Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Contratarías un empleado que se pasara todo el día tomándose selfies en lugar de realizar el trabajo que le encomendaste? ¿Lo mantendrías en el empleo si en lugar de trabajar se dedicara a publicitar su imagen? Si tu respuesta a ambas interrogantes es negativa, debes entonces pedir la remoción de nuestro actual Gobernador. Exigir ante el Congreso del Estado —por conducto de tu diputado—, que sea depuesto, por dedicarse a cultivar su imagen y publicitarse, en lugar de cumplir con las obligaciones propias de su encargo

En nuestra entidad, los medios de comunicación inundan los canales de información con imágenes del Gobernador, inaugurando, poniendo en marcha, aperturando o entregando bienes y servicios. Bienes y servicios que constituyen parte del patrimonio del Estado.

La obra pública no es un regalo del gobernante, es el fruto de la aplicación de los recursos de todos, a una obra o servicio que debe beneficiar a todos. Resulta inmoral que se publicite como un mérito del Gobernador, lo que únicamente es el resultado de un proceso operativo de una Entidad que aplica sus recursos a la atención de sus necesidades.

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En Baja California Sur, siguiendo una inercia caudillista gestada desde el nacimiento de nuestra nación como país independiente, que nos lleva a rendir culto “en automático” a quien detenta el encargo público de autoridad, se ha mantenido una habitud oficialista e institucional, en la que toda obra pública, todo logro, toda realización, se publicita como si fuera un mérito personal del gobernante; una gracia, una dádiva, un triunfo, un acto magnánimo y generoso de quien ufano ante las cámaras, sonríe mientras inaugura una calle recién pavimentada, o un tramo carretero, o una obra hidráulica, como si dicha obra o logro fuera mérito de su generosidad y bonhomía, y no el resultado de la aplicación de nuestros recursos a un fin de uso comunitario.

Tenemos en puerta entonces dos grandes inconvenientes: el culto a la personalidad, el convertir el servicio público en escaparate de publicitación del gobernante en turno, y la desatención por parte del gobernante, de los asuntos que realmente competen al encargo que le otorgamos vía voto ciudadano.

El Gobernador no es un prócer ni un ente superior magnánimo, es un empleado público asalariado, encargado de coordinar esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de sus empleadores. Es un servidor público cuya principal encomienda es brindar resultados efectivos en la atención de las necesidades de la comunidad.

No lo contratamos para andar todo el día “entregando obras”; lo contratamos porque “sabe cómo”, porque “no le tiembla la mano”, para resolver el gravísimo problema de inseguridad que azota la media península.

Ninguna de sus labores oficiales incluye “ENTREGAR OBRAS”. Esto es importante señalarlo, ya que de  la lectura de las cuarenta y siete fracciones que conforman el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, donde se estipulan las facultades y obligaciones del Gobernador, se concluye que ENTREGAR OBRAS, inaugurar eventos, cortar listones, no son actividades republicanas relacionadas directa y necesariamente con las labores prioritarias encomendadas al ejecutivo del Estado.

Resulta entonces concluyente que si el Gobernador dedica la mayor parte de su tiempo laboral a festinar la pavimentación de una calle, la entrega de motores a pescadores, el reparto de apoyos a un grupo social de la entidad, antepone su interés particular y personalísimo —el rendir culto a su imagen—, al interés colectivo superior que impone el mandato constitucional, tanto estatal como federal, de ocuparse de atender las necesidades de la población, encomendadas por ley al ejecutivo del estado, como son la educación, salud, administración pública, y de manera prioritaria y urgente, la seguridad pública.

El Gobernador debería pasar la mayor parte de su tiempo laboral, dirigiendo las operaciones de combate a la inseguridad, tal como le exige la fracción VII del artículo 115 de la Constitución General de la República, en los casos de alteración grave del orden público, como resulta la ola de inseguridad que azota la entidad, en lugar de andarse publicitando de obra en obra, posando para las cámaras, dedicando a publicitar su imagen, un tiempo valioso que debería dedicar a solucionar los problemas de inseguridad en el Estado.

Costa Rica, la pequeña Suiza enclavada en Centroamérica, publicó en diciembre pasado un decreto que prohíbe todas las formas del culto a la personalidad, desde las fotos en dependencias oficiales hasta las placas en inauguraciones, que sólo podrán llevar la fecha de terminación de la obra. Y es que tal y como sostiene el mandatario costarricense, las obras públicas son del país y no de un gobierno o funcionario en particular.

Deberíamos seguir el ejemplo costarricense y al menos en nuestro estado, abolir el culto a la personalidad del gobernante en turno, y exigirle que se ponga a trabajar, o que renuncie. Queremos un presente seguro. De promesas, pretextos, excusas y reparto de culpas ya estamos cansados.