Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sistema político mexicano se finca en un proceso de simulación donde el acceso y la permanencia en el poder se establece a partir de una partidocracia disfrazada de democracia representativa; un juego de poder pactado entre grupos delictivos y agrupaciones políticas tan íntimamente vinculados, que muchas veces es imposible distinguir cuántos delincuentes pertenecen a la agrupación política, o cuántos políticos forman filas en la delincuencia organizada.

Cuando algún actor ajeno a los grupos de poder sujetos a control gubernamental, emergiendo desde la sociedad civil alza la voz para cuestionar, criticar, señalar y denunciar, se convierte en una amenaza para el esquema de poder, que debe ser neutralizada a la brevedad posible, a efecto de que su influencia e impacto sean eliminados.

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El primer paso es difamar, calumniar, denostar, desacreditar. Se teje una red de infundios, con el apoyo incondicional de los medios afines al Estado, cuyos informadores sistemáticamente señalan verdades a medias e infundios plenos, para dañar la imagen y credibilidad del indeseable ciudadano que comete el osado crimen de cuestionar al grupo en el poder, o peor aún, llega al extremo inadmisible de denunciar ilegalidades y corruptelas.

Si la estrategia falla, entonces todo el aparato persecutor se activa. Se aceita la maquinaria acusadora, y si no hay pruebas, se fabrican, sin importar que en el curso de integración de las acusaciones se caiga en lo burdo y lo grotesco. Y es que no importa si en el devenir del proceso, la falsedad queda evidenciada, pues la pinza de sometimiento se cierra cuando la autoridad judicial soslaya la falsedad y la incongruencia, con tal de justificar la acción represora en cuyo trámite se llega al extremo del abuso, cuando sin respetar el debido proceso y desoyendo el mandato constitucional, se encarcela al perseguido, se le niega el derecho a la defensa, y se le impone prisión de manera oficiosa y ominosa.

Cuando lo anterior ocurre, estamos en presencia de un acto de terrorismo de Estado, gestado y desplegado con el avieso fin de eliminar la amenaza que representa quien critica al sistema y denuncia sus corruptelas. Al encarcelar al detractor, se busca no sólo silenciarlo, se pretende además utilizarlo de escarmiento y advertencia para los demás miembros de la sociedad, se busca acobardar a los demás simpatizantes que comulgan con la voz de protesta que al encarcelarlo intentan acallar; se pretende intimidar a toda colectividad que manifieste su reproche el tema que genera la protesta social, y así  quebrar desde la base la amenaza disidente.

Es el caso de John  Moreno Rutowski, a quien para encarcelarlo se ha recurrido a la falsificación por alteración de pruebas utilizadas para consignarlo. Pese a que tal falsedad fue pericialmente acreditada, y pese a que dicho dictamen no fue ni cuestionado ni objetado por el agente del ministerio público adscrito al juzgado del conocimiento, el titular del juzgado estimó que dichas pruebas le eran admisibles, porque el ministerio público es un órgano “de buena fe”, que además goza de “la presunción de inocencia”, y por tanto, si utilizó probanzas falsas, es posible que la falsedad resulte atribuible a una secretaria y no reprochable al ministerio público.

Si realmente John fuera un delincuente, la Procuraduría de Justicia no tendría necesidad de falsificar pruebas para utilizarlas en su contra.

El terrorismo de Estado no termina en esa fase. La opresión y negación del derecho a la defensa se prolonga en el trámite de la causa ante el juzgado, donde a nueve días de la detención de John Moreno y Joella —su compañera de causa—, el juzgado se niega a proporcionar copias del expediente a los abogados defensores, pretextando “excesiva carga de trabajo”.

Cuando leímos el auto de formal prisión, se nos negó el derecho a tomar una impresión fotográfica del mismo, “por órdenes de la juez”, mandamiento que carece de fundamento legal alguno, por lo que tuvimos que ejercimos el derecho de defensa “a escondidas”, y en un descuido del personal tomamos las impresiones que por este medio les comparto.

John Moreno Rutowski enfrenta confinado en una celda, todo el poder represivo del terrorismo del Estado. Su único pecado: encabezar una protesta social contra actos de corrupción y abuso de poder del gobierno sudcaliforniano.