La huella del Estado: cuando la identidad se vuelve biométrica
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Vientos de Pueblo
José Luis Cortés M.
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La mañana en que una persona acude a actualizar su identidad ya no se parece a la de antes. No hay solo un formulario, ni una ventanilla. Hay un lector de huellas, una cámara fija y una sensación nueva: la de estar dejando algo más que un nombre. La CURP biométrica dejó de ser una idea abstracta y empezó a tomar forma en México, entre anuncios oficiales, pruebas piloto y una conversación pública que crece, a veces con entusiasmo y a veces con desconfianza.
¿Qué es? Es la evolución del documento que desde hace décadas acompaña trámites, escuelas y hospitales. La propuesta consiste en vincular la Clave Única de Registro de Población con datos biométricos —principalmente huellas dactilares y fotografía— para fortalecer la identificación de las personas y reducir suplantaciones. ¿Quién impulsa el cambio? El Registro Nacional de Población, bajo la órbita de la Secretaría de Gobernación, que coordina el sistema de identidad del país. ¿Cómo avanza? De forma gradual, mediante programas piloto en entidades seleccionadas. ¿Dónde estamos hoy? No es obligatoria a nivel nacional. Esa precisión importa.
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En el discurso institucional, la biometría promete orden en un país donde la identidad es llave de derechos: acceso a salud, programas sociales, educación y servicios financieros. Integrar rasgos físicos busca cerrar la puerta al fraude, a la duplicidad de registros y a la corrupción administrativa. En términos simples, hacer coincidir a la persona con su registro. El argumento es potente. También incompleto.
Porque la identidad no es solo técnica; es política y es cotidiana. En Baja California Sur, donde la vida se reparte entre ventanillas municipales, clínicas y escuelas, la pregunta no es si la tecnología funciona, sino si la confianza alcanza. Personas que han pasado por trámites recientes describen procesos más largos, equipos que fallan y la incertidumbre de no saber para qué más se usarán esos datos. No hay denuncias masivas ni pruebas de abusos generalizados; sí hay inquietud. Y la inquietud, cuando no se atiende, erosiona la legitimidad.
El Estado insiste en que los datos están protegidos. Se habla de resguardos, controles y finalidades específicas. Se subraya que la biometría no sustituye derechos, los facilita. Al mismo tiempo, especialistas recuerdan que ningún sistema es infalible y que el valor de la biometría —su carácter permanente— vuelve crucial la seguridad: una contraseña se cambia; una huella no. En México existe un marco de protección de datos personales, pero la implementación real depende de protocolos claros, auditorías y sanciones efectivas cuando algo falla. Aquí el debate se vuelve serio.
La historia reciente añade contexto. México ha avanzado en digitalización a trompicones, entre promesas de eficiencia y experiencias desiguales. La biometría llega a un país con brechas tecnológicas y desconfianza histórica hacia el manejo de la información personal. No se trata de paranoia; se trata de memoria. En ese terreno, la transparencia no es un gesto, es una obligación.
¿Por qué ahora? Porque la identidad es el cimiento de políticas públicas más ambiciosas: padrones confiables, interoperabilidad de servicios, combate a delitos financieros. Sin una identificación robusta, todo se tambalea. Pero robusto no puede significar opaco. La conversación pública ha señalado rutas sensatas: voluntariedad clara mientras dure el piloto, información accesible sobre qué se captura y para qué, mecanismos de corrección cuando hay errores y controles independientes que vigilen el uso de los datos.
En los pasillos de oficinas y en charlas de café, el tema se traduce a lo esencial: ¿me servirá?, ¿me cuidará?, ¿me complicará la vida? A falta de certezas plenas, la respuesta honesta es mixta. Puede mejorar trámites. Puede reducir fraudes. También puede fallar si se impone sin pedagogía ni garantías.
El cierre de esta historia no está escrito. La CURP biométrica es una realidad en construcción, no un decreto consumado. Su destino dependerá menos del hardware y más del contrato social que logre tejer: reglas claras, datos mínimos, vigilancia constante y una rendición de cuentas que no se esconda detrás de acrónimos.
Porque la identidad, al final, no es una huella en un lector: es la confianza entre quien gobierna y quien vive el país. Y esa huella, la más importante, se construye o se pierde para siempre.
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