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Necesitamos magistrados con carrera judicial

06-May-2019

OPINIÓN Por Arturo Rubio Ruiz

FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El primer acto de corrupción que comete un servidor público, es aceptar un cargo para el cual no está preparado.  Este postulado básico establece como requisito indispensable para la asignación de un cargo público, la acreditación de competencia, capacidad, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñarse de manera honesta y eficiente en el encargo público. Si de verdad existe el compromiso público de erradicar la corrupción del servicio público, los órganos de gobierno de los tres niveles deben contar con un marco legal claro y preciso, que establezca los requisitos mínimos indispensables que deberá reunir todo aspirante para ser designado como servidor público.

En materia de administración de justicia, los sudcalifornianos padecemos las consecuencias de contar con un esquema de designación de magistrados judiciales que otorga al Gobernador en turno la prerrogativa exclusiva de hacer la propuesta de candidatos a ocupar dicho encargo. En la práctica, la designación se hace para favorecer a los amigos y/o protegidos del Gobernador, sin tomar en cuenta su perfil ni experiencia profesional.

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Gracias a esa vieja práctica, de los siete magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia, sólo dos de ellos cuentan con carrera judicial. El resto, llegaron al cargo exclusivamente con el antecedente de haber sido allegados, amigos o subordinados leales al Gobernador en turno. Hacemos énfasis en la necesidad de la experiencia previa en el ramo, para garantizar al gobernado que enfrente una resolución judicial, que su caso estará en manos de un profesional experto y calificado.

El costo del favoritismo

Cuando se llega a la Magistratura Judicial, únicamente contando para ello con la recomendación del Gobernador, entenderemos porqué actualmente tenemos en Baja California Sur un Magistrado que antes de llegar a la magistratura, correteaba camiones sin placas, como servidor público dependiente del Gobernador en el área de autotransporte estatal.

Antes de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, la sociedad no tenía un mecanismo eficaz para evaluar el desempeño de los magistrados, porque en el sistema de justicia penal tradicional, era muy fácil ocultar la ignorancia, el desconocimiento de la materia judicial de los magistrados, debido a que todo el procedimiento era escrito.

Lo que tenía que hacer el Presidente del Tribunal, cada vez que le endilgaban como Magistrado a un neófito en la materia, era asignarle un par de proyectistas capaces y competentes, que le hicieran todo el trabajo. Así las cosas, el ungido por el dedo del Gobernador como magistrado, lo único que tenía que hacer era firmar las resoluciones.

Por fortuna, eso está cambiando. Los procedimientos judiciales tienden todos a la oralidad y transparencia. En breve, probablemente todos los procesos serán orales. Hoy en día, los procesos penales ya son orales, y eso nos permite evidenciar el dominio o desconocimiento que tienen jueces y magistrados del sistema en el que actúan.

Ya no podemos seguir padeciendo a parásitos que se limitan a firmar. Ahora podemos evaluar el desempeño de los magistrados de cara al público, de frente al gobernado. La transparencia y la publicidad se erigen como herramientas ciudadanas que permiten evaluar el desempeño de todos los operadores del sistema de justicia, desde el agente de policía primer respondiente, hasta el Magistrado Judicial que resuelve la segunda instancia.

En términos generales, los jueces del sistema acusatorio, cuentan con experiencia y capacitación. Algunos de ellos llevan más de diez años preparándose para el encargo, y se desempeñan adecuadamente. Resulta contradictorio que su trabajo sea revisado por un magistrado que nunca ha ejercido en el sistema acusatorio, que no conoce el sistema, que no tiene la visión, perspectiva ni destrezas metodológicas, ni dominio del lenguaje jurídico necesarios para desenvolverse eficazmente en la aplicación de los nuevos paradigmas que impone el nuevo sistema de justicia penal.

¿Qué debemos hacer?

Necesitamos modificar la Constitución del Estado, para quitarle al Gobernador en turno la exclusiva en la propuesta de designación de magistrados, abriendo esa posibilidad a los sectores académicos y colegios de profesionistas. Han de establecerse en nuestra carta constitutiva estatal, los requisitos legales necesarios para hacer de la experiencia y el conocimiento previo, una exigencia insalvable.

La carrera judicial, el perfil, la preparación, han de ser los requisitos indispensables que deberá acreditar todo candidato, para asumir la Magistratura Judicial. Sólo así podremos garantizar una administración de justicia pronta, expedita, eficaz, técnica y humanamente acorde a las necesidades de la sociedad sudcaliforniana.

En la reforma constitucional que se necesita, debe establecerse como requisito insalvable para alcanzar la magistratura en el sistema acusatorio, el haber ejercido al menos tres años como juez del mismo sistema, para garantizar así que el candidato cuente con la experiencia mínima indispensable, y además de ello, deberá acreditar los conocimientos teóricos necesarios para el adecuado ejercicio del encargo. El parámetro de exigencia en materia de administración de justicia debe ser el más elevado, si aspiramos a tener un sistema de primer nivel.

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