La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Movilidad y Seguridad Vial la iniciativa que busca reformar la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el objetivo de establecer controles de alcohol en sangre para todas las personas conductoras, propuesta por la diputada Lupita Saldaña Cisneros.

Para tales efectos se proyecta incorporar un nuevo Capítulo II al Título Séptimo, centrado en la implementación de operativos de alcoholimetría a cargo de las autoridades estatales y municipales en materia de movilidad, tránsito, vialidad y seguridad vial, operativos que no deberán ser limitados únicamente al consumo de alcohol, y deberán contemplar la detección de otras sustancias narcóticas, enervantes, estupefacientes y psicotrópicos.

Saldaña Cisneros precisó que se busca introducir al marco jurídico algunas definiciones fundamentales, tales como: Alcoholímetro, Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría y Punto de Control de Alcoholimetría, con el fin de dotar de claridad y certeza a la aplicación de la norma en comento.

Ahí mismo añadió que la propuesta también establece un esquema de prohibiciones respecto a la presencia de alcohol en la conducción, incluyendo una regla general y disposiciones específicas para ciertos grupos. Dijo que, en particular, se fija una política de tolerancia cero para personas menores de edad y para conductores del servicio público de transporte, quienes no podrán manejar con ninguna concentración de alcohol en sangre o aire espirado. La reforma amplía las sanciones al incluir el aseguramiento del vehículo, arresto administrativo y trabajo comunitario, cuando se conduzca bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas; en menores, se prevé su entrega a tutores.

Finalmente, se dispone que el Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría del CONAPRED tendrá carácter obligatorio y vinculante para todas las autoridades competentes que lleven a cabo los operativos.

FOTOS: Archivo | Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para fortalecer la protección de la salud pública, la seguridad y el bienestar social, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, del Partido Verde Ecologista, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 23 de la Ley que Regula el Almacenaje, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en Baja California Sur.

La propuesta plantea ampliar a 200 metros la distancia mínima que deberán guardar los nuevos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas respecto de escuelas, hospitales, templos, cuarteles, centros de prevención o readaptación social y hospicios, así como de fábricas donde laboren trabajadores asalariados.

El legislador señaló que el crecimiento urbano y la densificación de las zonas habitacionales en Baja California Sur obligan a revisar la regulación vigente, al considerar que las distancias actualmente establecidas resultan insuficientes frente a la realidad social y territorial del Estado.

Agúndez Cervantes sostuvo que la cercanía de puntos de venta de alcohol con espacios sensibles incrementa riesgos relacionados con el consumo temprano entre menores de edad, además de asociarse a mayores posibilidades de violencia, accidentes y otras conductas que afectan la convivencia comunitaria.

El proyecto también mantiene que los nuevos establecimientos comprendidos en la fracción I del Artículo 11 no deberán ubicarse a menos de 150 metros entre sí, salvo aquellos que se instalen en zonas turísticas.

Finalmente, Agúndez Cervantes señaló que la regulación de estos establecimientos debe responder a criterios preventivos y de protección colectiva y que se busca actualizar el marco legal estatal; la iniciativa fue turnada a las comisiones de la Salud, la Familia y Asistencia Pública.

FOTO: Insude.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte del Mundial Social 2026, en Baja California Sur se fortalecerá la infraestructura deportiva mediante la construcción y rehabilitación de espacios públicos, informó el director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), Noé Fiol Verduzco.

El titular de la dependencia precisó que se desarrollarán 38 intervenciones en los cinco municipios de la entidad: 27 corresponden a nuevos espacios para la práctica de fútbol y 11 a mejoramiento de instalaciones ya existentes, con el propósito de ampliar las oportunidades de activación física y convivencia social.

Detalló que los trabajos contemplan canchas de fut-5, fut-7, fut-11, así como multicanchas, que estarán ubicadas en Mulegé, Loreto, Comondú, Los Cabos y La Paz, en localidades como Isla Natividad, Ejido Benito Juárez, Santa Rosalía, Ciudad Insurgentes, Ciudad Constitución, Santa Cruz, La Ribera, San José del Cabo, Cabo San Lucas, El Sargento, Carrizal y El Pescadero.

Asimismo, señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México, orientada al impulso del deporte a través del desarrollo de infraestructura comunitaria. En este contexto, se realizó la integración del Comité Estatal de Proyectos Comunitarios del Mundial Social 2026, con la participación del Insude y las áreas municipales del deporte.

Durante la sesión, se tomó protesta a sus integrantes y se pusieron en marcha las mesas de trabajo en las cinco regiones, con el objetivo de asegurar el uso transparente de los recursos.

FOTO: Alberto Cota.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur se agilizan los trámites para iniciar en el corto plazo los trabajos de electrificación en Puerto Chale, en La Paz, y La Candelaria, en el municipio de Los Cabos, informó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

Precisó que estas acciones contemplan una inversión superior a los 66 millones de pesos como parte de una estrategia para ampliar el acceso a energía eléctrica en zonas que históricamente han carecido de este servicio.

Lo anterior, tras reunirse con representantes de los municipios de La Paz y Los Cabos, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Estamos trabajando para que la energía eléctrica llegue a comunidades rurales, campos pesqueros y también a los centros urbanos”, expresó.

Detalló que en Puerto Chale se instalarán 24.5 km de línea de media tensión y 1.96 km de red de baja tensión, con capacidad de 778 kVA, lo que permitirá atender 323 servicios eléctricos, con inversión de 27.98 millones de pesos.

Para La Candelaria, en Los Cabos, se prevé la instalación de 21.91 km de línea aérea trifásica, con inversión de 38.93 millones de pesos, en beneficio de 111 servicios eléctricos.

Agregó que ambas obras se encuentran en fase de trazo, gestión ejidal e integración del expediente técnico, además de avanzar en la obtención de permisos.

Finalmente, Castro Cosío indicó que los trabajos se realizarán mediante un esquema conjunto: Gobierno del Estado 35%, municipios 35% y Comisión Federal de Electricidad 30%, con el objetivo de reducir el rezago en este servicio básico.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó remitir al Congreso de la Unión, una propuesta mediante la cual en la Ley General de Salud deba ser materia de salubridad general el control, la atención, el tratamiento, vigilancia y la prevención de la epilepsia y demás padecimientos crónico neurológicos, bajo la premisa de que sea de competencia de la Federación, por conducto de la Secretaría de Salud.

La iniciativa planteada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas busca la adición de la fracción VI Bis al Artículo 3° y la reforma a la fracción II del A. del Artículo 13 y el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley General de Salud, frente a las disposiciones de la ley, las cuales establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, distribuyendo competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la epilepsia afecta aproximadamente a 2 millones de mexicanos, especulando incluso de miles que no han sido diagnosticados con epilepsia debido a la falta de atención médica, especialistas o centros de diagnóstico especializado. Por ello, para proporcionar una mejor calidad de vida a las y los pacientes, consideró necesario identificar los tipos de crisis, información que se conjugará con otras características clínicas como edad de inicio, condición neurológica, factores etiológicos, antecedentes familiares, entre otras, que derivarán del tratamiento y atención que ofrezcan las entidades por medio de la Secretaría de Salud.

En la discusión de tema la diputada Lupita Saldaña Cisneros expuso que la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica más común de lo que se cree en México y en BCS, por lo que la falta de detección, tratamiento oportuno y acceso a medicamentos, genera riesgos para la vida y una fuerte carga económica para las familias, razón por la cual se mostró a favor de la iniciativa para incluirla en la Ley General de Salud y mejorar las políticas públicas que garanticen atención médica adecuada y oportuna.