Ciudadanos combatiendo la corrupción en BCS

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FOTOS: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional, ubica a México en el lugar 130 de 180 naciones evaluadas. El sexenio anterior enfatizó una tendencia constante al alza en los niveles de corrupción e impunidad, lo que sirvió de estandarte en la exitosa campaña electoral del actual Presidente de la República.

El eje central de la política del Gobierno Federal contra la corrupción gira en torno a tres grandes programas: austeridad, transparencia y estado de bienestar. El proyecto de nación que presenta el actual Ejecutivo, no contiene un programa claro de combate a la corrupción, pues los programas anunciados encuadran más en el campo de la prevención que en los del combate y erradicación. Encontramos una grave omisión en cuanto a los mecanismos encaminados a denunciar y castigar.

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A lo anterior, habremos de agregar que la corrupción como práctica constante, encuentra cobijo en la impunidad que se negocia desde el espacio cupular. Y es que es el mismo grupo en el poder, el que se encarga de denunciar, investigar, perseguir y sancionar los actos de corrupción.

Ante ese panorama, consideramos imperativo que el ciudadano se incorpore en labores complementarias al eje de acción planteado por el Ejecutivo federal para lograr prevenir, inhibir y erradicar la corrupción. Nos toca entonces asumir nuestra responsabilidad ciudadana, específicamente en las labores de denuncia ante posibles actos de este tipo, y de exigencia en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es claro que el combate a la corrupción es una tarea de imposible realización, si los ciudadanos no participamos activa, efectiva, sistemática y permanentemente en el proceso.

BCS organizada

Específicamente en Baja California Sur, contamos con referentes de éxito alcanzado por la sociedad civil cuando de manera organizada y masiva participa en actividades de interés público. Somos referente a nivel continental, por haber sido el primer Estado en América Latina que frenó a la megaminería de extracción de metales a cielo abierto, antes de que iniciara operaciones, evitando con ello los daños ambientales que actualmente sufren otros Estados de la República Mexicana, que aunque han logrado expulsar esa minería, lo han hecho tras seis, ocho o diez años de operación, esto es, cuando ya se generaron daños al medio ambiente, muchos de ellos irreparables.

En materia de seguridad, el mejor antídoto contra el robo a casa habitación ha sido la organización vecinal, en la que los ciudadanos se han unido para participar en labores de prevención de ese delito.

Letras contra corruptos

A partir de la experiencia de esos exitosos modelos, arrancamos en el Estado, un programa ciudadano de combate a la corrupción y la impunidad. El esquema es sencillo: un grupo de profesionales del Derecho y Ciencias Forenses, a través de la asociación civil LETRAS, Legalidad y Transparencia A.C., ofrecen asesoría legal, apoyo logístico, acompañamiento y en su caso, representación legal. La idea es brindarle al ciudadano que tenga conocimiento de un hecho de corrupción que resulte comprobable, la oportunidad de denunciarlo, sin tener que padecer el viacrucis que implica recorrer las instancias burocráticas oficiales, estructuradas estratégicamente para desanimar este tipo de denuncias.

Si el ciudadano tiene conocimiento de un hecho delictivo, y cuenta con información suficiente que nos permita allegarnos datos de prueba que hagan sostenible la formulación de imputación ante los tribunales, el equipo de abogados y peritos de LETRAS se hacen cargo de toda la carga procesal, sin costo alguno para el denunciante.

Estamos convencidos de que la sociedad civil organizada representa el factor decisorio en el combate a la corrupción y la impunidad. Contamos con las exitosas experiencias de que existe registro en materia de defensa al agua y al medio ambiente sano, así como en las actividades de prevención del delito. Ahora trabajamos para llevar ese ejercicio en el campo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si los programas federales se enfocan en la prevención de la corrupción, a nosotros nos toca aplicarnos en el campo de la denuncia, integración de carpetas de investigación, compilación e incorporación de datos de prueba, acompañamiento y coadyuvancia en la persecución ante tribunales, para alcanzar finalmente la sanción de todos aquellos malos servidores y particulares que se involucren en actos de corrupción.

LETRAS ha iniciado esta campaña, y a una semana de iniciar operaciones ya contamos con varias carpetas de investigación, que se integran contra servidores públicos imputables, y la lista se engrosará con las denuncias que se vayan incorporando. Si tienes conocimiento de un acto de corrupción y consideras que existen datos de prueba que nos permitan acreditarlo, acude en horario laboral a nuestras oficinas ubicadas en calle Instituto Politécnico Nacional 503 local 1, en colonia El Conchalito, casi frente a la Delegación de la Secretaría de Economía, a dos cuadras del palacio de Justicia Federal.

Al ejercicio de participación ciudadana en el combate a la corrupción que plantea LETRAS,  se han sumado ya otras dos organizaciones civiles, y un par de “lobos solitarios”. Ya sea de manera individual, o a través de un colectivo, es importante para el éxito de este esfuerzo de participación ciudadana, que todos nos sumemos, como denunciantes, observadores, asesores, difusores, etcétera. En el combate a la corrupción, migremos de las redes sociales a los Tribunales de enjuiciamiento. Todos podemos y debemos participar, tenemos mucho que ganar y nada que perder.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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