Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis

 

“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos en fosas clandestinas y la gente no reaccione?”    Madre del Colectivo El Solecito.

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Entre 2007 y 2008 irrumpió en nuestro país la violencia que desde entonces aflora, azota, asola, irrita y descoloca nuestra vida cotidiana. En México, hemos vivido ya un decenio de violencia que Eduardo Rodríguez Gutiérrez (Un decenio de violencia en Nexos, 1 enero, 2017) ha reconstruido a partir del 11 de diciembre de 2016, cuando Felipe Calderón puso en marcha la llamada Operación Conjunta Michoacán que marca el inicio de la década más violenta y sanguinaria que hayamos visto en la historia contemporánea de nuestro país, la misma que desde 2014 se ha asentado en Baja California Sur. Durante estos años, ha desfilado ante nuestros ojos una galería de crímenes cada vez más terribles; diseminados por todo el territorio mexicano, legiones de hombres armados asesinan, secuestran, mutilan, torturan, trafican y desaparecen en fosas clandestinas a miles de personas.

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Según el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), las redes de crimen organizado han reclutado al menos 30 mil jóvenes entre los 14 y 17 años, muchos de ellos de manera forzada. Ser joven, implica que tienen 30% más de posibilidades de ser asesinados que los adultos y si son mujeres adolescentes, tienen más probabilidades de ser víctimas de feminicidio o desaparición forzada que las mujeres adultas. Y no sólo eso, según la REDIM en México ser joven implica ser criminalizado por el sólo hecho de serlo (La Jornada, 11 de mayo del 2017). En el informe Violencia, niñez y crimen organizado presentado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016, se constata que estos niños y jóvenes mexicanos trabajan para la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas, hasta la piratería y el narcotráfico. Las organizaciones criminales les reclutan a partir de los 10 y 11 años, ya sea para traficar productos ilícitos (drogas o armas), personas (‘burreros’) o para realizar asaltos, agresiones y secuestros.

Según el reporte sobre fosas clandestinas, titulado Violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, realizado por la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2007 y 2016 se han localizado un total de 1,075 fosas clandestinas con 2 mil 14 cuerpos, distribuidas en 19 entidades del país. En este estudio, en Baja California Sur sólo se había reportado una, sin embargo, con base en datos periodísticos, hemos identificado una más. No puedo decir si fue la ubicada en 2013 en la colonia Tabachines o, la segunda, localizada en 2015, en El Comitán. Como quiera que sea, este año se encontró una fosa clandestina con 18 cadáveres (13 hombres y 5 mujeres) en la carretera costera Rincón de La Playa-Zacatito, en Los Cabos.

Violencia y terror, nunca mejor dicho. En torno a esta violencia que nos asola y despoja, hay muchas preguntas y pocas respuestas sistemáticas que nos permitan comprender lo que nos ocurre tanto en México, como en BCS. En estas entregas, intentaré ofrecer tanto un marco de interpretación, como la sistematización —siempre insuficiente y poco clara—de datos estadísticos que dan pie a un análisis empírico básico, siempre insuficiente para el análisis de coyuntura tan importante en un país donde el fenómeno de la violencia se desplaza geográficamente con gran rapidez y eficacia en el proceso de ocupación tanto de nuestro territorio, como de nuestra cultura colectiva.

Quiero dejar clara una cuestión: la violencia en México y en Baja California Sur no es tanto un asunto de datos o números sobre las incidencias delictivas, que las hay, sino de personas y sus historias, de cientos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que desde sus diferentes adscripciones de género, clase, etnia y adscripción identitaria, cada día suman una cifra a las historias que ocultan una tragedia humanitaria. Medir la violencia a partir de los homicidios, da como resultado un índice de una realidad más compleja: en México nos matan, porque se puede. Pero no sólo nos matan. Nos violan, criminalizan, persiguen, hipersexualizan, esclavizan. Nos trafican, mutilan, alquilan, venden. En México nos matan, porque el consumo de drogas, armas, personas, vientres, cuerpos y una lista que no puedo siquiera escribir, representan grandes negocios. En México nos matan, porque los emporios del entretenimiento naturalizan la violencia.  Nos matan, en fin, porque se puede, y atender las causas por las cuales nos matan no es una prioridad para el Estado.

Prioridad es la cuestión: la erradicación de la violencia en general y de todas las otras violencias, debería ocupar un lugar central en la definición de las políticas públicas tanto en el país, como en BCS. Sin embargo, la generalización de la violencia en México es más que una dolorosa realidad.

Según datos preliminares del INEGI, en 2016 se registraron 23,953 homicidios en el país, la cifra más alta reportada durante los primeros tres años de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El INEGI señala que BCS se encuentra entre las entidades donde el fenómeno de la violencia se ha recrudecido como resultado del desplazamiento de la violencia hacia entidades que históricamente mantenían una tasa baja de delito, como Yucatán y Oaxaca. Como se observa en las gráficas 1 y 2, que representan la evolución de los homicidios según sexo a nivel estatal en la última década (2007-2016), la violencia expresada en el número de homicidios se disparó a partir de 2014 y desde entonces se ha incrementado significativamente y la tendencia, indica que estamos muy lejos de la otrora vida pacífica en nuestra entidad.

Según la gráfica 2, donde se expresan los homicidios por municipio, es en La Paz y Los Cabos donde se concentra el mayor número de crímenes.

Esta situación de violencia generalizada ocurre en un contexto también generalizado, de impunidad y corrupción. Según el IGI-MEX, 2016, menos del 1% de los delitos en México, son castigados, por lo que impunidad entendida como delito sin castigo, alcanza 99%. Baja California Sur se encuentra entre las entidades con niveles críticos de impunidad en el sistema de impartición y procuración de justicia, con un proceso activo, pero lento y rezagado, de transición al Sistema Penal Acusatorio, con pobres avances en la armonización legislativa en materia de derechos humanos en general (IGI.MEX, 69:2016). Según la ENVIPE 2015, las dos principales razones que esgrimen las personas para no denunciar un delito son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Desconfianza que se origina en los profundos problemas estructurales y funcionales que priman en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.

Sólo como ejemplo, tomamos los criterios empleados para la elaboración del Índice General de Impunidad (IGI-MEX, 2016), en el que no fue posible aplicar la metodología completa de Cingranelli-Richards (CIRI) utilizada para el IGI 2015 (IGI-MEX, 32:2016). Esta metodología, tiene como intención generar un modelo estadístico capaz de medir tres dimensiones —estructural, funcional y derechos humanos—, en dos áreas de gestión administrativa cruciales para que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de impartir y administrar justicia.

Debido a las dificultades para incorporar la dimensión derechos humanos (*) con el rigor estadístico necesario (IGI-MEX, 32:2016), la dimensión derechos humanos fuese sustituida por la dimensión ‘cifra negra’, que, desde nuestro punto de vista, es una representación del profundo estado de impunidad generalizada que domina nuestro país.

Del informe del IGI-MEX-2016 puede inferirse que, la ausencia de información respecto a violaciones sobre los derechos humanos en las entidades federativas se explica tanto por los castigos (IGI-MEX, 32:2016) impuestos desde la Federación, como de los propios gobiernos estatales, que ven mal para el desarrollo general del país y sus estados reconocer la generalización de la violencia. Según datos de la Procuraduría estatal, desde junio del 2014 y hasta abril del 2017, han ocurrido 560 muertes provocadas por eventos de alto impacto y según datos periodísticos, esta cifra se eleva a casi 700 hasta el momento en que escribo estas líneas. Si estos datos no nos concitan a investigar con mayor profundidad sobre las causas y alcances de la violencia generalizada, no estaremos cumpliendo con nuestra obligación de describir para comprender, nuestra realidad. En las siguientes entregas, profundizaré sobre los aspectos sociales y culturas de la violencia nuestra de todos los días.

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(*) El respeto a los derechos humanos es un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema de gobierno, ya que habla del respeto que tiene el Estado por sus propios ciudadanos y por el contrato social que lo vincula con ellos. El fenómeno de la impunidad no estaría documentado plenamente si no se considera la violación a los derechos humanos de la población, cuando los responsables, es decir, agentes del Estado, quedan en libertad. Esta práctica contribuye únicamente al detrimento del Estado de Derecho, al menoscabo de la confianza en las instituciones y a romper el principio de protección a la población que es facultad exclusiva del Estado. Es por eso que se considera fundamental la incorporación de esta dimensión en una medición integral de la impunidad. Sin embargo, en el modelo que se presenta, fue necesario excluir esta dimensión del análisis. La ausencia de datos consistentes en la materia que pudieran ser desagregados por entidad federativa dificultó la incorporación de esta dimensión de la manera en que originalmente se había considerado, similar a lo que se realizó en el Índice Global de Impunidad. Esta dimensión mide el rango de denuncias de violaciones a derechos humanos frente a organismos públicos. (IGI-MEX, 32:2016).