Diputados de BCS, insensatos y arrogantes

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde el artero asesinato —que se mantiene impune— del entonces Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, dicho organismo público autónomo se encuentra acéfalo, hundido en un caos interior por la rebatinga interna ocasionada por la lucha del poder entre los Consejeros y quien fuera la suplente del ausente.

Para completar el estatus de anarquía, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados del Congreso local, en lugar de ocuparse de solventar la situación, contribuyen con su arrogancia, ignorancia jurídica, falta de tacto e insensatez, a empeorar la situación.

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Resulta que para cubrir la vacante, el Congreso lanzó la convocatoria dirigida a interesados en ocupar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS; y uno de los abogados que se apuntó, fue desestimado por razones que el postulante consideró discriminatorias e ilegales, y por ello, acudió ante la justicia federal en demanda de amparo, y de manera provisional, el juzgado federal que admitió la demanda, le otorgó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se lleve a cabo por el Congreso, la designación del nuevo Presidente de la CEDH, hasta en tanto y cuanto no se resuelva el juicio de amparo promovido por el abogado excluido.

La notificación del amparo al Congreso, y la inanición que ello provocó, puso de manifiesto el desconocimiento que del procedimiento de amparo, adolecen nuestros diputados y su séquito de “asesores”.

Una semana después, en lugar de aplicarse a solventar el asunto y darnos a los gobernados la certeza jurídica de que la CEDH cuenta ya con un titular —como niños berrinchudos e insensatos—, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados, se ponen a pelear con el Juez de Distrito, y elevan sus lastimosos lloriqueos jurídicos –infundados– ante el Tribunal Colegiado.

El trámite del ocioso recurso interpuesto por los Diputados, prolongará el procedimiento, en agravio del servicio público, lesionando los legítimos intereses de los cientos de gobernados que se encuentran en espera de que la CEDH reanude labores de manera plena y funcional.

Mal asesorados, mal aconsejados, nuestros diputados están haciendo más grande un problema que pudiera resolverse de una manera muy simple y sencilla.

La costosa maquinaria burocrática que integra la estructura de la CEDH permanecerá acéfala hasta que nuestros Diputados enmienden el procedimiento, lo que bien puede tardar meses en ocurrir, si se empeñan en pelearse con el juzgador federal que conoce del amparo.

El errático proceder de nuestros empleados del Congreso local, deja de manifiesto la carencia de asesoría jurídica profesional.

Esa falta de verdaderos profesionales encargados de asesorar a nuestros empleados del Congreso, es un problema que nos cuesta cientos de millones de pesos al año, y que no se solventará mientras se permita que cobren como “asesores” del Congreso familiares, amigos, compadres, recomendados, queridas, queridos y guachomas, en lugar de auténticos profesionales del Derecho, asesores parlamentarios capacitados, calificados y certificados.

¿Qué tienen qué hacer nuestros Diputados?

En lugar de empantanar el proceso de amparo, a la brevedad posible deben convocar al abogado quejoso, darle la garantía de audiencia, dejarlo hacer la pasarela como cualquier otro solicitante, y luego, elegir entre éste los demás comparecientes, el más apto para desempeñar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS. El amparo no es para que elijan al quejoso, es únicamente para que lo dejen participar en la pasarela. ¿Por qué no llamarlo, dejarlo hacer la pasarela, y fin del problema? El amparo será sobreseído por falta de materia, nuestros Diputados eligen al nuevo Presidente, conforme al dedazo ya apuntado, y fin de la historia.

Sentido común, y debida asesoría jurídica. Eso es todo lo que necesitan nuestros representantes en el congreso.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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