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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, Venezuela enfrenta un periodo de transición política y múltiples desafíos inmediatos que definirán el rumbo del país en los próximos meses. La aprehensión de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcotráfico y relaciones con grupos calificados como terroristas por Washington, ha generado una reacción global y abre un nuevo capítulo para la nación sudamericana. En medio de esta inédita situación, el país se encuentra encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que Maduro fuera removido de su cargo. Sin embargo, la legitimidad de su liderazgo es cuestionada por diversos actores internacionales.
La captura de Maduro —resultado de una operación catalogada como ofensiva militar por parte de Estados Unidos— ha generado amplio debate internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció públicamente que las fuerzas estadounidenses “están a cargo” de la situación en Venezuela y que supervisarán una etapa de transición, con el objetivo declarado de reformar la industria petrolera y otras instituciones del Estado. La operación también dejó un saldo trágico: decenas de militares venezolanos y agentes cubanos perdieron la vida durante los enfrentamientos nocturnos, según informó el gobierno venezolano. De manera oficial se decretó siete días de duelo por las víctimas de lo que el Ejecutivo calificó como una agresión directa. Este episodio representa un punto de inflexión inédito en las relaciones entre Caracas y Washington, y modifica de forma significativa el tablero geopolítico regional. Las Naciones Unidas y gobiernos de diversos países han manifestado preocupación por la forma en que se realizó la operación y por la violación potencial de la soberanía nacional.
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Con Maduro fuera del país y enfrentando cargos judiciales en Estados Unidos, las autoridades venezolanas designaron a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo formal del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, este nombramiento no ha sido reconocido por la Unión Europea ni por varios países de la comunidad internacional, que cuestionan la legitimidad de su mandato y subrayan su cercanía con el antiguo régimen. Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro, ha rechazado categóricamente cualquier intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos y ha afirmado que “ningún agente externo gobierna Venezuela”. Esta declaración se ha producido en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y otros gobiernos que han criticado la operación militar.
La transición política venezolana se ve acompañada por desafíos económicos severos. Años de hiperinflación, colapso de la producción petrolera y debilitamiento de instituciones financieras han dejado al país con una economía extremadamente vulnerable, dependiente del petróleo y con una elevada deuda externa. Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que la recuperación económica será un proceso complejo que requerirá reformas estructurales profundas, estabilización de precios y restauración de la confianza en el sistema financiero. Uno de los principales problemas a corto plazo será controlar la inflación, estabilizar la moneda nacional y reanudar relaciones con organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pronósticos indican un entorno económico adverso para 2026. El próximo gobierno deberá además atraer inversión extranjera, restaurar la producción petrolera y reestructurar la deuda pública, gravemente contraída durante los últimos años.
La industria petrolera, columna vertebral de la economía venezolana durante décadas, es central en cualquier plan de recuperación. Estados Unidos ha expresado interés en explotar reservas locales y vender petróleo en mercados internacionales, aunque no ha quedado claro cómo se distribuirán los ingresos y qué parte de estos quedará en Venezuela.
Más allá de la economía, la seguridad interna es un reto urgente. Venezuela presenta un contexto de violencia persistente, con presencia de grupos criminales organizados —incluidos los llamados “megabandas”— que operan en múltiples regiones del país y han sido vinculados con el narcotráfico, extorsión y violencia armada. Expertos advierten que si no se refuerza el control institucional y se combate eficazmente a estas organizaciones, el vacío de poder generado por la partida de Maduro podría agudizar la inseguridad ciudadana. Asimismo, se observa la posibilidad de que la violencia se expanda, afectando no sólo a Venezuela, sino también a naciones vecinas, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia. Esta nación, que ya enfrenta su propia situación de seguridad compleja, está en alerta por el potencial aumento de desplazamientos forzados de población y el incremento de actividades criminales transnacionales.
La transición hacia un gobierno plenamente democrático es otro de los retos fundamentales. La oposición venezolana, fragmentada y con múltiples liderazgos, enfrenta la tarea de reorganizarse y construir consensos que permitan elecciones libres y competidas. Incluso antes de los recientes eventos, el proceso electoral de 2024 fue objeto de críticas por la oposición y organismos internacionales, acusándolo de falta de transparencia e imparcialidad. El reconocimiento internacional de futuros comicios dependerá de la percepción de legitimidad, algo que el nuevo gobierno deberá trabajar de inmediato para recuperar la confianza de la ciudadanía y la comunidad global. Organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la UE han señalado que las elecciones deben celebrarse bajo estándares democráticos verificables. Sin embargo, hasta ahora no hay un calendario claro para nuevos comicios presidenciales o legislativos.
La situación de los derechos humanos también se mantiene como una prioridad urgente. Organizaciones internacionales han documentado abusos sistemáticos durante los gobiernos anteriores, y la transición actual plantea interrogantes sobre la composición del sistema judicial y penitenciario, así como la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos. Mientras Maduro y su esposa enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos, líderes de oposición y defensores de derechos humanos en Venezuela han exigido garantías judiciales y el fin de prácticas represivas, reclamando una reforma profunda del sistema judicial local que recupere su independencia y credibilidad.
El impacto de estos acontecimientos en Venezuela no se limita a sus fronteras. La operación estadounidense y la subsiguiente transición han generado reacciones encontradas en el continente. Algunos gobiernos latinoamericanos han criticado la intervención, calificándola de violación de soberanía, mientras que otros la han visto como una oportunidad para restablecer la democracia en el país. La Unión Europea ha expresado su preocupación por el respeto al derecho internacional y ha llamado a una solución política dentro del marco constitucional venezolano. Organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han pedido negociaciones inclusivas que involucren a todas las fuerzas políticas, con el objetivo de evitar una escalada de violencia y promover un proceso pacífico de cambio.
Dentro de Venezuela, la opinión pública se encuentra dividida. Sectores de la población ven la salida de Maduro como un paso necesario después de años de crisis, represión y deterioro económico. Otros sectores, sin embargo, consideran que una transición liderada desde fuera del país puede profundizar sentimientos de injerencia externa, y temen que las reformas no respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. La emigración sigue siendo un fenómeno significativo: millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, buscando mejores condiciones de vida en países vecinos o en otras regiones del mundo. La posibilidad de que una parte de esa diáspora pueda regresar depende de la estabilidad y oportunidades económicas que se logren en la etapa post-Maduro.
Venezuela se encuentra en un momento histórico de su evolución política y social. La caída de Maduro ha generado una serie de cambios abruptos y desafíos inmediatos que incluyen la restauración económica, la seguridad interna y la legitimidad democrática del futuro gobierno. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede transitar pacíficamente hacia un sistema inclusivo y estable, o si por el contrario las tensiones internas y externas prolongarán la incertidumbre. Los ojos de la comunidad internacional, especialmente de los países vecinos y potencias globales, están puestos en Caracas, donde el destino de millones de venezolanos pende de decisiones que marcarán el futuro del país en la década venidera.
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