Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Sin importar el color de la franquicia política que detente el poder en el Estado, ha sido una práctica reiterada en el presente siglo, despedir a los empleados del servicio público que abierta o vedadamente simpaticen con el grupo político de oposición. Cada vez que la administración pública ha cambiado de siglas partidistas, el grupo que entra priva de la fuente laboral a quienes desde las filas burocráticas no les apoyaron en la contienda electoral.

Al margen de la inmoralidad o el abuso de poder que en muchos de los casos resulta evidente, una de las consecuencias sociales más costosas, es el tener que enfrentar indemnizaciones y pago de salarios caídos, en los casos en los que los despedidos logran vencer en tribunales a la entidad pública cuyo titular resulta responsable de haber separado ilegalmente del empleo al afectado.

Suman a la fecha muchos centenares de millones de pesos que ha costado al erario del Estado el número de despidos injustificados. Dinero que bien pudo haberse aplicado a seguridad pública, salud, educación o cualquiera otra de las funciones propias del Estado, es destinado al pago de indemnizaciones y salarios caídos.

Y es que ya llevamos 17 años que inició la tendencia, y el gobierno no ha aprendido la lección. Siguen cometiendo los mismos errores al despedir empleados públicos, y somos nosotros, los contribuyentes, los que terminamos pagando sus errores, y en muchos casos, sus abusos.

También te podría interesar Terrorismo de Estado en BCS

Sin importar si el empleado merece o no ser despedido, si la dependencia oficial no cumple con las formalidades del procedimiento, el despido siempre será injusto, y en consecuencia, habrá que pagar indemnizaciones y salarios caídos.

A la administración que realiza el despido, no le importa hacerlo de manera ilegal, pues sabe que no tendrá que asumir las consecuencias de su ilegalidad, lo único que tiene que hacer, es “alargar” el procedimiento, para que sea la siguiente administración la que enfrente el pago. Ello encarece enormemente el costo del procedimiento, pero no importa, porque para el titular de la dependencia que ilegalmente despide trabajadores, no hay ninguna consecuencia.

No hemos sabido de ningún caso en el que se finque responsabilidad administrativa o penal a quien abusando de su cargo, prive de la fuente de trabajo a un subordinado. Así las cosas, estamos en  presencia de un círculo vicioso donde el erario estatal es gravemente afectado, el empleado despedido vive un grave quebranto económico al perder su fuente de ingresos, y si no cuenta con la representación de un buen abogado, no podrá beneficiarse con una indemnización y el pago de salarios caídos. Perdemos los contribuyentes, pierde el servicio público y el acto de autoridad —cuando es abusivo—, queda impune.

Parte de la causa generadora del problema, es la carencia de profesionales del derecho expertos en la materia, al servicio del Estado. No tenemos un servicio de consejería jurídica profesional de carrera. El gobernante en turno nombra a quien le viene en gana, sin que necesariamente reúna el perfil adecuado para el encargo. Eso y el afán de venganza se suman y generan una ecuación cuyo resultado es muy costoso para la ciudadanía, sin ningún castigo para quien toma la mala decisión de separar ilegalmente a un empleado público de su encargo.

El caso de los “desbasificados” en Los Cabos, es representativo. El Ayuntamiento perdió los juicios de amparo, y perderá los procedimientos en la vía laboral. Cientos de millones de pesos serán destinados a reparar el abuso del cuerpo edilicio, y no habrá sanción alguna.

Lo mismo ocurrirá en La Paz con el despido de quien fuera Secretario General de la actual administración municipal. Habremos de pagar una jugosa indemnización, y quienes realizaron el despido injustificado, los responsables del evento, no enfrentarán sanción alguna. Debemos terminar con esa costosa tendencia.

El Congreso de BCS debe intervenir y establecer un protocolo específico al cual deberán sujetarse todas las autoridades de la entidad, para asegurarnos de que todo despido de un servidor público, sea impecablemente apegado al procedimiento, y en casos de abusos o actuaciones indebidas, el funcionario responsable del despido injustificado sea sancionado, y se convierta en responsable solidario en caso de que la autoridad judicial resuelva en definitiva que el despido fue injustificado.

Que todo funcionario que lleve a cabo un despido injustificado, resienta en su bolsillo el resultado de su equivocación. Ya estuvo bueno de estar pagando justos por pecadores.