Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Debido a la presión social generada a partir el incremento en la incidencia delictiva en BCS, y a las confusiones y decepciones que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado en el ánimo de la ciudadanía, resulta urgente llamar a cuentas al Procurador de Justicia de BCS. Es imperativo que nos explique las causas que han ocasionado los pésimos resultados de su gestión, y sobre todo, es impostergable la decisión a cargo del Congreso local, respecto a la reiterada solicitud ciudadana de remover del encargo al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

La fecha de la comparecencia llegó y finalmente el Procurador habrá de comparecer ante nuestros diputados y tendrá que explicar el porqué de lo que él mismo denomina como “magros” resultados.

También te podría interesar Le pegamos al gigante minero

La asistencia del citado funcionario ante los representantes populares, puede ser una farsa protocolaria, una simulación, un simple formulismo para cumplir un requisito procedimental, o bien puede ser una invaluable oportunidad para cuestionar al funcionario y exigirle una explicación precisa y sin cifras alegres, de la realidad que atraviesa la procuración de justicia en nuestro Estado.

Habría que solicitar entonces a nuestros diputados, que asuman con seriedad su responsabilidad de representación popular, y a nombre de la ciudadanía, cuestionen al compareciente, evitando las vaguedades y los términos generales, y se atiende en sus cuestionamientos a puntos específicos, precisando y acotando en sus interrogantes, tanto las causas como los efectos de cada uno de los planteamientos que se formulen.

Inseguridad, impunidad, aumento de la criminalidad, abusos de autoridad, serían tópicos a priorizar. Bajo tales presupuestos, habrá que plantear entre otras, las siguientes cuestiones:

—Los largos periodos de espera en las unidades de atención inmediata, y la negativa sistemática a dar acceso a la carpeta de investigación tanto a defensores como víctimas. Se requiere cita previa, y sólo se permite consultar la carpeta si es en presencia del Agente del Ministerio Público. Eso se traduce en pérdida de tiempo para todos los involucrados, y para el Agente del MP que tiene que descuidar sus labores, cuando no es requisito legal que esté presente cuando los interesados consulten la carpeta de investigación.

—La falta de atención oportuna a las víctimas de delito, pues por regla general no se brinda atención adecuada, ni médica ni psicológica, lo que se traduce en re victimización y malestar para quienes sufren las incidencias delictivas.

—La falta de preparación y capacitación de los agentes de policía investigadora.

—La falta de un protocolo de entrevistas, que permitan a los policías de investigación realizar su labor con mayor eficacia y precisión.

—El reducido número de peritos en materias que resultan recurrentes en las investigaciones.

—La evidente falta de preparación y profesionalismo de los fiscales a su cargo.

—La reiterada práctica de delegar al poder judicial la toma de decisiones en asuntos de alto impacto.

—La falta de actos de investigación en la integración de las carpetas de investigación.

—La solicitud y obtención sistemática de ampliación de los plazos de investigación complementarios, con el único objeto de prolongar la prisión preventiva de los imputados en casos de encarcelamiento oficioso.

—La carencia de protocolos de investigación aplicables a los diversos tipos de delito.

—La falta de preparación de testigos, previo a su comparecencia a la audiencia de juicio.

—La falta de control y seguimiento de la agenda de citación de los testigos de cargo.

—La falta de preparación de las audiencias, lo que provoca una recurrente improvisación en el desarrollo de las mismas, con resultados negativos para los intereses de la sociedad.

—La falta de lineamientos generales necesarios para lograr la aplicación de los criterios de oportunidad. Esta carencia se traduce en un incremento de la carga de trabajo, en detrimento de la eficiencia en el servicio.

—La falta de unificación de criterios para determinar la libertad de los presentados en la etapa de investigación.

—La inadecuada aplicación de criterios de equidad en los procedimientos abreviados.

—Los cambios constantes de personal de investigaciones, que provoca enormes molestias y retrasos a los denunciantes, que cada vez que le cambian de fiscal en su caso, tiene que repetir prácticamente todo su planteamiento.

—Las quejas recurrentes del personal de la Procuraduría, respecto a los bajos sueldos, la falta de estímulos, los horarios y cambios de adscripción constantes e indiscriminados.

Estos temas, a groso modo, dan pie a una serie de cuestionamientos dirigidos a precisar las causas por las cuales no está funcionando el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y sobre todo, llevar a los diputados a un ejercicio de responsabilidad en su representatividad, que les permita ratificar o remover al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

Si sólo van a oír cifras fantasiosas y alegres, seguidas de excusas y pretextos, entonces la comparecencia será una burla y una farsa. Si cuestionan al funcionario y le exigen explicaciones y sobre todo, soluciones, entonces valdrá la pena el ejercicio.