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La Paz, Baja California Sur (BCS). Un desperfecto en el cuarto de máquina motivó a la paralización de las actividades acuáticas en el Gimnasio de Usos Múltiples “Emilio Mendoza Mouett” (GUM), estimándose que los trabajos quedarán listos este fin de semana y que a partir del próximo lunes se podrán reiniciar, tanto los entrenamientos de los selectivos como las clases que se imparten, tanto en la alberca como en la fosa de clavados, informó el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude).

José Luis Gómez Zúñiga, administrador del GUM, señaló que dejaron de funcionar las bombas, lo que resulta clave para el movimiento de los casi 3 millones de litros de agua que se ocupan en el área acuática, obligando a suspender todo tipo de actividades en tanto se hacen las reparaciones correspondientes por parte del personal de mantenimiento.

Son casi 500 los usuarios que se vieron afectados por este inconveniente, dijo, los cuales fueron avisados desde el martes que ya no era posible que ingresaran al agua, suspendiendo los cursos de enseñanza tanto para niños y jóvenes, así como los entrenamientos de los selectivos que representan al estado.

Tras esta situación, los entrenadores modificaron su programación y los atletas realizan entrenamiento fuera del agua, algunos con trabajo físico en gimnasio o en piso, pero aprovechan el tiempo para que los atletas se mantengan en buen estado, en tanto se resuelve el desperfecto mencionado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Federación Mexicana de Boxeo (FMB) ya tiene definido el itinerario para la concentración de la selección nacional en Sudamérica, considerando a los sudcalifornianos Pedro David Sánchez Zárate y Edgar Edén Palacios Cruz, quienes la próxima semana estarán viajando con el equipo mexicano a Ecuador, República Dominicana y Perú, informó el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude).

Pacqueadito Sánchez regresó apenas el lunes de Colombia, donde estuvo durante tres semanas entrenando y ya tiene el boleto de avión listo para su siguiente viaje, aunque ahora será más tiempo y más países, siendo acompañado por Edgar Palacios, quien fue contemplado para participar en una serie de torneos de fogueo por la federación.

En el comunicado dado a conocer por la FMB se indica que lograron el apoyo de la Comisión Nacional de Boxeo para realizar este segundo campamento, programado del 11 de octubre al 10 de noviembre.

El itinerario será: llegada a Guayaquil, Ecuador para un campamento de aclimatación, luego del 14 al 20 participan en un torneo local. Del 21 al 26 se van a La Romana, República Dominicana donde intervendrán en el torneo Copa La Romana, permaneciendo en la isla caribeña para realizar entrenamiento conjunto con la selección nacional de ese país, viajando del 30 de octubre al 10 de noviembre a Lima, Perú, para entrenar igualmente con el combinado de esa nación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la ampliación del plazo a tres años del derecho de reclamar de los ciudadanos que hayan sufrido alguna lesión patrimonial causado por el Estado, mediante la reforma al Artículo 42 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y los municipios de Baja California Sur, informó el Congreso del Estado.

Con la reforma el Artículo 42 de dicha ley y una vez publicada determinará que “el derecho de reclamar indemnización prescribe en tres años, que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo”.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo a la justicia, estableciéndose un plazo para presentar una demanda por responsabilidad patrimonial en contra del Estado.

El legislador iniciador, Marcelo Armenta, explicó que muchas veces se comete la lesión patrimonial y la persona que la resiente se encuentra afectada emocionalmente, o bien, ocurren otros factores que le impiden ejercer la acción correspondiente dentro del año que señala el Articulo 42 de la citada ley, además que para elaborar y soportar correctamente ese tipo de demandas se requiere recabar una serie de pruebas de carácter técnico, ya que, de no ser así, muy difícilmente prosperará, por ello el plazo de un año para presentar la demanda resulta muchas veces insuficiente.

Finalmente el iniciador precisó que los Estados deben remover los obstáculos normativos, que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Daniela Rubio Avilés presentó propuesta de una serie de reformas al Código Penal de Baja California Sur a fin de elevar las penas para delitos sexuales y para delitos de violencia familiar, así como ampliar el catálogo de delitos que sancionan las agresiones físicas contra las mujeres, y la omisión de cuidados a quienes no puedan valerse por sí mismas, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de la presidenta de la Comisión de Seguridad propone elevar la pena para violación actualmente condenada hasta con 15 años para llevarla a de quince a veintidós años de prisión; para abuso sexual que establece penas de hasta 3 años, propone elevarla de tres años a nueve años de prisión; para el caso del abuso sexual de personas menores de edad, actualmente de 2 a 5 años, establece una pena más elevada, de cuatro años a doce años de prisión; y se propone la creación de un tipo penal denominado “Lesiones cometidas en contra de la mujer en razón de su género” que tendría una penalidad de siete a catorce años de prisión y, en caso de que el agresor tenga una relación afectiva o parentesco, la pena aumenta de nueve a dieciocho años de prisión.

La iniciadora expuso que las propuestas están plenamente justificadas ya que las estadísticas de denuncias de violación y abuso sexual se han elevado en Baja California Sur y que, si bien se requiere de un trabajo preventivo de las instituciones encargadas para evitar la comisión de este ilícito, también es imperativo que las instituciones de la procuración e impartición de justicia tengan instrumentos legales para sancionar de manera ejemplar estas aberrantes conductas.

En el mismo tenor se propone la elevación de las penas de prisión a la violencia familiar y la obligación de que el activo del delito sea sometido a tratamiento psicológico, en aras a que no reincida en su conducta violenta. Adiciona, ya que no estaba contemplada, pena a quien exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá una pena de tres a seis años.

En cuanto a la omisión de cuidados, se eleva también las penalidades mínimas y máximas, de 6 meses a un año que contempla actualmente se eleva a de un año a dos años además de la perdida de la patria potestad o tutela. Si el abandono se pone en situación de peligro la integridad física y moral del abandonado la pena se aumentará de dos a cinco años de prisión.

En el caso de violencia familiar, que contempla los tipos física, psicológica, emocional, patrimonial o económica, la pena actual de uno a cinco años, se eleva a de tres años seis meses a siete años seis meses de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él.

Además se sujetara al activo del delito a tratamiento psicológico especializado el cual tendrá la duración que la autoridad jurisdiccional competente disponga, sin exceder el tiempo de la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros tratamientos. La iniciativa de reforma fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los integrantes de la Fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los diputados sin partido y la diputada representante del PT del Congreso de Baja California Sur, reprobaron el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, que determinó improcedente su iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para eliminar las sesiones privadas.

En rueda de prensa ofrecida previo a la sesión ordinaria en la que se presentó el dictamen, los legisladores encabezados por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Esteban Ojeda Ramírez, afirmó que en el trabajo de comisiones para el análisis de la iniciativa, debió haberse socializado con el resto de los integrantes de la legislatura y que se coarta el derecho de la sociedad al no abrir públicamente todas las sesiones, dejando de lado la posibilidad de enterarse a través de los medios de comunicación de temas como los recursos públicos, percepciones, gasto corriente, entre otros.

Presentaron la inconformidad ante los medios los diputados Humberto Arce Cordero, las diputadas Milena Quiroga, Petra Juárez, los diputados sin partido Soledad Saldaña y Homero González y la diputada por el PT, Mercedes Maciel.

Esta última, comentó para CULCO que “creo que son formatos (las reuniones secretas) de siglos pasados, hoy la sociedad necesita estar enterada, no debemos de tener asuntos secretos los diputados, que me expliquen ¿cuál asunto puede ser secreto que no tenga incumbencia la sociedad?, en ese sentido yo estoy a favor de que esta iniciativa pase a formar parte ya de la cuestión legislativa, y que ya no tengamos que usar ese formato, vuelvo a repetir, de las sociedades antepasadas”

Al respecto de no haberse respetado el debido proceso y no haber siquiera convocado a quienes suscribieron la iniciativa para su discusión, la diputada nos muestra una comunicación vía whatsapp fechada con el día de hoy a las 9.25 de la mañana y al respecto nos aclara “Mira, aquí te voy a enseñar a qué hora fuimos convocados, por Perla Flores, hoy, a las 9.25 de la mañana, cuando ya estaba subido el tema. Entonces yo creo que no es serio, ellos hablaban de que esta nueva mayoría iba a venir a traer trascendencia, agilidad, a los trabajos legislativos, pero entiendo que a varios compañeros que son parte de las comisiones dictaminadoras, no los convocaron.”

Tras el registro de siete participaciones de los legisladores iniciadores en tribuna en contra del dictamen no procedente, este fue aprobado por mayoría.

El grupo parlamentario denunció también la intención de desaparecer el Consejo Indigenista como parte del veto parcial del Gobernador del Estado a la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, y también señalaron desacuerdos a algunas dictaminaciones de cuentas públicas cuando hay procedimiento violatorios que representan daño al erario público.