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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció legitimidad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias en asuntos de origen nacional, sin orden judicial, sin intervención del Ministerio Público y sin petición de un organismo internacional, con base en indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo (AI 58/2022), al declarar constitucional el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo que la SHCP incluya personas en la Lista de Personas Bloqueadas, facultando a la UIF a congelar cuentas bancarias como medida administrativa cautelar y preventiva.

La resolución sostiene que:

• No se trata de una sanción penal.
• No sustituye la investigación del Ministerio Público.
• Persigue proteger el sistema financiero y cumplir compromisos internacionales.

Consideramos que el resolutivo de la SCJN viola los principios de legalidad, certeza jurídica y convencionalidad.

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Principios de legalidad y certeza jurídica

Los Artículos 14 y 16 constitucionales, así como elArtículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), exigen que toda afectación de derechos esté claramente regulada, fundada y motivada. El problema central radica en el estándar de indicios suficientes, que resulta inherentemente indeterminado y queda exclusivamente a la valoración discrecional de la UIF, sin parámetros objetivos claros en la ley. Esta vaguedad compromete la certeza jurídica, pues el ciudadano no puede prever cuándo su patrimonio será inmovilizado, ni existen criterios normativos verificables ex ante. Esta indefinición es un cunero de decisiones arbitrarias y, per se, injustas.

Presunción de inocencia (Art. 20 CPEUM y 2 CADH)

La SCJN afirma que el bloqueo no es una sanción penal. Sin embargo, desde la óptica interamericana, la naturaleza material del acto es la que determina la aplicación de garantías, no su denominación formal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que cuando una medida estatal tiene efectos punitivos, restrictivos o aflictivos, deben aplicarse las garantías del debido proceso, incluso en procedimientos administrativos.

El congelamiento absoluto de cuentas:

• Paraliza la vida económica de una persona.
• Afecta actividades empresariales, laborales y familiares.
• Genera un efecto estigmatizante equiparable a una sanción anticipada.

En los hechos, se invierte la carga de la prueba: el afectado debe demostrar su licitud después de haber sido castigado patrimonialmente, lo cual es incompatible con la presunción de inocencia.

Derecho a la propiedad privada (Art. 21 CADH)

El bloqueo de cuentas constituye una privación temporal, pero total, del uso y goce de bienes, lo que la Corte IDH considera una injerencia grave en el derecho de propiedad.

Para ser válida, dicha injerencia debe cumplir con:

1.-Legalidad estricta.

2.- Finalidad legítima.

3.- Necesidad y proporcionalidad.

Déficit de proporcionalidad

• La medida se aplica sin control judicial previo.
• Puede extenderse por tiempo indefinido.
• No se exige una afectación mínima o diferenciada (se bloquea todo).

Esto convierte la medida en una restricción excesiva, especialmente, cuando no existe investigación penal abierta ni control jurisdiccional inmediato.

Secreto bancario y vida privada (Art. 11 CADH)

El acceso, análisis y bloqueo de información financiera sin orden judicial afecta el derecho a la vida privada y al secreto bancario, reconocido como una extensión de la privacidad financiera. La SCJN valida que esto sea realizado por una autoridad administrativa, cuando los estándares interamericanos exigen control judicial reforzado para este tipo de injerencias intensas.

Compatibilidad con criterios de la Corte Interamericana

La Corte IDH ha establecido que en procedimientos administrativos sancionadores o cuasi-punitivos deben observarse control judicial efectivo, garantías previas, no meramente posteriores, y proporcionalidad estricta.

El modelo validado por la SCJN se apoya principalmente en una defensa ex post, lo cual no satisface el estándar interamericano, especialmente frente a impactos patrimoniales tan severos.

Compromisos internacionales versus control de convencionalidad

Es cierto que México tiene compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de terrorismo; no obstante, GAFI no autoriza suspender derechos humanos, ni en aras del supuesto cumplimiento internacional se exime al Estado mexicano del control de convencionalidad interno.

La propia jurisprudencia previa de la SCJN (Criterio 2018–2019) exigía orden judicial o solicitud internacional expresa.

Riesgos estructurales del modelo validado

• “Administrativización” del castigo penal.
• Desplazamiento del Ministerio Público.
• Normalización de sanciones patrimoniales sin juez.
• Erosión progresiva del estándar de debido proceso.

Corolario

Desde un enfoque de derechos humanos y derecho penal garantista, la resolución de la SCJN:

◆ Es constitucional en sentido formal interno.

◆ Es convencionalmente cuestionable frente a la CADH.

◆ Debilita la presunción de inocencia, la certeza jurídica y la propiedad privada.

◆ Amplía peligrosamente el poder punitivo-administrativo del Estado.

La medida exige correcciones legislativas y jurisprudenciales, urgentes e indispensables, específicamente en:

Փ Definición estricta de “indicios suficientes”.

Փ Control judicial inmediato.

Փ Plazos máximos y revisión periódica.

Փ Reparación efectiva por bloqueos indebidos.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En las áridas tierras de la península de Baja California, donde el desierto se encuentra con el mar, y en las fértiles costas de la Alta California, hoy territorio de Estados Unidos, persiste una huella profunda del siglo XVIII. Es la marca de un proyecto religioso, político y cultural encabezado por un fraile franciscano mallorquín: Fray Junípero Serra. Su figura, considerada por algunos como fundador espiritual de California y por otros como símbolo de la colonización europea, continúa generando debate. Pero más allá de la polémica contemporánea, su vida y obra se inscriben en un proceso histórico más amplio: la expansión del imperio español, la evangelización de los pueblos indígenas y la transformación radical del territorio californiano.

Junípero Serra nació en 1713 en Petra, Mallorca, bajo el nombre de Miguel José Serra Ferrer. Desde joven ingresó a la orden franciscana, donde destacó como teólogo y docente antes de emprender su viaje a la Nueva España en 1749. Su llegada a América no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de la Iglesia y la monarquía española. Durante el siglo XVIII, el Imperio buscaba consolidar sus territorios frente a la amenaza de otras potencias europeas, como Inglaterra, Francia y Rusia, especialmente en las regiones del Pacífico norte. Antes de llegar a California, Serra trabajó en la Sierra Gorda de Querétaro, donde aprendió lenguas indígenas y desarrolló métodos de evangelización que combinaban enseñanza religiosa con prácticas agrícolas y oficios. Esta experiencia sería fundamental para su posterior labor en las Californias.

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El año 1767 marcó un punto de inflexión en la historia de la región. La expulsión de los jesuitas por orden del rey Carlos III dejó vacantes las misiones que estos habían establecido en Baja California. Fue entonces cuando Serra fue nombrado presidente de las misiones franciscanas en la península. Desde Loreto, considerada la “madre de las misiones”, reorganizó el sistema misional y asignó nuevos religiosos a los asentamientos existentes. La Baja California del siglo XVIII era una región de baja densidad poblacional, habitada por diversos grupos indígenas con economías basadas en la caza, la pesca y la recolección. La introducción del sistema misional transformó profundamente su modo de vida. Los franciscanos impulsaron la agricultura, la ganadería y la construcción de comunidades sedentarias, lo que implicó cambios culturales radicales. Este proceso no puede entenderse únicamente como evangelización. En términos políticos, las misiones funcionaban como instrumentos de control territorial y de expansión imperial. Al establecer comunidades organizadas bajo la autoridad española, se aseguraba la presencia efectiva de la corona en regiones alejadas y estratégicas.

El siguiente paso en el proyecto fue la expansión hacia el norte. Impulsada por el visitador José de Gálvez, la colonización de la Alta California respondió a una lógica geopolítica: evitar que otras potencias ocuparan el territorio. En 1769, Serra participó en la expedición encabezada por Gaspar de Portolá, que partió desde Loreto hacia la bahía de San Diego. Durante el trayecto, fundó la misión de San Fernando de Velicatá, la última en territorio de la actual Baja California. Ese mismo año se estableció la misión de San Diego de Alcalá, considerada la primera de la Alta California. Este evento marcó el inicio de una red de misiones que se extendería a lo largo de la costa del Pacífico.

Durante los siguientes 15 años, Serra fundó nueve misiones, entre ellas San Carlos Borromeo en Monterey, San Gabriel, San Francisco y San Buenaventura. Estas misiones no solo eran centros religiosos, sino también unidades económicas y sociales. En ellas, los indígenas convertidos —llamados “neófitos”— eran integrados a una vida comunitaria organizada alrededor del trabajo agrícola, la ganadería y los oficios. Se les enseñaban técnicas europeas y se buscaba su incorporación a la sociedad colonial. Sin embargo, este modelo también implicaba restricciones severas. Diversas investigaciones históricas señalan que los indígenas no podían abandonar libremente las misiones y eran sujetos a disciplina estricta. Además, enfermedades, sobreexplotación y cambios en su modo de vida provocaron un fuerte descenso demográfico en las comunidades originarias. El sistema misional cumplía así una triple función: evangelizar, organizar la economía colonial y asegurar la presencia española en territorios estratégicos. La producción agrícola y ganadera de las misiones fue clave para sostener las colonias, llegando incluso a generar excedentes comerciales hacia finales del siglo XVIII.

El proyecto de Serra no estuvo exento de conflictos. Uno de los más significativos fue su enfrentamiento con autoridades militares, como el gobernador Pedro Fages. Serra viajó a la Ciudad de México para denunciar abusos contra los indígenas y logró que el virrey fallara a su favor en la mayoría de sus demandas. Este episodio revela una dimensión compleja de su figura: por un lado, formaba parte del aparato colonial; por otro, buscaba limitar los excesos de las autoridades civiles y militares. Algunos historiadores destacan su defensa de los indígenas frente a los colonos, mientras que otros subrayan que el propio sistema misional implicaba formas de control y subordinación.

Las misiones fundadas por Serra dieron origen a algunas de las ciudades más importantes de la actual California, como San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Más allá de su dimensión religiosa, estas fundaciones sentaron las bases del desarrollo urbano y económico de la región. Las rutas entre misiones, conocidas como “El Camino Real”, estructuraron el territorio y facilitaron la comunicación entre asentamientos. En términos culturales, el legado es ambivalente. Por un lado, las misiones introdujeron nuevas técnicas agrícolas, arquitectónicas y artesanales. Por otro, contribuyeron a la pérdida de lenguas, tradiciones y formas de vida indígenas.

La polémica alrededor de Junípero Serra

En las últimas décadas, la figura de Junípero Serra ha sido objeto de intensas controversias. Su canonización en 2015 por el papa Francisco reavivó el debate sobre su legado. Mientras la Iglesia lo presenta como un misionero comprometido con la evangelización y la defensa de los indígenas, sectores académicos y comunidades originarias lo consideran parte de un sistema que provocó sufrimiento y despojo cultural. Las protestas en Estados Unidos, que incluyeron la retirada de estatuas de Serra, reflejan esta tensión entre memoria histórica y revisión crítica del pasado.

Para comprender plenamente la obra de Serra, es necesario situarla en el contexto del siglo XVIII. La Ilustración, las reformas borbónicas y la competencia entre imperios europeos influyeron en la política colonial española. La expulsión de los jesuitas, que abrió paso a los franciscanos, fue parte de un intento de centralizar el poder y reducir la influencia de órdenes religiosas consideradas autónomas. Las misiones, en este contexto, no fueron solo iniciativas religiosas, sino instrumentos de política imperial. Su legado se extiende más allá de la época colonial: configuraron el territorio, la economía y las relaciones sociales de la región.

Hoy, en Baja California Sur y en California, las antiguas misiones siguen en pie como testigos de un pasado complejo. Son monumentos históricos, destinos turísticos y espacios de reflexión sobre la identidad y la historia. La figura de Junípero Serra, lejos de ser un personaje unidimensional, encarna las contradicciones de su tiempo. Fue un hombre de fe, un agente del Imperio y un actor clave en la transformación de las Californias. Su historia invita a mirar el pasado con una perspectiva crítica y contextualizada. No se trata de juzgar con parámetros contemporáneos, sino de comprender los procesos históricos en toda su complejidad: las motivaciones, las acciones y sus consecuencias.

El legado de Fray Junípero Serra en la Alta y Baja California es inseparable de la historia de la colonización española en América. Su obra misionera contribuyó a la expansión territorial, la evangelización y la formación de nuevas sociedades, pero también implicó profundas transformaciones —y en muchos casos, rupturas— en las culturas indígenas. A más de dos siglos de su muerte en 1784, su figura sigue generando debate, reflejo de un pasado que aún interpela al presente. Entre la devoción religiosa y la crítica histórica, Junípero Serra permanece como una figura clave para entender el origen y desarrollo de las Californias, y los complejos procesos que dieron forma al mundo moderno en esta región del continente.

Referencias

Palóu, F. (1988). Junípero Serra y las misiones de California. Madrid: Historia 16.

Palóu, F. (2013). Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre fray Junípero Serra y de las misiones que fundó en la California septentrional. Hardpress Publishing.

Geiger, M. J. (1959). The life and times of Fray Junípero Serra, O.F.M. (2 vols.). Washington, D.C.: Academy of American Franciscan History.

Hackel, S. W. (2013). Junípero Serra: California’s founding father. New York: Hill and Wang.

Beebe, R. M., & Senkewicz, R. M. (2015). Junípero Serra: California, Indians, and the transformation of a missionary. Norman: University of Oklahoma Press.

Un programa de calidad de vida laboral efectivo consta de beneficios pensados exclusivamente para las expectativas y necesidades de tu empresa y sus colaboradores, por lo que no se trata de agregar beneficios al azar, sino de construir un sistema coherente que mejore el bienestar físico, emocional y profesional de forma sostenida.

Dicho esto, si buscas orientación para crear un programa de bienestar laboral, es importante que no te lances directamente a contratar servicios no personalizables, instalar una mesa de ping-pong o lanzar una encuesta de clima que luego nadie lee. El objetivo de este artículo es que ofrezcas un plan de beneficios enfocado, medible y sostenible a largo plazo.

•           Realiza un diagnóstico organizacional

La diferencia entre un programa de calidad de vida laboral que transforma el clima organizacional y uno que se convierte en gasto sin retorno está en el diagnóstico. Antes de diseñar cualquier acción, es necesario entender qué está afectando realmente a las personas dentro de la organización. Sin ese paso, cualquier iniciativa corre el riesgo de resolver el problema equivocado.

Un buen diagnóstico incluye encuestas de clima laboral, entrevistas con líderes de área, análisis de indicadores clave como ausentismo, rotación y productividad, y revisión de las condiciones físicas del entorno de trabajo. Así, los resultados podrán revelar cuáles son las necesidades reales y te permitirá priorizar acciones con mayor impacto sobre el bienestar cotidiano de los equipos.

•           Definir los pilares del programa

Aunque las necesidades de cada organización varían según su contexto, hay cuatro pilares básicos para estructurar un programa de calidad de vida laboral exitoso. Cada pilar debe tener objetivos medibles, presupuesto asignado y un responsable claro dentro del área de RR.HH.

• Bienestar físico: acceso a actividad física, alimentación saludable y atención médica preventiva. Algunos proveedores como TotalPass incluyen acceso a gimnasios, spas, centros deportivos, apps de meditación y nutrición en una sola membresía.
• Salud mental: programas de apoyo psicológico, gestión del estrés y canales de escucha activa que permitan detectar problemas antes de que escalen.
• Desarrollo profesional: capacitación continua, rutas de carrera claras y técnicas de motivación como el job enrichment, que consiste en enriquecer el contenido del puesto con mayor autonomía, variedad de funciones y responsabilidades significativas.
• Ambiente y cultura: espacios de trabajo diseñados para el bienestar, liderazgo empático y comunicación interna transparente. Este pilar es el que da coherencia a todos los demás.

•           Diseñar acciones concretas y escalables

Las acciones deben ser proporcionales al tamaño y presupuesto de la organización, y deben responder siempre a lo detectado en el diagnóstico. Una empresa mediana no necesita replicar los programas de una corporación multinacional; necesita identificar las dos o tres intervenciones con mayor impacto para su contexto específico y ejecutarlas bien.

El criterio para elegir cada acción debe ser siempre el mismo: ¿responde a una necesidad real detectada en el diagnóstico, o solo suena bien en una presentación? La clave está en priorizar pocas acciones con alto impacto sobre muchas iniciativas dispersas es la diferencia entre un programa que se siente vivo y uno que se archiva a los seis meses.

•           Comunicar el programa de forma efectiva

Un programa que nadie conoce no existe. Por ello, la comunicación interna debe hacer parte del diseño de tu programa de calidad de vida laboral desde el principio, así los colaboradores pueden saber con claridad qué beneficios tienen disponibles, cómo acceder a ellos y qué significa este programa para la cultura de la empresa.

Así, en el lanzamiento del programa se deben considerar los canales, mensajes y líderes de área que servirán como voceros de la iniciativa. Esto ayudará a generar adopción del programa desde el primer día, tener feedback oportuno de los colaboradores, y medir resultados durante la ejecución.

•           Medir, ajustar y sostener en el tiempo

Un programa de calidad de vida laboral debe plantearse para generar resultados a corto, mediano y largo plazo, guiado por la medición de indicadores de seguimiento como el nivel de uso de beneficios, la variación en ausentismo, y resultados de encuestas trimestrales de clima organizacional.

Más allá de los pasos técnicos, lo que determina si un programa de calidad de vida laboral se sostiene en el tiempo es el compromiso genuino de los líderes. Cuando la dirección percibe el bienestar como una inversión estratégica y no como un gasto de imagen, el programa permea toda la organización. Los equipos con líderes comprometidos con el bienestar pueden aumentar la productividad en mayor nivel comparados con aquellos donde el liderazgo permanece indiferente al tema.

Armar un programa de calidad de vida laboral no requiere un presupuesto ilimitado. Requiere diagnóstico honesto, diseño inteligente y constancia en la ejecución. Las empresas que lo hacen bien no solo reducen rotación y ausentismo, sino que construyen culturas donde las personas deciden quedarse y dar lo mejor de sí mismas cada día.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En una escuela, la mañana no entra de golpe: se va armando. Primero llegan los pasos. Luego las mochilas. Después el murmullo de los alumnos, el saludo breve en la entrada, la respiración todavía desordenada del día que apenas abre los ojos. El 24 de marzo de 2026, en el colegio Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, esa coreografía duró muy poco. Entre las 7:30 y las 7:40 de la mañana, un alumno de 15 años cruzó la puerta con un rifle AR-15 escondido en un estuche para guitarra y disparó contra dos maestras en la recepción del plantel. Las mató en el lugar. Un estudiante y un trabajador lograron someterlo. La policía llegó después. Para entonces, la escuela ya había dejado de ser escuela.

Las maestras se llamaban María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla. Tenían 36 y 37 años. Sus nombres quedaron desde ese momento atados a una imagen insoportable: la del aula mexicana alcanzada por una violencia que durante años se quiso pensar como un mal de la calle, de la noche, del crimen organizado, de otros territorios. Pero no. También estaba aquí: a la hora de entrada, en un plantel privado, en el espacio donde una maestra hace cada día una de las tareas más frágiles y más decisivas de cualquier sociedad, que es sostener un orden civil mínimo frente al desorden del mundo. Después vinieron las veladoras, las flores, el cierre temporal del colegio y las marchas para despedirlas. El luto fue inmediato porque la herida también lo fue: no había muerto solo dos personas; había sido perforada una idea de resguardo.

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Nueve horas antes del ataque, el adolescente se había grabado frente al espejo, vestido de negro, con el arma en la mano. Había publicado un mensaje anunciando que ese sería el día. También difundió material asociado al universo incel, una subcultura digital marcada por resentimiento misógino y, en sus expresiones más extremas, por llamados a la violencia contra las mujeres. Pero aquí la precisión importa más que el espanto. No puedo confirmar que el crimen haya quedado públicamente probado, de manera concluyente, como un acto motivado exclusivamente por una identidad incel. Lo que sí está verificado es que las autoridades seguían investigando el móvil, que el contenido en redes era parte central del caso y que el teléfono del agresor era una pieza clave que todavía no aparecía en las primeras diligencias. En tiempos de violencia viral, la responsabilidad también consiste en no convertir una pista en dogma.

Aun así, la palabra no puede desecharse como una extravagancia de Internet. La UNAM ha advertido que la misoginia ligada a estos entornos no debe confundirse automáticamente con enfermedad mental, sino entenderse también como un fenómeno social, cultural y digital. Estudios académicos recientes han descrito estos espacios como comunidades donde el aislamiento, la frustración y el odio encuentran lenguaje, pertenencia y escalada. Eso significa algo perturbador: que el resentimiento ya no circula solo como impulso íntimo, sino como doctrina disponible. Un adolescente no necesita inventar desde cero su furia; puede heredarla, imitarla, aprenderla en línea. Y cuando esa pedagogía de odio se mezcla con acceso a armas, señales desatendidas y una cultura saturada de violencia, el resultado puede caber en diez minutos y catorce disparos.

Michoacán agrava esa lectura. El crimen ocurrió en Lázaro Cárdenas, un puerto estratégico del Pacífico, dentro de un Estado que desde hace casi dos décadas funciona como uno de los símbolos más nítidos de la crisis de seguridad mexicana. Allí la violencia no es una noticia excepcional, sino una atmósfera. Ha erosionado la política, la economía y la vida cotidiana; ha vuelto familiar el lenguaje de las armas, de las amenazas, del control territorial, del miedo. En un territorio así, la escuela no está fuera del país real. Respira el mismo aire. Por eso enseñar en estos lugares no consiste solo en transmitir conocimientos: también implica levantar todos los días una pequeña arquitectura de orden, de confianza y de rutina en medio de un suelo cada vez más agrietado.

Lo ocurrido en el Antón Makárenko tampoco es un relámpago sin antecedentes. En México ya existen episodios que quebraron la vieja ilusión de que las escuelas estaban a salvo: Monterrey en 2017, cuando un estudiante disparó contra su maestra y sus compañeros; Torreón en 2020, cuando un niño de 11 años mató a una docente antes de suicidarse; y el CCH Sur en 2025, donde un estudiante fue asesinado dentro del plantel en un caso que también abrió la conversación sobre entornos incel y violencia juvenil. Los hechos son distintos, los contextos también, pero juntos dibujan una línea inquietante: la violencia escolar dejó de ser una anomalía impensable y empezó a instalarse como posibilidad mexicana. No como epidemia, todavía, pero sí como advertencia.

En la discusión pública aparecieron enseguida dos reflejos conocidos: el castigo y la clínica. Por su edad, el agresor enfrenta una pena máxima reducida dentro del sistema para adolescentes, lo que abrió el debate sobre reformas legales. Al mismo tiempo, el gobierno federal anunció un programa de salud mental para estudiantes de secundaria y bachillerato. Ambas respuestas son comprensibles, pero por sí solas no alcanzan. Endurecer penas no explica cómo un menor llega a una escuela con un rifle de uso exclusivo del Ejército. Invocar la salud mental, sin más, tampoco nombra la misoginia, la radicalización digital ni las responsabilidades adultas alrededor del arma, de las alertas previas y del entorno. Entre la sed de castigo y la simplificación psicológica suele perderse la pregunta más difícil: qué tipo de sociedad está produciendo jóvenes capaces de mirar a sus maestras no como autoridad, ni como guía, ni siquiera como personas, sino como blanco.

Ser maestro o maestra en estos tiempos se ha vuelto peligroso de una manera nueva y brutal. No solo por la precariedad laboral, el desgaste emocional o la erosión del respeto público. Peligroso, ahora, también en el sentido físico más desnudo de la palabra. Peligroso porque la escuela quedó en el cruce exacto donde se encuentran la violencia territorial, la circulación de armas, la misoginia digital, la soledad juvenil y la incapacidad del Estado para detectar a tiempo el odio antes de que se organice. En Lázaro Cárdenas, dos maestras murieron al inicio de la jornada. Y con ellas cayó otra cosa, menos visible pero igualmente grave: la última ficción de que el salón de clases todavía podía cerrar la puerta y dejar afuera al país.

Fuentes consultadas

EL PAÍS, cobertura del caso en Lázaro Cárdenas y seguimiento judicial; El Universal, recuento de ataques en escuelas de México; Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, discusión sobre el fenómeno incel y misoginia; Gaceta UAEH, análisis sobre violencia misógina digital en el caso CCH Sur; comunicado de la SEP sobre los hechos en el Colegio Antón Makárenko.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el electorado puede decidir, a través de una votación, si una persona electa debe concluir anticipadamente el cargo para el que fue elegida, por pérdida de la confianza.

En el marco normativo mexicano, esta figura se concibe como un instrumento de control democrático “intermedio” entre elecciones periódicas. Opera por “voluntad colectiva” y no necesariamente como respuesta a una falta grave probada, que amerite un procedimiento sancionatorio, como el juicio político o el juicio de procedencia, coloquialmente llamado “desafuero”.

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La revocación federal se regula en la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) que asigna competencias al Congreso de la Unión, al INE y al TEPJF.

La solicitud solo procede si la promueve la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y esas firmas deben estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, con mínimo 3% en cada Estado.

En cuanto al “cuándo”: el inicio del proceso puede pedirse una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. La propia ley prevé una fase de aviso al INE y un periodo para recabar firmas.

Etapas de procedimiento

◆ Aviso y recolección de firmas. Las personas promoventes informan al INE y recaban apoyos con formatos y/o herramientas tecnológicas autorizadas. Si se usan formatos distintos, la solicitud puede desecharse.

◆ Presentación formal de la solicitud. Debe incluir datos mínimos (promoventes, representante, anexos con formatos, etc.). Si hay omisiones, puede haber prevención para subsanar.

◆ Verificación de apoyos. El INE verifica si las firmas corresponden a la lista nominal y a los porcentajes; la ley contempla reglas sobre apoyos no contabilizables (datos falsos/incompletos, duplicados, etc.).

◆ Convocatoria. Si se cumple el umbral, el Consejo General emite la Convocatoria, con elementos como fundamento, etapas, fecha, y la pregunta legal.

◆ Jornada de votación. Debe celebrarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincidir con jornadas electorales federales o locales.

◆ Validez y resultado. Para que sea vinculante, debe participar al menos 40% de la lista nominal; la revocación procede por mayoría en la votación válida emitida.

Lineamientos y reglas de equidad

En términos generales, el modelo busca neutralidad institucional: el INE organiza, promueve participación con fines informativos y administra tiempos oficiales. Los lineamientos del INE (publicados en DOF) detallan conceptos operativos (aplicación móvil, mesas de casilla para RM, etc.) y su calendario.

Reglas típicas de blindaje, comunes también en lo local: evitar uso de recursos públicos y propaganda gubernamental durante etapas clave; y limitar contratación privada de propaganda en radio/TV orientada a influir.

Revocación de mandato local (Gobernador) en BCS

La Constitución de Baja California Sur reconoce el derecho a participar en revocación de mandato y define el caso del Gobernador como un instrumento para determinar la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

La Ley de Revocación de Mandato, publicada en 2024 que asigna competencias al Congreso del Estado, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral establece un diseño procedimental muy específico:

• Convoca el Instituto Estatal Electoral (IEE BCS) a petición ciudadana.
• Se requiere 10% de la lista nominal estatal,
• con un criterio territorial: que la solicitud corresponda al menos a la mitad más uno de los municipios y que represente mínimo 10% de la lista nominal de cada uno de ellos.
• El IEE BCS verifica y emite convocatoria dentro de los 30 días siguientes a recibir la solicitud.
• Puede solicitarse una sola vez y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.
• La ciudadanía puede recabar firmas durante el mes previo, usando formatos/medios y lineamientos que emita el IEE.
• La votación ocurre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincide con jornadas electorales locales o federales.
• Para validez: participación mínima 40% de lista nominal; procede por mayoría absoluta.
• El IEE organiza y computa; los resultados pueden impugnarse ante el Tribunal Estatal Electoral, que realiza cómputo final y, en su caso, emite la declaratoria y se aplica el régimen de faltas absolutas previsto en la propia Constitución local.
• Este diseño local, además, replica reglas de veda y neutralidad: prohibición de usar recursos públicos para firmas/promoción; difusión a cargo del IEE con fines informativos; prohibición de contratar propaganda en radio/TV para influir; y suspensión de propaganda gubernamental con excepciones (salud, educación, protección civil).

Corolario

La revocación de mandato no es un juicio ni una sanción penal: es un veredicto político canalizado por reglas constitucionales y electorales. Su valor democrático depende de que el umbral y la temporalidad eviten su banalización y que existan controles para impedir captura por propaganda, recursos públicos o desinformación.

En Baja California Sur, el marco legal está diseñado para desalentar la revocación de mandato, cuyo costoso procedimiento exige un esfuerzo organizativo y territorial relevante (10% y distribución municipal), y deposita en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral la organización y el cierre jurisdiccional del procedimiento, con plazos y recursos que de aplicarse en su conjunto hacen inviable la revocación, pues cabe la posibilidad de que el Gobernador termine su mandato, antes de que concluya el procedimiento relativo a la revocación, convirtiéndose así todo el proceso en una costosa, compleja y estéril simulación.

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