Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A finales de 2014, el Ejecutivo federal planteó la desaparición de la Policía Municipal, y la creación de 32 corporaciones estatales con Mando Único, para encargarse de las funciones de seguridad pública. La propuesta relegaba la participación municipal exclusivamente a funciones de prevención del delito, pues incluso el tránsito terrestre, estaría a cargo de la corporación estatal.  Tanto la oposición como organismos de la sociedad civil acusaron la inconstitucionalidad e inoperatividad del proyecto.

Tras negociaciones en el Senado y la Conago, finalmente se optó por un modelo de Mando Mixto, donde operan en cada entidad un cuerpo policial estatal y los municipios conservan sus corporaciones, condicionando su existencia a la evaluación y certificación del Gobierno federal, como requisito insalvable para el acceso a los recursos federales correspondientes, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de los estándares de profesionalización, controles de confianza, equipamiento e infraestructura.

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El objetivo fundamental es contar con un modelo policial homogéneo, a nivel nacional, y se pretende brindar la misma capacitación y formación a todos los elementos policiacos, mediante un Sistema Nacional de Carrera Policial, para tener un nivel de exigencia en conocimientos, capacitación, adiestramiento y evaluación, unificado en todo el país, de tal suerte que si un elemento desea cambiar de domicilio, o es enviado a trabajar a otra entidad, podrá conservar sus beneficios, salario, prestaciones y se le respetara su rango.

El modelo es un híbrido entre los carabineros de la Policía Nacional Chilena, la Guardia Nacional Española y la Gendarmería Francesa. En en el papel es una belleza operativa y funcional, pero su implementación —en una expectativa realista—, tomará una veintena de años, y muchísimos recursos económicos aplicados a un programa sostenido de formación, equipamiento, supervisión, evaluación  y certificación permanente.

Mientras todo eso sigue siendo un programa de remota aplicación en Baja California Sur, el modelo del Mando Mixto que se ha intentado implementar, ha sido un fracaso en lo operativo, y atendiendo a los resultados medibles a la fecha, ha resultado contraproducente.

Las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y en lugar de hacer eso, en la entidad se ha centrado la exigencia en los elementos sin grado, mientras los titulares y los altos mandos siguen siendo designados por dedazo y no por méritos, conocimientos, capacidad y experiencia, lo que genera inconformidad entre el grueso de corporación, a lo que se suma la diferencia de sueldo y prestaciones entre oficiales de rango similar, pero de distintas corporaciones.

El Gobierno estatal, lejos de responsabilizarse de los malos resultados, ha decidido culpar de los mismos a la corporación más endeble, a los elementos de la Policía Municipal, cuando la verdad de las cosas es que el fracaso se genera por la falta de coordinación y los abusos de los mandos estatales, que en lugar de “coordinación”, implementaron esquemas de “subordinación”, sin que ello elevara el nivel de funcionalidad operativa, pues resultó contraproducente y además generó malestar y antagonismo entre los elementos de ambas corporaciones.

Debe desaparecer el Mando Mixto, pues su desastrosa implementación atenta contra la  dignificación de la institución policial municipal, el respeto a las escalas de jerarquía de los comandantes y subcomandantes en activo, y genera abusos hacia policías sin grado, por parte de elementos de la Policía Estatal.

“Resultados” del Mando Mixto en BCS

Aunado a los problemas interinstitucionales ya reseñados, atendiendo únicamente a las cifras oficiales, la incidencia delictiva refleja un aumento sin precedentes, según bases del Secretariado Ejecutivo, en tres delitos: Robo en distintas modalidades, Homicidios dolosos y Delitos sexuales. A ello se suma la estadística de la ONG “Semáforo delictivo” que ubica a Baja California Suren los primeros lugares en extorsión, homicidio violento, delitos sexuales, robo a casa habitación y lesiones. Incluso el secuestro, que oficialmente no existe, se reporta en un 0.3 en la proporción poblacional de uno por cada 100,000 habitantes.

El panorama es desalentador. No hay planes  de trabajo, ni esquemas operativos funcionales ni mesas de análisis para la toma de decisiones operativas. Pueden seguir cambiando al comisario estatal cada seis meses, pero es claro que la solución de la problemática no está en la reasignación de un solo mando.

Les creímos cuando nos dijeron que “sabían cómo”, que “no les temblaría la mano” y que “acabarían rapidito con la inseguridad”; votamos por ellos y ahora estamos pagando muy caro el precio de nuestra ingenuidad.