A botepronto

Por Gladys Navarro

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Esto se jodió”, pensé ese día en que reporteaba desde la mañana el hallazgo de un cuerpo en la colonia Agua Escondida, por la noche, una ejecución en la colonia Santa María, en La Paz, y todavía no llegaba a mi destino, pues había quedado de reunirme con unos amigos. No llegué. Porque en el camino hubo un tercer reporte: el hallazgo de tres cuerpos más, desnudos y amordazados sobre el pavimento, en el libramiento Oceguera, casi a la medianoche del 31 de octubre, con todo lo simbólico de la fecha. Mientras conducía, en la obscuridad, sola, pensaba en la treintena de personas ejecutadas desde hacía, justamente, tres meses. Y recordé entonces el primer reporte policíaco desde ese tipo, ese día, el 31 de julio de 2014. Era de noche y también conducía. Los reporteros pasamos mucho tiempo fuera, conduciendo –cuando se puede— y armando las notas en el camino, en el bloc de notas del celular, en la libreta, o de plano dictando si hay alguien en la Redacción que nos reciba. Me desvié y me dirigí a la salida a Los Planes, en la zona de Agua Escondida, donde ya estaba un retén. Confirmé con las fuentes y salió el primer reporte hacia las 10 de la noche. Ese momento se considera el inicio de una época compleja para Baja California Sur, obscura y roja. Si nos pareció fuertísimo lo que conocimos, ese enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, lo que ocurrió tres meses después, la “noche de brujas”, subió de nivel. A la mañana siguiente lloré. Observé los rostros familiares, inocentes, con esperanza, sin entender y sin conocer, aún, y pasé del llanto a la indignación. Por lo que sucedía entonces, no sólo derivado de la guerra entre grupos, sino del silencio que esperaban de nosotros, de los comunicadores; por los bloqueos informativos, con las confirmaciones oficiales tardísimas, con la falta de datos elementales; por los “sutiles” intentos de censura, por eso y lo que vino después, la intención de las autoridades, todas, de minimizar el problema, la falta de respuesta inmediata, la simulada coordinación y los resultados entonces negativos y sostenidos. A casi tres años de esos primeros reportes, sumamos al menos 600 homicidios en circunstancias violentísimas, y hemos visto escalar los niveles. Y nos ha dolido como periodistas, como docentes, como jóvenes, como mujeres, como profesionistas que intentamos observar el fenómeno de la violencia en su complejidad, porque entendemos que la responsabilidad es compartida, pero no podemos negar ni disculpar las complacencias y las omisiones de los responsables, de los tres niveles de gobierno, que la ley obliga a garantizar nuestra seguridad, porque es nuestro derecho. Pero la situación no se descompuso de la noche a la mañana en Baja California Sur, tan solo hay que recordar las detenciones de los últimos años de presuntos líderes de cárteles de la droga, entre 2006 y 2010. Autoridades federales y estadounidenses reportaron la detención de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, tuvimos a Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”; Alfredo Collins Ortega, principal operador de Jorge Briceño López, alias “El Cholo” –presuntamente muerto—, lugar teniente de los Arellano Félix; Gustavo Rivera Martínez, alias “El Gus”, responsable de la logística para el trasiego de droga a Estados Unidos del cártel de Tijuana; Teodoro García Simental, “El Teo”, en La Paz. En 2012, la agencia AP reveló que la Policía Federal casi detuvo a Joaquin “El Chapo”Guzman, en una residencia en Los Cabos, pero huyó días antes del operativo. Seguramente muchos sudcalifornianos traerán a su mente otros episodios vergonzosos en la entidad pero que daban cuenta de cómo se estaba configurando, del papel que ha venido jugando, en este gran rompecabezas en donde lo único que importa es el poder y la ganancia. Y si nos faltan más elementos para reconocerlo, hay que recordar las cifras del Subsecretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, sobre los delitos en aumento en los últimos 11 años. En el 2005, reportó casi 17 mil delitos denunciados, de los cuales 8 mil  fueron por el delito que más nos aqueja como sudcalifornianos, el robo en todas sus modalidades. Desde esta fecha, los delitos se han mantenido o aumentado; para el 2017, la cifra llegó a 19 mil 781; para 2010, hubo un ligero descenso, 15 mil 778, pero en el 2012, los delitos denunciados fueron 20 mil 889 y en 2016 esa cifra llegó a su máximo histórico, 24 mil 245, con un total de robos denunciados (hay que remarcar) de 11 mil 247. Este fenómeno delictivo tiene por lo menos una explicación: niveles mayores e inaceptables de impunidad, y se comprueba con la estadística del Índice General de Impunidad (IGI-MEX), coordinado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en donde refiere que sólo el 99% de los delitos quedan sin castigo en este país, y Baja California Sur está en el grupo de entidades con un alto índice de impunidad. Y basta comprobarlo en nuestras cotidianidades, con los testimonios propios y ajenos. Todos quienes en algún momento hemos sido víctimas de algún delito que queda sin esclarecerse y peor aún, sin la reparación. En este contexto, el fenómeno de la violencia sigue creciendo en nuestra entidad, ahora concentrada en Los Cabos, que suma 178 homicidios de alto impacto, en siete meses, según los registros de la Procuraduría estatal. La cifra es alarmante, porque el Sistema Nacional de Seguridad, en su estadística municipal, no registró en 2011 en ese destino turístico, ningún homicidio doloso. El panorama luce obscuro y nada alentador, si a ello le agregamos solo unos datos más, los altos niveles de marginación que tenemos, porque en BCS también hay pobreza, aunque se pretenda minimizar. Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) indicaron en 2010 que el 40 por ciento de la población (86 mil 909 personas) tenían al menos alguna carencia social; casi 50 mil o sea, el 23 por ciento, considerados con pobreza moderada, y 12 mil vivían en extrema pobreza. Si bien, no podemos asumir que la pobreza es la causa de todos nuestros males, por supuesto que debemos entender que una persona vulnerable, en un contexto adverso, se vuelve más proclive a decidir satisfacer sus necesidades de la forma que sea, así sea cometiendo un ilícito. Si a eso añadimos que el crecimiento poblacional en BCS, y particularmente en Los Cabos, en los 90’s alcanzó una tasa del 10 por ciento y se mantuvo en ese rango hasta 2010, y consideramos solo el dato de que tenemos una Policía Estatal integrada por 200 elementos que se concentra solo en el sur del estado, y los policías municipales poco capacitados y con deficiente infraestructura, entonces quizá podríamos advertir que los tomadores de decisiones fallaron desde hace mucho tiempo. Es este el contexto que enfrentamos, no sólo el de las 600 muertes de alto impacto, sino el de las carencias, el de la violencia hacia la mujer que va en aumento, el de las colonias abandonadas por sus policías infiltradas, la mayor parte; el de los jóvenes que están siendo cooptados por los grupos “mejor organizados”, con las peores intenciones, jóvenes solitarios, con necesidades de todo tipo, muchas de ellas afectivas, porque sus padres deben trabajar jornadas extenuantes para poder medio sobrevivir. Y aún y cuando han existido tantas omisiones y decisiones tardías del Estado (basta recordar que el refuerzo federal a BCS llegó después de dos años de violencia en La Paz, justo cuando se trasladó a Los Cabos -que recibe 1.5 millones de turistas al año- a raíz de la presión de un sector empresarial poderoso y temeroso de un siguiente nivel en la alerta preventiva que mantiene ya el Gobierno estadounidense) las autoridades regresan el problema a las familias, señalándolas como lo hizo el gobernador, Carlos Mendoza Davis, acusando que el problema estaba en los hogares, por “la falta de valores”, por la falta de educación, por las adicciones; regresando, como hace poco compartía la investigadora, Lorella Castorena, el problema a las familias agobiadas, perdidas, con quienes las autoridades han sido indiferentes durante muchos años, a las que han dejado solas. Y en medio de toda la descomposición, ahí estamos los periodistas, intentando desarrollar –muchos— con verdadera convicción, un trabajo necesario, cuestionando, señalando, advirtiendo, alzando la voz, abriendo los micrófonos o narrando las historias, contabilizando los muertos, haciendo visible un problema complejo y grave, y sorprendiéndonos aún. Y de vez en vez, cuando se puede, seguimos compartiendo un café, en esas pausas necesarias para poner en común nuestra indignación y nuestra tristeza, y olvidando un rato nuestras soledades, recordando otra fecha y cómo la cubrimos, y pensando otra vez, en que esto se volvió a joder: a Max lo mataron el 14 de abril. No nos dejemos solos. Nos necesitamos.

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