Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Foro Latinoamericano de Profesionales en Seguridad, la seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica que todos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de evitar las alteraciones del orden social.

Las fuerzas de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso o se han producido, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de sancionarlos.

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La seguridad pública depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la Policía, de la correcta procuración y administración de justicia, de las políticas estatales y de las condiciones sociales que se generen a partir de la participación o apatía ciudadana en las labores de prevención del delito, teniendo como objetivo la tranquilidad y armonía social que se obtiene a través de la labor de prevenir, contener, combatir y sancionar las conductas socialmente lesivas.

En su proceso de ejercicio, la seguridad pública tiene distintas fases tendientes a evitar, combatir y sancionar los delitos:

Prevención: Programas de detección y erradicación de los focos generadores de conductas delictivas.

Disuación: Aquello que no se pudo prevenir, habrá que disuadir a los potenciales delincuentes, para que no lo hagan, trabajando en el ánimo del delincuente, para inhibir su intención criminal. Si pese al esquema de disuasión que se plantea por los cuerpos de seguridad, el delincuente decide llevar a cabo su delito, pasamos a la

Contención: Esquema de protección que pretende evitar la comisión del delito, utilizando para ello, la inteligencia policial, aplicando todas las herramientas tecnológicas que la modernidad y el presupuesto ponen al alcance de las corporaciones de seguridad pública, y —de ser el caso— haciendo uso de la fuerza, de manera racional y proporcional, en los casos que sea estrictamente necesario. Si la contención no es suficiente, entonces viene el

Combate: Aquí se da la flagrancia o cuasiflagrancia en la persecución del delito. Si recabamos en la investigación suficientes datos de prueba, pasamos a la

Persecución: Donde se integran las carpetas de investigación para reunir los medios de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial, buscando que el delincuente sea castigado, el daño reparado y la víctima protegida, a través de la salida alterna o la sentencia que imponga

Sanción: Al delincuente y en los casos en que se le castigue con penas de prisión, teniendo como objetivo que el reo, al cumplir su estancia carcelaria, alcance la

Reinserción Social: A efecto de que se incorpore a la sociedad de manera armónica, evitando que vuelva a delinquir.

Participación Ciudadana

¿En qué fase del proceso se incorpora la participación ciudadana en el tema de seguridad pública? Resulta determinante en la etapa de prevención, en tres actividades muy concretas, exigible a los particulares, con el apoyo y la directriz del Estado, a través de sus órganos de educación, salud y seguridad pública:

1. Formativa: En el hogar, hacia el seno del hogar. Vamos a educar a nuestros pequeños con valores, inculcándoles los principios cuyo seguimiento garantizan un desenvolvimiento social saludable, complementando los programas oficiales de educación, salud, esparcimiento, recreación, tanto en los espacios privados como públicos destinados a la convivencia, haciendo énfasis en la cultura, el arte, el deporte y la conciencia ecológica, generando todas las oportunidades necesarias para el desarrollo integral y armónico de nuestra niñez y juventud.
2. Correctiva: Toca a los padres corregir a los pequeños. Formar y corregir con el ejemplo. Ser congruentes con los valores que inculcamos, vigilar que los espacios de desenvolvimiento escolar social y familiar, se encuentren libres de factores de riesgo que propicien la violencia o las adicciones.
3. Alertiva: Detectar y evitar los riesgos corremos frente al embate de la delincuencia, a través de organización vecinal, contando con el apoyo de los operadores de proximidad social y prevención del delito, de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, que deben implementar programas permanentes de orientación y apoyo a la ciudadanía. Esta fase es determinante en la prevención del delito, pues la participación activa de la ciudadanía en las organizaciones vecinales es el mejor inhibidor de las conductas delictivas.

Conclusión

Somos parte de la responsabilidad colectiva, específicamente en el campo de la prevención del delito, de la mano de las autoridades. El que el Estado no cumpla con su parte, no nos exime de nuestra responsabilidad en las tareas de prevención del delito, específicamente en ámbito familiar y social, atendiendo nuestra función formativa, correctiva y alertiva.

Sin soslayar nuestra responsabilidad, tenemos el derecho irrestricto de exigir al Estado, el diseño, implementación y seguimiento de programas y acciones eficaces de  prevención, disuasión, contención, combate, persecución y sanción del delito, con el más alto nivel de eficiencia, hasta recuperar la paz, armonía, tranquilidad social que nos han sido arrebatadas.

Es importante que los ciudadanos asumamos un rol proactivo en el tema de seguridad pública, participando en las organizaciones vecinales e incorporándonos a la Contraloría Ciudadana*  de reciente integración en el Estado, o cualquier otro espacio de participación desde la sociedad civil organizada, que nos permita ser severos escrutadores del quehacer público. Necesitamos pasar de simples espectadores vulnerables a celosos escrutadores del quehacer oficial en materia de seguridad pública.

Ya no queremos falsas promesas, ni pretextos, ni reparto de culpas. Queremos resultados, y debemos exigirlos.

*  Contraloría Ciudadana, La Paz, BCS.