Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Ayuntamiento paceño explota un pozo de agua ubicado dentro de una propiedad privada, para abastecer del vital líquido a una importante comunidad municipal. El propietario original otorgó un comodato —gratuito— al Ayuntamiento, para acceder al predio y realizar las labores de extracción de agua.

Ahora, el actual propietario pretende cambiar el comodato en arrendamiento. Ello implicaría un largo y costoso juicio. Pese a que el actual personal jurídico del Ayuntamiento de La Paz es especialista en perder juicios —dicen las malas lenguas que incluso reciben tajada de los ganadores en algunos casos—, la opinión pública sería un severo escollo difícil de superar, por estar de por medio el abasto de agua de la comunidad.

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Entonces, las mentes maquiavélicas idearon un plan funcional. El propietario presenta una demanda exigiendo un pago excesivo, calculado unilateralmente y sin sustento legal,  y exige la inmediata desocupación de su predio. El Ayuntamiento, medroso y sumiso, corre a retirar las instalaciones del predio, sin chistar, sin argumentar, sin combatir legalmente el atropello, y le informan a la comunidad que el malvado propietario los dejará sin agua.

La ciudadanía se indigna, y se inicia una campaña mediática de protestas, y se convoca a una reunión masiva para este jueves por la tarde.  La noche previa a la reunión popular, el dueño del predio publica un video donde “justifica” su demanda, argumentando que la presenta para “proteger a sus vecinos” del elevado incremento de las tarifas de suministro de agua, y lanza un valiente, audaz, generoso y noble reto: “Que se presente personal de SAPA y el Presidente Municipal a la reunión, y firmemos ante notario público un convenio, yo no cobraré un centavo durante el resto de la presente administración y el Ayuntamiento no cobrará el suministro de agua a mis vecinos”. Fin del problema. Todos felices y contentos. La actual administración municipal se libra de un cuantioso cobro, el dueño del predio se viste de héroe —envoltura capitalizable en tiempos electoreros— y la comunidad recupera la tranquilidad y el suministro de agua.

Pero… la verdad es que se trata de una repugnante estratagema para “legitimar” un cobro sin sustento legal. Si se firma ese convenio ante Notario Público, el acto se convierte legalmente en un RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, con cargo a la siguiente administración municipal, lo que significa que entrando la nueva administración, nosotros, los que sí trabajamos y pagamos impuestos, terminaremos absorbiendo un millonario adeudo que no tiene razón de existir. Así el dueño se posiciona políticamente y en un año más estará en condiciones legales de cobrar su fantástico adeudo millonario. SAPA y el Ayuntamiento de La Paz se adornan por haber resuelto un “problema heredado de viejas administraciones”, (de paso se lleva un jugoso moche bajo el agua) y la ciudadanía da por resuelto un problema. Problema que solo existió a partir de la fraudulenta puesta en escena orquestada por el propietario del predio y los munícipes.

¿Qué debemos hacer?

En principio, no caer en el engaño. Y desde luego, exigir al Ayuntamiento, por todos los medios legales combinados, mandato soberano ciudadano específico, gestión ante el Congreso, presión social, exigencia mediática, etétera; que el predio en cuestión se EXPROPIE POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA. Hay un derecho humano colectivamente reclamable, una necesidad vital involucrada, y no puede superponerse el interés mercantil de un particular, en confabulación con nefastos funcionarios municipales, al interés superior, legítimo, soberano e inalienable, de la comunidad con derecho al agua.

Al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho que tiene toda persona al agua y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, regulando la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional, derecho que se encuentra reconocido además en el Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre  Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”.

En este sentido, el derecho al agua es de tal importancia que significa el “interés social” de la sociedad paceña e implica y justifica, en cuanto resulten indisponibles la inmediata e irreversible EXPROPIACIÓN DEL PREDIO, en aras de interés y el orden público.