Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y Derechos Humanos

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FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los días 25 y 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Conferencia tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los Derechos Humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

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Conclusiones

1.- La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en actividades de seguridad en BCS, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla. Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

2.-La crisis de Derechos Humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre-transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

3.- La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las FFAA en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

4.- Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los Derechos Humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

5.- El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

6.- La prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

7.- El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

8.- Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnostico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

9.- La vida civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

10.- La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia.

Esta agenda de trabajo será objeto de observación, análisis y propuesta por medio del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática lanzado en este evento.

De manera paralela, se organiza desde la sociedad civil en Baja California Sur, el Foro Ciudadano de Seguridad Pública, en busca de generar acciones efectivas para recuperar la paz y armonía social en la entidad, a partir de los postulados apuntados, buscando su adecuación a las condiciones específicas de la media península.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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