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Justicia Alternativa: el fracaso de la Reforma Penal

03-Jul-2018

OPINIÓN Por Arturo Rubio Ruiz

FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A partir de junio de 2008, en México migramos de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio en nuestro sistema de justicia penal con reformas a la Constitución en materia de Seguridad y Justicia (2011), la Ley General de Víctimas (2013), la Ley de Amparo (2013), el Código Nacional de Procedimientos Penales (2014), el Reglamento de la Ley General de Víctimas (2014), la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (2014) la Reforma Constitucional de Justicia para Adolescentes (2015) y la Ley Nacional de Ejecución Penal (2016).

El elevado costo de la migración del sistema, se justificaba por los beneficios que ofertaba, teniendo como eje funcional y joya de la corona, la solución no controversial de los conflictos. Llevar a una sociedad acostumbrada a la contienda, al nuevo escenario en el que privilegiando la reparación del daño y la protección a la víctima se busca solucionar las controversias sin llevar el caso ante un juez que sancionara la causa con un vencedor y un vencido, fue sin duda el mayor reto planteado. Nadie puso en duda la importancia y trascendencia de la justicia alternativa en el nuevo esquema.

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Desde que se diera a conocer el proyecto de reforma que llevó a la implementación del sistema de justicia penal adversatorio y predominantemente oral, quedó de manifiesto que la clave del éxito radicaba en la funcionalidad, eficiencia y eficacia de las salidas alternas, pues el sistema colapsaría si no operaban los mecanismos no controversiales de solución de conflictos.

Pese a la antelación con que se planteó la necesidad de priorizar las salidas alternas, en el Estado los implementadores no supieron, y por motivos “presupuestales”, no quisieron dar al tema la atención debida.

Las consecuencias saltan a la vista. Ningún operador del sistema en Baja California Sur puede decirse sorprendido del colapso que enfrenta el sistema penal, principalmente por la saturación de carpetas de investigación que se integran por hechos que en su gran mayoría pudieron haberse solucionado en la vía alterna. El personal de investigaciones, tanto policial como pericial, ha sido rebasado por el excesivo número de casos que deben atender, y dadas las limitaciones técnicas y humanas, la atención de los pedimentos formulados por los agentes del ministerio público, salvo “casos especiales” enfrentan retrasos que en ocasiones acumulan meses de espera.

Se está judicializando un número excesivo de casos, que en su gran mayoría, conforme al programa trazado durante la implementación, debieron pasar por el filtro solucionador de las salidas alternas.

El sistema es excelente, los implementadores y los operadores, en su respectiva correspondencia, son los responsables del malestar ciudadano generado por la deficiente atención que se recibe al acudir como víctima o imputable ante las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia conforme al modelo del sistema acusatorio.

Cuatro horas de espera en la oficina llamada irónicamente de “atención inmediata”. Vueltas y más vueltas para ser atendido, y tener que pagar copias que la ley marca que deben ser gratuitas, (el gobernado tiene que pagar la impresión de las copias porque se entregan en formato digital), contratar peritos particulares porque los oficiales están saturados de trabajo, hacen inaccesible el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos económicos para solventar los gastos procesales que implica la integración de una carpeta de investigación. Es indignante y ofensivo que esto ocurra, cuando el derecho humano exige que el acceso a la justicia sea pronto, expedito y gratuito.

¿Y la Justicia Alternativa?

No está funcionando. El órgano responsable es inoperante, burocratizado, conformado en su gran mayoría –salvo honrosas y contadas excepciones— por personal que carece del perfil adecuado para atender la función encomendada. Una encuesta informal establece que muchos de los servidores públicos contratados como facilitadores, mediadores o conciliadores, cubren ese puesto, “en lo que encuentran algo mejor”, es decir, no están preparados, ni interesados, ni comprometidos con la función que les fue encomendada.

No contamos en el Estado con protocolos de actuación, ni programas de operación que nos permitan pautar y mucho menos evaluar la labor de facilitadores, mediadores y conciliadores, de tal suerte que a la falta de perfil idóneo, el operador carece de un procedimiento a seguir, y la intuición e improvisación resultan escuetas herramientas que hacen entendible el porqué del fracaso del sistema.

La solución

Replantear todo el modelo de justicia alternativa, privilegiando la selección de personal atendiendo al perfil y no a la disponibilidad, ofertar salarios atractivos, brindar capacitación constante; elaborar y poner en práctica protocolos de actuación y procedimientos que permitan llevar a los involucrados en una controversia, de la disposición beligerante a la expectativa conciliadora, mediante las técnicas adecuadas, que permitan a las partes en conflicto transitar de la animadversión a la disposición propositiva.

¿Difícil? Si ¿Imposible? No. ¿Costoso? No, sobre todo si consideramos el elevado precio que estamos pagando por un sistema que está colapsando y que depende en gran medida de la justicia alternativa para cumplir con el objetivo fundamental: brindar al gobernado una procuración y administración de justicia pronta, efectiva y funcional.