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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el electorado puede decidir, a través de una votación, si una persona electa debe concluir anticipadamente el cargo para el que fue elegida, por pérdida de la confianza.

En el marco normativo mexicano, esta figura se concibe como un instrumento de control democrático “intermedio” entre elecciones periódicas. Opera por “voluntad colectiva” y no necesariamente como respuesta a una falta grave probada, que amerite un procedimiento sancionatorio, como el juicio político o el juicio de procedencia, coloquialmente llamado “desafuero”.

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La revocación federal se regula en la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) que asigna competencias al Congreso de la Unión, al INE y al TEPJF.

La solicitud solo procede si la promueve la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y esas firmas deben estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, con mínimo 3% en cada Estado.

En cuanto al “cuándo”: el inicio del proceso puede pedirse una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. La propia ley prevé una fase de aviso al INE y un periodo para recabar firmas.

Etapas de procedimiento

◆ Aviso y recolección de firmas. Las personas promoventes informan al INE y recaban apoyos con formatos y/o herramientas tecnológicas autorizadas. Si se usan formatos distintos, la solicitud puede desecharse.

◆ Presentación formal de la solicitud. Debe incluir datos mínimos (promoventes, representante, anexos con formatos, etc.). Si hay omisiones, puede haber prevención para subsanar.

◆ Verificación de apoyos. El INE verifica si las firmas corresponden a la lista nominal y a los porcentajes; la ley contempla reglas sobre apoyos no contabilizables (datos falsos/incompletos, duplicados, etc.).

◆ Convocatoria. Si se cumple el umbral, el Consejo General emite la Convocatoria, con elementos como fundamento, etapas, fecha, y la pregunta legal.

◆ Jornada de votación. Debe celebrarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincidir con jornadas electorales federales o locales.

◆ Validez y resultado. Para que sea vinculante, debe participar al menos 40% de la lista nominal; la revocación procede por mayoría en la votación válida emitida.

Lineamientos y reglas de equidad

En términos generales, el modelo busca neutralidad institucional: el INE organiza, promueve participación con fines informativos y administra tiempos oficiales. Los lineamientos del INE (publicados en DOF) detallan conceptos operativos (aplicación móvil, mesas de casilla para RM, etc.) y su calendario.

Reglas típicas de blindaje, comunes también en lo local: evitar uso de recursos públicos y propaganda gubernamental durante etapas clave; y limitar contratación privada de propaganda en radio/TV orientada a influir.

Revocación de mandato local (Gobernador) en BCS

La Constitución de Baja California Sur reconoce el derecho a participar en revocación de mandato y define el caso del Gobernador como un instrumento para determinar la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

La Ley de Revocación de Mandato, publicada en 2024 que asigna competencias al Congreso del Estado, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral establece un diseño procedimental muy específico:

• Convoca el Instituto Estatal Electoral (IEE BCS) a petición ciudadana.
• Se requiere 10% de la lista nominal estatal,
• con un criterio territorial: que la solicitud corresponda al menos a la mitad más uno de los municipios y que represente mínimo 10% de la lista nominal de cada uno de ellos.
• El IEE BCS verifica y emite convocatoria dentro de los 30 días siguientes a recibir la solicitud.
• Puede solicitarse una sola vez y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.
• La ciudadanía puede recabar firmas durante el mes previo, usando formatos/medios y lineamientos que emita el IEE.
• La votación ocurre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincide con jornadas electorales locales o federales.
• Para validez: participación mínima 40% de lista nominal; procede por mayoría absoluta.
• El IEE organiza y computa; los resultados pueden impugnarse ante el Tribunal Estatal Electoral, que realiza cómputo final y, en su caso, emite la declaratoria y se aplica el régimen de faltas absolutas previsto en la propia Constitución local.
• Este diseño local, además, replica reglas de veda y neutralidad: prohibición de usar recursos públicos para firmas/promoción; difusión a cargo del IEE con fines informativos; prohibición de contratar propaganda en radio/TV para influir; y suspensión de propaganda gubernamental con excepciones (salud, educación, protección civil).

Corolario

La revocación de mandato no es un juicio ni una sanción penal: es un veredicto político canalizado por reglas constitucionales y electorales. Su valor democrático depende de que el umbral y la temporalidad eviten su banalización y que existan controles para impedir captura por propaganda, recursos públicos o desinformación.

En Baja California Sur, el marco legal está diseñado para desalentar la revocación de mandato, cuyo costoso procedimiento exige un esfuerzo organizativo y territorial relevante (10% y distribución municipal), y deposita en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral la organización y el cierre jurisdiccional del procedimiento, con plazos y recursos que de aplicarse en su conjunto hacen inviable la revocación, pues cabe la posibilidad de que el Gobernador termine su mandato, antes de que concluya el procedimiento relativo a la revocación, convirtiéndose así todo el proceso en una costosa, compleja y estéril simulación.

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FOTOS: Noé Peralta Delgado.

Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

Ciudad Constitución, Baja California Sur (BCS). Cuando escuchamos el nombre de Sebastopol, viene a nuestra mente una ciudad rusa, y los que somos aficionados a la historia, sabemos que ahí sucedió una de las más famosas batallas de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas de la Alemania nazi y el ejército soviético. En la historia, el sitio de Sebastopol duro cerca de 250 días y supuso una victoria alemana con grandes pérdidas, que un año más adelante tendría sus consecuencias devastadoras para el ejército alemán ya diezmado.

Pero ¿qué tiene que ver este nombre con Baja California Sur?; porque en la geografía sudcaliforniana, y sobre todo en el municipio de La Paz, existe un cerro frente a unas paradisiacas playas del golfo de California que lleva este nombre.

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El cerro Sebastopol, se encuentra en las cercanías de la ciudad de La Paz, por el libramiento que rodea desde la colonia 8 de octubre hasta Pichilingue. Casi al llegar a donde termina el libramiento, se encuentra un Centro de Combustión Interna (C.C.I.) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de ahí a medio kilometro esta el acceso a la playa El Saltito y la no menos bonita playa Los Muertitos.

Desde esta glorieta sale un camino pavimentado hasta la falda del cerro Sebastopol, con una distancia de 11 kilómetros y camino en buen estado. Precisamente donde se acaba el camino de pavimento asfáltico, se dejan los vehículos y esta la subida que recorren muchos senderistas los fines de semana hasta la cumbre.

El cerro Sebastopol tiene una altura en su cumbre de 374 m.s.n.m. y que realmente no es algo extraordinario, pero lo destacado es que es el cerro más alto en la región y que su vista desde su cumbre hacia el golfo de California, es una de las más hermosas que todo sudcaliforniano y mexicanos deberían observar.

Según pláticas con personas que han ido seguido a esas playas, el nombre se tomó por una mera coincidencia. El relato dice que cerca del cerro, precisamente en la playa Los Muertitos, en el año de 1942 encalló un barco mercante, posiblemente de los que traían suministros desde el macizo continental hasta la alejada península de Baja California. En la actualidad se puede acceder mediante buceo de poca profundidad a los restos de dicho barco hundido, el cual se encuentra en las coordenadas 24°15’09» Norte y 110°10’26» Oeste. Desde este lugar hasta la cumbre del cerro Sebastopol, hay una distancia un poco menos de 1.5 kilómetros.

Siguiendo con la historia, en ese mismo tiempo estaba en su apogeo el sitio de Sebastopol en plena Segunda Guerra Mundial, y muy seguramente alguien del lugar acaba de leer los periódicos y lo relacionó con el barco hundido y tuvo la idea de nombrar al cerro como ¨Sebastopol¨, y ya las mismas personas se encargaron de seguir nombrando así.

Ya recientemente, también se le conoce como cerro ¨Saltito¨, pero lo más común es nombrarlo con el nombre de la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial. El cerro se encuentra en las siguientes coordenadas 24°14’26.20″ Norte y 110°10’30.87″ Oeste.

La persona que nombró el cerro lo desconocemos, pero lo que si sabemos, es que tenía mucha afición por los acontecimientos históricos, y gracias a su habilidad varias de los sudcalifornianos nos ponemos a investigar el origen del nombre: Sebastopol.

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FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En San Javier, la misión no parece un edificio: parece una declaración de guerra contra el desierto. La cantera se levanta en medio de la sierra como si alguien hubiera querido fijar con piedra lo que aquí siempre fue movimiento: el agua que aparece y desaparece, las veredas que se abren entre cañadas, la vida que resiste lejos de los centros. Alrededor de ese templo, y de otros como Loreto, Comondú o Mulegé, fue creciendo una forma de habitar Baja California Sur que todavía define a buena parte de su memoria profunda. No nació en las ciudades ni en los puertos. Nació en la intemperie. En los márgenes de la misión. En el rancho.

Pero esa historia no comienza con los jesuitas. Antes de que la cruz y la campana organizaran el territorio, la península ya estaba habitada por pueblos indígenas como pericúes, guaycuras y cochimíes. Las fuentes históricas hablan de rancherías indígenas, aunque el término no describía necesariamente un pueblo fijo, sino más bien un grupo humano ligado a formas de movilidad adaptadas a la aridez, a la caza, a la recolección y al conocimiento del agua. La primera verdad incómoda de esta crónica es esa: las rancherías sudcalifornianas no surgieron sobre un vacío, sino sobre un territorio ya vivido, ya nombrado y ya recorrido mucho antes de la evangelización.

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La fundación de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, el 25 de octubre de 1697, abrió otra época. Desde ahí se desplegó una red de misiones que el INAH resume en 18 establecimientos jesuitas en la península. Aquellas misiones fueron templos, sí, pero también centros de control territorial, agrícola y humano. Se instalaron donde el agua lo permitía: oasis, cañadas, pequeños valles. Introdujeron ganado, huertas, cereales, nuevas jerarquías, nuevos calendarios y una disciplina del trabajo que buscó fijar en torno a la misión a poblaciones que hasta entonces habían vivido bajo otros ritmos. La misión fue una máquina de concentración. Quiso reunir, ordenar y convertir. Quiso transformar el desierto en provincia.

Pero la misión nunca dominó del todo. Los estudios de Ignacio del Río muestran que la relación entre los pueblos originarios y el sistema misional estuvo atravesada por tensiones, resistencias y regresos al monte. La piedra del templo no canceló la memoria del territorio. Y, al mismo tiempo, la colonización produjo una devastación demográfica y cultural de enorme escala. Ahí está la segunda verdad incómoda: el origen del rancho sudcaliforniano no puede contarse como una estampa pintoresca de autosuficiencia sin reconocer que antes hubo despojo, reorganización forzada y derrumbe de mundos indígenas. La ranchería actual hereda saberes de adaptación al medio, pero también nace sobre una fractura.

El punto de quiebre llegó con la expulsión de los jesuitas en 1767, consumada en California al año siguiente, y con la posterior secularización de las misiones en el siglo XIX. La vieja organización eclesiástica perdió cohesión, los bienes misionales cambiaron de manos y el territorio dejó de girar exclusivamente alrededor del campanario. Entonces comenzó otra dispersión: alrededor de antiguos centros misionales, ojos de agua y sierras fueron tomando forma pequeños ranchos y rancherías familiares. Investigaciones de la UABCS y trabajos sobre patrimonio ranchero coinciden en que la identidad social de esos asentamientos deriva del establecimiento de las misiones y de los esfuerzos de poblamiento del siglo XVIII, y que en muchos de esos ranchos la unidad básica terminó siendo la familia nuclear, organizada alrededor del trabajo cotidiano, el ganado, la huerta y el aprovechamiento integral del entorno.

Lo decisivo fue la geografía. En Baja California Sur, el rancho no podía expandirse como hacienda continental porque el agua imponía su propia ley. Los oasis sudcalifornianos, explica la investigación de Micheline Cariño y Antonio Ortega, fueron sistemas agroecológicos de alta complejidad levantados en condiciones extremas de aislamiento y aridez. Harry Crosby, al reconstruir la vida de los últimos californios, retrató justamente eso: ranchos pequeños, serranos, amarrados a manantiales, con huertas mínimas, bestias de carga, caprinos y bovinos obligados a vivir entre laderas secas. Aquí el rancho no fue exceso. Fue cálculo. No fue abundancia. Fue permanencia. De ahí salió el tipo humano que aún hoy se reconoce como ranchero sudcaliforniano: austero, móvil, diestro en oficios, dependiente del agua y de un conocimiento íntimo de la sierra.

Con el tiempo, esa forma de vida produjo más que economía: produjo cultura. El aislamiento empujó a las familias rancheras a fabricar herramientas, a trabajar la talabartería, la herrería, los bordados, el queso, el vino y una cocina de supervivencia convertida en identidad. La propia Secretaría de Cultura reconoce en las comunidades serranas de Baja California Sur una tradición ligada al rancho heredado del tiempo misional, mientras estudios de la UABCS sobre las sierras La Giganta y Guadalupe hablan de un patrimonio cultural ranchero que no se reduce a nostalgia: es una manera de leer el paisaje, de nombrar plantas, de administrar el agua, de repartir tareas y de entender la distancia. La ranchería no fue solamente un asentamiento. Fue una escuela de mundo.

Esa escuela, sin embargo, vive bajo presión. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 4,606 unidades de producción agropecuaria, con 122,698 bovinos y 66,683 caprinos: el rancho sigue ahí, pero más acorralado. Al mismo tiempo, investigaciones recientes sobre las rancherías de Los Comondú y reportes sobre la sequía extrema de 2020 a 2022 muestran un sistema social frágil ante la despoblación, la incertidumbre climática y la atracción económica de las costas turísticas. En 2024, un estudio con 98 ranchos reportó que muchos ganaderos estiman que podrían resistir apenas dos o tres años más de sequía sostenida antes de abandonar la actividad. Lo que antes resistía al aislamiento ahora resiste al mercado, al clima y al olvido estatal.

Por eso, preguntarse cómo nacieron las rancherías sudcalifornianas no es una curiosidad del pasado. Es preguntarse qué sobrevive cuando un territorio deja de mirarse a sí mismo desde la sierra y empieza a contarse solo desde el hotel, la carretera y la plusvalía costera. Las rancherías nacieron de una violencia colonial, sí, pero también de una capacidad descomunal para domesticar la escasez sin destruir del todo el sitio donde se vive. Entre la misión y el monte, entre la cruz y el ojo de agua, los sudcalifornianos levantaron una de las culturas rurales más singulares del país. Perderla sería algo más que perder un paisaje: sería olvidar la forma exacta en que esta tierra aprendió a permanecer.

Referencias:

INAH, Misiones Jesuíticas, Baja California Sur I y Museo de las Misiones.

• SETUES Baja California Sur, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó.
• Ignacio del Río, UNAM, Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768.
• Micheline Cariño y Antonio Ortega, Oasis sudcalifornianos: transferencia cultural del Viejo al Nuevo Mundo áridos.
• Harry W. Crosby, Los últimos californios.
• UABCS / Áreas Naturales Protegidas Scripta, Patrimonio cultural ranchero de las sierras La Giganta y Guadalupe, BCS, México.
• UABCS, tesis y estudios sobre identidad ranchera y origen de ranchos y rancherías.
• INEGI, Censo Agropecuario 2022. Baja California Sur.
• University of Utah, Adaptive responses to extreme drought: A case study of rural ranchers in Baja California Sur, Mexico.
• Estudios sobre la dinámica del sistema de rancherías de Los Comondú.

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FOTOS: Seguridad Pública Estatal.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.

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En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.

Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.

Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.

El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.

La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?

Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.

Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.

Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.

Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.

En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?

Referencias:

https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»

https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»

https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»

https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»

https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»

https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»

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FOTO: El Organismo.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En nuestra ciudad, el paisaje de mar turquesa y cielos despejados convive con otro menos visible, pero persistente: columnas de humo que emergen desde las plantas de generación eléctrica que abastecen de energía a toda la entidad. Para miles de habitantes, estas instalaciones representan una paradoja cotidiana: son indispensables para sostener la vida moderna en una región aislada, pero también constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental y preocupación sanitaria.

Baja California Sur no está conectada al sistema eléctrico nacional. Esta condición geográfica ha obligado históricamente a generar energía de manera local, lo que explica la presencia de varias centrales en La Paz, principal centro urbano del estado. Entre las más importantes destacan la Central Termoeléctrica Punta Prieta —ubicada a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad— y la Central de Combustión Interna operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas instalaciones, junto con otras plantas como la de Puerto Pichilingue, conforman el núcleo del sistema eléctrico local.

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FOTO: En 15 Días.

La termoeléctrica Punta Prieta comenzó operaciones en 1979, en un contexto en el que el combustóleo —residuo pesado del petróleo— era una fuente común de energía. Durante décadas, esta planta ha sido el pilar del suministro eléctrico, llegando a aportar cerca del 95% de la energía consumida en el estado. Con el crecimiento demográfico, turístico y urbano de La Paz y Los Cabos, la demanda energética se ha incrementado considerablemente. Esto ha llevado a ampliar la infraestructura con plantas adicionales, pero manteniendo en gran medida el mismo modelo basado en combustibles fósiles.

En una región donde el turismo, la pesca y los servicios dependen de un suministro eléctrico constante, estas centrales cumplen una función crítica. Hoteles, hospitales, sistemas de agua potable, telecomunicaciones y la actividad económica en general dependen directamente de su operación. La falta de interconexión con el resto del país convierte a estas plantas en un sistema aislado: si fallan, no hay respaldo inmediato externo. Esta condición ha sido utilizada como argumento para mantener operativas instalaciones antiguas, incluso cuando ya han superado su vida útil recomendada. Además, la generación eléctrica local evita costos de infraestructura mayores, como la construcción de líneas submarinas o interconexiones de larga distancia. Sin embargo, esta “autonomía energética” tiene un costo ambiental significativo.

Uno de los principales problemas documentados es la antigüedad de las instalaciones. Especialistas han señalado que algunas unidades operan con equipos que exceden hasta por 20 años su vida útil, lo que incrementa las emisiones contaminantes y reduce la eficiencia energética. El uso de combustóleo de alto contenido de azufre es otro factor crítico. Este tipo de combustible genera emisiones de dióxido de azufre, partículas finas y otros contaminantes que afectan directamente la calidad del aire. Diversos informes y monitoreos ciudadanos coinciden en que las termoeléctricas son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad. De hecho, se estima que las centrales eléctricas, junto con otras fuentes, son responsables de una proporción significativa de las emisiones contaminantes en La Paz, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire. A esto se suma la falta de monitoreo constante y eficaz por parte de las autoridades, así como limitaciones institucionales: Baja California Sur no cuenta con facultades plenas para declarar contingencias ambientales, lo que reduce la capacidad de respuesta ante episodios críticos.

En los últimos años, las evidencias de impactos ambientales han sido cada vez más visibles. En 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en la Central de Combustión Interna de la CFE en La Paz, donde detectó contaminación por combustóleo en suelos, vegetación y un arroyo cercano. El derrame, ocurrido desde diciembre de 2024, no había sido completamente remediado casi un año después, lo que evidencia fallas en la gestión ambiental. Durante la inspección, se identificaron residuos aceitosos, manchas de hidrocarburos y afectaciones a lo largo de aproximadamente 1,700 metros del cauce natural. Las autoridades ordenaron acciones de limpieza, pero organizaciones civiles han cuestionado la lentitud y la falta de sanciones contundentes.

Otros reportes periodísticos documentan derrames de chapopote y asfalto que han contaminado mantos freáticos y canales pluviales, afectando comunidades rurales cercanas. Habitantes han denunciado que estos residuos llegan a sus tierras y fuentes de agua, especialmente durante la temporada de lluvias. En el aire, la situación no es menos preocupante. La quema de combustóleo genera una mezcla de contaminantes que se dispersan sobre la ciudad, especialmente en condiciones atmosféricas adversas. Investigaciones han documentado niveles preocupantes de partículas y gases, con efectos potenciales en la salud pública.

Aunque no existe un consenso definitivo sobre el impacto exacto en la salud de la población paceña, diversos estudios y monitoreos han señalado riesgos potenciales. La exposición a contaminantes derivados de la combustión de combustóleo se ha asociado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros padecimientos. En La Paz, organizaciones y centros de investigación han advertido sobre la posible relación entre vivir cerca de termoeléctricas y el desarrollo de enfermedades graves. Además, la percepción ciudadana refuerza estas preocupaciones. Durante gran parte del año, los habitantes reportan la presencia de humo visible y olores intensos, lo que ha generado denuncias colectivas y movilización social. El problema no es únicamente local: a nivel global, las plantas que utilizan combustibles fósiles son reconocidas como importantes emisores de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, lo que agrava el cambio climático y sus efectos.

El conflicto en torno a las centrales eléctricas de La Paz no es nuevo. Desde hace años, organizaciones civiles, colectivos ambientales y ciudadanos han exigido cambios en el modelo energético. Demandas legales, denuncias ante autoridades ambientales y campañas de sensibilización han puesto el tema en la agenda pública. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido percibida como insuficiente. Por un lado, la CFE enfrenta el reto de garantizar el suministro eléctrico en una región aislada. Por otro, las autoridades ambientales han sido criticadas por la falta de sanciones y seguimiento efectivo a las irregularidades detectadas. Este escenario refleja una tensión estructural: la necesidad de energía frente a la urgencia de proteger el medio ambiente y la salud pública.

FOTO: Melón Coyote.

¿Un mal necesario? Perspectivas para el futuro

La pregunta central es inevitable: ¿son estas centrales un mal necesario? En el corto plazo, la respuesta parece ser afirmativa. La dependencia energética de La Paz y la falta de interconexión hacen difícil prescindir de estas instalaciones sin afectar gravemente la vida económica y social. Sin embargo, el futuro plantea alternativas.

México, y particularmente Baja California Sur, cuenta con un enorme potencial en energías renovables, especialmente solar. Proyectos como Aura Solar han demostrado la viabilidad de generar electricidad limpia en la región, abasteciendo a una parte significativa de la población. La transición energética podría reducir la dependencia del combustóleo y disminuir las emisiones contaminantes. No obstante, esta transformación requiere inversiones, planeación y voluntad política. Existen también riesgos: si la transición no se gestiona adecuadamente, podrían generarse problemas de suministro o incrementos en los costos de la energía. Además, la resistencia institucional y los intereses económicos asociados al modelo actual podrían ralentizar el cambio.

Las centrales eléctricas de La Paz son, al mismo tiempo, símbolo de progreso y fuente de preocupación. Su historia refleja las limitaciones de un modelo energético basado en combustibles fósiles, mientras que su presente evidencia los costos ambientales y sociales de sostenerlo. La ciudad enfrenta una encrucijada: continuar dependiendo de infraestructura obsoleta y contaminante, o avanzar hacia un sistema energético más limpio y sostenible. La respuesta no es sencilla. Implica decisiones técnicas, económicas y políticas, pero también una reflexión colectiva sobre el tipo de desarrollo que se desea para la región. Mientras tanto, en La Paz, la electricidad sigue encendiendo hogares y negocios… Y también el debate sobre su verdadero costo.

Referencias:

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/obsoleta-termoelectrica-punta-prieta-amenaza-salud-y-medio-ambiente-paceno/617310 «Obsoleta termoeléctrica Punta Prieta amenaza salud y medio ambiente …»

https://tribunademexico.com/mala-calidad-aire-alerta-la-paz/ «La mala calidad del aire prende las alertas en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_%28Baja_California_Sur%29 «La Paz (Baja California Sur)»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-realiza-inspeccion-ambiental-en-la-cfe-en-baja-california-sur?state=published&utm «Profepa realiza inspección ambiental en la CFE en Baja California Sur …»

[5]: https://energymagazine.mx/2025/10/profepa-investiga-derrame-de-combustoleo-de-cfe-en-baja-california-sur/ «Profepa investiga derrame de combustóleo de CFE en Baja California Sur …»

https://metropolimx.com/descubren-contaminacion-de-termoelectrica-de-cfe-en-la-paz/ «Descubren contaminación de termoeléctrica de CFE en La Paz»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/denuncian-derrame-de-liquidos-provenientes-de-planta-de-la-cfe-en-la-paz-25995371 «Denuncian derrame de líquidos provenientes de planta de la CFE en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables_de_M%C3%A9xico «Energías renovables de México»

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