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La Paz, Baja California Sur (BCS).  A través de un comunicado por parte del Congreso del Estado se informó que, para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de toda persona a la movilidad asequible y en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad, equidad, modernidad e innovación tecnológica, fue presentad iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Baja California Sur.

Los diputados Denny Manuel Guerrero Cruz, Luis Armando Díaz, Gabriela Montoya Terrazas, y Lorena Marbella González Díaz, integrantes de la Comisión Especial Plural en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, quienes socializaron previamente esta ley con todos los sectores involucrados incluyendo a la sociedad civil organizada, finalmente presentaron la iniciativa en la sesión ordinaria de este martes.

En voz del legislador Denny Manuel Guerrero Cruz, se precisó que esta iniciativa, busca establecer las bases para las políticas de movilidad y seguridad vial en el Estado y sus municipios, bajo un enfoque sistémico, es decir, de sistema seguro y a escala humana, donde se contemplen las necesidades, condiciones y límites de las personas, entendiendo la ocurrencia del error humano y comprendiendo los límites del cuerpo humano en la tolerancia a fuerzas físicas de impacto.

Así mismo, definir las políticas públicas en apoyo del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano del Estado, para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan y prioricen que sus acciones favorezcan el desplazamiento de las personas conforme a la jerarquía de la movilidad, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías; que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, de salud, y al medio ambiente, con el fin de minimizar los riesgos de sufrir lesiones o muerte por colisiones; definir mecanismos de coordinación de las autoridades del Estado, sus municipios y la sociedad, en materia de movilidad y seguridad vial.

Durante su intervención en tribuna, el representante popular añadió que esta ley propone además determinar mecanismos que garanticen la planeación a largo plazo e inversión de formas eficientes, y seguras de la movilidad, con un enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de manera transversal con las políticas sectoriales aplicables; definir la jerarquía de la movilidad y los principios rectores a que deben sujetarse las autoridades competentes; establecer las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental, social y económico, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

Así mismo, implica el incremento gradual de infraestructura, mobiliario y equipamiento ciclista, como medio de movilidad sostenible; establecer los mecanismos y acciones para la gestión de riesgos en la movilidad que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionados por siniestros viales, y así salvaguardar la vida, integridad física y bienes de las personas en el Estado; determinar los mecanismos que permitan la participación ciudadana efectiva en materia de movilidad, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, y evaluación de la política pública en la materia; promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en la materia.

Por último, se informó que, dicha iniciativa se asignó a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, para su análisis y dictaminación, concluyó el comunicado de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS).  A través de un comunicado por parte del Congreso del Estado se informó que, luego de solicitar que se armonicen las leyes secundarias, la diputada María Luisa Ojeda González, afirmó que la Ley 3 de 3 (tal como lo establece la Constitución) ya entró en vigor porque no fue observada ni vetada, exigiendo que ningún hombre que violente los derechos humanos ocupe un cargo de elección popular o público.

A través de un pronunciamiento en sesión ordinaria de este martes, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género acotó que hay retraso en el cumplimiento del Decreto 2774, de un año, tres meses, porque ya es válido desde el primero de septiembre de 2021.

Se considerará aprobado por el Ejecutivo del Estado, todo proyecto de Ley o Decreto que no sea devuelto con observaciones al Congreso, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo reciba, a no ser que durante ese tiempo el Congreso del Estado hubiere entrado en receso, en cuyo caso, la devolución deberá hacerse el primer día de sesiones del período siguiente, precisó la representante popular.

Señaló que estas disposiciones dan la certeza jurídica que el Decreto 2774, debe considerarse aprobado para todos los efectos legales, y, por tanto, debe aplicarse en su totalidad y, además, el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, debe proceder a armonizar las leyes que sean necesarias para garantizar la existencia del registro de deudores alimentarios y de responsables de delitos contra la libertad sexual, contra la intimidad sexual o contra el normal desarrollo psicosexual.

Esta Ley se identifica como Ley 3 de 3, porque el objetivo de la sociedad civil y de las legisladoras que la impulsaron, es que su aplicación será para los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

El dictamen que dio lugar al Decreto 2774, puntualiza que el 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, emitió observaciones finales sobre el noveno informe periódico en México, en donde reconoce el esfuerzo de nuestro país, no obstante, señala el hecho de que los delitos de género en contra de las mujeres, frecuentemente perpetrados por agentes del Estado o con su presunta participación y complicidad.

En ese sentido, se pronunció por la responsabilidad de fortalecer la legislación vigente para proteger mejor el derecho de las mujeres, adoptando medidas de prevención para que, quienes ocupen cargos públicos en los órganos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los Órganos Públicos Autónomos; no cuenten con antecedentes de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades, concluyó el comunicado de prensa.