Lo que no dijo el Procurador de BCS

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FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves pasado, el Procurador de Justicia de Baja California Sur, acudió al Congreso del Estado, para cubrir con el requisito de la farsa protocolaria del desglose del Tercer Informe de Gobierno. Como era de esperarse, fue una simulación intrascendente, que aprovecharon algunos diputados para su lucimiento personal. Para leer la comparecencia del Procurador, DA CLIC AQUÍ.

Se supone que el Procurador comparece para desglosar la información proporcionada por el Gobernador estatal, pero en realidad lo que hace es repetir verbalmente la información estadística —que ya obra en poder de los diputados—, leyendo sus apuntes, sin aprovechar para la presentación, los costosos recursos de proyección audiovisual con que cuenta el recinto legislativo, lo que hace tediosa y poco objetiva la comparecencia.

Lo más grave es que el Procurador se limita a dar cifras y cuantías, sin abordar la verdadera problemática que implica la procuración de justicia en BCS. Es ocioso que acuda este funcionario a repetir lo que ya enunció el Gobernador. Lo que a nosotros nos interesa es conocer el quehacer oficial en el terreno de los hechos, las limitaciones, carencias, expectativas reales y el avance en los programas de acción, pero en lugar de eso, escuchamos cifras alegres, porque lo que llaman informe de gobierno, sólo es un compendio estadístico que se compila para justificar presupuestos y permitir el lucimiento personal del Gobernador en el ostentoso ejercicio de culto al ego que refieren como informe de gobierno.

Durante el evento, escuchamos de los diputados algunas interrogantes brillantes y oportunas, pero el sentido se perdió en algunas de ellas, cuando fueron planteadas tras un oscuro preámbulo desplegado por los cuestionantes, más preocupados por lucirse ante los medios presentes, que en escuchar la respuesta del compareciente.

Lo que no se dijo en la comparecencia, fue que a nivel nacional seguimos en los primeros lugares en robo a casa habitación, extorsión, agresiones sexuales y violencia contra la mujer; que la cifra negra está al alza; que el mercado de objetos robados opera impunemente; que el narcomenudeo no ha disminuido; que los expedientes que se judicializan están en un cuello de botella, porque no se ha sabido coordinar esa dinámica con el poder judicial del Estado; que existen disparidades en los criterios de judicialización; y que permiten altos índices de impunidad.

Tampoco se habló de las enormes carencias que enfrenta la procuración de justicia en el Estado, donde el común denominador entre su personal es la falta de experiencia, salarios inferiores a la media nacional, lo que es alarmante y propicia corruptelas, pues vivimos en zona cara; la falta de insumos y la pobre oferta en el aporte pericial por la falta de expertos en diversas materias, que son clave para la debida acreditación del hecho delictivo. En algunas agencias, los litigantes deben llevar hojas para que les impriman las copias que por ley les deben ser entregadas.

La mayor carencia es la falta de capacitación. En los últimos 12 años se han dejado de ejercer más de mil millones de pesos del presupuesto federal etiquetado para el rubro, porque la Procuraduría ha sido sistemáticamente mal administrada y sólo se ocupan de gastar en vehículos e insumos en los que se pueda beneficiar al proveedor a modo, por aquello de los moches.

Sería importante que se asignara —etiquetado—, un recurso significativo dedicado exclusivamente a la capacitación del personal.

Prevención en abandono

En otro orden de ideas, es imposible esperar que la labor de prevención del delito, esté en manos exclusivamente del servidor público. Es imperativo involucrar a la sociedad civil en actividades efectivas tendientes a mejorar la seguridad y prevenir el delito. Todas las universidades del Estado imparten la Licenciatura en Derecho, lo que representa un enorme caudal de recursos humanos que podrían participar en programas de prevención del delito y cultura de la seguridad. Contamos con 300 estudiantes de criminología en la Entidad, que en dos años estarán manejando un Uber o atendiendo la segunda caja de un Oxxo, cuando podrían desde este momento, incorporarse a programas efectivos en este tema.

Necesitamos mejorar los salarios del personal, y a hacer la capacitación un ejercicio permanente. Y si nos ponemos exigentes, es necesario:

  • Que se homologuen los salarios del personal, con el de las instancias federales del ramo.
  • Que se blinde la procuración de justicia en BCS, convirtiendo la Institución en una entidad totalmente independiente de la injerencia del gobernador en turo, con patrimonio  propio y plena autonomía administrativa.
  • Que se cree el Instituto Estatal de Ciencias Forenses con autonomía presupuestal y administrativa.
  • Que se incorpore a todos los programas de estudio de enseñanza media y superior en el Estado,  materias relacionadas con la seguridad y la prevención del delito.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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