Eligiendo al Fiscal Anticorrupción de BCS

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FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Anuncia la vocería del Gobernador de BCS que ha presentado una iniciativa de reforma constitucional estatal para que el Congreso local designe al Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción, a partir de una terna presentada por un grupo de expertos, a diferencia del marco actual en el que el Ejecutivo se encarga de presentar a un candidato y el Congreso de ratificarlo.

Irónico que el Gobernador hable de transparencia, cuando el IMCO ubica a Baja California Sur como la peor entidad en la materia. En el ejercicio 2016 ni siquiera presentó los informes trimestrales de gastos. La opacidad como cobijo de la corrupción, es el sino de la presente administración, donde el vocablo “transparencia” es únicamente un demagógico adorno discursivo.

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Presume el Gobernador que su propuesta generará mayor transparencia en el proceso de selección del referido fiscal. Evidentemente el redactor del boletín, y quien lo firma, desconocen lo que significa la transparencia, porque lo que se hace con el procedimiento que propone el ejecutivo, es diversificar las fuentes de propuestas, no transparentar el procedimiento.

La transparencia en el ejercicio de gobierno estriba en el cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de proporcionar a toda persona interesada en los actos del gobierno —de manera clara y expedita—, la información que se deriva de las funciones que desempeñan; y por ende, la transparencia se vincula a la gestión pública en el manejo del recurso y el ejercicio de autoridad, no tanto al mecanismo de elección de un servidor público, que al estar plasmado en la norma, es constatable.

Con independencia del deficiente manejo del marco conceptual a que nos tiene ya acostumbrados la administración estatal, el hecho de que la propuesta salga de un grupo de personas afines al gobernador en turno, constituye únicamente una simulación que pretende dar sesgos de autonomía al legislativo, al momento de elegir al fiscal en comento.

En otras palabras, la propuesta de designación será presentada por el Gobernador, a través de sus incondicionales, pues de los cinco integrantes de la comisión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Poder Judicial tienen dependencia presupuestal del Ejecutivo; la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene subordinación jerárquica; y el llamado Colegio de Abogados es en realidad una asociación civil integrada mayoritariamente por servidores públicos con estudios de Licenciatura en Derecho, cuyo presidente –desde que se fundó el colegio— recibe como premio a su lealtad institucional, un cargo público. Basta ver la foto oficial de esa agrupación, para constatarlo. Todo es pues, una simulación.

Aun suponiendo sin conceder, que los integrantes de la comisión de marras contaran con la independencia de opinión y determinación necesarias para formar la terna sin injerencia del gobernador en turno, el hecho de que finalmente sean los diputados los que elijan “en conciencia” al nuevo Fiscal, no garantiza que el mejor candidato, el más calificado, resulte electo, pues la mayoría de nuestros diputados locales han evidenciado ser desconocedores de la función pública, en específico, de la tarea encomendable al Fiscal Anticorrupción. Aunado a lo anterior, la gran mayoría se ha caracterizado por ser incondicionales aprobadores de todos los designios emitidos por el actual Gobernador de BCS.

Cómo garantizar la autonomía

El mecanismo idóneo es que el Congreso lance la convocatoria  abierta a todos los sectores de la sociedad, sin el filtro de una comisión “a modo”, integrada por incondicionales y dependientes del Ejecutivo estatal. Que además de los requisitos “de cajón”, como el contar con título de Licenciado en Derecho, cédula profesional federal para su ejercicio, no haber sido condenado por delito doloso, ser mexicano, contar con residencia en el Estado y buena reputación, que se requisite preponderantemente un mínimo de conocimientos acreditables en materia de normatividad sustantiva y procedimental, antecedentes y criterios jurisprudenciales aplicables en las labores propias de la prevención y combate a la corrupción, tanto a nivel local como federal, constitucional y convencional, y que se someta a todos los propuestos que estén interesados en ocupar el cargo, a un examen riguroso en tales materias, ante un panel integrado por académicos e investigadores provenientes de instituciones ajenas al ámbito de injerencia del gobernador en turno.

Una vez electo el Fiscal Anticorrupción, habrá que dotarlo de autonomía presupuestal —rango porcentual presupuestal fijo— y administrativa —personal propio—, pues de lo contrario, se regresaría a la simulación y contubernio, como sucede actualmente con el inútil importado que en procuración de justicia solo ha maquillado estadísticas; o como ocurre con todos los titulares de las contralorías internas, tanto del Estado como de los municipios, que están a cargo de personajes que tienen lazos de compromiso, amistad, compadrazgo, filiación política, parentesco sanguíneo o amasiato, complicidades o afinidades deshonestas con el Ejecutivo, o sus cercanos.

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Arturo Rubio Ruiz

Abogado por la UNAM. Nació en el Distrito Federal en 1956, pero es paceño por adopción. Tiene estudios de posgrado: dos maestrías y cursa actualmente un doctorado; fue docente en la UNAM en el Estado de México; también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, en España, y en Buenos Aires, Argentina. Trabajó en la PGJDF, PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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