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La pensión vitalicia: onerosa e injusta canonjía; el “magistradazo” en BCS

23-Ene-2017

OPINIÓN Por Arturo Rubio Ruiz
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Al “Gasolinazo” nacional, y que impacta irremediablemente en la media península, ahora se suma otro tema candente más: el “Magistradazo”. Fotos: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves 15 de diciembre del 2016, en la última sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado, se leyó y se aprobó la reforma que a partir del 1 de enero de 2017 otorga a los magistrados judiciales en Baja California Sur, una pensión vitalicia, tergiversando para ello el significado del mandato constitucional que les brinda un haber de retiro.

Enorme desencanto social ha generado este ejercicio abusivo del poder, orquestado por los magistrados judiciales integrantes del pleno del TSJEBCS, quienes elaboraron el proyecto de reforma para tal efecto, con el contubernio y complacencia de los diputados locales, que el mismo día que se presentó la iniciativa, la leyeron y aprobaron, sin análisis ni estudio; sin someterla al consenso ciudadano.

Es importante recalcar que ese día el interés legislativo estaba centrado en aprobar el presupuesto de egresos 2017, así que en la maratónica sesión pasó desapercibida la importancia y trascendencia de la reforma legal mediante la cual se implementó el costoso apéndice burocrático administrativo, que aparenta ser un Consejo de la Judicatura —tema de análisis por separado—, y el otorgamiento de la renta vitalicia a los magistrados judiciales.

Es una enorme irresponsabilidad de nuestros legisladores, aprobar al vapor una reforma legal. Resulta una queja recurrente en el actuar de nuestros diputados, pero como nadie les reprime, nadie les sanciona, nadie les cuestiona, pues hacen y deshacen a su antojo en el ejercicio legislativo.

La práctica viciosa, corrupta, nefasta y costosa, consistente en aprobar reformas legales al vapor y sin consenso social, podría evitarse con un candado legal, que obligara a los diputados a publicitar con al menos 30 días de anticipación todos los proyectos de reforma legal que habrán de ser sometidos a su aprobación. De esta manera, se cubriría al menos elementalmente la obligación que tienen los diputados de legislar de cara a la sociedad, se daría en este ejercicio de transparencia una oportunidad al sector de la sociedad civil particularmente interesado en el tema, de externar su parecer y precisar su postura respecto de cada proyecto de iniciativa de ley.

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Pero como este candado legislativo que sugerimos tiene que ser elaborado e implementado por los propios diputados, dudo mucho que lo hagan, pues ello les restaría el enorme coto de poder que hoy disfrutan, manipulando la secrecía que favorece el entreteje y el arreglo político “en lo oscurito”, durante el proceso de reforma y creación de las normas legales vigentes en el Estado.

Algunos diputados, entre ellos, el actual presidente de la actual Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, hablan de revisar esa disposición, que da a los magistrados judiciales un beneficio excesivo, abusivo, incongruente y lesivo, pero “revisar” no basta. Es necesario derogar o reformar esa disposición legal.

Que el haber de retiro previsto en la Constitución, no se convierta en una onerosa y excesiva retribución. Es excesiva e injusta. Vivimos tiempos de crisis y carencias económicas, tenemos boquetes oscuros en las arcas públicas que aprovechando la opacidad en su manejo, permiten el desvío de grandes cantidades de dinero, y si a ello sumamos el otorgamiento de este inusitado privilegio, resulta un abuso, una arbitrariedad castigar aún más las partidas públicas, con el otorgamiento de estos privilegios vitalicios, para funcionarios públicos que no gozan precisamente de buena fama y aceptación entre los gobernados, pues las expresiones sociales son claras y coincidentes, respecto a su deficiente desempeño.

Escudados en el sempiterno pretexto de la “excesiva carga de trabajo”, los magistrados judiciales tienen un bajo rendimiento laboral. Los enjuiciados deben esperar eternidades, para ver resueltos sus expedientes, y si no se goza del favor oficial vía recomendaciones, influencias o en ocasiones dádivas, lo más probable es que el expediente que interesa al ciudadano medio, duerma eternidades el sueño de los justos, antes de ser finalmente resuelto.

Dicen los magistrados, por boca de su presidente, que merecen esa pensión vitalicia porque “la tienen en otros Estados”. En esos otros estados, no existe ni el rezago ni la ineficacia de la que aquí adolecemos en nuestro Tribunal.

“Que en otros Estados ganan más”… En otros Estados trabajan más. Así de simple la explicación. No puedes comparar la carga de trabajo de BCS con la de Chihuahua, Sonora, Puebla o CDMX.

“Que corren riesgos porque manejan asuntos de delincuencia organizada… El argumento es falaz. Los asuntos relacionados con delincuencia organizada, son competencia exclusiva de los juzgados Federales (Artículo 73 fracc. XXI Inciso B de la Constitución Mexicana).

“Que es recomendación de la ONU”… La ONU tiene un listado INTERMINABLE de recomendaciones al Estado Mexicano, en temas relacionados con justicia, derechos humanos y legalidad, pero ellos, interpretando el texto a su conveniencia, sólo vieron la posibilidad de “justificar” su ambiciosa pretensión de vitalicia manutención.  Creo que antes de mantener de por vida a estos burócratas privilegiados, habría que atender otras recomendaciones de la ONU, emitidas con relación a las desapariciones forzadas, la discriminación racial,  la tortura, la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, las detenciones arbitrarias, la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, los derechos humanos de los migrantes, sobre el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, sobre los desplazados internos, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre el derecho a la educación la libertad de expresión y el derecho a la alimentación, sobre un salario mínimo digno y retributivo.

Creo que hasta que atendamos debidamente todas las recomendaciones de la ONU enlistadas, podríamos empezar a considerar la posibilidad de otorgarles la manutención de por vida que amañadamente se atribuyeron.

La ONU también recomienda que los magistrados no tengan ingresos extra, y todos los magistrados tienen fuentes de ingresos alternas: cobran por dar clases, tienen notarías, ranchos y otras fuentes de dividendos. En el último de los casos, con el salario que tienen —y que nadie sabe a cuánto asciende realmente porque esa información la ocultan a piedra y lodo—, bien pueden adquirir y administrar un adecuado plan de retiro, aparte de la pensión que cobrarán como beneficiarios de las prestaciones que todos los jubilados reciben tras 30 años o menos en el servicio público.

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Lo correcto sería que el Congreso del Estado derogue el articulado que otorga la pensión vitalicia a los magistrados, y en su lugar les confiera un haber de retiro que no sea superior al equivalente a dos años de salario. Cualquiera otra opción resulta excesiva, lesiva, ofensiva e injusta.