Derechos Humanos de BCS, la burocracia inservible

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En breve, la administración pública estatal vivirá una profunda transformación estructural y operativa. Por primera vez en su historia, el Gobernador en turno ejercerá su mandato, compartiendo el poder público en la Entidad, con un Congreso mayoritariamente opositor. Sin lugar a dudas, el escenario es propicio para una adecuación funcional de todos los sectores del servicio público. Mucho qué hacer en los rubros fundamentales del Estado: salud, educación, seguridad pública, procuración y administración de justicia, economía, cultura, desarrollo social, y en el tema que hoy nos ocupa, el ámbito de difusión y respeto a los Derechos Humanos.

Desde su nacimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a operado como una figura decorativa, cuya Presidencia se otorga sin mayores méritos, a quien así deba ser premiado, por los servicios prestados al interés político del titular del ejecutivo en turno.

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Carente de fuerza de imperio y autonomía, la CEDH se constituye en una maquinaria burocrática estéril y costosa, cuya existencia obedece originalmente a una exigencia generada por la firma de un tratado internacional suscrito con el afán de buscar a nivel internacional, el reconocimiento de México como una nación respetuosa de los Derecho Humanos, y que actualmente, a nivel estatal, sólo sirve para simular oficialmente que en la Entidad se ejerce el poder, respetando los Derechos Humanos.

Lo cierto es que para fines prácticos, atendiendo al servicio público, este organismo es inútil y costoso. Ahora que contaremos con un Congreso que al menos en el papel no estará sujeto al capricho del Gobernador en turno, podemos pedir una reestructuración de este organismo, que lo haga operativo y funcional.

En los últimos seis meses, la CEDH ha sido noticia incluso a nivel nacional, por los escándalos derivados del manejo desaseado de los recursos públicos, la inconstitucionalidad del proceso de designación de la actual Presidente, cuyo nombramiento ha sido sancionado como ilícito por la justicia federal, y al ventilarse el procedimiento seguido, se ha puesto en evidencia el servilismo de la actual legislatura, hacia los designios caprichosos del Gobernador.

Los graves conflictos internos, se ventilan en juzgados federales y ante la CNDH; e incluso ante la PGJEBCS donde ya obran denuncias en contra de la defenestrada Presidente. Es urgente poner orden al seno del organismo, pero en lugar de ello, el Congreso del Estado ha decidido postergar la atención del caso. Que sea la nueva legislación la que se encargue de resolver el entuerto.

La ciudadanía en general, tiene la idea de que la CEDH sólo sirve para defender delincuentes, ello —entre otras causas—, es debido a que la mayoría de las quejas que se presentan, son derivadas de actos de autoridad abusivos, cometidos en el ejercicio de las facultades de prevención, investigación y persecución de los delitos. Y es por eso que el modelo de la Comisión ha fracasado, porque se ha convertido en una simple receptora de quejas, y ha descuidado o incluso abandonado, las funciones que conforme a protocolos de actuación internacional, le competen.

Atendiendo a las funciones que debiera cumplir la comisión, partiendo de la información pública disponible nos encontramos que de las 13 funciones fundamentales, la CEDH sólo atiende la recepción de quejas. Se anexa cuadro sinóptico referencial.

Se trata de una maquinaria burocrática inútil y costosa, como para seguirla manteniendo únicamente como simple receptora de quejas. Debe desaparecer, o reestructurarse y evolucionar hacia los modelos modernos y eficaces.

Nuestra propuesta

Que desaparezca la figura del Presidente de la Comisión, y que todas las funciones que en la ley se le asignen, sean entregadas al Consejo. Convertir la institución en una Procuraduría de transición hacia la democracia plena, en la que el respeto a los Derechos Humanos sea el imperativo del acontecer oficial cotidiano, mediante la constante difusión, formación, capacitación, y educación en materia de Derechos Humanos. Migrar de una simple oficina receptora recomendadora a una Procuraduría persecutora protectora de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, que tutele a todos los gobernados de cualquier abuso que resulte lesivo de derechos fundamentales.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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