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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El Spring Break no entra a Baja California Sur en silencio. Entra por el aeropuerto de San José del Cabo, por los camiones turísticos, por las pulseras de hotel todo incluido, por los bares encendidos antes de que caiga la tarde y por esa postal que el mundo compra sin mirar el reverso: sol limpio, mar azul, arena caliente, servicio impecable. Del 1 de marzo al 3 de abril de 2026, Los Cabos esperaba recibir entre 45 mil y 50 mil jóvenes, principalmente de Estados Unidos, con una derrama estimada superior a 50 millones de dólares. Doce hoteles participaron directamente en esta temporada organizada, coordinada entre autoridades, hoteleros y operadores turísticos. La ocupación prevista rondaba el 80%. En la superficie, todo parecía una buena noticia. Y lo es, al menos para una parte del Estado.

Ganan los hoteles, los restaurantes, los bares, los transportistas, las agencias, los organizadores de eventos, los comercios de la zona turística y una cadena amplia de trabajadores que vive de la temporada alta. Gana también el gobierno, que puede presentar cifras de dinamismo, conectividad y confianza internacional. En un Estado donde el turismo no es solo actividad económica sino columna vertebral del discurso público, el Spring Break funciona como vitrina: muestra a Los Cabos como destino seguro, deseable, rentable. Cada llegada confirma una marca; cada habitación ocupada sostiene una narrativa de éxito. Pero Baja California Sur no es solo la postal. Es también el territorio que sostiene esa postal. Y ahí empieza la grieta.

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El mayor impacto se concentra en Los Cabos, no en todo el Estado por igual. La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé reciben efectos indirectos: movilidad, proveeduría, expectativas de inversión, presión sobre servicios, comparación permanente con el sur próspero. Pero el peso principal cae sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas, donde el turismo de alto consumo convive con colonias que han crecido más rápido que la infraestructura pública. Según datos censales, Los Cabos pasó de 238,487 habitantes en 2010 a 351,111 en 2020; en ese último año concentraba alrededor del 44% de la población estatal. Ese crecimiento no llegó acompañado, en la misma proporción, de agua, vivienda digna, transporte suficiente ni planeación urbana capaz de ordenar la expansión.

La contradicción es brutal porque se mira sin necesidad de explicarla demasiado: campos de golf verdes en medio del desierto, albercas relucientes frente al mar, hoteles de lujo ofreciendo abundancia hídrica como parte de la experiencia, mientras en zonas populares el agua puede convertirse en espera, tandeo, tinaco, pipa, gasto extra y resignación. De acuerdo con registros oficiales de disponibilidad de agua subterránea, el acuífero de Cabo San Lucas presenta una disponibilidad media anual negativa de más de 24 hectómetros cúbicos; el de San José del Cabo también aparece con déficit, al igual que el de La Paz. No es una metáfora: el subsuelo está diciendo, con números secos, que la fiesta ocurre sobre una cuenta sobregirada.

La pregunta no es si el turismo debe existir. Sería absurdo plantearlo así en un Estado cuya economía depende de esa maquinaria. La pregunta es quién decide sus límites, quién paga sus costos y quién se queda con sus beneficios más altos. Porque el Spring Break deja dinero, sí, pero también deja presión: más consumo de agua, más residuos, más tránsito, más demanda de seguridad, más ruido, más tensión sobre playas y espacios públicos, más empleo temporal y, muchas veces, más desigualdad normalizada bajo el lenguaje amable del desarrollo.

El crecimiento hotelero e inmobiliario ha reordenado las prioridades. En Los Cabos, el suelo vale por su capacidad de mirar al mar, no necesariamente por su capacidad de alojar con justicia a quienes hacen funcionar el destino. La vivienda para trabajadores se empuja lejos de la franja turística; los traslados se alargan; la ciudad se estira hacia donde puede, no siempre hacia donde debe. El lujo concentra inversión, pero también concentra vulnerabilidad: un destino que depende de vender abundancia en un territorio de escasez está obligado a revisar su modelo antes de que la contradicción se vuelva fractura.

Hay salidas, pero no caben en el optimismo publicitario. Requieren transparencia en concesiones y usos de agua, planeación urbana vinculante, medición pública del consumo turístico, inversión real en infraestructura hidráulica, tratamiento y reúso, límites ambientales verificables, vivienda accesible para trabajadores y acceso público efectivo a playas. Requieren que el éxito no se mida solo por ocupación hotelera y derrama, sino por la capacidad de que el destino no expulse, no seque y no oculte a quienes lo sostienen.

Spring Break 2026 muestra, con una claridad casi cruel, las dos caras de Baja California Sur: la del paraíso que se vende al mundo y la del territorio que absorbe la factura. Los jóvenes se irán con fotos, pulseras cortadas y memoria de fiesta. Los hoteles cerrarán cuentas. Las autoridades hablarán de saldo positivo. Pero cuando baje la música, quedará lo esencial: un Estado que debe decidir si quiere seguir celebrando el desarrollo como espectáculo o empezar a defenderlo como derecho compartido. Porque en el desierto, la prosperidad que no alcanza para todos termina pareciéndose demasiado a la sed.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Una auditoría de cumplimiento que detecta proveedores con RFC inactivo, socios en listas de sanciones o beneficiarios finales no declarados no es una falla del área jurídica: es una falla del master data management. Cuando los datos de terceros no se mantienen verificados y actualizados, el riesgo regulatorio se acumula en silencio dentro de los sistemas.

La LAFT, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y las listas internacionales como OFAC o las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU exigen que las empresas conozcan con quién operan. No basta con tener un contrato firmado, los datos del tercero deben ser verificables, trazables y actualizables ante cualquier requerimiento de autoridad.

¿El área de compliance de tu empresa puede demostrar que los datos de sus proveedores y clientes están actualizados y son auditables en este momento? Más adelante, qué datos maestros exige cada marco regulatorio en México y cómo soluciones empresariales permiten mantener esos datos verificados vía API con el respaldo del D&B Data Cloud.

¿Por qué el compliance empresarial depende de la calidad de los datos maestros?

El master data management en el contexto de cumplimiento normativo no es un proyecto de TI: es la base sobre la que se construye cualquier programa de compliance que pueda sostenerse ante una revisión de autoridad. Un programa que depende de datos desactualizados, autodeclarados o no verificados con fuentes externas tiene una fragilidad estructural que ninguna política interna puede compensar.

Además, las consecuencias de operar con datos de terceros incorrectos van más allá de una multa administrativa. Bajo ciertos supuestos de la LAFT, mantener relaciones comerciales con entidades vinculadas a lavado de activos o financiamiento al terrorismo puede generar responsabilidad penal para los representantes legales de la empresa compradora, independientemente de si la operación fue intencional.

¿Qué datos maestros de terceros exige verificar la regulación en México?

Cada marco regulatorio establece sus propios requerimientos sobre los datos que una empresa debe conocer y documentar de sus terceros. La siguiente tabla resume los principales cuerpos normativos aplicables en México y los datos maestros que cada uno exige tener verificados:

Por otro lado, estos requerimientos no son estáticos: las listas de sanciones se actualizan con frecuencia, el estatus fiscal de un proveedor puede cambiar sin previo aviso y los árboles societarios se modifican con cada reestructura corporativa. Un proceso de gestión de datos maestros que solo verifica al momento del alta de tercero —y no monitorea cambios posteriores— cumple formalmente, pero no protege.

¿Cómo mantener actualizados los datos maestros de proveedores y clientes para cumplimiento?

El proceso de mantenimiento de datos de terceros para cumplimiento tiene tres componentes que deben funcionar en conjunto: verificación inicial, monitoreo continuo y trazabilidad de cambios. Sin los tres, el programa de KYC empresarial tiene brechas que una auditoría externa puede detectar con facilidad.

Dicho esto, el monitoreo continuo es el componente que más frecuentemente se omite. Verificar a un proveedor al momento del alta y no volver a revisar su estatus durante 24 meses es una práctica que deja expuesta a la empresa ante cualquier cambio regulatorio que ocurra en ese intervalo. Las organizaciones con programas de compliance maduros establecen alertas automáticas vinculadas a eventos específicos: entrada en lista de sanciones, cambio de estatus fiscal, modificación del árbol societario o designación como PEP de algún funcionario vinculado al tercero.

¿Qué riesgos genera operar con datos de terceros desactualizados o sin verificar?

Los riesgos de una gestión de datos maestros deficiente en el área de compliance no se distribuyen de forma uniforme: se concentran en los terceros de mayor volumen, mayor antigüedad en la relación y mayor complejidad corporativa. Precisamente los que menos se revisan porque la relación comercial ya está consolidada.

Los escenarios de riesgo más frecuentes en organizaciones mexicanas:

• Deducibilidad rechazada por el SAT: operaciones con proveedores del listado del artículo 69-B generan efectos fiscales retroactivos que el área de compras no anticipó al momento de la contratación.
• Bloqueo de cuentas bancarias: algunas instituciones financieras revisan periódicamente a sus clientes corporativos y pueden restringir operaciones si detectan vínculos con entidades sancionadas.
• Responsabilidad solidaria ante el IMSS: contratistas que no tienen al corriente sus obligaciones patronales pueden generar obligaciones para la empresa contratante en ciertos supuestos de subcontratación.
• Señalamientos en auditorías externas o de certificación: programas ISO, auditorías de clientes corporativos o licitaciones internacionales requieren demostrar que los datos de terceros son verificables y están documentados.

Cada uno de estos escenarios tiene en común que el problema no estaba en la operación, estaba en los datos del tercero con el que se operó, y nadie los había revisado desde el alta.

El master data management en compliance no es una capa adicional sobre el programa de cumplimiento: es su infraestructura. Sin datos de terceros verificados, actualizables y trazables, cualquier política de KYC o due diligence opera sobre supuestos que ninguna autoridad aceptará como suficientes ante un requerimiento.

Para los equipos de compliance que necesitan mantener datos de clientes y proveedores verificados con fuentes regulatorias y comerciales en México, la plataforma CIAL ofrece capacidades de master data management con acceso a listas de sanciones, árboles societarios, datos de PEP y estatus fiscal vía API, con el número D-U-N-S como identificador único para la resolución y trazabilidad de cada entidad.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el conflicto ya no es técnico ni administrativo: es político, ambiental y de supervivencia. La Sierra de la Laguna —la principal fábrica de agua del Sur del Estado— se ha convertido en el epicentro de una disputa entre el interés público y la presión de proyectos privados que, bajo discursos maquillados de desarrollo, amenazan el equilibrio ecológico de la región.

Frente a ello, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, colectivo que agrupa a 34 organizaciones civiles, ha decidido subir el tono: prepara la presentación de un mandato ciudadano para obligar al gobierno estatal a utilizar una herramienta que el poder público ha evitado: la expropiación. No es una ocurrencia. Es una señal de que la ciudadanía está llegando al límite.

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El fondo del problema: agua contra negocio

La Sierra de la Laguna no es intercambiable ni sustituible. Es un ecosistema de más de 112 mil hectáreas que garantiza el abastecimiento de agua para cerca del 90% de la población de La Paz y Los Cabos. En un Estado marcado por el estrés hídrico, eso no es un dato ambiental: es un dato de seguridad pública. Y, sin embargo, sobre ese territorio avanzan proyectos inmobiliarios, turísticos y potenciales actividades extractivas que implican deforestación, presión sobre acuíferos, alteración del suelo y riesgo de contaminación.

El patrón es conocido: desarrollos disfrazados de “sustentables” que, en la práctica, privatizan el territorio y socializan el daño. La acusación: no sólo amenaza privada, también omisión pública

El planteamiento del Frente es frontal: no sólo hay presión privada, también hay tolerancia, complacencia y/o complicidad— de autoridades de los tres niveles de gobierno. La omisión ya no puede esconderse detrás de discursos burocráticos.

En derecho público, cuando una autoridad sabe que existe un riesgo y no actúa, deja de ser neutral: se convierte en parte del problema. En materia ambiental, eso tiene consecuencias graves: el daño no espera trámites, no respeta tiempos políticos, y muchas veces es irreversible.

Expropiar para proteger

Ante ese escenario, el mandato ciudadano rompe la inercia: propone la implementación de un programa integral de expropiación, adquisición o limitación de dominio de los predios privados ubicados dentro de la reserva. Que el Estado intervenga directamente en la propiedad privada cuando ésta pone en riesgo un bien colectivo esencial: el agua.

No se trata de arbitrariedad. La propia Constitución lo permite: la propiedad puede ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y si algo encaja en ese concepto, es precisamente esto: proteger la principal fuente de agua de toda una región.

Derechos humanos, no caprichos

El planteamiento no se sostiene en consignas, sino en un entramado jurídico sólido. El derecho humano al agua y al medio ambiente sano no es retórico, es exigible.

La Ley General de Equilibrio Ecológico reconoce la preservación del ambiente como materia de orden público. La legislación estatal permite expropiar bienes cuando el interés social está en juego. La Suprema Corte ha validado el principio precautorio, que obliga a actuar incluso ante riesgos no totalmente comprobados.

Y la Corte Interamericana ha sido clara: los Estados deben prevenir daños ambientales significativos. Aquí no hay margen de duda: la autoridad tiene la obligación de actuar.

Tres verdades incómodas

Detrás del mandato ciudadano hay tres afirmaciones que incomodan al poder:

• La Sierra de la Laguna sí es causa de utilidad pública. No por ideología, sino porque sin ella no hay agua.
• La inacción es una forma de violación a derechos humanos. Autorizar —o permitir— proyectos que afecten el ecosistema es comprometer el acceso al agua de miles de personas.
• La expropiación no es radical: es legal y necesaria. Siempre que haya debido proceso e indemnización, es una herramienta legítima del Estado para proteger el interés general.

El fondo del conflicto es más sencillo de lo que parece: ¿Debe prevalecer el interés privado de desarrollo inmobiliario o el interés colectivo de conservar el agua y el equilibrio ecológico? La respuesta jurídica ya existe. La pregunta es si existe voluntad política para aplicarla.

Un punto de quiebre

El mandato ciudadano que está por presentarse no sólo busca activar un procedimiento administrativo. Busca algo más profundo: romper la lógica de permisividad que ha permitido que intereses privados se inserten en zonas ambientalmente estratégicas.

En un estado donde el agua es escasa, la pasividad no es una opción. Porque en Baja California Sur, la disyuntiva ya no es desarrollo contra conservación. Es mucho más directa: o se protege la Sierra de la Laguna, o se pone en riesgo el futuro hídrico de toda la región.

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San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, la prosperidad turística tiene brisa marina, pero la vida cotidiana suele tener polvo, recibos vencidos y trayectos largos. En Los Cabos, La Paz y otras zonas de crecimiento acelerado, el desarrollo se mira en hoteles ocupados, restaurantes llenos, construcciones nuevas, aeropuertos activos y fraccionamientos que avanzan sobre el territorio. La postal funciona. La economía turística también. Pero cuando esa abundancia cruza la puerta de una casa trabajadora, cambia de nombre: renta, gasolina, mandado, agua, transporte, luz.

El Estado vive una paradoja difícil de mirar de frente. De acuerdo con datos públicos, Baja California Sur mantiene una economía asociada al turismo, la construcción, los servicios y el comercio, con una población ocupada de alrededor de 450 mil personas en el primer trimestre de 2025. El salario promedio mensual reportado para la entidad fue de 12.3 mil pesos; entre trabajadores formales, 14 mil pesos, y entre informales, 9.42 mil. La cifra parece alta frente a otros territorios, pero en una península turística el ingreso se mide contra precios que no caminan: corren.

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El salario mínimo general en México subió en 2026 a 315.04 pesos diarios. Es un avance real. Pero en Baja California Sur la pregunta no termina en cuánto gana una persona, sino cuánto le cuesta permanecer donde trabaja. Porque el paraíso no solo cobra a quien llega de vacaciones; también cobra a quien lo limpia, lo construye, lo cocina, lo transporta y lo mantiene abierto.

La vivienda es el primer golpe. En marzo de 2026, un reporte local ubicó a Los Cabos entre las zonas más caras para rentar en México, impulsada por un mercado inmobiliario orientado al turismo de lujo y a la presencia extranjera. La explicación económica es conocida: donde el suelo se vuelve mercancía turística, vivir cerca del empleo se convierte en privilegio. La consecuencia humana es más dura: trabajadores que sirven al destino, pero no pueden habitarlo.

Así se ensancha la ciudad invisible. La que no aparece en los folletos. La de quienes salen antes del amanecer desde colonias periféricas, hacen cuentas para cargar gasolina, esperan transporte, comparten vivienda o destinan medio ingreso a un cuarto. Según reportes locales sobre costo de vida en La Paz, un adulto necesitaría alrededor de 19,600 pesos mensuales para vivir con estabilidad en Baja California Sur, cifra superior al salario promedio mensual estatal reportado por Data México. Ese cruce de datos no prueba por sí solo todas las historias familiares, pero sí muestra una tensión central: el ingreso promedio no siempre alcanza para una vida completa.

El supermercado confirma lo que las estadísticas apenas alcanzan a sugerir. En una península larga, dependiente de mercancías que llegan por carretera, barco o avión, los básicos cargan distancia. El huevo, la leche, la carne, el arroz, el tomate, el agua embotellada, los productos de limpieza y los útiles escolares no solo tienen precio: tienen ruta. Cada kilómetro se suma a la cuenta final. Para una familia trabajadora, el mandado no es una compra; es una negociación semanal con la renuncia.

Los datos laborales, vistos sin contexto, pueden engañar. Baja California Sur suele aparecer con buenos ingresos comparativos y baja desocupación. Pero el problema no es únicamente tener empleo. Es que el empleo alcance. Es que el sueldo permita rentar sin hacinamiento, trasladarse sin perder horas de vida, comer sin deuda, pagar servicios sin escoger cuál recibo dejar para después. Medios locales han recogido esa percepción ciudadana: en Los Cabos se gana más que en otros lugares, pero también se gasta más. La frase, repetida en distintas formas, resume una economía donde el salario sube la escalera y el costo de vida toma el elevador.

El agua vuelve más áspera la contradicción. En Cabo San Lucas, autoridades y actores locales han reconocido un déficit grave: la delegación recibía alrededor de 480 litros por segundo, pero requería cerca de mil para garantizar el abasto. También se señaló que la infraestructura beneficia más a unas colonias que a otras. En 2026, OOMSAPAS Los Cabos informó proyectos hídricos por 260.3 millones de pesos y el reequipamiento de la desaladora número 1 para elevar su capacidad. La inversión es necesaria, pero también revela lo que el crecimiento dejó pendiente: primero llegó la expansión, después la urgencia por sostenerla.

Baja California Sur no está pagando el precio de ser bello; está pagando el precio de haber permitido que la belleza se administrara como negocio antes que como territorio habitable. El turismo no es el enemigo. Da empleo, mueve comercio, atrae inversión. El problema aparece cuando el desarrollo se mide por ocupación hotelera y no por tiempo de traslado; por derrama económica y no por renta familiar; por metros construidos y no por litros de agua disponibles; por visitantes recibidos y no por trabajadores expulsados a la periferia.

Las salidas no son misteriosas: vivienda asequible cerca de los centros laborales, transporte público digno, regulación seria de rentas temporales, planeación urbana con agua garantizada, salarios regionales vinculados al costo real de vida, transparencia en permisos inmobiliarios y una política turística que asuma su deuda social. Lo difícil no es saber qué hacer; lo difícil es tocar intereses que han aprendido a llamar progreso a cualquier construcción frente al mar.

En Baja California Sur, el paisaje sigue siendo deslumbrante. El mar conserva esa claridad que parece prometer una vida más simple. El desierto continúa ardiendo con una belleza seca, antigua, indiferente. Pero ninguna postal puede ocultar indefinidamente a quienes sostienen el destino desde el cansancio. Porque el verdadero costo de vivir en un paraíso turístico no aparece en la cuenta del hotel ni en el folleto de inversión: lo pagan, todos los días, quienes hacen posible que el paraíso abra sus puertas.

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El Beso de la Mujer Araña

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur debería llamarse sólo California, al ser la primera, la original. Sin embargo, la toponimia no es la mayor virtud de los gobiernos locales. El Estado tiene la particularidad de nombrar a sus calles, pueblos y mares con nombres de personajes polémicos de la historia; tanto lo son, que en toda la República Mexicana casi no abundan los homenajes a estos protagonistas del pasado, e incluso, en algunos sitios han descontinuado llamarles así.

Este reportaje no defiende la historia oficialista, aunque no se puede negar, que la educación pública ha influido en calificar de héroes o villanos a ciertos líderes del pasado; aquí se acude a la cultura popular y a la memoria colectiva, y por supuesto, a datos y hechos que hacen que estas figuras no se recuerden precisamente por sus hazañas, sino por la represión sangrienta que ejercieron. Estos son sus tributos en tierras sudcalifornianas.

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El muy querido Hernán Cortés

En la cultura popular, el conquistador de México—cuya tumba se encuentra en CDMX y nadie la celebra— es asociado a las matanzas de los antiguos indígenas para sumar el hoy territorio mexicano a la entonces corona española; a sangre y fuego —como los 6 mil habitantes de Cholula masacrados sin armas, en un par de horas, en 1519— impuso el cristianismo, su gobierno y la visión occidental a los pueblos mexicanos. En la historia oficial mexicana no se le conmemora. Los dichos recientes de la presidente Claudia Sheinbaum denostándolo como “un asesino”, no son nuevos: es una figura maldita desde antaño.

Pero en Baja California Sur, es distinto; aquí se le quiere. Su nombre lo llevan bares y restaurantes en La Paz; la calle Hernán Cortés, en El Comitán, en la capital del Estado, donde también están la colonia Pedregal del Cortés y el complejo turístico Puerta Cortés; y los 200 mil kilómetros cuadrados del Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés —que no, el Golfo de Cortés. Aparece en el himno del Estado. ¿Qué se pensaría hoy en día si se quisiera erigir una estatua en su honor?

La influencia tiene qué ver con que en las Fiestas de Fundación de La Paz —una tradición de hace varias décadas, organizadas por el Ayuntamiento de La Paz—, se le reconoce como el fundador de esta capital, por una expedición que realizó en algún punto de la bahía el 3 de mayo de 1535. Quien lo “decretó” de esta manera fue el historiador Pablo L. Martínez en la primera mitad del siglo XX. Por ello, este 2026 se ‘celebran’ los “491 años del puerto de La Paz”, una ciudad que tardaría casi 3 siglos después que Cortés anduvo por aquí y no fundó ni una piedra, en ser habitada; además, esta tradición borra en la memoria colectiva que, en realidad, el primer asentamiento de la Antigua California fue Loreto, fundado en 1697.

Las calles de Porfirio Díaz

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca de Juárez en 1830 y murió desterrado en París, Francia, en 1915. En su ciudad natal —que lleva el apellido de Benito Juárez, contra el cual se opuso porque se estaba perpetuando en el poder, lo que más tarde hizo él—, todavía hay una calle que lleva su nombre; en el mismo Estado hay un municipio que le rinde homenaje.

Aunque Porfirio Díaz modernizó la infraestructura del país, su dictadura ha sido criticada precisamente por mantenerse 30 años en el poder, con mano dura, reprimiendo las posturas en su contra; sólo en las huelgas de Cananea, en 1906, y en Río Blanco, en 1907, el ejército ejecutó a casi un millar de manifestantes. Elecciones amañadas, despojo de tierras, una abismal desigualdad social y persecución de disidentes fueron algunos “sacrificios” para modernizar al país.

Tras La Revolución Mexicana, cambiaron muchas nomenclaturas de calles en todo México. Es posible, aunque no se encontró un registro oficial que, en La Paz, BCS, alguna calle se llamara Porfirio Díaz, pero con el paso del tiempo se quitara su nombre, como pasó en varias calles y sitios públicos de la República Mexicana. Donde el homenaje sigue vigente es en El Triunfo, al Sur del municipio de La Paz, donde la calle Porfirio Díaz abarca unas cinco cuadras del poblado, muy cerca del Museo del Vaquero y el Museo de la Plata.

Todo un pueblo llamado Gustavo Díaz Ordaz

Cuando se menciona al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979), a pesar del crecimiento económico y la baja inflación durante su administración, es casi imposible no recordarlo por la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 que tuvo un número incalculable de presos, muertos y desaparecidos; no fue el único, pero es, quizás, el que represente el régimen de mayor represión de los gobiernos del PRI.

¿Se merece un monumento? Al menos, en La Paz existe la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz, en la calle Arroyo San Cristóbal, entre Arroyo El Piojillo y Arroyo San Bartolo, en la colonia Márquez de León; por cierto, en Ensenada, Baja California, también un plantel de educación básica lleva su nombre y otro el de Porfirio Díaz.

Pero hay más: todo un pueblo. Gustavo Díaz Ordaz es una localidad del municipio de Mulegé, enclavado en el corazón del desierto de El Vizcaíno; es una importante comunidad agrícola de unos mil habitantes donde se cosecha higo de calidad de exportación; ahí hay una estación metereológica, siendo uno de los puntos más fríos de todo el Estado.

Un puerto de nombre lambiscón

Una persona muy letrada, oriunda de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, me contó que el origen del nombre de su pueblo no fue otra cosa que quedar bien: que el ex presidente de México había visitado esa comunidad pesquera, y solo por eso le pusieron así. Es cierto: hoy en día, ese dato se puede corroborar en Internet. Este amigo me dijo que su pueblo merecería tener otro nombre, él proponía Puerto Ballenas. Suena bien, pero como decíamos, la toponimia no es la mayor virtud de los gobiernos locales.

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