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Réquiem al secreto bancario

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secreto bancario, la figura de privacidad y reserva al público de la información relativa a los depósitos y captaciones de un usuario de la banca, prácticamente ha sido abolida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya primera sala resolvió un juicio de amparo mediante el cual, un gobernado acusó la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por considerar que brindar información a una autoridad administrativa requirente, SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL, implica una violación a la privacidad.

El artículo en comento establece en su párrafo primero que, LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. Hasta ahí vamos bien. Se consagra el llamado secreto bancario y se brinda al usuario de la banca la secrecía y discrecionalidad que le garantiza tranquilidad y certeza en la privacidad de su información.

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El siguiente párrafo establece el genérico de excepción que es aceptado en todos los países democráticos, y que implica como requisito para brindar la información, que sea requerida por autoridad judicial actuando dentro de una causa. Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Es decir, que, para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Entendiéndose entonces que la regla de excepción del secreto bancario aplica en caso de un requerimiento judicial dictado dentro de una causa en la cual el usuario de la banca sea parte en conflicto, o que dicha información sea solicitada por el titular de una autoridad persecutora como lo son las procuradurías de justicia: federal, estatal y del fuero militar, dentro de una indagatoria formal y materialmente glosada en una carpeta de investigación en proceso de integración. Lo anterior, generó la inconformidad del demandante de amparo, fue respecto al tercer párrafo in fine del artículo en cita, donde la excepción de la prohibición de violar la secrecía se extiende a un largo listado de servidores públicos que prestan sus servicios para el fisco o la hacienda pública.

La primera sala desoyó los argumentos del quejoso, y determinó que, siendo relevante el derecho a la privacidad de las personas, dicho derecho no es absoluto, y debe equilibrarse con otros fines de mayor importancia, considerando como tal, la supervisión fiscal. De acuerdo con el resolutivo de la Corte, las autoridades fiscales, hacendarias tienen la facultad suficiente para corroborar que el gobernado cumple cabalmente con su compromiso legal de aportar proporcionalmente al gasto público.

Con este razonamiento de corte restrictivo de derechos fundamentales, la Corte se convierte en el manto protector de un sistema inquisitivo, donde se faculta al Estado a invadir la privacidad del gobernado, de paso poniendo en riesgo la seguridad del usuario de la banca y su familia, pues en automático, se abre la puerta de acceso a la información a los grupos de la delincuencia organizada, infiltrados en muchos sectores del servicio público. En la era del auge de los delitos cibernéticos, despojar al gobernado de la secrecía y protección de datos bancarios, es abrirles la puerta a operaciones de corte criminal.

Esta administración tiene como lema abrazos no balazos en su estrategia de seguridad pública, extiende con esta violación al secreto bancario, el campo de operaciones de los grupos criminales, principalmente secuestradores y ciberdelincuentes.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Promesa de campaña cumplida

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando Donald Trump buscaba la presidencia de los Estados unidos, una de sus promesas más polémicas fue la de construir un muro fronterizo, que sería pagado por México. Todos asumimos que ese muro sería material, y de hecho, se construyeron tramos del mismo, pero el verdadero muro, de acuerdo a las afirmaciones recientemente realizadas por el ex presidente norteamericano, y no desmentidas por el gobierno mexicano, cuyo titular del ejecutivo solo atinó a decir que el señor Trump, le cae bien, establecen que el verdadero muro fronterizo no era un cerco metálico, sino una barrera de facto, integrada por un ejército inicialmente conformado por veintiocho mil elementos de las fuerzas armadas mexicanas, que de manera gratuita, evitarían el paso de migrantes a la Unión Americana.

La promesa de campaña cumplida por Donald Trump, mediante la amenaza de incrementar aranceles, convirtió de facto el territorio nacional en un depósito de inmigrantes indeseados, cuyo costo absorbe el gobierno mexicano. De tal forma que, México quedó entonces convertido en una especie ilegal y gratuita de lo que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra, Suiza, en 1951, denominó Tercer País Seguro. De acuerdo con el estatuto en cita, cuando una persona sale de su país de origen (primer país), con el objeto de pedir asilo a otro (segundo país) éste puede remitirlo a un tercero, en lo que admite o niega el asilo, de tal forma que se remite, de forma temporal o definitiva a un tercer país, para que le brinde las seguridades que el solicitante de asilo demanda.

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El estatuto establece una serie de condiciones para que el tercer país pueda ser considerado como tal, entre las cuales, destacan las siguientes:

  • Que ambos países (segundo y tercero) tengan los mismos estándares de asilo, lo que no ocurre entre la Unión Americana y México.
  • Garantizar la No devolución, esto es, que se tenga la certeza de que quien solicite asilo, no será enviado de regreso a su país de origen.
  • Brindar conforme a los estándares del segundo país, la garantía de acceso a una vivienda digna, seguridad social y asistencia médica, empleo digno y bien remunerado, educación de calidad, a la reintegración familiar, en su caso.

Si bien México tiene vínculos culturales, históricos, de vecindad, lenguaje, tradición y cercanía con la mayoría de los solicitantes de asilo que intentan ingresar a la Unión Americana, ello no es suficiente para garantizarles una estancia digna a los migrantes en territorio nacional, y los requisitos que debe brindar el estado mexicano, no los cumple ni con los nacidos en territorio nacional, mucho menos los cumplirá con los inmigrantes.

Si México no está en condiciones de atender a sus connacionales, menos lo puede hacer con los migrantes extranjeros, y peor aún, de manera gratuita. El despliegue de elementos castrenses y toda la logística y el mantenimiento de instalaciones y servicios a los migrantes, tienen un alto costo. Terceros países seguros, como Turquía, reciben una cuota anual fija, de la Unión Europea, para contener el flujo migratorio, con partidas económicas que superan los seis mil millones de euros, además de diversos apoyos tendientes a soportar a las comunidades donde habitan los aproximadamente 3.7 millones de refugiados, a efecto de brindarles a éstos mejores oportunidades educativas, sanitarias y laborales.

México no está en condiciones de soportal la enorme carga económica que implica ser un tercer país ilegal y gratuito, al servicio de la Unión Americana. La cantidad de recursos que actualmente se destinan a satisfacer la exigencia del vecino del norte, deberían destinarse a la seguridad interior del país, o a cualquiera de los otros rubros en que las carencias son apremiantes.

Es urgente cancelar el convenio que impone a nuestra nación el elevado costo de ser el depósito de migrantes indeseados en la Unión Americana. No por miedo a una injusta y combatible carga arancelaria, podemos seguir soportando el programa de rechazo migratorio norteamericano denominado Quédate en México. Por ello, de las violaciones a los derechos humanos durante este programa, hablaremos en próxima entrega.

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Denuncia anónima

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Es alarmante el índice de impunidad que alcanza la criminalidad en nuestro País. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, durante el periodo encuestado, la denominada cifra negra alcanzó un 93.3% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación ni procedimiento indagatorio alguno. En otras palabras, de los 27.6 millones de delitos cometidos, 25.75 millones de ellos no fueron denunciados y, por ende, no se investigaron y mucho menos se persiguieron y sancionaron.

La cultura de la denuncia no forma parte del acervo ciudadano. El temor a las represalias, la desconfianza en las autoridades encargadas de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos, el costo en tiempo y esfuerzo que implica el procedimiento de denunciar y dar seguimiento a una carpeta de investigación, y los magros resultados en materia de justicia penal, son las principales causas por las cuales los mexicanos no denunciamos. Y en el pecado llevamos la penitencia, porque la falta de denuncia es el campo de impunidad propicio para el ejercicio de la criminalidad, y el pretexto perfecto para que las persecutoras justifiquen su incapacidad – y en muchos casos- su complicidad con el quehacer delictivo.

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La encuesta, en comento precisa, que la gente no denuncia porque no tiene confianza en la autoridad, tiene miedo de exponerse a ser extorsionada, considera que denunciar es una pérdida de tiempo, que el trámite es largo y difícil, o bien, tiene miedo al agresor, el delito lo considera de poca importancia o, de plano, por no tener prueba alguna. Mucho del desánimo para quienes logran brincar la barrera de la inacción y se atreven a denunciar, radica en la pobreza de resultados brindados por las instituciones encargadas de integrar las carpetas de investigación y los jueces a cuyo cargo está la imposición de sanciones.

Así también, la encuesta dice que, de los pocos casos en que hubo denuncia y se inició carpeta de investigación, en el 48.4% de los casos el asunto terminó en el archivo, es decir, no se resolvió la denuncia, en el 27.0% seguía en trámite, el 5.9% recuperó sus bienes, en el 3.8% hubo reparación del daño, el 2.8% otorgó el perdón y el resto se desconoce el resultado.

A efecto de abatir los altos índices de impunidad y para fomentar la denuncia, se ha implementado en los diferentes órdenes de gobierno, mecanismos tendientes a fomentar, promover, facilitar y eficientar la denuncia anónima.

Denunciar en forma anónima, es hacer del conocimiento de la autoridad receptora, sin aportar la identidad del denunciante, la existencia de un hecho con apariencia de delito. Se conoce como Notitia criminis y es el conocimiento que tiene la autoridad de un hecho realizado o en proceso de realización, que resulta detonante suficiente para que, a partir de la comprobación de la veracidad de la información generada, y a partir de ello activar el mecanismo de reacción e iniciar las actuaciones propias de la contención y combate del delito.

Pese a que, la denuncia anónima no tiene valor probatorio como tal, si resulta eficaz como generadora de datos de prueba y punto de partida para la acción de reacción y contención policial, cuya actuación si genera datos y medios de prueba que pueden ser eficazmente utilizaos como fuente de prueba en juicio, y así, constituirse en verdadera herramienta de combate a la impunidad que hoy por hoy campea en nuestro País.

Es así que, en Baja California Sur, desde el 10 de enero del año en curso, contamos con un servicio de denuncia anónima 089 a nivel Estado, homologado con el Servicio de Denuncia Anónima 089 federal, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP). Aunque el servicio tiene fallas, es perfectible y con el ejercicio de participación ciudadana, podemos convertirlo en una herramienta eficaz para el combate y abatimiento de la impunidad ante el embate de la criminalidad en nuestra Entidad.

Si por alguna comprensible razón decides no denunciar formalmente un ilícito, al menos, realiza tu denuncia anónima al Servicio 089. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema.

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El sistema de justicia penal BCS, colapsado

 

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reforma constitucional de 2008 generó una revolucionaria transformación del sistema penal, que de ser inquisitivo pasaría a ser acusatorio, oral y adversarial. La promesa de la costosísima implementación de la reforma al sistema de justicia penal, fue terminar con la corrupción, la impunidad, el rezago en la resolución judicial y la despresurización de los centros carcelarios, convertidos en universidades del crimen.

El objetivo primario, -se nos dijo- era obtener a través del debido proceso, y los mecanismos alternos de solución de justicia, un sistema dinámico, transparente y eficiente que permitiera el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar castigar al culpable, que el daño fuera reparado, se protegiera a la víctima, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos, prevaleciendo en todo momento la presunción de inocencia.

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Catorce años después, nos encontramos en Baja California Sur, con un sistema de justicia colapsado, con una sobrecarga de trabajo que hace lento, deficiente, costoso, y en muchos casos injusto el proceso penal. Los viejos vicios del llamado sistema tradicional, prevalecen y se ven reflejados en los altos índices de impunidad, corruptibilidad y complicaciones en el engranaje de acceso a la justicia, propiciados principalmente por la falta de voluntad política de los titulares de área, para subsanar las añejas fallas que actualmente prevalecen. El poder judicial estatal ha sido incapaz de enfrentar eficazmente el reto de aplicar la reforma constitucional, con el eterno pretexto de falta de presupuesto, que no es del todo cierto, pues cuentan con un fondo millonario en dólares, del que no se rinde cuentas y se maneja discrecionalmente, atendiendo más a menesteres particulares que al interés público. Se acabaron los fondos federales destinados a la implementación, y se terminó la construcción de instalaciones adecuadas y funcionales.

La excesiva carga de trabajo requiere al menos que se duplique el número de jueces penales y la plantilla administrativa de apoyo. La incapacidad del poder judicial ha hecho imposible abatir el rezago. Hay personas privadas de su libertad que llevan doce años o más en algunos casos, esperando que se les dicte sentencia. Otro aspecto en el que ha fallado el poder judicial, es el de la unificación de criterios. En un mismo partido judicial, enfrentamos criterios contradictorios respecto de casos similares. En Los Cabos, por solo citar un ejemplo, al cumplir dos años de prisión preventiva oficiosa, una persona acusada de secuestro fue puesta en libertad, mientras personas acusadas de delitos que no son de alto impacto, permanecen en prisión preventiva oficiosa por periodos superiores a los dos años que marca como límite tanto la Constitución General de la República, como el procesal nacional de la materia.

El sistema de justicia penal plasma su vertiente en cinco principios fundamentales: publicidad, contradicción, concentración, continuidad y oralidad. Con el pretexto de la pandemia, se negó el acceso del público a las audiencias. Estamos en semáforo verde y sigue la prohibición de acceso, proscribiendo así la publicidad. La concentración y la continuidad son inoperantes. Juicios que debieran ventilarse de manera ininterrumpida, se llevan a cabo en audiencias diferidas, haciendo que un juicio que debiera durar seis días se prolongue en su procedimiento hasta por tres meses. La oralidad se trastoca porque se permite a las partes leer sus argumentos, en lugar de exigir que se viertan de manera oral y directa.

Amén de todo lo anterior, que implica la violación a los principios rectores del proceso y a la incapacidad de alcanzar los objetivos generadores de la reforma, quizá la mayor falla en la implementación del sistema estriba en la inoperancia de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Más del 60 por ciento de los casos que llegan a juicio, pudieron ser solucionados en la vía de la conciliación. No se ha sabido o no se ha querido darle a la conciliación y a la mediación, la importancia que tiene como salida alterna y despresurizadora de la carga de trabajo que enfrentan los juzgados penales en particular, y todos los demás juzgados, en general.

En el discurso oficial, el tribunal de justicia estatal presume la modernización de las herramientas de trabajo en la impartición de justicia, lo cual no es del todo preciso, pues si bien se han digitalizado algunos sistemas y se cuenta con apoyo tecnológico en algunas áreas, lo cierto es que enfrentamos un retraso de 8 años, en comparación con otras entidades de la República que si se encuentran a la vanguardia en tecnología de apoyo. A la fecha, el juzgado penal del sistema tradicional que concentra en La Paz, en todos los procesos que se ventilaban en Los Cabos y La Paz, es incapaz de citar y notificar mediante correo electrónico, lo que obliga a víctimas y procesados que radican en Los Cabos, a trasladarse hasta La Paz, solo para recibir notificaciones.

Las instalaciones físicas del juzgado penal del sistema tradicional y del Juzgado de ejecución de sentencias, así como las instalaciones de los juzgados de Cabo San Lucas, se ubican en la planta alta y no cuentan con elevadores, lo que obliga a justiciables y operadores del sistema con discapacidad motriz, a usar escaleras, en franca violación a su derecho humano a la movilidad, y con riesgo de sufrir una lesión al subir o bajar escaleras con muletas o en sillas de ruedas.

Por todo lo expuesto, es urgente llevar a cabo una reestructuración del aparato de administración de justicia en el Estado.

El Congreso tiene la palabra.

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Ultrajes a la autoridad

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ultrajar, significa ajar o injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Los ultrajes, pueden ser expresiones verbales, utilizando palabras ofensivas, injuriosas, o expresiones físicas, que consisten en gestos o ademanes que demuestren ofensa, desprecio o repugnancia. Si bien, todos los códigos penales del país contemplaban el siglo pasado como delito los ultrajes a los agentes de autoridad, la tendencia moderna es eliminar esta figura delictiva, en aras del derecho a la libertad de expresión.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por encontrar en dicha norma un efecto inhibitorio de la  libertad de expresión y por violentar el principio de taxatividad, es decir, no describen con suficiente precisión las conductas prohibidas.

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La ponencia del ministro Pardo Rebolledo, establece que, la norma violentaba el criterio de la Corte Interamericana de Derechos humanos, -cuya jurisprudencia, resulta obligatoria para los tribunales mexicanos-, y resulta contraria a lo dispuesto en los artículos y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas estas normas que, tutelan el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, que no puede estar sujeta a censura previa, ni a sanción o persecución.

La impresión en la descripción de la conducta deja a la apreciación de la autoridad el determinar, cuando estamos en presencia de una ofensa, una actitud ofensiva, amenazante o agresiva, lo que genera inseguridad jurídica, el hecho de que, la propia autoridad sea quien valore y determine si esa falta de respeto es una amenaza o una agresión, de acuerdo con la opinión de la ministra Ríos Farjat. Por otro lado, para el ministro Zaldívar, la norma cubre el requisito de legalidad, atendiendo al objetivo plasmado, de proteger la integridad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y es legítimo el prohibir que los amenacen o agredan, pero, las hipótesis que plantea el tipo penal no cubren el criterio de necesidad, porque atenta contra ejercicios legítimos, como el derecho a la libertad de expresión, cuando considera agresiones las ofensas. De sostenerse el criterio que plantea el tipo penal en comento, tendrían que invalidarse prácticamente el 99 por ciento de los tweets que diariamente se redactan en este país; para la ministra Piña, la expresión agreda, es inconstitucional, por incidir en el ámbito tutelado de la libertad de expresión.

En contrapartida, el Gobernador de Veracruz, si bien acató la determinación de la Suprema Corte, promoviendo la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en dicha entidad, también manifestó su inconformidad, al considerar que dicha derogación generará impunidad, toda vez que, las personas que están en prisión por la comisión de esta conducta, quedarán en libertad, y además se propiciará un incremento en el número de agresiones contra los policías.

En el caso de Baja California Sur, el Código Penal en vigor en su artículo 303, impone una pena de seis meses a dos años de prisión y multa hasta por cincuenta días, a quien ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas. Habrá que proponer al congreso local, una revisión del tipo penal en cita, para adecuarlo a los estándares actuales consagrados en la Constitución General de la República, los tratados internacionales suscritos por México, y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de derechos humanos, específicamente, en lo relacionado al respeto a la libertad de expresión.

Así que, estamos en presencia, de otro tipo penal que, debe ser derogado o actualizado en nuestro Código Penal Estatal, asignación que se agrega a la ya larga lista de pendientes de actualización y armonización que refleja el rezago de 14 años que arrastra el marco legal sudcaliforniano.

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