura de la mina Real de Cosalá y alrededor de 1,960 metros cúbicos de jales mineros llegaron al arroyo El Cajón, afluente del río San Lorenzo. La Conagua informó que realizaba muestreos para evaluar las posibles afectaciones, luego de denuncias de muerte masiva de peces, tortugas y crías de caimanes en el cauce. Los jales, recordó la propia autoridad, suelen contener metales pesados e incluso compuestos como cianuro o arsénico, altamente tóxicos para fauna y humanos. Habitantes de San José de las Bocas relataron que la presa de jales se rompió el 25 de abril, pero se enteraron cinco días después, cuando los derrames ya habían llegado al río; el representante de la mina incluso les dijo que él “bebería esa agua” para demostrar que no pasaba nada.

Concordia, 2025: 19 mil m³ de jales en tres arroyos

El 30 de junio de 2025, la empresa Metales Rosmex, dedicada a la extracción de oro y plata, sufrió un desborde en su presa de jales en el municipio de Concordia, Sinaloa. Según Profepa, 19,280 metros cúbicos de residuos mineros corrieron a lo largo de casi 600 metros, afectando tres arroyos —Tía Chona, Magistral y Agüita Caliente— y una zona de selva baja, ecosistema de alta biodiversidad. La mina fue clausurada de manera temporal total. Las autoridades estatales de salud y ambientales declararon una contingencia, pero, como en otros casos, aún no existe un diagnóstico público integral sobre el impacto en la cadena alimentaria ni sobre las posibles afectaciones a largo plazo para comunidades aguas abajo.

Río Sonora, 2014: antecedente que sigue presente

Aunque ocurrió hace más de diez años, el derrame de Buenavista del Cobre —filial de Grupo México— en el Río Sonora sigue siendo el punto de referencia obligado. El 6 de agosto de 2014, alrededor de 40,000 metros cúbicos de lixiviados ácidos con metales pesados se vertieron en los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua limpia a unas 22,000–23,000 personas. Un dictamen conjunto de Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, presentado en 2023, concluyó que el derrame no fue un “accidente” inevitable, sino resultado de un mal diseño hidrológico y fallas de manejo; además, señaló que persiste la contaminación en agua, aire, flora y fauna, con metales por encima de las normas. En 2024, los Comités de Cuenca del Río Sonora denunciaron que, a una década del evento, no hay reparación integral ni atención médica especializada en toxicología para la población afectada. El caso Sonora, muestra de manera cruda algo que se repite en los desastres más recientes: los efectos ambientales y en salud se extienden mucho más allá de la fecha del derrame.

Los derrames descritos no son hechos aislados. De acuerdo con el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por Semarnat y el IMTA, en México existen al menos 585 presas de jales georreferenciadas, concentradas sobre todo en estados mineros como Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Estos depósitos contienen lodos finos y agua cargada de metales como arsénico, plomo y mercurio; la lixiviación a través de la lluvia permite que los contaminantes lleguen a acuíferos, ríos y suelos agrícolas, con efectos que pueden durar décadas.

Entre 2000 y 2023, Profepa registró 66 derrames en presas de jales; un análisis reciente detalla que Zacatecas concentra 25 de estos incidentes, seguido de Durango (9), Chihuahua (8), Guanajuato (5) y Sinaloa (3). Es decir, en promedio, casi tres derrames cada año en estructuras que, por norma (NOM‑141‑SEMARNAT‑2003), deberían operar bajo “condiciones de máxima seguridad” para proteger a la población y el equilibrio ecológico.

Reformas legales y resistencias

Durante décadas, la Ley Minera de 1992 declaró la minería “de utilidad pública” y preferente sobre casi cualquier otro uso del suelo, lo que facilitó la entrega de decenas de miles de concesiones. Investigadores y organizaciones como PODER y la Red Mexicana de Afectados por la Minería han señalado que ese marco permitió una expansión acelerada de proyectos sin suficientes salvaguardas ambientales ni protección efectiva a pueblos indígenas y comunidades agrarias. En 2022 y 2023 se aprobaron reformas a la Ley Minera y otras normas relacionadas con agua y residuos, orientadas a limitar nuevas concesiones en áreas naturales protegidas o zonas con escasez de agua, reducir la duración de los títulos mineros e introducir obligaciones más claras en materia de consulta a pueblos originarios. Paralelamente, el gobierno integró el Inventario de Presas de Jales y elaboró lineamientos para su manejo, reconociendo que la información estaba dispersa y era incompleta.

Ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la Secretaría de Economía anunció en febrero de 2026 la recuperación de 1,126 concesiones mineras —unas 889,000 hectáreas— por incumplimientos fiscales o de reporte, muchas de ellas ubicadas en áreas naturales protegidas. Aun así, en el país siguen vigentes más de 22,000 concesiones. Para organizaciones ambientalistas, estos pasos son insuficientes mientras no se detenga la expansión de nuevas minas y no se garantice la remediación de daños antiguos. La persistencia de pasivos como El Pinabete o Río Sonora, y los derrames recientes en Sinaloa y Durango, alimentan la percepción de que buena parte del territorio minero funciona como “zona de sacrificio”: espacios donde la protección ambiental y los derechos de las comunidades se subordinan al valor del mineral.

En los últimos diez años, México ha visto morir a mineros atrapados en pozos inundados en Coahuila y ha observado ríos y arroyos teñirse de blanco o naranja por jales y ácidos derramados en Oaxaca, Sonora, Durango y Sinaloa. Cada caso tiene su expediente, sus comunicados oficiales y sus promesas de remediación, pero para las comunidades afectadas el “desastre” no termina cuando los titulares desaparecen: continúa en consultas médicas que no llegan, en agua que ya no se puede beber, en tierras que pierden productividad y en tajos abiertos que nadie cierra. La minería seguirá siendo un sector estratégico para la economía mexicana y para la transición energética. La pregunta es si el país será capaz de modificar las condiciones en las que se extraen los minerales —en el subsuelo y en las presas de jales— para que el costo no se siga cargando, una y otra vez, sobre los mismos ríos, las mismas comunidades y los mismos trabajadores.

Referencias:

• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2024-08-26/dos-anos-despues-del-derrumbe-en-la-mina-del-pinabete-los-rescatistas-recuperan-el-quinto-cuerpo.html
• El País. https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html
• https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/el-pinabete-otro-pasivo-ambiental-AP19341551 «El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?»
• https://elpais.com/mexico/2025-02-07/el-gobierno-recupera-los-huesos-del-ultimo-minero-atrapado-en-el-pinabete-dos-anos-y-medio-despues.html «El Gobierno recupera los huesos del último minero atrapado en el Pinabete dos años y medio después»
• https://mineriaenlinea.com/2021/06/colapsa-mina-en-muzquiz-coahuila-reportan-al-menos-7-trabajadores-atrapados/ «Colapsa mina en Múzquiz, Coahuila; reportan al menos 7 trabajadores …»
• https://www.cndh.org.mx/noticia/desastre-minero-de-pasta-de-conchos «Desastre minero de Pasta de Conchos – Comisión Nacional de los …»
• https://www.eleconomista.com.mx/politica/CFE-y-Proteccion-Civil-inician-recuperacion-de-cuerpos-de-mineros-atrapados-en-El-Pinabete-20231210-0034.html «CFE y Protección Civil inician recuperación de cuerpos de mineros …»
• https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/sabinas/tragedia-en-mina-el-pinabete-tres-anos-de-la-tragedia-miner/346371 «Tragedia en mina El Pinabete: Tres años de la tragedia miner»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). A las siete de la mañana, en San José del Cabo, la luz no concede tregua. Cae directa sobre el polvo suspendido, sobre los parabrisas empañados por el aire acondicionado al límite, sobre los rostros tensos que miran el reloj mientras la fila apenas avanza alrededor de la Glorieta Fonatur, frente a la Mega.

Ahí, en el punto donde la carretera transpeninsular debería fluir como arteria principal del sur de Baja California Sur, el tránsito se coagula. Hasta una hora para salir rumbo a Cabo San Lucas o para regresar al centro josefino. Una hora que no aparece en ningún presupuesto oficial, pero que se paga todos los días.

También te podría interesar: Baja California Sur ante el cambio climático: un estado vulnerable que sigue sin plan

La escena se repite: motores encendidos, filas que serpentean en ambos sentidos, estudiantes, trabajadores del sector servicios, transporte público y unidades de carga atrapados en el mismo embudo. No es una percepción aislada; es un patrón. En horas pico y temporadas de alta afluencia turística, la glorieta —diseñada para otro volumen vehicular— queda rebasada por la realidad.

El crecimiento de Los Cabos no es reciente. En la última década, el municipio ha experimentado una expansión demográfica y urbana sostenida: más desarrollos habitacionales, más oferta hotelera, más servicios. Más autos. La infraestructura vial en puntos estratégicos, sin embargo, no siempre avanzó al mismo ritmo. La Glorieta Fonatur se convirtió en la evidencia cotidiana de esa brecha entre desarrollo y planeación.

Frente al cuello de botella, el gobierno estatal impulsa una obra de gran escala: un paso a desnivel con cuatro puentes. De acuerdo con información oficial actualizada a febrero de 2026, el proyecto presenta un avance cercano al 70 por ciento y una inversión estimada de 480 millones de pesos. Las autoridades han señalado que la obra incluso ha superado los tiempos programados originalmente.

El concreto ya dibuja el nuevo perfil urbano. Las estructuras metálicas se elevan sobre el caos que persiste abajo. Mientras tanto, la vida diaria continúa reorganizándose en función del tráfico.

Una trabajadora del sector servicios cuenta que ahora sale con cuarenta minutos adicionales de anticipación. Un conductor de transporte privado calcula rutas alternas, aunque admite que el retraso es casi inevitable. No son casos aislados; son parte de una normalidad alterada.

El impacto no se limita a la frustración. Una hora detenidos implica mayor consumo de combustible, más emisiones, desgaste mecánico y menos tiempo con la familia. En una región cuyo dinamismo depende del turismo y la movilidad constante, el tránsito se vuelve un asunto estratégico.

En medio de la congestión ha surgido una ruta alterna: aproximadamente 800 metros detrás de Chedraui Selecto, con un ancho cercano a siete metros. No es solución estructural ni permanente, pero permite evitar la glorieta en ciertos trayectos y reducir tiempos en momentos críticos. Su uso ha crecido conforme más conductores la descubren. Aun así, su capacidad es limitada y también resiente la presión en horas de mayor saturación.

La pregunta persiste bajo el asfalto caliente: ¿bastará el paso a desnivel para resolver el problema de fondo? La experiencia en otras ciudades muestra que las grandes obras alivian, pero no sustituyen una política integral de movilidad. Sin transporte público robusto, sin planeación urbana coordinada y sin incentivos para diversificar modos de traslado, la infraestructura puede resultar insuficiente ante el crecimiento continuo.

La Glorieta Fonatur es más que un punto conflictivo; es un síntoma. Refleja cómo las ciudades turísticas crecen con rapidez y cómo la infraestructura suele reaccionar en lugar de anticiparse.

El 70 por ciento de avance representa una esperanza concreta. Cada columna levantada es una promesa de alivio. Pero el desafío real comenzará cuando se corte el listón: convertir una obra emblemática en parte de una estrategia amplia que garantice movilidad sostenible a largo plazo.

En la hora más larga de Los Cabos se concentran las tensiones del desarrollo contemporáneo: prosperidad y congestión, crecimiento y saturación. El paso a desnivel podrá redistribuir el tránsito; lo que está en juego es si también redistribuye tiempo y bienestar.

Porque una ciudad no se mide por el tamaño de sus puentes, sino por el valor que otorga al tiempo de quienes la habitan.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el corazón del desierto mexicano de Baja California se extiende el Valle de los Cirios, un vasto territorio predominantemente árido que alberga uno de los mayores desiertos del país, amplias comunidades rurales, paisajes únicos —como el cardón gigante— y, sobre todo, un delicado equilibrio ecológico. Estas tierras no solo sostienen una biodiversidad endémica sino que también forman parte de áreas naturales protegidas, como el Área de Protección de Flora y Fauna “Valle de los Cirios”. Su extensión y condiciones han sido protegidas por decretos ambientales debido a su importancia biológica y cultural. En este contexto, la reciente intención de establecer una megamina a cielo abierto ha encendido la alerta de autoridades, académicos, activistas y pobladores locales.

¿Qué es el proyecto minero El Arco?

El proyecto “El Arco” es una propuesta de extracción minera promovida por Grupo México (a través de Mexicana del Arco, S.A. de C.V.), orientada a la explotación de cobre, oro y otros minerales en una vasta superficie del Valle de los Cirios, entre los estados de Baja California y Baja California Sur.

También te podría interesar: Nadia López García asume la Dirección General de Materiales Educativos, sustituyendo a Marx Arriaga Navarro

Según la documentación disponible y declaraciones de autoridades locales, el proyecto contemplaría:

• Un tajo a cielo abierto de más de 50,000 hectáreas de extensión.
• Una vida útil de la mina estimada en 50 años.
• Procesos de lixiviación y extracción intensiva de minerales, incluyendo la posibilidad de producir hasta 190 mil toneladas de cobre y 105 mil onzas de oro al año.

Estas dimensiones convierten a El Arco —en palabras de legisladores y activistas— no solo en uno de los proyectos mineros más grandes en la historia de México, sino también en uno de los más polémicos por su ubicación y exigencias hidráulicas.

El agua como eje del conflicto

Si hay un factor que ha centrado el debate público y político sobre El Arco, ese es el agua: un recurso escaso, estratégico y, para muchos, esencial para cualquier posibilidad de vida humana y productiva en el Norte de Baja California Sur.

El Valle de los Cirios se apoya en un sistema subterráneo conocido como acuífero del Vizcaíno, una importante reserva de agua que abastece a comunidades como Vizcaíno, Guerrero Negro y el municipio de Mulegé en general. Este acuífero, según estudios y declaraciones de autoridades legislativas, se encuentra actualmente en equilibrio, es decir, no tiene capacidad extra para concesiones adicionales.

La preocupación central surge porque:

• El proyecto El Arco utilizaría alrededor de 9 a 10 millones de metros cúbicos de agua por año en sus procesos.
• Se estima que eso podría representar hasta el 50% del agua disponible en el acuífero si la mina opera a plena capacidad.
• Un uso intensivo de este volumen de agua pondría en riesgo el suministro para uso doméstico, agrícola y ganadero en el Norte de Baja California Sur.

Esta relación entre minería e hídrico ha convertido al agua en un símbolo del conflicto, no solo técnico, sino de derechos humanos: el agua potable como prioridad frente a cualquier explotación industrial.

Actores en la disputa: la política y la sociedad civil

El proyecto no es solo una cuestión técnica; ha generado movilizaciones políticas y sociales en varias instancias.

1. Legisladores y el papel de Karina Olivas Parra

Una figura central en las últimas semanas ha sido la diputada Karina Olivas Parra, integrante del Congreso del Estado de Baja California Sur. En este mes, Olivas Parra promovió un punto de acuerdo para exigir que no se autoricen permisos al proyecto minero El Arco con base en argumentos ambientales, jurídicos y de derechos humanos.

En su iniciativa, planteó que:

• La SEMARNAT, la CONANP y la CONAGUA deben ser exhortadas a consultar pública y técnicamente la viabilidad ambiental del proyecto.
• Las autorizaciones no deben expedirse si se compromete el acceso al agua potable y se contravienen las restricciones del Programa de Manejo del Área Protegida.
• La prioridad debe ser la protección del derecho humano al agua por sobre cualquier interés extractivo.

La propuesta fue turnada a comisiones del Agua y de Ecología para su análisis y posible dictaminación, en un proceso que ha puesto presión política sobre las autoridades ambientales a nivel federal y estatal.

2. Autoridades estatales

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha manifestado abiertamente su rechazo al proyecto, pese a que la mayor parte de la mina estaría en el estado vecino de Baja California. Castro ha reiterado que “el agua va primero que el oro”, y ha expresado su preocupación por los efectos que tendría sobre el acuífero del Vizcaíno, incluso fuera de los límites administrativos.

Este posicionamiento del Ejecutivo estatal ha agregado un peso político considerable a la discusión, generando un frente de oposición institucional al proyecto.

3. Sociedad civil y comunidades

Diversos grupos comunitarios, activistas ambientales y organizaciones civiles han llevado a cabo campañas informativas y de protesta desde hace años, alertando sobre los efectos negativos de proyectos mineros en la región y denunciando posibles vulneraciones al marco de protección de áreas naturales.

Aunque no todos los testimonios han sido recogidos en medios tradicionales, la preocupación social se nota en expresiones, publicaciones informales y en redes sociales por parte de habitantes locales preocupados por el futuro de sus fuentes de agua y modos de vida.

Impactos ambientales potenciales

Los efectos que podría generar El Arco, según especialistas ambientales y fuentes documentales de impacto climático y ecológico, incluyen:

Erosión y transformación del suelo

• La minería a cielo abierto implica la remoción de grandes volúmenes de tierra, lo cual altera la geografía y facilita la erosión intensiva.
• El Valle de los Cirios, por su naturaleza desértica y vegetación adaptada a condiciones extremas, es especialmente vulnerable a la pérdida de suelo fértil y al aumento de la polución de sedimentos.

Contaminación del agua

• Los procesos de lixiviación y extracción química pueden generar residuos tóxicos que se infiltran en las capas subterráneas si no se controlan adecuadamente —algo particularmente crítico en zonas con acuíferos compartidos.
• El uso masivo de agua y su retorno con contaminantes (metales pesados, cianuro, sales) podría poner en riesgo no solo la cantidad sino la calidad del agua potable para humanos, ganado y agricultura.
• La inexistencia de una reserva adicional de agua hace que los riesgos de sobreexplotación sean altos.

Biodiversidad y ecosistemas

• La gran extensión de la mina afectaría hábitats de flora y fauna propias del desierto, algunas de ellas especies endémicas o en riesgo.
• El Valle de los Cirios ha sido catalogado como un espacio de alto valor ecológico, por lo que la fragmentación de hábitats podría tener consecuencias a largo plazo.

Estos impactos están interconectados: pérdida de suelo, contaminación del agua y degradación ecológica no son fenómenos aislados, sino procesos que se potencian y que históricamente han definido conflictos mineros similares en el mundo.

Antecedentes y contexto histórico

Aunque el debate actual se intensificó en 2025–2026, la preocupación por la megaminería en la región no es nueva. A finales de 2024, legisladores ya habían solicitado información detallada a SEMARNAT, CONANP y CONAGUA sobre solicitudes de permisos y concesiones relacionadas con Mexicana del Arco, destacando el riesgo que supondría el uso de casi 10 millones de metros cúbicos de agua para estos fines.

Esto demuestra que el conflicto ha tenido anticipación política, con reuniones, solicitudes y debates previos al punto de acuerdo reciente, aunque nunca había escalado tan visiblemente en el Congreso estatal.

Retos y propuestas para un futuro inmediato

Frente a este complejo escenario, distintos sectores han planteado propuestas y retos que deben ser atendidos si se pretende encontrar una solución equilibrada entre desarrollo y sostenibilidad:

1. Transparencia y análisis ambiental riguroso

Expertos ambientales, comunidades y legisladores coinciden en exigir que cualquier evaluación de impacto ambiental sea:

• Pública, accesible y con participación ciudadana real;
• Realizada por organismos autónomos e independientes;
• Sujeta a revisión judicial si es necesario.

2. Protección del derecho al agua

Organizaciones de derechos humanos y legisladores han subrayado la necesidad de blindar el derecho humano al agua antes de permitir cualquier concesión que pueda comprometerlo.

3. Desarrollo alternativo

La economía local de Mulegé y zonas aledañas depende de agricultura, ganadería, turismo y pesca. Propuestas de desarrollo sustentable incluyen:

• Fomento de energías renovables (solar y eólica);
• Turismo ecológico;
• Agricultura sostenible adaptada al clima árido.

Estas alternativas buscan ofrecer rutas de desarrollo que no comprometan los recursos naturales esenciales.

El debate continúa

El proyecto minero El Arco ha tensionado los límites entre desarrollo económico y protección ambiental, entre intereses corporativos y derechos comunitarios, y entre decisiones tecnocráticas y demandas sociales.

Mientras las comisiones legislativas analizan propuestas como el punto de acuerdo promovido por la diputada Karina Olivas Parra, el debate obligatorio seguirá planteando una pregunta central: ¿puede México aspirar a una minería moderna sin sacrificar sus recursos hídricos, sus territorios protegidos y las formas de vida comunitarias que dependen de ellos? En el Valle de los Cirios, la respuesta aún está por escribirse.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A primera vista, la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) parece un simple relevo de un cargo técnico. Sin embargo, detrás de la remoción hay una intensa disputa política, pedagógica y cultural que revela tensiones profundas sobre qué y cómo se enseña a las niñas y niños de México, sobre la política educativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sobre el papel del Estado en la educación pública.

Arriaga —coordinador de los nuevos libros de texto gratuitos del sexenio anterior— fue separado de su puesto en febrero de 2026 con un procedimiento que el propio funcionario calificó como “ilegal” y la SEP describió como un cambio de naturaleza en la designación del cargo, sin que ello “constituyera un desalojo”. Su conflicto con la SEP —liderada por el secretario Mario Delgado Carrillo y la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez— estalló en los últimos meses, tras negarse Arriaga a aplicar cambios sugeridos a los libros que él mismo ayudó a desarrollar como parte del proyecto de la NEM.

También te podría interesar: Crónica de la salida de Marx Arriaga de la SEP. El último capítulo de una larga disputa

Quién es Marx Arriaga y por qué fue removido

Doctor en Filología Hispánica y profesor investigador, Marx Arriaga Navarro llegó a la SEP en 2019, en tiempos de la administración de Delfina Gómez Álvarez, y desde 2022 encabezó la política editorial de los nuevos LTG vinculados con la Nueva Escuela Mexicana.  Arriaga se convirtió en una figura polémica al defender una visión de educación centrada en un currículo humanista, crítico y comunitario, con participación directa de docentes en la elaboración de materiales, en contraste con enfoques más tradicionales y especializados.

En su defensa mediática, tras la notificación de su salida, Arriaga afirmó que se le exigió eliminar contenidos de los libros —como referencias históricas, sociales y metodológicas— que él consideraba esenciales para una formación integral, y que su negativa a aceptar esos cambios provocó confrontaciones con otros mandos de la SEP. Además, dijo percibir una contradicción interna de proyecto educativo, donde algunos funcionarios ajenos a la tradición del llamado obradorismo estarían presionando para modificar la orientación docente de los materiales.

La SEP, por su parte, negó que hubiera habido un desalojo forzado y subrayó que la modificación del puesto obedece a razones administrativas y legales.

Libros de texto gratuitos: historia y el legado reciente

Los libros de texto gratuitos (LTG) forman parte de una política pública mexicana con más de seis décadas de historia. Desde su creación en 1959 a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), estos materiales se han considerado una herramienta clave para garantizar equidad educativa y homogeneidad curricular en todo el país.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), los LTG fueron reimaginados dentro de la NEM, una propuesta que privilegia una visión humanista y comunitaria del aprendizaje, con campos formativos integrados y un enfoque más transversal del conocimiento. Este cambio generó un amplio debate. Críticos señalaron inconsistencias temáticas, carencias metodológicas y falta de presencia de materias tradicionales por asignatura; defensores destacaron la participación docente y el enfoque centrado en la experiencia social y cultural del estudiantado.

El propio presidente López Obrador salió a defender los nuevos textos en 2023, afirmando que eran “muy bien hechos” y que reflejaban el trabajo de especialistas y maestros, pese a las críticas.

Las críticas: ideologías, contenido y estructura

Una de las principales líneas de crítica internacional y nacional fue la supuesta presencia de contenido ideológico, mala presentación de disciplinas como matemáticas y la eliminación de estructuras didácticas tradicionales, lo que según algunos expertos podría impactar negativamente en el aprendizaje. Académicos también han señalado que la reorganización de contenidos y la integración de asignaturas en campos formativos puede haber diluido la profundidad en materias específicas, lo que podría afectar la enseñanza de conceptos fundamentales como matemáticas o historia moderna.

Por otro lado, defensores de la reforma apuntan a que los cambios responden a una visión educativa integral, donde la educación no solo transmite contenidos, sino que fomenta pensamiento crítico, equidad de género y diversidad cultural. Estudios académicos han documentado que estos discursos contrapuestos se reflejan en la recepción de los textos por parte de distintos actores educativos y sociales, quienes valoran o critican los LTG desde perspectivas metodológicas, políticas y culturales.

Retos inmediatos para la educación básica

La remoción de Arriaga y el debate sobre los LTG evidencian desafíos estructurales y políticos en la educación básica mexicana:

1. Sostenibilidad pedagógica

La transición hacia un currículo integrado y humanista plantea la necesidad de apoyar a docentes en su implementación, capacitando a las comunidades escolares para adaptar estos materiales a contextos diversos. Esto implica recursos, formación continua y evaluación rigurosa del impacto pedagógico.

2. Equilibrio entre innovación y contenido fundamental

Las tensiones entre enfoques pedagógicos innovadores y la necesidad de asegurar dominio de habilidades básicas (matemáticas, lenguaje, ciencias) requieren una revisión equilibrada de cómo se integran contenidos en los libros sin sacrificar profundidad y coherencia.

3. Transparencia y gobernanza educativa

La polémica ha animado a sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil a pedir revisión transparente de los LTG, con participación plural y evidencia técnica que respalde sus decisiones editorial y curricular.

4. Participación de la comunidad educativa

La discusión pública ha puesto de manifiesto el papel de madres y padres de familia, docentes, académicos y estudiantes en la construcción y evaluación de políticas educativas. Incorporar estas voces en procesos de revisión y creación de materiales es un desafío organizacional de largo plazo.

Impacto político y social

Más allá de lo técnico, la controversia por los LTG y la salida de Arriaga tiene consecuencias políticas y sociales. Actores de oposición ven en estos hechos una señal de reconfiguración interna del proyecto educativo de la Cuarta Transformación, mientras defensores de la reforma educativa lamentan la pérdida de un aliado clave en la defensa de la NEM. Organizaciones como el Consejo Nacional de Nueva Derecha han aprovechado el momento para exigir una revisión de los contenidos de los libros elaborados bajo la gestión de Arriaga, señalando sesgos ideológicos que, a su juicio, requieren rectificación.

Esta pugna refleja una idea más amplia de cómo México entiende su educación pública: ¿debe la educación conectar con una visión humanista y crítica del país, o priorizar contenidos técnicos tradicionales? ¿Quién tiene la autoridad para decidirlo? Son preguntas que trascienden a cualquier funcionario y que requieren diálogo social profundo.

Mirada hacia el futuro: reconstruir consenso en educación

La educación básica en México entra a un periodo de transición. La SEP y la sociedad tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de construir un pacto educativo más amplio, que reconozca los errores y logros de los nuevos LTG, que fortalezca la enseñanza de competencias fundamentales, y que incluya a maestros y comunidades en la evaluación permanente de los materiales educativos.

El desafío no radica solo en definir qué contienen los libros, sino en asegurar que cada niña y niño mexicano tenga acceso a materiales relevantes, rigurosos y equitativos, respaldados por evidencia pedagógica y amplios consensos sociales. Si esto ocurre, la educación básica puede salir más fuerte de esta crisis; si no, la disputa por los libros de texto será solo un síntoma de tensiones más profundas que esperan ser resueltas en el corazón de la política educativa mexicana.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las instituciones del sector Salud en Baja California Sur aplican la dosis cero de la vacuna contra el sarampión a niñas y niños de 6 a 11 meses, como parte del reforzamiento preventivo implementado tras confirmarse el primer caso en 2026.

Así lo informó la secretaria de Salud en BCS, Ana Luisa Guluarte Castro, al presidir una sesión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), donde precisó que el caso corresponde a una menor de 6 años que reside en Cabo San Lucas, lo que activó acciones inmediatas de control epidemiológico en la entidad.

Durante el encuentro se presentó un informe sobre el cerco sanitario y el bloqueo vacunal que la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria 4 Los Cabos, realiza en la colonia donde habita la paciente confirmada, con el propósito de interrumpir cadenas de transmisión.

En la sesión se acordó fortalecer la estrategia de inmunización en el Estado, a fin de ampliar la cobertura y reducir riesgos de propagación.

La titular de la dependencia convocó a madres y padres de familia a acudir con sus hijas e hijos a recibir esta aplicación, que contribuye a reforzar sus defensas ante una enfermedad que puede presentar mayor severidad en la población infantil.

La dosis cero se aplica en entidades con casos confirmados para proteger a las y los infantes en este rango de edad, por lo que se reiteró el llamado a acudir sin demora al centro de salud, clínica u hospital público más cercano para iniciar o completar esquemas.

Aunque BCS registra hasta el momento un solo caso confirmado en 2026, el sarampión es altamente contagioso y puede derivar en complicaciones graves, incluso fatales; por ello, también se suministrarán vacunas a personas de 13 a 49 años que no tengan certeza de haber sido inmunizadas, con el objetivo de ampliar la protección comunitaria.