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Exhorta Maricela Pineda a aplicar plan urgente de sensibilización a policías

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Maricela Pineda García, exhortó al Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elías Manuel Camargo Cárdenas, así como a los cinco presidentes municipales de Baja California Sur, para que se aplique de manera urgente un programa de sensibilización a los agentes policiales municipales y estatales, informó el Congreso sudcaliforniano.

Lo anterior, para que la sociedad recupere la confianza en las autoridades de ambos niveles de gobierno y que el programa vaya enfocado derechos humanos y se haga un análisis profundo de reglamentos y leyes que contemplen sus atribuciones.

A través de una proposición con punto de acuerdo presentada este martes en tribuna, Pineda García sostuvo que actualmente, con el uso cada vez más generalizado de teléfonos inteligentes, es más frecuente observar en las redes sociales grabaciones de video en las que policías protagonizan situaciones de abuso o incompetencia laboral.

“No es novedad que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra fracturada; tampoco lo es el gran distanciamiento que existe. Los ciudadanos desconfían de la policía, muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, que ha existido en el olvido institucional, por así servir a los fines del poder público”, afirmó la legisladora de extracción perredista.

Agregó que, en la práctica, se puede observar miembros de las instituciones de policía históricamente han recibido una formación improvisada e insuficiente y rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de las instituciones y en la construcción de relaciones sociales capaces de resolver conflictos y las diferencias de manera pacífica.

Dicha proposición, pasó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y discusión.




Exhorta Congreso a Gobierno que se cubran pagos de maestros de tiempo completo en BCS

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, exhortó al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informe al Legislativo si han recibido de la Secretaría de Finanzas el pago del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en Baja California Sur, en los periodos del 18 mayo al 19 de junio y de septiembre al 11 de noviembre, de este 2020, y en caso de haberlos recibido, proceda a la brevedad a cubrir los pagos a los maestros de dicho programa, informó el Congreso sudcaliforniano.

La Comisión Permanente de Asuntos Educativos presentó el dictamen al punto de acuerdo presentado por la diputada Anita Beltrán Peralta, su presidente diputado Esteban Ojeda Ramírez dio lectura al requerimiento que se dirige además de ambas dependencias estatales al titular del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que informen a la XV Legislatura el estado del recurso público en el ámbito de sus competencias.

De manera específica, insta al Gobernador del Estado para que, en tanto se realizan las indagaciones y ajustes correspondientes, instruya tanto a la Secretaría de Finanzas como a la Secretarías de Educación Pública a que, paguen de inmediato los adeudos que se tienen con el personal del programa.

El dictamen fue aprobado por mayoría de 12 votos sobre ocho abstenciones.




Aprueba Congreso de BCS reelección de Magistrado Razo Brooks

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En Sesión Pública Ordinaria de este martes 16 de noviembre, la XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría la reelección para un segundo periodo constitucional en el ejercicio del cargo como Magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, al ciudadano Licenciado Paul Razo Brooks por un segundo periodo de seis años que iniciará a partir del 11 de Diciembre de 2020, informó el Congreso de Baja California Sur.

El funcionario, que fue nombrado Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur para un primer periodo de seis años, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2014, fue ratificado por los legisladores una vez que la Comisión Permanente de Asuntos Políticos del Congreso del Estado presentó dictamen favorable de acuerdo al análisis sobre el desempeño del Magistrado Razo Brooks en su cargo.

En su informe a la XV Legislatura, el Magistrado señaló que en términos globales, se dio la atención de 214 asuntos por Materia de sala (Penal Acusatorio y Adolescentes), señalando 195 como resueltos y 19 pendientes de resolver; asuntos por excusa de titulares de otras salas (Penal Tradicional, Penal Acusatorio, Administrativo), 18 asuntos turnados, en su totalidad resueltos; Asuntos para Proyección de quejas Administrativas seis asuntos turnados, los mismos resueltos. Señala que 46 amparos fueron promovidos, 12 de los cuales fueron negados o sobreseídos, cinco concedidos para efectos y 29 están pendientes de resolver por autoridad federal.

Por su parte, la Comisión Permanente de Asuntos Políticos, en su propuesta de dictamen, informó que con motivo de dar cumplimiento al procedimiento que corresponde, hizo llegar oficios motivados a las instituciones académicas y desde luego, al propio Pleno del Poder Judicial, para que enviaran su opinión respecto al profesionista de mérito, así como la información útil y necesaria para iniciar el procedimiento de evaluación, por lo que, de acuerdo a la información proporcionada se llegó a la conclusión que en relación al desempeño del Licenciado Paul Razo Brooks, éste ha realizado su trabajo como Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, de manera pronta, completa e imparcial con expresiones de diligencia y excelencia profesional, y que los integrantes de dicha Comisión tuvieron al alcance los elementos que permitieron constatar la correcta evaluación de su desempeño en la carrera judicial y la comprobación mediante los medios idóneos para ello, como la aportación de elementos respecto a su alta capacidad y buena reputación.




Buscan aumentar hipótesis al delito de extorsión en BCS

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de aumentar las hipótesis en las que el delito de extorsión puede agravarse, y obtener el perpetrador o los perpetradores una penalidad más alta, el coordinador de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado, diputado José Luis Perpuli Drew, presentó iniciativa para reformar los Artículos 245 y 246 del Código Penal Estatal, informó el Congreso de Baja California Sur.

En ese contexto, la penalidad podría aumentar hasta en un tercio a quienes al momento de extorsionar se ostenten como miembros de una banda delictiva; cuando se realice desde un centro de reinserción social; cuando se trate del cobro de cuotas; cuando exista un vínculo afectivo o de parentesco del extorsionador con la víctima. Así mismo, la pena aumentara hasta en una mitad cuando sea cometido por algún miembro de la policía municipal, estatal, ministerial, custodios, así como de una institución de impartición de justicia, o de ejecución de penas, o, de una empresa de seguridad privada.

El diputado panista señaló que también se busca que la autoridad tenga los elementos necesarios para castigar esta conducta, que afecta el patrimonio de las personas que son víctimas, e hizo un llamado a la sociedad a estar alerta y no dejarse sorprender, y en su caso, denunciar cualquier tipo de extorsión ante la autoridades de procuración de justicia.

Cabe destacar que el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz son los estados con mayor incidencia, según cifras del Secretariado de Seguridad y Protección ciudadana; Baja California Sur no escapa de la perpetración de este delito, “por lo que los legisladores no debemos de esperar a que una problemática nos rebase, y debemos de adelantarnos para que los operadores del sistema de justicia penal tengan los elementos para sancionar de manera correcta a quienes cometan este delito en la entidad”.

La iniciativa se establece que el tipo penal de extorsión consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, ejerciendo agresiones verbales, amenazas a su persona y familia, aprovechando en ocasiones datos obtenidos de directorios telefónicos, referencias personales conseguidas a través de distintas vías e incluso, tomando la información difundida de forma pública en redes sociales u ostentándose como representantes de una institución bancaria, prestadores de servicios de telefonía e incluso de gobierno, o lo peor, ostentándose como miembros de una banda delictiva, ello con el objetivo de obtener información básica para luego utilizarla como parte de su estrategia extorsionadora, entre otros modos de actuación.

Expuso también, que el delito de extorsión básico contemplado en el código penal local, es cuando el que sin derecho y mediante violencia física o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro, para sí o para otro, o causar un perjuicio patrimonial, y las penas que se aplican por la extorsión simple, es de cinco a quince años de prisión y multa hasta quinientos días, las cuales puedan aumentar hasta en un tercio y una mitad cuando el delito se comete con agravantes.




Propone diputado Ramiro Ruiz elevar pena por hostigamiento y acoso sexual

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de buscar soluciones al complejo problema de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, el diputado Ramiro Ruiz Flores presentó iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en lo concerniente a los delitos de hostigamiento y acoso sexual, en los que plantea incrementar las sanciones que actualmente contempla la legislación penal,  e igualmente presenta iniciativa para reformar la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, para dotarlo de facultades  para que pueda “impulsar y coordinar  con los sectores público, social y privado  la creación y actualización permanente de protocolos de atención en los diversos ámbitos en los que se presenta la violencia hacia las mujeres en el estado”, informó el Congreso de Baja California Sur.

Al presentar la iniciativa en el marco del mes de la no violencia hacia las mujeres,  el legislador manifestó que con el documento que inició su proceso parlamentario “estoy cumpliendo con un compromiso que establecí con las mujeres sudcalifornianas en el sentido de presentar trabajo legislativo para buscar, primero, frenar la espiral de violencia contra las mujeres en nuestro estado, y luego con políticas públicas y acciones de gobierno y sociedad revertir este problema que ha lastimado a las mujeres, en lo particular y a toda la sociedad de Baja California Sur en general”.

Ramiro Ruiz señaló que en los últimos diez años los indicadores de violencia contra las mujeres en la entidad se han incrementado notablemente, precisando que, en el caso del acoso sexual el número de denuncias creció en un 100 por ciento entre 2019 y 2020 al pasar de 49 el año pasado a 94 hasta el mes de septiembre anterior, subrayando que según números nacionales, en los delitos contra las mujeres, entre un 95 y 120 por ciento no se denuncian, sobre todo en lo relativo a acoso y hostigamiento, “lo que nos dice que el problema es muy complejo”, precisó el representante popular.

El diputado Ramiro Ruiz explicó que la propuesta hecha para reformar el Artículo 183 del Código Penal estatal es en el sentido de elevar las penas, tanto de cárcel como de multa, proponiendo que, en el caso del acoso, sea de seis meses a un año que actualmente está en vigor, pase de un año a dos años de prisión y la multa sea de cien a cuatrocientos días, sanción que en la actualidad no se contempla en el Código Penal.

Asimismo, se establece en la reforma que si el acosador tiene la calidad de servidor público y “ha cometido la conducta valiéndose de esta condición o haya intervenido en cualquier etapa del hecho delictivo, además de la pena establecida en esta propuesta de reforma, se le impondrá destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública”.

En el caso de hostigamiento, el diputado Ruiz Flores propone reformar el Artículo 182 del Código Penal “elevando la pena, en el supuesto de que la persona ofendida por el hostigamiento sea menor de edad, toda vez, que, según especialistas consultados, los hostigadores empiezan a tener entre las y los menores de edad a sus principales víctimas, por lo que se propone elevar la pena contemplada en el Código Penal”.

Ramiro Ruiz  señaló que en el caso de la reforma a la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, se busca dotarlo de facultades para que esta institución, rectora de las políticas a favor de las mujeres en el estado, pueda trabajar con todos los sectores sociales de la entidad en la elaboración de protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia, precisando que son muy escasas las instituciones de los sectores social, público y privado que cuentan con este tipo de herramientas para hacerle frente a la violencia contra las mujeres, sobre todo, en lo que a hostigamiento y acoso se refiere.

En la exposición de motivos, el diputado Ruiz Flores cita a la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Miriam Calvillo Velasco, quien indicó que la violencia en contra de las mujeres “es una realidad lacerante y cotidiana que impide el pleno desarrollo de personas, individuos y sociedades, su erradicación ha sido y sigue siendo causa de muchas movilizaciones e iniciativas de millares de mujeres en todo el mundo y Baja California Sur no ha sido la excepción. Gracias a estas movilizaciones e iniciativas tenemos un marco normativo que protege y garantiza los derechos de las mujeres”.

La maestra universitaria puntualiza que “no obstante, la realidad muestra la poca aplicación de estas leyes y el hecho que las mujeres continuamos siendo objeto de múltiples formas de discriminación y violencia en la pareja, la familia, la escuela, la calle y el trabajo. El hostigamiento y el acoso sexual son dos formas de esa violencia cotidiana ejercida en contra de las mujeres”, apuntó.
Aunque mundialmente no existe consenso total, en general se define al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar y se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. En tanto que al acoso sexual se le entiende como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, si hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos, subrayó la maestra Miriam Calvillo Velasco.