El veto berrinchudo. La rabieta del derrotado
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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la expresión de la voluntad popular en las urnas electorales, quedó claro el descontento ciudadano con el desempeño del actual Gobernador, y la nota relevante de la semana pasada, fue el ejercicio excesivo de poder que implica interponer 30 vetos al Congreso del Estado, acto de autoridad sin precedentes en la historia sudcaliforniana.
La página del Congreso de Baja California Sur, informa que el gobernador vetó en un solo día 30 decretos emitidos por el Legislativo local. Un ejercicio abusivo, ocioso, nocivo y lesivo, del poder constitucional conferido al Ejecutivo, que sólo tiene sentido si se entiende como una rabieta infantil de quien se vio derrotado en las urnas.
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El Artículo 60 de la Constitución local otorga al Gobernador la facultad de vetar, parcial o totalmente, cualquier proyecto de ley o decreto que emita el Congreso del Estado, y si bien no existe límite al número de vetos que puede interponer el Ejecutivo, lo cierto es que, en cada caso, debe acompañarlos con las observaciones correspondientes, entendiéndose las mismas como la expresión de motivos que le llevan a vetarlos.
Siendo el veto un acto de autoridad, se sujeta indefectiblemente, al principio de legalidad estricta. Cada observación deberá estar debidamente, fundada y motivada, para que sea considerado un auténtico ejercicio democrático, un mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos; un acto de contrapeso que se otorga por mandato constitucional al Poder Ejecutivo para frenar en su caso, el exceso en el ejercicio de las funciones del Legislativo.
Si los 30 vetos razonan detalladamente, de manera fundada y motivada cada uno de los aspectos controvertibles de cada tópico contenido en cada decreto, la actuación del Ejecutivo es correcta, adecuada, oportuna y justificada. Si en contrapartida —como en la especie—, se limita a interponer el veto sin ton ni son, con el único afán de detener el quehacer legislativo, entonces estamos en presencia de un ejercicio abusivo de atribuciones, y el Congreso no sólo esta facultado, sino que está obligado a proceder en consecuencia, iniciando el procedimiento de responsabilidad oficial respectivo contra el Ejecutivo.
Así, el ejercicio abusivo de atribuciones, en Baja California Sur, es delito de corrupción. De retirar la inmunidad procesal —coloquialmente, llamada “fuero”—, al Ejecutivo, mediante el juicio de procedencia —popularmente, llamado “desafuero”—, podría llevar al Gobernador saliente a enfrentar un proceso penal, e incluso, por tratarse de un delito de corrupción, podría enfrentar el encausamiento penal tras las rejas, pues con la última reforma constitucional sobre la materia, los delitos de corrupción ameritan prisión preventiva oficiosa, en tanto y cuanto se desarrolla el proceso penal correspondiente.
En otras palabras, la rabieta del Ejecutivo, consistente en el absurdo de vetar sin sólida argumentación ni fundamentación la treintena de decretos, puede costarle no solo el cargo que está por concluir, sino que lo puede llevar a enfrentar un proceso penal en prisión.
El veto del Gobernador no sólo tiene la exigencia de estar fundado y motivado, también debe sujetarse a una temporalidad específica. De acuerdo con el Artículo 58 de la Constitución del Estado, una vez aprobadas las iniciativas de ley o decretos, se remitirán al Gobernador para que proceda a su promulgación y publicación, a no ser que formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes en un plazo no mayor de diez días hábiles. En el caso que nos ocupa, varios de los vetos presentados en paquete, rebasan por mucho el plazo de diez días y, por tanto, son totalmente improcedentes, y deberán ser desechados de plano, sin mayor trámite ni dilación.
En resumen, el ejercicio abusivo de atribuciones realizado por el Gobernador al interponer una treintena de vetos al Congreso puede ser severamente, sancionado o pasar a la historia como un evento meramente, anecdótico en el cual queda de manifiesto la frustración de quien se vio derrotado en las urnas. Ello depende, exclusivamente, del Poder Legislativo.
¿Qué van a hacer nuestros Diputados? Probablemente, nada. Llevan tres años enfrascados en pleitos de lavadero elevados a controversia constitucional. Han tirado a la basura prácticamente, todo el periodo legislativo, y esta rabieta del Gobernador no viene a ser sino un capítulo más del consecutivo de desatinos que al final de cuentas, exhibirán a la actual legislatura, como la peor de la historia en nuestra entidad.
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