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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado domingo 17 de abril se discutió en ella Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica a nivel nacional, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual no fue aprobada por la cámara baja. Ante ello, este martes 19 de abril se consideró a discusión acerca del tema por parte de los Legisladores del Estado de Baja California Sur, puntualizando a continuación los pronunciamientos en el Congreso del Estado de cada uno de los diputados y diputadas en el uso de la tribuna.
La discusión inició con el diputado del Partido del Trabajo Luis Armando Díaz, quien destacó que los legisladores de oposición defendieron a un oligopolio de cuatro empresas extranjeras, además, destacó que el 83% de la energía que generan los privados es con petrolíferos; generan el 56% del dióxido de carbono, y es un hecho que sólo invirtieron ochocientos ochenta mil millones de pesos, de los que ya recuperaron la mitad apenas del 2013 a la fecha, que solo invirtieron una cuarta parte y que la reforma que no aprobó la oposición, planteaba bajar las tarifas, y esos 490 mil millones de pesos que roban las empresas extranjeras, se destinarían para que el pueblo tuviera una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que la oposición defiende. En el hilo de discusión, la diputada Guadalupe Moreno Higuera, reprobó el actuar de los legisladores federales, al advertir que el pueblo no olvida ni perdona y enfatizó que es una necesidad de justicia social, pues tenía en estructura y fondo una plena conciencia histórica del dolor y menoscabo provocado por una reforma que solo buscó el beneficio de unas cuantas empresas extranjeras.
Posterior a la diputada, tomó el uso de la voz el diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro (Morena), para expresar que fue un terrible error votar en contra de un proyecto de nación que más de la mitad de la población avala y afirmó que desafortunadamente esta reforma no fue aprobada debida a la unión de los partidos de oposición que defendieron el esquema actual que privilegia a los particulares y en especial a una serie de empresas extranjeras obligando a la empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad a comprar energía mediante contratos que la obligan a pagar altos costos por esta energía. Siguiendo con a discusión en el pleno, el diputado José María Avilés Castro (Morena) fijó su postura en relación a la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia eléctrica, la cual es en contra del rechazo a la reforma y puntualizó que, mientras se ocupaban de descalificar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, olvidaron, que la Suprema Corte había declarado constitucional la ley eléctrica del 2019.
Ante la controversia vertida en la máxima tribuna estatal en contrapartida, el diputado José Rigoberto Mares Aguilar (PAN) subió a tribuna para exponer que la susodicha reforma eléctrica pretendían vulnerar y retrasar la implementación de plantas generadoras de energías más limpias y baratas y sentenció que la reforma eléctrica presentada por Bartlet permitía que los directivos de la CFE fijaran las tarifas de luz discrecionalmente, apartándose del proceso técnico de fijación de tarifas eléctricas que hoy establece la ley.
Finalmente, el diputado Armando Martínez Vega (PAN), se pronunció por que en el debate legislativo se prioricen los acuerdos y consensos, donde externó su punto de vista acerca de la discusión de la reforma energética en la cámara de diputados del Congreso de la Unión y explicó que en apartados trascendentales como el de las energías limpias se pudieron alcanzar acuerdos, ya que el país no aguanta más contaminación; en ese sentido se pronunció porque en México y en Baja California Sur le tienen que revisar y apostarle a la limpieza y al medio ambiente, culminando su participación con un llamado a sus homólogos y sus homologas para respetar la práctica legislativa, ponerse de acuerdos los pronunciamientos, y a respetar los acuerdos para el registro de las participaciones en tribuna, y les convocó también a trabajar en 72 iniciativas pendientes de dictaminar, y velar por los verdaderos intereses de los ciudadanos, con lo que concluyó la discusión.
