Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Del faraónico y costoso evento de culto al ego que denominaron “Segundo Informe de Gobierno”, celebrado a puerta cerrada y bajo el riguroso mecanismo de selección por afinidad y subordinación, destaca en lo que realmente interesa al gobernado, el tratamiento melodramático del tema que más angustia al gobernado: la inseguridad.

Para abordar el tema, se eligió un formato telenovelero, parecido a un texto de La Rosa de Guadalupe, en el que se divide el universo fáctico en una cotidianidad en la que el ciudadano es víctima cautiva de la maldad de grupos criminales, a quienes de manera genérica se denomina Los violentos, en automático identificado como los malos, y quienes por más malvados y violentos que sean, al final del melodrama, serán derrotados por los buenos, liga de campeones de la justicia, anónimos y enmascarados, aunque identificables por la impoluta guayabera blanca y las frases lapidarias que usan como grito de combate: “Acabaremos con ellos rapidito”… “No me temblará la mano”… “Sé cómo”… y la que prologa el capítulo final de la épica novela: “Venceremos a los violentos”, que como promesa vaga e imprecisa, epiloga el tráiler del melodrama que en la saga dio vida a la fallida oferta de campaña: “Un mejor futuro”.

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Eso de vencer a los violentos, además de ser una frase populista plagiada del catálogo motivacional del dictador venezolano (“Más temprano que tarde venceremos a los violentos y triunfará la paz y el amor en Venezuela”), se finca en un grotesco parangón que homologa a la entidad con una grisácea presentación de Ciudad Gótica, en la que los malos, englobados en el genérico violentos, serán finalmente abatidos –en un incierto futuro— por los buenos, genéricamente englobados en un Grupo de coordinación, donde los héroes visten guayabera blanca, y los peones, los de la talacha, los operadores, los prescindibles, son anónimos, visten uniformes tipo camuflaje, andan encapuchados y pertenecen a la marina armada.

Traducción

Ante su incapacidad táctica, técnica, operativa y funcional, el Gobierno del Estado entrega las tareas de seguridad pública a la Marina Armada. Es una medida drástica, inconstitucional, costosa, pero necesaria.

Problemática

Entregar a las fuerzas armadas las labores de seguridad interna en la entidad, es en principio violatorio del marco constitucional. Que el nivel de violencia alcanzado en la escalada delictiva justifica la presencia de la fuerza militar, sólo resulta admisible en labores de apoyo y como fuerza reactiva; y por ello, la presencia militar en nuestras calles, debe ser TEMPORAL, y reducida exclusivamente al tiempo necesario para contrarrestar la embestida criminal.

Es por ello indispensable que de manera sistemática, desde la sociedad civil organizada, demos seguimiento al plan de acción, cuya temporalidad ya ha sido trazada, y no debe rebasar un plazo improrrogable. De lo contrario, esto es: la estandarización permanente de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública generará un marco permanente de inconstitucionalidad, que dará al traste con los procesos penales que llegaran a incoarse, pues los marinos no son agentes de la Policía, y constitucionalmente, las labores policiales están reservadas a corporaciones civiles.

El segundo problema es de orden fáctico. Los militares están entrenados para obedecer y reaccionar, usando para ello fuerza letal. Los conceptos elementales de respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso, no aplican en contienda bélica. El Ejército y la Armada son instituciones de reacción, y en la beligerancia no hay escalas: salen a matar o morir por la patria.

¿Es necesario el uso de la fuerza letal contra los grupos criminales que operan en el Estado? Si dado el nivel de violencia que la incapacidad estatal ha permitido que alcancen, sí. Infortunadamente sí es necesario, pero ello —insistimos— sólo debe ser una medida temporal, excepcional, y específicamente dirigida.

¿Puede una fuerza militar realizar eficazmente una labor policial? No. Definitivamente no. El entrenamiento, la capacitación, la metodología, la sistematización de sus acciones, desde la planeación hasta la ejecución, son diametralmente opuestas.

No podemos permitir que se militarice la seguridad pública. Nuestros agentes de policía, de todos los niveles, deben ser civiles, capacitados, bien remunerados, tan disciplinados como los militares, pero con el perfil profesional y metodología táctico-operativa que la Constitución previene para los cuerpos civiles encargados de las labores policiales.